Quieren colocar paneles para aislar los tramos pegados a viviendas, escuelas y hospitales. Es porque en las horas pico, los ruidos superan los niveles tolerables. Pero en la Comuna prefieren reducir la velocidad máxima.
Todos los días, las personas que viven, trabajan o estudian al lado de las autopistas conviven con niveles de ruido que superan el máximo de 70 decibeles tolerables por el oído. Según un estudio de la Asociación Civil Oír Mejor, el ruido promedio de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno ronda los 75 decibeles y supera los 80 en horas pico. Es por eso que mañana la Legislatura trataría un proyecto de ley para obligar a la empresa AUSA a poner barreras acústicas en tramos cercanos a viviendas, escuelas u hospitales.
El proyecto le da un plazo de un año a AUSA, la empresa del Gobierno porteño que administra las autopistas, para realizar estudios de sonoridad y poner los paneles. Sus autores son los diputados Fernando Caeiro (Coalición Cívica) y Abelardo García (Partido Conservador Popular).
“Hasta hace siete años fui vicepresidente de AUSA y evaluamos poner paneles acústicos, pero era algo difícil de solventar -cuenta Caeiro-. Desde entonces las autopistas han duplicado el tránsito y el ruido, pero también la recaudación. Ahora sí pueden hacer frente al costo y llevar el ruido a niveles aceptables”. “Según la OMS, Buenos Aires es la cuarta ciudad más ruidosa del mundo y la primera de Latinoamérica, por encima de México”, dice García.
“Compartimos el criterio de que es importante combatir la polución sonora, pero los paneles sirven en puntos muy escasos y hasta pueden empeorar el problema, guiando el ruido hacia arriba -advierte el vicepresidente de AUSA, Ariel Schifrin-. Sería mucho más efectivo reducir la velocidad máxima de 100 a 80 kilómetros por hora, lo que bajaría los decibeles que produce el rodamiento y las revoluciones por minuto del motor. Por otra parte, ya cambiamos el asfalto por una carpeta microporosa absorbente para reducir los ruidos”.
La Asociación Civil Oír Mejor, que hizo un estudio de impacto acústico para AUSA, recomendó tres medidas para bajar el ruido, incluyendo bajar la velocidad máxima y cambiar el material del asfalto. También sugirió instalar pantallas acústicas en ciertos puntos. “No aconsejamos su uso en toda la autopista, sino al lado de geriátricos o escuelas. Tampoco consideramos que sean la mejor solución”, dice Silvia Cabeza, presidente de la Asociación.
El arquitecto Alejandro Badanian, también de Oír Mejor, explica: “La barrera acústica sirve cuando la visual entre la fuente del ruido y su receptor es interrumpida. Si veo la fuente, el sonido me va a llegar. Las barreras tienen una altura limitada y sólo sirven cuando los edificios cercanos son bajos. Allí reducen el ruido en un promedio de 10 decibeles y hasta 20 o 25 en su máxima eficacia”. Según Badanian, el ruido de las autopistas promedia los 75 decibeles. “Con las ventanas cerradas, dentro de los edificios se oyen de 50 a 60 decibeles”.
A raíz de denuncias de vecinos, AUSA ya fue intimada a instalar los paneles por la Justicia, el Ente Regulador de los Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo porteña. El 25 de mayo de 2006 hubo un accidente en la autopista Perito Moreno y la rueda de una camioneta cayó dentro de una escuela ubicada en Ramón L. Falcón al 4800. “A raíz de esto relevamos las nueve escuelas linderas con autopistas y sacamos una nueva resolución ordenando a AUSA poner medidas de protección edilicia y acústica -contó el defensor Gustavo Lesbegueris-. Pusieron mallas de alambre, pero no los paneles”.
Son construcciones con alto valor patrimonial y arquitectónico. La Comuna busca también que en la zona haya más regulaciones para edificar. En la iniciativa figura el Obelisco, hoy desprotegido por la normativa.
En Diagonal Norte al 500 se ven esos “reticentes cajoncitos de Virasoro, que para no delatar el íntimo mal gusto, se esconde en la pelada abstención…”, según la despreciativa descripción que hizo Borges del hoy valorado edificio art decó de La Equitativa del Plata, creado por el arquitecto Alejandro Virasoro. En Reconquista al 300, hay un edificio que el arquitecto Francisco Gianotti, el mismo que construyó la Confitería del Molino, levantó en los años 30 a pedido de una condesa.
El plan es rezonificar un sector del barrio de San Nicolás para regular la obra nueva y resguardar y revalorizar sus edificios comerciales y financieros, algunos de los cuales tienen un gran valor patrimonial. Además, la propuesta contempla catalogar 102 de estos edificios y construcciones, incluyendo al Safico, dos diseñados por Bustillo, y el de Virasoro, para darles protección especial y evitar que sean demolidos o que se alteren sus fachadas. También se catalogaría al mismísimo Obelisco, que a pesar de ser uno de los símbolos de la Ciudad no cuenta con protección normativa.
“Al considerar a toda la City porteña como APH, no sólo se va a proteger los 102 edificios a catalogar -explica la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Nani Arias-. Para cualquier modificación en una construcción del área hará falta la conformidad del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, conformado por el Ejecutivo y distintas ONG“.
Este proyecto se suma al que fue presentado días atrás, que busca ampliar el APH a zonas que rodean al Casco Histórico, como el sur de Barracas o Monserrat. Ambos están en estudio por el Ministerio de Planeamiento Urbano, que los girará a la Legislatura. De ser aprobada, la nueva ley crearía una nueva área delimitada por Alem, Rivadavia, Carlos Pellegrini, Sarmiento, Cerrito, Lavalle, otro tramo de Carlos Pellegrini y Corrientes.
Actualmente, este sector coincidente con la City está zonificado como Area Central C1, es decir destinada a la “localización de equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana en el más alto nivel de diversidad y densidad”. El proyecto pretende rezonificarla como APH, por considerarla un área con valores históricos y arquitectónicos, y fijarle una serie de regulaciones especiales. Por ejemplo, que sólo se puedan construir edificios entre medianeras y no torres.
En el área propuesta, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural porteña relevó la existencia de 611 edificios, de los cuales sugirió catalogar a 72, que se agregan a otros 30 que ya estaban en proceso. Estos 102 edificios se sumarían a los 14 Monumentos Históricos y 12 edificios protegidos ya existentes en la City.
Para cada uno de los edificios se van a establecer distintos niveles de protección. Algunos tendrán protección integral y no se les podrá hacer cambios. Para otros, será estructural, por lo que no se podrá modificar la fachada pero sí su interior. Por último, otros contarán con protección cautelar, para vigilar que no se les realicencambios que no estén en sintonía con el entorno.
Por otra parte, el proyecto de ley diferencia distintas áreas operativas, incluyendo la bancaria propiamente dicha, la calle Florida, la calle Reconquista, Diagonal Norte, la avenida Corrientes, la 9 de Julio y Alem. Cada área tendrá regulaciones específicas.
Mientras, se propone que las parcelas de la Ciudad con vista a la Plaza de la República, donde se erige el Obelisco, sean declaradas Distrito de Zonificación Arquitectura Especial (AE). Esto alcanzaría a los terrenos y edificios ubicados sobre las calles Lima-Cerrito y Bernardo de Irigoyen-Carlos Pellegrini, entre Hipólito Yrigoyen y Lavalle. Esta denominación vale para recorridos urbanos con identidad reconocible.
“Entre el Casco Histórico ampliado y la City relevamos 1.200 edificios para catalogar -cuenta Arias-. El objetivo es pensar el área desde el conjunto de sus valores y también de cada edificio”.
LA LEGISLATURA APROBO UNA LEY PARA REZONIFICAR EL AREA En el barrio de Coghlan, ya no se podrán construir más torres
autorizaciónes para construir
Desde ahora, la altura máxima permitida para levantar edificios será de 9 metros. Y de 12 para los que estén retirados de la línea municipal. La medida sienta un precedente y podría extenderse a otros barrios.
A partir de ahora está prohibido por ley levantar edificios altos en Coghlan. La Legislatura porteña aprobó por unanimidad la rezonificación de una amplia zona para limitar la altura de las construcciones a entre dos y tres pisos de altura, cuando hasta hace poco se autorizaban torres de 20 pisos. Además, se declaró Area de Protección Histórica (APH) a la estación de Coghlan y su entorno. Los legisladores preparan más proyectos para limitar la construcción en altura en zonas de otros barrios, como Caballito, Colegiales, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.
Coghlan fue uno de los seis barrios en los que, en febrero, Jorge Telerman frenó los permisos de obra por decreto. Pero más adelante los volvió a autorizar, siempre y cuando se presentara un certificado de AySA asegurando que los edificios no afectarían a los servicios de agua y cloacas.
Ahora la ley zonifica al área entre Superí, Holmberg, Congreso y Monroe como un área residencial de baja densidad, “con viviendas individuales y colectivas que mantengan valores particulares de estética urbana y valoración histórica”. Las construcciones no podrán superar los 9 metros o, si están retiradas dos metros de la línea municipal, los 12.
El resto del barrio ya tiene una zonificación que impide las grandes alturas. Entre medianeras, se permiten entre 10,50 y 13,50 metros, si la construcción está retirada de la línea del frente. Y en los terrenos amplios, los edificios pueden tener hasta 21 metros.
La ley también rezonificó como APH a la estación y sus alrededores. De esta manera, ya sea para demoler, construir o modificar una casa será obligatorio pedir autorización a la Comuna.
El proyecto, de la kirchnerista Beatriz Baltroc, fue impulsado por los vecinos y aprobado en primera lectura en diciembre y en abril, y sometido a una audiencia pública. “Coghlan era una de las zonas con mayor cantidad de obras y así empezaron a destruir casas históricas -contó-. Se le hizo caso a las sugerencias de los vecinos en la audiencia”.
“Esto es un logro enorme. Lo triste es que ya se le hizo mucho daño a la zona por no haber actuado antes”, lamentó Mónica Ruggiero, de la Asociación de Amigos de la Estación Coghlan. El macrista Alvaro González, presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, advirtió: “La falta de voluntad política para tratar el Plan Urbano Ambiental nos obliga a fijar las alturas máximas de construcción para cada barrio. Ya fueron aprobados en primera lectura dos proyectos, uno para el Nuevo Colegiales y otro para Núñez y el Bajo Belgrano”. Mientras, hay proyectos para rezonificar Caballito norte, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.
Fernando Esquerro, presidente de la Asociación de Empresarios de Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios, se quejó: “Estas son leyes parciales. La Ciudad necesita un replanteo del Código de Planeamiento Urbano, para que no sigan haciendo parches que sólo generan inseguridad jurídica e incertidumbre”.
FUE EN VIRREY ARREDONDO Y CABILDO, EN PLENO BELGRANO
Quedó enterrado y falleció por asfixia cuando se desmoronó un pozo de los cimientos. Otros tres obreros sufrieron heridas. En este año, y en medio del boom inmobiliario, ya se produjeron seis hechos similare.
Un obrero murió ayer sepultado por un derrumbe en una obra en construcción en Belgrano, que se sumó a los seis hechos similares producidos en lo que va del año. El proyecto estaba iniciándose y lo que se desmoronó fue una de las paredes de uno de los pozos que se cava para colocar los cimientos.
El trabajador casi totalmente tapado por la tierra, fue sacado por los bomberos al cabo de aproximadamente media hora, según el relato de testigos. Entonces ya sufría un paro cardiorespiratorio y murió en el Hospital Fernández, informó a Clarín el director del SAME, Alberto Crescenti.
Ocurrió cerca de las 6 de la tarde en Virrey Arredondo al 2400, casi al llegar a la esquina de la avenida Cabildo. El vocero de la UOCRA, Ricardo Caamaño, aseguró que el gremio de la construcción había denunciado el último viernes la obra ante el ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo de la Ciudad, por problemas en las medidas de seguridad, y había pedido que fuera inspeccionada. Según el sindicato, la obra presentaba “fallas de submuración“, originadas en un mal apuntalamiento de las paredes medianeras y el trabajo de excavación previo.
En el Ministerio de Gobierno porteño se informó que la constructora Esses-Naistat había obtenido “permiso de demolición y excavación” en abril. De todas maneras, los trabajos se habían iniciado hace pocos días -contaron vecinos- y de hecho lo único que se había hecho era el pozo.
Otros tres obreros que estaban trabajando en el lugar sufrieron politraumatismos y anoche estaban internados fuera de peligro en los hospitales Fernández y Pirovano, informó el SAME.
De acuerdo al relato que hicieron a este diario el dueño de una ferretería que queda en la misma cuadra y un motoquero que acababa de dejar una carta en un edificio cercano, los cuatro obreros estaban trabajando dentro del pozo. Un rato antes se había retirado una máquina excavadora.
Cuando se sintió un ruido desacostumbrado y unas vecinas empezaron a gritar, algunas personas se acercaron al lugar y advirtieron que tres personas estaban semienterradas por el derrumbe y que había un cuarto -el que finalmente murió- que prácticamente no se veía.
El terreno, lindante con dos edificios y en el que se había demolido una casa antigua, tiene aproximadamente 9 metros de frente por 20 de fondo. El pozo se había realizado sobre el fondo y ocupaba buena parte de su ancho. La tierra se veía húmeda y no se advertía la presencia de ningún elemento que apuntalara las paredes.
En el ministerio de Gobierno de la Ciudad dijeron que habría habido un “mal manejo” de la excavadora y que es muy habitual que los pozos se hagan “demasiado rápido, y sin las medidas de seguridad que corresponden, porque el alquiler de las excavadoras es muy caro”. Informaron, además, que en lo que va del año sancionaron a 185 profesionales por problemas de seguridad en obras en construcción.
Clarín intentó comunicarse con los arquitectos Gustavo Esses y Ariel Naistat -responsables del proyecto-, pero en sus casas dijeron que no estaban.
Al lugar llegaron primeros los bomberos y luego el SAME, cuyo personal bajó al pozo con tubos de oxígeno e intentó reanimar al obrero que luego moriría. El hombre, que tenía unos 37 años, nunca recuperó el conocimiento y murió por asfixia.
El Gobierno de la Ciudad lo promocionó como el paso inicial para transformar los alrededores del Obelisco en una especie de Times Square, en referencia al centro de espectáculos de Nueva York. El impactante cartel de Coca Cola, de 567 metros cuadrados, está en Carlos Pellegrini y Diagonal Norte. Fue inaugurado hace 15 días y tiene tecnología led, que brinda imágenes de gran potencia y nitidez.
Sin embargo, el juez porteño Andrés Gallardo ordenó ayer que el cartel sea desconectado , con el argumento de que pone en riesgo la seguridad vial . La resolución dio tiempo al Gobierno y a la empresa para que lo apagaran antes de las doce de la noche de ayer. El ministro de Espacio Público, Diego Santilli, le dijo ayer a Clarín que cumplirían lo ordenado. “El fallo será apelado y veremos cómo seguimos porque el cartel no está fuera de la ley. Y al ser la 9 de Julio una avenida con semáforos, tampoco viola el Código de Tránsito”, explicó el funcionario.
Gallardo es un juez que ha dictado muchas resoluciones de alto impacto, lo que le generó fuertes cuestionamientos de Mauricio Macri como, en su momento, de Aníbal Ibarra, que lo acusaron de excederse en sus funciones.
Justamente Ibarra, actual diputado porteño, fue uno de los que presentó esta acción de amparo contra el cartel, junto con los también legisladores opositores Martín Hourest y Eduardo Epszteyn.
En el Gobierno dicen que la ley de publicidad exterior porteña, recientemente sancionada, ordena la reducción del tamaño de carteles y marquesinas en casi toda la Ciudad, pero que incentiva los grandes tamaños y las nuevas tecnologíasen la zona del Obelisco.
Gallardo, sin embargo, ordenó apagar el cartel ya que “nada perjudica más el interés general de la comunidad que la posibilidad de un riesgo a su seguridad vial”. El juez también entendió que el cartel viola las dimensiones permitidas y que fue irregular el procedimiento por el cual se lo autorizó.
Estaba a cargo de la obra vecina a la casa de Pedro Goyena al 1600. Le habían advertido por fallas en la excavación. Y no acató la intimación. También estudian sanciones para la empresa constructora.
El arquitecto responsable de la obra que hace una semana provocó el derrumbe de una casa de Caballito, fue sancionado ayer con la suspensión en el uso de la firma en la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez años. Esto significa que durante ese lapso no podrá firmar otros proyectos, así como tampoco dirigir o ejecutar obras en Capital. La medida fue tomada por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (DGFOC) porteña, que también dispuso suspender provisoriamente el registro de la obra, a cargo de Credil S.R.L.
El profesional sancionado es Roberto Oscar Alegre, con matrícula del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) Nº 12.108. El es el director de la obra que, el 27 de marzo provocó el derrumbe de la medianera de una casa lindera,en Pedro Goyena 1654 (ver Mucha lluvia…). Su suspensión tiene validez sólo en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Alegre podrá seguir firmando o dirigiendo proyectos en otros lugares del país.
“Se consideró que transgredió el Código de Edificación, que establece que la mala ejecución que ponga en riesgo la obra puede ser sancionada con la suspensión de la firma del arquitecto responsable por entre 8 y 15 años —dijo el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña—. Alegre tendrá suspendida la firma para todo trámite ante el Gobierno porteño durante diez años. No podrá presentar nuevos proyectos ni dirigir o ejecutar obras. Además, deberá desligarse de las obras que esté dirigiendo“.
En los últimos tres meses, la DGFOC les suspendió la firma a cinco arquitectos y cuatro ingenieros civiles, por plazos que oscilaron entre 6 meses y 2 años.
El CPAU, que es la institución que les otorga a los arquitectos la matrícula habilitante para ejercer su profesión, ayer convocó a Alegre para que expusiera “su situación frente al siniestro”. Al término de la reunión, su titular, Carlos Berdichesky explicó que “el CPAU está considerando iniciar de oficio una causa de ética al profesional. Esta causa no implica a priori ninguna sanción, sino que constituye el medio idóneo para analizar la conducta ética del profesional. Para ello se analizarán, entre otros aspectos del caso, los relativos a las cuestiones técnicas que podrían haber influido en el derrumbe”.
La DGFOC también le suspendió el registro de la obra a la constructora Credil, hasta que la Procuración General de la Ciudad resuelva si la sanción al arquitecto responsable de la obra debe hacerse extensiva también a la empresa.
Peña ayer estuvo en la Legislatura junto al director general de Fiscalización de Obras y Catastro, Santiago Salvá, para explicar las razones del derrumbe frente a la Comisión de Planeamiento Urbano. Entre otras cosas, dijeron que un día antes del desmoronamiento, la obra recibió una inspección de la DGFOC en la que se detectaron irregularidades en el proceso de excavación. A raíz de esto, se intimó al arquitecto Alegre a restablecer las condiciones de seguridad. Pero según afirmó Peña éste “incumplió con la intimación pese a que se había notificado”.
“Se trató de un caso de evidente mala praxis profesional, por el cual se suspendió por 10 años al arquitecto en cuestión”, insistió el funcionario. Por su parte, el presidente de la Comisión de Planeamiento, el macrista Alvaro González, criticó al Ejecutivo porteño por la “falta de planificación” en lo que respecta a las construcciones.
La audiencia fue seguida de cerca por un grupo de vecinos de Caballito, que se presentaron con velas para “iluminar a los funcionarios”. Se oponen a la construcción indiscriminada de torres y ayer pidieron el cierre de la DGFOC, dirección a la que acusan de dar permisos de obra sin ejercer los controles necesarios. Además, reclaman que el 24 de junio se realice “una consulta a la población acerca del modelo constructivo para la Ciudad”.
Mientras tanto, ayer la legisladora del ARILiliana Parada propuso la creación de un Registro Unico de Empresas Demoledoras y Excavadoras.
La nota realizada al Arqto. Potaz de Peritajes Edilicios para el segmento Testigo Urbano, de Telefé Noticias, refleja los inconvenientes que se presentan cuando se ven alteradas las circulaciones en espacios públicos, en este caso. Contar con escaleras mecánicas en lugares tan transitados como las estaciones del subte, ayudan a evitar accidentes, alivian el desplazamiento de personas con alguna discapacidad, mayores, o con carritos de bebés. También es muy importante tener en cuenta el mantenimiento de todo tipo de escaleras que sirvan de desplazamiento de cantidades importantes de personas, sean automáticas o tradicionales, a fin de evitar lamentables accidentes, además de amontonamientos innecesarios. Los invitamos a ingresar a nuestra página web www.peritajesedilicios.com.ar , donde encontrará respuesta a numerosos problemas que nos aquejan.
Ahora siguen en Cabildo, uno de los puntos más caóticos de la Ciudad y con cartelería en infracción. Las estructuras invasivas se van removiendo por la nueva Ley de Publicidad Exterior, que las regula.
contaminación visual
A poco más de un año de entradas en vigencia, las restricciones que estipula la ley de Publicidad Exterior empiezan a concretarse. El Gobierno porteño ya liberó de marquesinas la avenida Callao, tal como había hecho con Diagonal Norte. Está avanzando en avenida Patricios, y acaba de comenzar en Cabildo.
La ley N° 2.936 fue promulgada el 9 de enero del año pasado. Desde entonces, el Ministerio de Espacio Público comenzó a intimar a los dueños de locales con marquesinas en avenidas importantes que avanzaban sobre la vereda. El primer paso, cumplido en octubre pasado, fue liberar de contaminación visual la Diagonal Norte, donde se eliminaron 38 estructuras.
También se removieron algunas de las estructuras de Corrientes y de Santa Fe desde Callao hacia el Bajo, y ahora están por comenzar por el tramo de Santa Fe hasta Pueyrredón.
Acaso el cambio más fuerte sea el de Callao, donde en lo que va del año se removieron 600 marquesinas. La mitad las sacó el Gobierno porteño, y al resto los propios dueños de los locales. En el caso de esta avenida, la necesidad de limpiarla de contaminación visual en toda su traza, desde Congreso hasta Libertador, obedecía también a que se trata de un Area de Protección Histórica, donde se busca cuidar el valor arquitectónico y patrimonial. En Callao primero se fueron eliminando los carteles “sueltos”, de negocios particulares. Luego, los repetidos por marcas.
En Patricios, en cambio, la remoción de marquesinas fue parte del mejoramiento general de la vía, que incluye reparar las calzadas, nivelar las veredas y potenciar la iluminación. El tramo donde más estructuras sacaron es donde la obra vial ya fue terminada, entre Aristóbulo del Valle y California. desde el Parque Lezama hasta California.
Para sacar los artefactos en toda la Ciudad, el Gobierno tiene dos planes de acción: para las grandes marcas que hacen publicidad, por un lado, y para los pequeños comercios, por el otro. Con las primeras (Farmacity, McDonald’s, Coca Cola y otras), que tenían entre 100 y 500 carteles en distintos puntos de venta de la Ciudad, acordaron que las propias empresas se ocuparan de remover las marquesinas y colocar carteles más chicos, en cumplimiento con la ley. La idea fue que comenzaran por el Microcentro y se fueran expandiendo hacia el resto de la Ciudad.
En cambio, los locales chicos que fueron intimados recibieron luego la visita de inspectores, quienes acordaron con los comerciantes qué tipo de cartel pueden tener, de acuerdo a la ley.
Para los casos en los que el propio Gobierno tiene que sacar las marquesinas, existe un tarifario definido para cubrir los costos del trabajo. La remoción de las estructuras más grandes (marquesinas, toldos fijos y columnas con salientes) la cobran $ 9.000. Las medianas (carteles frontales y salientes pequeños), $ 5.000. Y las más chicas (cartelería móvil, bancos, maceteros, sombrillas, mesas y sillas), $ 2.000 a $ 3.000.
El siguiente trabajo, que acaba de comenzar, es liberar la avenida Cabildo, desde el 400 hasta la General Paz. Es una de las peores zonas de la Ciudad respecto de la cartelería en infracción.
En el Gobierno porteño aseguran que, pese a que siempre existieron normativas respecto de la publicidad exterior, nunca se había hecho nada. El ministro de Espacio Público, Diego Santilli, explicó: “La Legislatura nos dio un instrumento que nos permite trabajar por la disminución de la polución visual. Nos estamos autorregulando en el cumplimiento de las normas, porque hay que dar ejemplo”. La referencia tiene que ver con que en febrero quitaron la enorme marquesina que había en el frente del edificio del ex Mercado del Plata, en Carlos Pellegrini al 200, donde funcionan dependencias del Gobierno porteño.
Las fuertes tormentas que en el verano azotaron Buenos Aires y la pesadilla que en 2009 tuvo como protagonista a Zahira –la nena de seis años a la que le cayó una rama sobre la cabeza mientras jugaba en una plaza– dejaron en evidencia el pobre estado del arbolado en la Ciudad. Enfermos, con las raíces muertas o a punto de caerse, muchos son una amenaza. Se estima que el 38% de está en mal estado. Por eso la Comuna prometió que durante diez meses hará un censo fitosanitariode todos los árboles, para conocer en qué estado se encuentran y cómo se intervendrá sobre los que tienen problemas.
El Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, le aseguró a Clarínque en quince días se firmará el contrato para iniciar el censo. “No tenemos excusas: ya está el dinero y las empresas que ganaron el concurso”, dijo. Son dos compañías especialistas en ingeniería y consultoría: la colombiana Concol y la argentina Iatasa. Y el crédito otorgado por el Banco Mundial es de $ 4.900.000 y US$ 884.000.
Hoy la Ciudad tiene unas 350.000 ejemplares en las veredas y 150.000 en plazas y parques. Del total, unos 190.000 estarían con alguna problemática. El último censo de árboles es de 2000, y también determinaba un porcentaje similar de especies dañadas. Cuando concluya el relevamiento, el Ejecutivo dispondrá de 150 empleados para tareas de recuperación en plazas y veredas. Habrá que ver si son suficientes.
La medida dice que los saltos del público sobre el césped provocan vibraciones en las casas de los vecinos. Y que deben hacerse obras para evitarlo. La organización pide que se revoque el dictamen.
Los recitales en la cancha de River están en veremos. Un fallo de la Justicia Contravencional porteña clausuró preventivamente el uso del campo de juego del estadio para shows masivos, hasta tanto se acredite que no ocasionan un perjuicio a los vecinos, principalmente por las vibraciones de los edificios cercanos.
Con esta resolución, quedan en suspenso los recitales de Coldplay, del viernes 26, y el esperado regreso de los Guns N’ Roses, del 20 de marzo. De todas formas, sus organizadores confían en que la clausura se levantará a tiempo.
El fallo es parte de una secuencia de decisiones judiciales y del Gobierno porteño para regular los recitales en el norte de la Ciudad, concretamente en River y los clubes Ciudad y GEBA (pag 37).
Para el fiscal denunciante, no se cumplimentó el estudio de impacto ambiental
El conflicto con los recitales en River viene desde hace varios años, porque los vecinos de los alrededores del Monumental se quejan del ruido, del caos de tránsito, de la suciedad que queda tras los recitales y, principalmente, de las vibraciones.
En línea con esos reclamos, el fiscal contravencional de la zona, Mario Galante, presentó un recurso de amparo solicitando la clausura de River para esos recitales. ¿Por qué? Porque argumentó que, si bien la organización de los shows contó con la habilitación del Gobierno porteño, no había sido presentado un estudio de impacto ambiental, tal como establece la ley porteña 123. Así, afirmó que los organizadores de los recitales estaban violando el artículo 96 del Código de Contravenciones, que establece multas de entre $ 2.500 y $ 20.000 o 5 a 30 días de arresto a quienes omitan “los recaudos de organización o seguridad exigidos respecto de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo”.
Ese pedido de Galante fue rechazado por la jueza Susana Parada. Pero el fiscal apeló, y la causa recaló en los jueces Jorge Franza y Silvina Manes, de la Cámara de Apelaciones.
Estos jueces revocaron la decisión de la jueza y clausuraron la cancha de River. En realidad, los que dispusieron es que no se pueda utilizar el campo de juego, ya que lo que provocaría el efecto de vibraciones es el “pogo” del público. En el campo de River entran unas 30.000 personas. La clausura se revocaría si los organizadores de los shows presentan un certificado por el cual demuestren que no hay riesgos para los vecinos.
Como argumento técnico, los jueces se basaron en una pericia que detectó vibraciones en edificios cercanos cuando se realizaron los shows de AC/DC, el 4 y 6 de diciembre. Luego hicieron una inspección el 21 y 22 de enero, cuando tocó Metallica.
“El suelo bajo la cancha es barroso y acuoso, por la cercanía con el ruido. Cuando la gente salta, se produce un efecto que se trasmite a un radio de un kilómetro, aproximadamente. Para solucionar eso harían falta unas obras de ingeniería muy importantes. Parece difícil que los organizadores de los recitales puedan conseguir un certificado de aptitud ambiental”, aseguraron fuentes de la Justicia porteña. (pag 36).
Sin embargo, los organizadores confían en levantar la medida. José María Cier, abogado de la empresa Time 4 Fun, productora del show de Coldplay, aseguró: “Al estudio de impacto ambiental lo están haciendo especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UBA, a pedido de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. Una contradicción del fallo es que para poder terminar ese estudio precisamente hace falta que se pueda organizar el show de Coldplay. Pero lo que se estudió hasta ahora demostró categóricamente que no hay riesgo de derrumbe ni para la salud de los vecinos. La molestia dura apenas unos segundos, y es menor que la que sufren quienes viven cerca de un tren o un subte. Esta semana presentaremos en la Justicia el pedido de revocatoria de la clausura, y confiamos en que la resolución saldrá rápido”.
