La Justicia busca determinar quiénes fueron los principales responsables de las tragedias que sacudieron a la opinión pública; los controles quedaron bajo la lupa; los familiares esperan respuestas
Los dos derrumbes sucedieron con un mes de diferencia. Cuando todavía el impacto por la tragedia del gimnasio de Villa Urquiza no había cedido, una madrugada despertó con la noticia de otro suceso similar en el boliche Beara, ubicado en Palermo.
A más de dos meses de la primera tragedia, la Justicia busca determinar las responsabilidades por los hechos que se cobraron las vidas de cinco personas.
En la causa por el derrumbe en Villa Urquiza, los imputados, acusados de “homicidio culposo”, son el ingeniero de la obra lindera, Guillermo Heyaca Varela, Daniel Alberto Menta, que forma parte del directorio a cargo de dicha construcción y José Pataro, dueño de la empresa de excavaciones.
La causa ya tiene siete querellantes, entre los que se encuentran sobrevivientes y los familiares de las tres víctimas: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu. Hasta el momento, la jueza María Dolores Fontbona de Pombo, del juzgado de instrucción 45°, a cargo de la investigación, tomó declaraciones a testigos del hecho y realizó peritajes para determinar de qué manera se hizo la excavación que provocó el derrumbe.
Según señalaron fuentes de la causa a lanacion.com, los encargados de dos locales que estaban bajo el gimnasio declararon a la Justicia que días antes del derrumbe fueron a quejarse en reiteradas oportunidades por las rajaduras y varios daños detectados en sus negocios.
Además, agregaron que se indignaron por la forma despectiva con la que los trató el ingeniero Heyaca Varela, cuando les dijo que “él sabía lo que hacía, que daba clases en la Facultad y que ellos no tenían ningún título para hablar con él”.
El abogado querellante Fernando Burlando indicó que el expediente consigna que “los peritajes determinaron que la excavación se realizó con una máquina de un tamaño mayor al recomendado para ese trabajo y que los apuntalamientos de las paredes eran insuficientes”.
Otros responsables. Luego de ser aceptado como parte de la causa, Hernán Fede, hermano de Guillermo, se decidió a hablar y apuntó sobre otros actores. “El gobierno de la ciudad no controló como correspondía y el dueño del gimnasio priorizó el negocio y no evacuó el lugar. Para mí también son culpables”, dijo a lanacion.com aunque admitió que la Justicia sólo podría mitigar en parte el dolor por la pérdida de su hermano, trabajador en una curtiembre y padrino de su hija.
Burlando indicó a este medio que la Justicia se orienta a profundizar la investigación sobre los funcionarios, pero no sobre el dueño del edificio derrumbado.
En tanto, el hermano de Guillermo recordó el episodio de Beara, ocurrido pocas semanas después del de Villa Urquiza. “El hecho del boliche demuestra que el gobierno no controla. Con los familiares de las víctimas sospechamos que los inspectores no están capacitados”, indicó.
Fede mantiene contacto con las familias de Maximiliano y Luis. Con ellos convoca a una marcha los días 9 de cada mes para pedir justicia. “Acá hubo mercenarios que buscaron sacar la máxima ganancia a costa de la vida de las personas”, concluyó.
En la causa Beara investigan a varios funcionarios La jueza de instrucción Alicia Iermini, a cargo de la causa por el derrumbe del local bailable Beara en la que murieron dos jóvenes, debe determinar las responsabilidades de once personas a raíz de la solicitud de indagatoria por parte del fiscal de la causa, Andrés Madrea.
Los imputados hasta el momento son los cinco dueños de la sociedad comercial “El Viejo Sabio S.A”, propietaria del inmueble; tres profesionales intervinientes en el legajo de la habilitación (el inspector del gobierno porteño Carlos Mustapich, el maestro mayor de obra contratado por la empresa, Gustavo Amaru y el arquitecto Isaac Rastolski, que verificó las características técnicas del entrepiso que se derrumbó) y tres funcionarios porteños que firmaron la habilitación del local.
Al momento, se espera que se realicen los peritajes sobre el entrepiso que sufrió el desplome. Los ingenieros civiles revisarán si cumplía las características técnicas que figuraban como ciertas en el trámite de habilitación.
Pero los ojos no están puestos sólo en las características estructurales del local bailable. Según indicaron a lanacion.comfuentes de la investigación, se determinó que hubo advertencias durante los dos años de actividad del local por potenciales peligros para el público.
Los avisos. Cuando en 2008 “El Viejo Sabio S.A.” pidió la habilitación comercial, solicitó una ampliación para utilizar el local como casa de fiestas, además de como bar, con el agregado del entrepiso, que aumentaba la capacidad del lugar.
Los dueños contrataron entonces a un profesional que efectuó los planos del proyecto. Estos fueron derivados a un técnico del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones porteño (PVH), quien los aprobó y dejó constancia de que no corría riesgo ninguna persona. El documento fue avalado luego por el inspector representante del gobierno, Carlos Mustapich.
El trámite fue derivado entonces al Departamento Esparcimiento, a cargo de Norberto Cassano, al director de Habilitaciones Especiales, Pablo Seiskuscas y al director general de Habilitaciones y Permisos, Martín Diego Farell, los tres funcionarios que finalmente otorgaron la habilitación.
Sin embargo, en la investigación se constató que, meses después, la directora de Fiscalización y Control, Vanesa Berkowski le envió una nota a Farrel indicando que el local había sido inspeccionado y clausurado porque se trataba de “un boliche encubierto”. Dado que esas clausuras fueron levantadas, la funcionaria le solicitaba que le quitara la habilitación porque se trataba de un engaño.
Sin embargo, esta advertencia no tuvo consecuencias y Beara siguió su actividad, hasta la clausura por el derrumbe el mes pasado.
Por otro lado, en las declaraciones tomadas momentos después de la tragedia, empleados del local admitieron que en numerosas oportunidades los regenteadores de Beara pedían reordenar al público para no sobrepasar la carga del entrepiso.
Todo ello hace que el fiscal apunte en la investigación a los empresarios, técnicos y funcionarios por el presunto delito de “estrago doloso seguido de muerte”, el mismo por el que fue condenado Omar Chabán por la tragedia de Cromagnon.
25/11/10 La norma que los resguarda vence en diciembre. Y corren riesgo de demolición.
La Legislatura porteña acordó prorrogar por un año la ley que protege de ser demolidos a los edificios construidos antes de 1941 , luego de que organizaciones vecinales alertaran que podrían tirarse abajo varias construcciones con valor patrimonial.
El acuerdo político entre los bloques legislativos se alcanzó casi al mismo momento en que el Ejecutivo porteño autorizó la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, que precisamente son de antes de 1941, tal como anticipó ayer Clarín .
La prórroga será para la ley N° 3.056, que fue promulgada en mayo del año pasado, pero que vence el próximo 31 de diciembre. Esa norma establece un procedimiento que, si bien no prohíbe las demoliciones, al menos dispone un mecanismo de control.
Cuando la CAAP recibe un pedido, debe evaluar si el edificio tiene o no valor patrimonial . En este sentido, estudian por ejemplo si tiene valor histórico, en qué área se encuentra, su estado de conservación original y su situación actual, entre otros parámetros.
De esta forma pueden autorizar la demolición o darle una protección preventiva hasta que la Legislatura porteña determine qué tipo de protección definitiva le da: cautelar (se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción), estructural (un grado mayor, sólo se permiten pequeñas reformas) o integral (no se lo puede tocar).
Claro que esto sucede porque el Gobierno porteño desde hace años que debe la finalización del catálogo de edificios con valor patrimonial, como tienen muchas ciudades en el Mundo. Esto permitiría definir para siempre qué edificios se deben preservar y cuáles no.
El problema es que si la ley N° 3056 no es prorrogada cualquier edificio podría ser demolido. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales se movieron para pedirle a los legisladores que sostengan la protección. Marcelo Magadán, de la asociación Basta de Demoler, explicó: “Juntamos más de 1.500 firmas de vecinos para pedir la prórroga, porque está en riesgo una parte importante del patrimonio de la Ciudad. Aún con la ley en vigencia se perdieron edificios notables, por eso es clave que se sancione la prórroga y sobre todo que el Ejecutivo termine el catálogo definitivo”.
Aún con el CAAP en funcionamiento, se estima que fueron protegidos sólo un 15% del total de edificios con permiso de demolición pedido. Esto fue lo que pasó en el caso de La Imprenta y La Cuadra).
El acuerdo para sancionar la prórroga fue confirmado por fuentes de PRO, Proyecto Sur, Coalición Cívica y el Peronismo. Patricio Di Stéfano, legislador macrista y presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, explicó: “Es cierto que falta trabajo, pero cuando PRO llegó al Gobierno, en el Registro había sólo unos 1.800 edificios protegidos, y hoy ya son 2.556, más 2.304 que tienen protección preventiva de la CAAP”.
Para el sector de la construcción, si bien hubo algunas resistencias, la prórroga de la ley N° 3.056 parece razonable . “Es preferible que se mantenga la ley y no que haya un vacío legal. Pero lo importante es que el Ejecutivo termine el catálogo, porque ahora la CAAP demora entre 30 y 45 días para emitir cada dictamen, y es mucho tiempo para el negocio de la construcción”, afirmó Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.
La polémica por la decisión del Gobierno porteño de autorizar la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, siguió ayer, con más críticas de vecinos y legisladores. Además, otro diputado oficialista presentó un proyecto para proteger La Imprenta.
Tal como publicó ayer Clarín en exclusiva, la Ciudad dio el aval para que La Imprenta (en Migueletes y Maure) y La Cuadra (en Jorge Newbery 1651) sean tirados abajo para construir viviendas. El primero fue la imprenta del Hipódromo de Palermo, y hoy le da nombre a esa zona del barrio; el segundo era un viejo stud. Hoy forman un complejo con galerías, restoranes y comercios.
Según el Gobierno, la autorización para la demolición la otorgó porque el CAAP dictaminó que los edificios fueron remodelados y ya no son originales.
Pero un legislador de PRO, Bruno Screnci, presentó la semana pasada un proyecto para proteger La Cuadra. Ayer, Patricio Di Stéfano (PRO) sumó otra iniciativa para La Imprenta. Fernando Sánchez (Coalición Cívica) afirmó que “es absurdo que autoricen demoler un edificio que le da nombre al barrio”. Mirtha Lahan, vecina, dijo: “no se pueden anteponer beneficios personales a los de la sociedad”, y Angel Sierra agregó: “es una barbaridad, a La Cuadra la conocí cuando era caballeriza
14/12/10 También se votó la prórroga a la ley que protege a los edificios anteriores a 1941.
La Legislatura aprobó ayer un paquete de leyes tendientes a proteger el patrimonio arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Fue en medio de una sesión –la última del año del período ordinario– con clima enrarecido por los hechos de violencia del sur de la Ciudad.
Una de las normas prorrogó la protección de los edificios más antiguos de la Ciudad y otra amplió el casco histórico a la zona de la City porteña. Al cierre de esta edición los legisladores se aprestaban a aprobar una ley para impedir la demolición de La Cuadra, el antiguo stud de estilo francés, y el edificio contiguo, La Imprenta, en Palermo.
Por un lado se votó prórroga por un año más de la norma que actualmente protege todos los edificios anteriores a 1941, cuya vigencia iba a quedar sin efecto el 31 de este mes. Esta ley dispone que aquel propietario que pretenda demoler un inmueble con más de 70 años debe pasar por el filtro de un dictamen de un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado por organizaciones públicas y privadas.
En cuanto al Casco Histórico, los diputados decidieron proteger la zona de la City porteña , entre Plaza de Mayo y Plaza San Martín. Así, se prohibirá demoler edificios históricos y se limitarán la altura y la forma de los que se construyan. La norma es de doble lectura, por lo que, para entrar en vigencia, deberá ser ratificada por los diputados en una nueva votación.
Hasta hoy, el casco histórico de Buenos tiene unas 60 manzanas. Los límites son Rivadavia, desde Riobamba hasta el Bajo, luego Paseo Colón hasta el Parque Lezama incluido, Defensa hasta Caseros, y luego por Perú hasta Avenida de Mayo. Incluye el centro de San Telmo y Monserrat.
Luego de que en los últimos años varias organizaciones vecinales protestaran contra el avance de la construcción de torres, y puntualmente contra el peligro de que se pierda parte del patrimonio de la Ciudad, la Legislatura empezó a estudiar modificaciones.
La iniciativa aprobada creó la zona “APH Catedral al Norte”, unas 34 manzanas desde Rivadavia hasta Plaza San Martín y desde Florida hasta Leandro N. Alem. “Esta zona incluye a unos 200 edificios con valor histórico.
¿Qué implica declarar un Area de Protección Histórica? Por un lado, protege a los edificios con valor patrimonial, en tres diferentes grados: protección Cautelar (se pueden hacer remodelaciones pero no tocar la fachada, por ejemplo), estructural (se permiten sólo cambios menores, como arreglos en las carpinterías), o integral (no se lo puede alterar, como pasa con el Cabildo).
Pero también pone fuertes limitaciones para las nuevas construcciones. En primer lugar, ningún edificio podría superar la altura del de valor histórico que haya en esa cuadra. Esta sola medida ya desalienta que los desarrolladores inmobiliarios quieran invertir en la zona. Por otra parte, las construcciones nuevas deberían respetar la estética, las líneas constructivas de los edificios antiguos, por ejemplo no podrían hacer balcones corridos. Pero además se restringirían otras cuestiones: se prohibiría que los comercios tuvieran marquesinas, o se obligaría a que las “cajas” de los servicios sean soterradas.
La sanción de la Legislatura fue de “primera lectura”. Como se trata de modificaciones al Código de Planeamiento, la ley obliga a realizar una audiencia pública y luego una segunda sanción.
10/11/10 - Es de bomberos y está en la causa. Dice que la excavación “no respetó las reglas”
A tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la situación del ingeniero Guillermo Heyaca Varela, el encargado de la obra lindera al edificio que se desmoronó, parece bastante complicada . La pericia de los Bomberos sobre las causas del derrumbe determinó que la excavación “ no respetó las reglas ”. Además, familiares de las víctimas pedirán que se investigue a funcionarios del Gobierno porteño y al dueño del local.
El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaban el gimnasio y locales de ropa, se derrumbó. Murieron tres personas que estaban dentro del gimnasio: Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18. La tragedia terminó costándole el cargo a Oscar Ríos, por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control.
Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.
La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.
La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.
Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.
En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.
El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó. La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.
Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.
El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.
La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad.
Por un lado, los legisladores Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) y Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) impulsan limitar la altura de construcciones futuras en distintos sectores de una treintena de barrios. Por otro lado, un borrador de Epszteyn y otro presentado por la Defensoría del Pueblo porteña proponen modificar el esquema de inspecciones vigente para obras en construcción para incorporar controles en las etapas de excavación, submuración y llenado de bases, hoy no previstos.
El primer proyecto de Epszteyn busca preservar la identidad del barrio de Villa Urquiza y poner un freno a la expansión desmedida del boom inmobiliario. Propone regular las alturas máximas en cuatro polígonos dentro del barrio mediante el cambio de zonificación.
Los sectores comprendidos por Quesada, Aizpurúa, Rivera, Ceretti, Roosevelt y Constituyentes, y por Griveo, Monroe, Ceretti, Juramento, Cubas, Gavilán, Carlos López y Caracas hoy admiten hasta 15,5 m; la propuesta es bajarlos hasta nueve metros. Igual tope se impulsa para el polígono delimitado por Quesada, Burela, Cullen, Ceretti, Rivera y Aizpurúa (hoy acepta hasta 10,5 m) y para el enmarcado entre Monroe, Burela, Mendoza y Ceretti.
En materia de controles, el borrador de Epszteyn -hoy lo discutirá con vecinos en Villa Pueyrredón- prevé que el Poder Ejecutivo deberá realizar tres inspecciones durante el proceso de excavación y submuración de las obras. Y que éstas deben efectuarse antes, durante y al término de las tareas.
En tanto, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, presentó un proyecto para que se cree una comisión con delegados de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la Uocra y de los colegios profesionales, con objeto de revisar las normas referidas al registro, el seguimiento, el control y las sanciones de obras en la Capital.
DIXIT
“El jefe del bloque ibarrista impulsa un proyecto para sumar inspecciones a las etapas de excavación y submuración de las obras. Hoy se reunirá con vecinos”
EDUARDO EPSZTEYN
Dialogo por Buenos Aires
“El vicepresidente 3° de la Legislatura propone limitar la altura de las construcciones en distintos sectores de una treintena de barrios”
La seguridad constructiva: un valor o un requisito
En referencia a los últimos derrumbes ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, y como generalmente ocurre en ocasiones tremendas como estas, surgen voces desde todos los rincones, aportando comentarios, que generalmente terminan perdiéndose en el farragoso trayecto que va desde el dolor a la culpa… Intentando encontrar las causas de las cosas, me surgen algunas preguntas:
-¿Es la seguridad uno valor intrínseco de nuestro pensamiento profesional o simplemente se trata de un requisito a cumplir?
-¿Académicamente, estamos dándole a la seguridad la suficiente entidad como para hacer de ella un valor a la hora de formar profesionales?
Nos preguntamos el por qué en disciplinas más rigurosas como la nuclear o espacial el control de calidad no alcanza y el aseguramiento de la calidad marca el sendero. ¿Es capricho o responsabilidad frente al riesgo?
Indudablemente no ayuda en la toma de conciencia, una sociedad apurada, que habitualmente acelera cuando la luz del semáforo se torna amarilla o simplemente contempla con indiferencia que el árbol vencido por los años pueda lastimar en su caída.
Y yendo particularmente al tablero, rige la buena costumbre de los documentos como planos memorias de cálculo etc. ¿No será el momento de hacer una revisión profunda de los procedimientos constructivos vigentes para asegurar la calidad del proyecto encomendado?
“No está mal que haya edificios altos en una ciudad, en sitios adecuados y sobre terrenos de dimensiones apropiadas, como tampoco lo está que haya calles arboladas.” Rodolfo Livingston Arquitecto.
Los autores de los “emprendimientos” no concurrieron a pesar de haber sido invitados.
Estas fueron algunas intervenciones de los vecinos: “Nosotros elegimos este barrio por las casas bajas, el sol abundante, la tranquilidad. No hay derecho a que nos tapen la luz y arruinen el barrio con esos paredones pegados a nuestras casas.”
“El medio ambiente urbano está incluido en el concepto de medio ambiente, porque es el hábitat del hombre y está científ icamente comprobado que dañar el hábitat de cualquier especie afecta su desarrollo y, en algunos casos, su supervivencia. Toda especie entra en pánico cuando siente amenazado su entorno.”
“Una parra y el canto de los pájaros acompañaron mi niñez en la casa de mi abuelo, que me enseñaba a ver y a escuchar la naturaleza. Un día llegó una topadora y en un momento barrió con todo, ciruelo, huerta, jardín: todo fue a parar a un volquete, sentí que barrieron con mi infancia.”
La infancia es la patria del hombre, recordé al escucharlo. “En lugar del aroma de las plantas, hoy huelo una cloaca rota, que nunca arreglan, del edificio vecino. A eso llaman progreso”, concluyó.
“Si no les gusta, que se vayan a vivir a un country.” “Están en contra del progreso.” Eso argumentan los emprendedores. “Da trabajo” es otro de sus argumentos, cuando en realidad un edificio alto emplea la misma cantidad de obreros que una casa de tres pisos y, además, estos depredadores de barrios no cumplen con las leyes sociales.
El proceso se inicia ofreciendo un precio alto por una casa del barrio. Si, tentado por la oferta, el propietario vende, el pago se hará con mini-departamentos del edificio terminado, considerando el precio de venta que duplica los costos.
Los siguientes propietarios, bloqueados por los paredones, se verán obligados a malvender (a los “emprendedores”, por supuesto) pues nadie querrá esa casa encerrada entre altas paredes. Así funciona el negocio.
La propaganda de venta mencionará las “hermosas vistas hacia jardines” (de los vecinos) y las amenities, pequeñas piletas de natación y un recinto con bicicleta estacionaria que nadie usará. Y de paso, invadirá el terreno natural que es obligatorio mantener en cada manzana, dado que las amenities no se consideran construcción, en una de las tantas “excepciones” al código de edificación que amparan a estos “emprendimientos”, con la complicidad de autoridades municipales.
La foto del edificio en los folletos siempre estará tomada de frente, nunca de costado, y se lo llamará Altos de Palermo Hollywood o algo parecido, con lo que pretenden rebautizar cualquier barrio.
Nuestros barrios tienen cada uno sus olores, sus árboles, su ritmo y su gente. Modificar y homogeneizar todo Buenos Aires con edificios que ni siquiera aportan un valor arquitectónico coherente o elaborado es aniquilar esa diversidad cultural, que es uno de los pilares de la identidad porteña.
La identidad y la diversidad son conceptos complementarios. No está mal que haya edificios altos en una ciudad, en sitios adecuados y sobre terrenos de dimensiones adecuadas, como tampoco lo está que haya calles arboladas donde los vecinos se conocen y hasta salen a conversar en la vereda.
Los vecinos de los barrios aceptan construcciones diferentes, algunas multifamiliares, de hasta tres pisos de altura.
Coherencia no quiere decir uniformidad. En Villa Pueyrredón hay pasajes cortos que desembocan en la Avenida del Carril. Y allí está la clave del lugar de vanguardia que ocupan los vecinos de este barrio.
La suya es una lucha que también se desarrolla en otros barrios, como Villa Urquiza, Caballito y Agronomía.
En Villa Pueyrredón se practica la democracia directa, que se muestra mucho más “democrática” y efectiva que nuestra democracia representativa.
Los vecinos tuvieron éxito, cuando se aprobaron las nuevas reglamentaciones propuestas por ellos para salvar el barrio de la degradación. Y obtuvieron otros logros.
Entre ellos, despertar la conciencia de la población, acostumbrada a aceptar mansamente esos atropellos.
Fuente: Tiempo Argentino
Data:11/06/2010 Tiempo Argentino – Nota – Editorial – Pag. 14 Link: Ver Nota
Pese a que una ley prohíbe construcciones superiores a doce metros de altura, el gobierno no rechazó los pedidos realizados con anterioridad para construir torres. Los vecinos temen que las autoricen por supuestos “derechos adquiridos”
Los vecinos de Villa Pueyrredón lograron en mayo la aprobación de una ley que limita la altura de las nuevas construcciones en el barrio, pero el fantasma de las torres sigue vigente. Es que aún están pendientes de resolución trece pedidos de permiso de obra para construir edificios de diez pisos de altura. Esas solicitudes habían sido hechas antes de la sanción de la ley y, si bien los inversionistas no hicieron otro gasto que la compra del terreno, en distintas áreas del gobierno porteño ya hablan de “derechos adquiridos”. Los vecinos aseguran que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, les había prometido que en el barrio no se otorgarían nuevos permisos de obra. Pero como los permisos no fueron denegados, después de tanto tiempo, temen que esa palabra no se cumpla.
“Cuando hay daño ambiental no hay derecho adquirido que valga”, advierte a Página/12 Abel De Grande, uno de los vecinos de Villa Pueyrredón perjudicados por la proliferación de edificios de altura: su casa quedó justo al lado de una torre y uno de los nuevos permisos solicitados es para el terreno que da a la otra medianera. “Si se aprueba, mi casa quedaría encajonada entre dos edificios”, afirmó.
Los vecinos recurrieron primero a la Justicia. Después de obtener una respuesta negativa a un recurso de amparo, lograron un fallo favorable a una presentación que encabezaron los diputados Rocío Sánchez Andía, Eduardo Epzsteyn, Juan Cabandié y Adrián Camps. El fallo de la jueza Andrea Danas, del 27 de abril de este año, ordenó “la suspensión del otorgamiento de permisos de obras nuevas”. De acuerdo con esa sentencia, el Gobierno de la Ciudad no debería autorizar ninguno de los pedidos realizados.
Días después, el 13 de mayo, la Legislatura aprobó por unanimidad una ley que limita a 12 metros la altura máxima de las nuevas construcciones sobre Del Carril, desde Campana hasta Constituyentes, y sobre La Pampa, hasta Burela. Se trata de la ley 3447, publicada en el Boletín Oficial en junio. Cinco meses después, las trece solicitudes de permisos presentados antes de la sanción de la ley siguen pendientes de resolución.
Ante una consulta de Página/12, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo Urbano porteño –donde la Dirección de Registro de Obras y Catastro debe decidir si se autorizan o no las construcciones– explicaron que “los trece expedientes fueron girados en consulta a la Procuración General para definir un criterio”. Pero tanto en ese ministerio como en la Procuración, los vecinos escucharon hablar de los supuestos “derechos adquiridos” de los inversores que iniciaron sus trámites antes de la sanción de la ley, aunque hasta ahora no hayan comprado ni un ladrillo. De los trece trámites, sólo uno fue iniciado este año, otro comenzó en 2007 y los once restantes corresponden al año 2009.
“Sabemos que este estado de indefinición puede durar años y que, tal como ocurre actualmente en Caballito, después de más de dos años de promulgada una ley, comienza la construcción de nuevos edificios burlando la lucha vecinal y la voluntad expresada por la Legislatura”, manifestaron los vecinos a través de un comunicado.
El 18 de octubre último los vecinos de Salvemos al Barrio le presentaron al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, una nota en la que solicitan que “arbitre las medidas necesarias para que las nuevas construcciones se adecuen a la nueva zonificación, dispuesta por la ley 3447”.
“Que se edifiquen torres en una zona en la que han sido prohibidas repetiría los mismos perjuicios y reclamos por los que hemos gestionado todo este tiempo”, expresa el petitorio que los vecinos le entregaron a Macri.
“No estamos en contra de las construcciones –concluye De Grande–, pero queremos que se respete nuestro derecho a una vida digna.”
Alertar sobre los proyectos que se están elaborando para modificar el Código vigente pues no responden a los mandatos establecidos y no contribuyen al necesario debate para implementación de la ley 2930 del Plan Urbano Ambiental.
Remarcar que las modificaciones parciales a la normativa vigente, incumpliendo el mandato legislativo, puede tener como resultado situaciones de inseguridad jurídica paralizantes para el necesario crecimiento de la ciudad y los consiguientes conflictos entre los diversos actores involucrados en la problemática de la Ciudad. En cuanto a lo urbano, estas modificaciones soslayan la imperiosa necesidad de contar con miradas de carácter integral, que consideren el corto, el mediano y largo plazo.
Insistir en la participación de todos los actores necesarios para lograr la transformación urbana y la mejor organización del espacio: vecinos, profesionales, empresas, desarrolladores inmobiliarios.
Declaración:
En virtud del devenir de múltiples acontecimientos que a diario ocurren en la ciudad de Buenos Aires, sus habitantes se sienten afectados, en mayor o menor grado, por una serie de problemas que afectan la calidad de vida urbana. Estos problemas pueden traducirse en sensaciones de disconfort, inseguridad, polución ambiental, dificultades de tránsito y movilidad, temor ante lo que aparenta ser un desmedida avidez especulativa del sector de la construcción, pérdida de las características esenciales de sus barrios (concepto territorial que desde siempre ha caracterizado a Buenos Aires), etc.
Paralelamente a este sentimiento, predomina en la sociedad la sensación que, ya en el plano estrictamente de la planificación urbana, se vive un contexto de inseguridad jurídica, sin normas, o que en caso de existir, éstas no se cumplen o se las evade mediante la acción de espurios intereses. Todo ello ocurre en un entorno macro económico favorable al desarrollo de la industria de la construcción, un sector altamente dinamizador de la economía nacional.
Como consecuencia inmediata de esto han surgido algunas respuestas anárquicas y apresuradas, que han significado la paralización de algunas obras, con negativas consecuencias para las partes involucradas.
Frente a este preocupante panorama, cabe aclarar en primera instancia que los arquitectos, los ingenieros, los constructores y desarrolladores, al igual que los habitantes y funcionarios, son al mismo tiempo actores y espectadores de los procesos de configuración de la ciudad. La ciudad es el resultado de múltiples interacciones entre los diversos actores e intereses urbanos.
En particular, los profesionales de la arquitectura y el urbanismo han trabajado durante décadas en el planeamiento de la ciudad contribuyendo al mejor desarrollo de la misma.
Cada uno de los actores, desde sus capacidades y competencias opina y participa: los habitantes desde sus acciones de habitar, los académicos desde su rol de lectura crítica, los profesionales desde sus responsabilidades en la producción material de la ciudad, los funcionarios desde sus responsabilidades de planificación y gestión pública, los inversores desde la dinámica financiera y en el mercado de suelos y el inmobiliario.
En este contexto, se generaron en su momento los códigos y las normas que regulan el uso del espacio público y privado; y también las normas que regulan su materialización. Se trata de documentos elaborados sobre la base del consenso entre los múltiples intereses, que tienen la capacidad de organizar en el espacio y en el tiempo las transformaciones urbanas.
Sobre esos lineamientos, en fecha reciente se aprobó la ley 2930 del Plan Urbano Ambiental, que considera los distintos ejes problemáticos a resolver en las acciones sobre la ciudad. En su artículo 29 precisó las prioridades a que deberá abocarse el Poder Ejecutivo y el Consejo de Plan Urbano Ambiental, determinando en primer lugar el Modelo Territorial, una “Imagen Objetivo” de la ciudad.
En ese ámbito se precisa que las particularidades barriales, los entornos significativos, las áreas homogéneas de calidad y otros ámbitos específicos pueden –y deben ser reconocidos e integrados en el proceso de desarrollo urbano y en las políticas públicas. Este mismo artículo establece la necesaria modificación de los instrumentos de ordenamiento vigentes, pues se precisa un Nuevo Código Urbanístico que reemplace al actual Código de Planeamiento Urbano y que viabilice esta “Imagen Objetivo”.
Mientras tanto desde el GCBA se seguirá actuando con poder de policía sobre la aplicación de la normativa vigente.
Desde esa perspectiva, es importante poner de manifiesto que los proyectos que se están elaborando para modificar el Código vigente no responden a los mandatos establecidos y no contribuyen al necesario debate para implementación de la ley 2930 del Plan Urbano Ambiental.
Promover modificaciones parciales a la normativa vigente, incumpliendo el mandato legislativo, puede tener como resultado situaciones de inseguridad jurídica paralizantes para el necesario crecimiento de la ciudad y los consiguientes conflictos entre los diversos actores involucrados en la problemática de la Ciudad. Y, en cuanto a lo urbano, soslaya la imperiosa necesidad de contar con miradas de carácter integral, que consideren el corto, el mediano y largo plazo.
