Así lo sostuvieron ayer los ministros porteños de Seguridad, Guillermo Montenegro, y Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y el jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. “Es fundamental unificar inspectores, para que cuando vaya un inspector de trabajo, también pueda verificar la obra, y para eso hay que corregir una ley en la Legislatura”, dijo el jefe de gabinete. Cabrera precisó que la unificación de inspectores implica que “se coordinen los actos de control que realizan la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia de Protección Ambiental“.
Una persona resultó con contusiones el sábado al derrumbarse parcialmente el entrepiso de un restorán en el barrio porteño de San Telmo, según informaron fuentes policiales.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación (SRT) presentó ayer un informe que detalla las obras en construcción que “corren peligro de derrumbe” en la ciudad de Buenos Aires. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, dio a conocer, además, el detalle de las obras que ya fueron suspendidas o cerradas.
El superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan Horacio González Gaviola, dijo que “la situación es preocupante” y que trabajar sin un plan de seguridad “es gravísimo, muy peligroso”.
“Las ART tienen que denunciarnos a nosotros cuando una empresa no cumple con las normas de seguridad”, pidió.
Además, González Gaviola se encargó de criticar a la gestión porteña. “Desde junio hasta noviembre hemos transmitido al Gobierno de la ciudad 4881 denuncias de incumplimiento, desde cosas simples hasta graves, como las obras que trabajan sin plan de seguridad. Eso es muy peligroso, es gravísimo”, dijo.
“De las 4881 denuncias de las ART que derivamos al Gobierno porteño, 883 construcciones ni siquiera habían presentado el plan de seguridad. Sin embargo, ellos sólo actuaron en 70 casos . Ante el riesgo, tuvimos que involucrarnos: clausuramos 15 de las 50 obras más peligrosas que encontramos”, explicó.
Un escape de gas se registró hoy en una obra en construcción en el barrio porteño de Balvanera, donde fueron evacuados alumnos de una escuela, informaron fuentes policiales.
El escape de gas se registró en avenida Jujuy al 200, debido a que una máquina con la que trabajaban los obreros “tocó la llave de gas de un medidor y comenzó a salir gas”, informó a la prensa el arquitecto de la obra, Samuel Zisterman.
El arquitecto agregó que “en la base de datos de Metrogas no figuraba el medidor”.
Al lugar asistieron dos dotaciones de bomberos y antes de las 11, personal de Metrogas logró controlar el escape, precisaron las fuentes.
Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.
La cifra incluye a los propietarios, las posibles demandas de los inquilinos, los damnificados del barrio y la indemnización por el hombre que falleció en el lugar.
Los abogados de los damnificados por el derrumbe de la calle Mitre anticipan una demanda millonaria que incluirá a todos los responsables de la obra lindera y al Gobierno porteño. Si se tienen en cuenta sólo las pérdidas sufridas por los propietarios de los treinta departamentos afectados, los letrados estiman una demanda de hasta US$ 6 millones. Pero si se consideran también las pérdidas de los locales comerciales de las manzanas afectadas y los otros inmuebles perjudicados, la cifra podría ascender a los US$ 10 millones.
Desde el punto de vista penal, las responsabilidades incluirían al arquitecto de la obra, Ezequiel Mariano Rivarola; a la responsable de la constructora, Susana Verónica Lauría y a los directivos de las empresas involucradas (Le Marche SRL y Taclet SA), y podrían escalar hasta los funcionarios encargados de los controles. Si las pericias revelan que hubo negligencia, el delito sería “estrago doloso”, agravado por haber causado la muerte de Isidoro Madueña –el anciano de 74 años que fue encontrado el jueves pasado entre los escombros–, con penas que podrían llegar a los 25 años de prisión.
Los abogados pedirán un resarcimiento estimado de US$ 200 mil en promedio por cada departamento derrumbado que incluye su valor de mercado, el costo aproximado de todo su equipamiento, una indemnización por daños psicológicos y lucro cesante, y honorarios. Mónica Nizzardo, por ejemplo, había comprado el 9º B hace menos de un mes por U$S 68 mil. “En el caso de las unidades que dan al frente y son más grandes, el precio puede ascender a los U$S 100 mil”, explica Mariano Bergés, abogado de Nizzardo y otros cinco damnificados. El cálculo de bienes dentro de cada inmueble podría oscilar entre $ 130 mil y $ 150 mil, pero hay que tener en cuenta que el primer cuerpo se mantuvo en pie, por lo que sus habitantes pudieron recuperar sus pertenencias, que no fueron consideradas en la suma final.
El edificio de Libertad 70 recibió parte del impacto de la caída de los escombros. Sufrió importantes roturas y fue apuntalado. “No es claro que pueda seguir en pie y si se demuele, habría que agregarlo al costo de la demanda”, alerta Javier Miglino, otro abogado de las víctimas. Más conservador, Bergés considera que el inmueble podrá volver a ser habitado, pero luego de los arreglos que llevarían cerca de un año.
El Banco Ciudad terminó de tasar el costo de cada unidad que se desplomó, información que será utilizada por los abogados del Gobierno para avanzar con la querella por el resarcimiento económico que presentarán en la Justicia contra los responsables de la construcción, los dueños del terreno y los proyectistas.
El dato no es menor porque en el caso de que la empresa se declare insolvente, sólo el precio del lote se estima en unos U$S 2 millones. Hacia allí se podría apuntar la demanda.
El próximo jueves se trarán en la Legislatura porteña tres proyectos para evaluar cómo se indemnizará a los damnificados. Posiblemente, se acuerde una ley única que buscará realizar una “expropiación de derechos” a litigar, además del pago de $ 50 mil en subsidios a las familias, sean propietarios o inquilinos. Los abogados de Macri quieren que la Ciudad absorba el derecho de litigio contra los responsables de la obra de construcción en nombre de los vecinos, y antes de que avance el proceso judicial que podría durar años, se indemnice a los propietarios con una suma equivalente al valor de la propiedad. En este escenario, los perjudicados deberán iniciar sus propias demandas por los demás daños personales y morales: lucro cesante, daño psicológico, etc.
Además, el Gobierno terminará esta semana de avanzar con los pedidos en la Justicia para el embargo preventivo y la inhibición general de bienes de los responsables de la obra que habría desencadenado la tragedia.
Doble alerta en San Telmo
El fantasma del derrumbe volvió a aparecer, esta vez en San Telmo: en la tarde de ayer, en un bar en Bethlem al 400, se vino abajo parte del techo sobre un entrepiso y causó un herido. Los bomberos asistieron a los clientes y trabajaron para evitar desmoronamientos.
Según fuentes oficiales, la casa no presentaba ningún riesgo, por lo que sus habitantes no fueron evacuados. Luego de frenar la obra ubicada en la Avenida Juan de Garay 263, el director de la Agencia gubernamental de Control, Javier Ibáñez, explicó que la excavadora utilizada era inadecuada para el trabajo. “Es una máquina enorme para ese terreno, no tenía radio de giro, estaba removiendo todo, y golpeó la medianera, lo que provocó una rajadura importante”, sostuvo. “Por suerte no hubo derrumbe, pero podría haber sucedido”, agregó.
El promedio de alertas por “posible riesgo de derrumbe” de un edificio debido a los trabajos en una obra en construcción lindera trepó en la última semana de 8 llamadas diarias a 51. “Es una situación bastante común después de un trágico suceso como el derrumbe del edificio en el barrio de San Nicolás. La población está en estado de alerta y es natural. Sin embargo, la inmensa mayoría de esas llamadas fueron falsas alarmas”, dijo a LA NACION Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias porteño.
Rosa Ferrari, encargada del turno tarde de de Emergencias de la ciudad concurrieron al lugar por una llamada de un vecino. “Nosotros no sentimos nada. Aparentemente, un hombre que pasaba vio cómo se producía una rajadura en la pared y llamó a Emergencias. Por precaución, se evacuó el lugar después de las 14. Había más de 100 chicos y todo se hizo en calma”, dijo la docente.
Allí se montó una plataforma tecnológica para coordinar situaciones de emergencias o de catástrofes. El número 103 posee un sistema informático que fue desarrollado para referenciar de modo geográfico al damnificado y a los móviles más cercanos al lugar. En caso de una emergencia se concurre a la zona. Se basa en un sistema de radiocomunicaciones denominado Tetra, con una central digitalizada que funciona en una frecuencia que supera las bandas ciudadanas.
“A todas las denuncias que surgieron después del derrumbe les dimos respuesta”, dijo Nicolás.
Por caso, se atendió la alerta vecinal sobre un edificio de Juramento 5042, en Villa Urquiza. El móvil de emergencia concurrió por una presunta fisura en el piso 10° cuando, en realidad, el edificio tenía sólo nueve pisos. “Funcionarios de emergencias recorrieron todas las unidades y, también, la obra lindera, pero no había nada. Y la denuncia fue desestimada. Un vecino llamó preocupado porque sintió ruidos extraños, pero no pasó nada”, contó Miguel, encargado de ese edificio.
En el CUCC también funciona una sala de crisis y un centro de operaciones con un salón para 45 operadores de atención telefónica, cuyos servicios tecnológicos fueron preparados para operar de forma continua las 24 horas, todo el año.
“Nos preocupan los ruidos y los golpes en la pared que sentimos habitualmente. Siempre estamos atentos a que no haya fisuras. De todas maneras, tomamos los recaudos y los arquitectos de la obra lindera sacaron fotografías de la casa para evitar idas y venidas ante una situación complicada. Siempre que tenemos dudas, llamamos directamente al jefe de la obra”, contó María Ester Mangiafico, que vive en un departamento en Quesada al 1500, en Núñez.
Sólo el lunes posterior al derrumbe de Bartolomé Mitre 1232, el Servicio de Emergencias recibió 84 denuncias por posibles derrumbes, lo que significó diez veces más llamados que el promedio habitual.
Entre la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y la Dirección General de Logísta, hay 850 personas en servicio, de las cuales el 75 por ciento está operativa para salir a cubrir una emergencia en la calle. Cuentan con 100 móviles -poseen grúas, camiones y palas- y puestos de salud listos para ser montados en sitios críticos con 16 camas, equipos de oxígeno y una unidad de cuidados intensivos. La Subsecretaría de Emergencia posee un presupuesto de un millón de pesos por mes para insumos.
“Damos respuesta a todos los llamados. Ahora, por el grado de alarma que hay en la población, tal vez demoramos un poco más en llegar. Pero todo se evalúa de acuerdo a riesgo y prioridades. Ya pasamos por una situación similar: cuando se derrumbó el gimnasio de Villa Urquiza hubo una catarata de denuncias. Con el paso de los días, todo se normalizó”, dijo Nicolás.
CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE EMERGENCIA
Localización. El operador de turno pide al vecino toda la información necesaria para localizar, con la mayor precisión posible, dónde y cómo se produce el incidente denunciado.
Priorización y propuesta. Cada tipo de incidente es evaluado y el centro de operaciones lo califica con la prioridad debida. De esta manera, si hay varios incidentes a la vez, todos deberán llevar un orden de asistencia. El operador de turno irá formulando una serie de preguntas para complementar la información anterior, siempre en el menor tiempo posible. Procesada esa denuncia por el sistema informático, éste recomendará derivar el caso a los organismos que deban participar en su resolución.
Despacho a los servicios de emergencia. De inmediato, el operador de turno envía las solicitudes de intervención a los organismos de emergencias pertinentes, que partirán hacia el lugar del incidente.
Seguimiento y cierre del incidente. Cada incidente atendido por el servicio 103 de emergencias es sometido a un seguimiento, de modo de que mientras alguno de los servicios de respuesta continúa la atención directa, el caso siempre seguirá “abierto”. Cuando todos los efectivos movilizados a la zona del incidente dan por terminada su actuación, comunican esta situación al centro de operaciones y el incidente se “cierra”, dándose por finalizado. La información recogida en el sistema es totalmente confidencial.
Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.
La medida fue adoptada en la obra, ubicada en Juan de Garay 263, y cuyo proyecto y dirección está a cargo de Sergio Gorelik, luego de que un vecino denunció que los trabajos que se realizaban habían afectado su vivienda.
En esa obra, una retroexcavadora “golpeó una medianera y causó rajaduras, dejó las bases perforadas y peladas las medianeras vecinas”, informó el director de la Agencia de Control Gubernamental, Javier Ibañez.
“Frenamos la obra porque no estaba el responsable para dirigir la operación”, dijo Ibáñez ante el periodismo y explicó que la máquina de gran tamaño estaba removiendo tierra.
El funcionario señaló que el maquinista de la obra intervenida en San Telmo le informó que debía excavar 5 metros y retirarse al mediodía y en ese sentido, Ibañez explicó que “el profesional debe estar presente durante la excavación y el llenado de la losa”.
Luego de que se detuvo la operación, “se apuntaló a ambos lados, hacia la casa del vecino y de la obra e intimamos al profesional para que llene los pozos y subsane los riesgos”, dijo Ibañez.
Asimismo, informó que el profesional “se tendrá que acercarse al gobierno porteño para responder a las sanciones que le competen”..
