Hasta el momento, nadie había hablado de la existencia de riesgo de desmoronamiento de las estructuras dañanada. Hoy, sin embargo, la Municipalidad lo hace de una forma muy clara.
Trabajos subterráneos
“Mañana ingresará al canal un equipo de técnicos para estudiar y evaluar el estado de las estructuras subterráneas. Los especialistas recorrerán el lugar y elaborarán un diagnóstico que evidencie los niveles de riesgo, en base a ello se planificarán las alternativas”, dijo el señor Galíndez.
La información oficial señala que los operarios municipales (profesionales y agentes de prevención) ingresarán al canal por el acceso de la calle Pedro Pardo. El equipo estará integrado por profesionales y agentes de prevención. Durante el recorrido se registrará en imágenes cada unos de los espacios que colapsaron el sábado pasado. “Esta verificación interna permitirá elaborar un mapa de riesgo y determinar cuáles son los pasos que habrá que cumplir para restablecer la situación”, añadió Galíndez.
Reorganización de tráfico de ómnibus y el turismo
La Municipalidad ha anunciado que esta misma tarde se publicará el mapa de reordenamiento de las paradas del transporte público. Inspectores de la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial permanecen en las inmediaciones de la estación de ómnibus para organizar la circulación de vehículos y reducir el congestionamiento del tránsito.
Por otro lado, el Secretario de Turismo, Rodolfo Antonelli, aseguró que la Municipalidad se encuentra “asistiendo e informando a todos los turistas que arriban a la ciudad”.
A la par de este “boom”, nació una asociación de Vecinos afectados por obras. Ciudadanos y ciudadanas que veían que sus casas empezaban a deteriorarse, a rajarse las paredes, a derrumbarse, entre otras innumerables serie de problemas que comenzaban a padecer por el solo hecho de tener una construcción lindera. A su vez, “el daño y destrucción de las propiedades linderas a estas grandes obras trae como consecuencia la pérdida patrimonial por desvalorización de los inmuebles afectados y no perdona tampoco los inmuebles de valor histórico, estético y tradicional” manifestaba este grupo de vecinos que se unieron con un solo fin: ver de qué manera defender su propiedad pero sobretodo, el hogar que habían construido durante años.
En sus inicios, alrededor de 60 personas comenzaron a reunirse para buscar estrategias ante una realidad inmobiliaria que se acrecentaba día a día y que no tenía ningún tipo de solución por parte del Estado municipal. “Al principio se reunía en La Comuna, en 27 de Febrero al 600 y luego empezamos a hacer las reuniones en la sala del Concejo. Luego el grupo se dividió en dos”, nos reseña Jorge Alvarez, un referente de esta Asociación que tomo como rumbo y objetivo fundamental, incidir a partir de ordenanzas, en políticas públicas para la ciudad que contemplasen las demandas y necesidades de los vecinos afectados por obras.
Los principales problemas que padecen los vecinos tienen que ver con rajaduras, derrumbes, grietas en las paredes y techos, filtraciones, falta de luz y aireación, ruidos molestos, entre otros. Pero al mismo tiempo, la agrupación también señala otros efectos que afectan notablemente el medio ambiente: “A estos problemas y al desorden urbanístico que sufre nuestra ciudad, por el crecimiento desmedido y no planificado de estas construcciones, se suman además deficiencias en los diversos servicios: energía eléctrica, disminución de presión de agua , inconvenientes en los desagües pluviales y cloacales, exceso de basura que supera la capacidad de recolección, intransitabilidad de las veredas del micro y macrocentro, todo esto por el número incontrolado de las obras en construcción.”
En el año 2006 se registraron por lo menos, 250 obras de construcción de edificios en la zona céntrica. Un año después, “los permisos de habilitación habían trepado a 1500” apunta Jorge Alvarez. “Luego se aplacó debido a los reclamos que hubo. De todos modos la gente no tiene ninguna cobertura, solo la justicia. Cuando sucede algo La Municipalidad dice que es un problema entre particulares y que su responsabilidad termina en la vía pública”.
Para Alvarez, el único camino posible para encontrar alguna respuesta es la vía judicial. “A pesar de que ellos son los que dan el permiso para construir, ellos deberían iniciar el juicio y no el ciudadano que debe hacerse cargo de todo. Eso sería el ideal, que sea La Municipalidad la que se encargue, pero prefiere seguir generando un boom, y el problema actualmente sigue sin resolverse. Son juicios largos, hay gente que hace más de tres años que están en juicio”, reclama el referente de esta Asociación.
El desamparo del vecino es evidente. Frente a ello, muchos terminan vendiendo su propiedad incluso a los mismas empresas constructoras encargados de las obras.
El momento más peligroso, nos cuenta Alvarez, es cuando la empresa constructora realiza la demolición y la excavación en la obra. “Cuando realizan la excavación es el peligro más grande que se derrumbe la casa lindera, porque la hacen mal, se meten en los cimientos de los vecinos. La pala mecánica no se puede acercar a menos de un metro de la pared del vecino.” Es aquí donde la organización exige la presencia de inspectores. Ahora bien, ¿existe voluntad política para realizar controles de este tipo?. “Hay muchos intereses en juego, hay mucho lobyy dentro del Concejo, de la Municipalidad, de empresas cuyos profesionales trabajan para el Estado también, hay obras que han tenido irregularidades y que han estado conducidas por gente que ha trabajado en la Municipalidad”, opina Alvarez.
Por otra parte, los requisitos fundamentales para que una obra sea habilitada son, “en primer lugar, contar con un permiso que debe exibirse en un cartel, además del numero del permiso, debe figurar el proyecto de lo que se va a construir y los responsables de la obra. En nuestra web tenemos una guía para que la gente conozca y sepa lo que tiene que exigir”. El reclamo para denunciar la irregularidad de una obra debe realizarse en el Distrito correspondiente, generalmente es en el centro, ante Obras Particulares. “Debe ingresar un expediente por mesa de entrada. Si bien no le va a solucionar el problema la Municipalidad, es un requisito que recomendamos porque en caso de recurrir a la justicia, el juez lo primero que pide es si se cumplió con la etapa administrativa, es decir, si se realizó el reclamo ante la Municipalidad”.
El trabajo de la organización ha sido fundamental. “Si bien el 90% está normado en las ordenanzas, esto no se cumple, no existen los controles suficientes para hacerlo cumplir y algunas cosas hacen falta modificarlas”, dice Jorge. Es decir, la lucha principal de la Asociación de Vecinos Afectados por Obras se centra en lograr legislaciones que protejan la vivienda de los vecinos, y sobretodo, en la exigencia a que esas legislaciones vigentes se cumplan. “La insistencia nuestra está por el lado de las ordenanzas. Hemos presentado más de 50 expedientes en el Concejo proponiendo modificaciones para paliar todos estos inconvenientes”.
La falta de control es uno de los principales problemas no resuelto por el Estado Municipal. “Las bandejas de protección no pueden tener menos de 2 metros 50. Y la gran mayoría tienen un metro, osea que cualquier cosa que se caiga, pasa por el costado”. “A lo que se debe apuntar es a ser más restrictivo con las penalidades. Mientras a los empresarios le salga más barato pagar una multa, van a seguir infligiendo las ordenanzas”, remarca Alvarez, sumando más preocupación a la situación de vulnerabilidad con las que se encuentran vecinos, transeútes y obreros de la construcción casi todos los días. “Lo que pedimos es que en los casos donde está en riesgo se pare la obra y se pague los días perdidos a los obreros. Y esto es lo que no se hace. La obra debería ser clausurada, no basta con pagar una multa, además las multas deberían ser acumulativas”.
Qué hacer
“Se rajó la casa de mi hijo”,” no soporté más, opté por vender y me fui a vivir lejos”, “me destruyeron el bar y también la vida”, son algunas de las frases dolorosas y cotidianas que Jorge Alvarez ha escuchado innumerable cantidad de veces, al momento de recibir algún vecino que se acercaba para ver qué podía hacer. “Es un momento de catarsis muy grande.” “Lo que hacemos es guiarlo para que den los pasos que corresponden en caso de que tengan que ir a la Justicia. Muchas veces por empezar mal, después no se llega a nada. Una de las cosas que nosotros recomendamos es cerciorarse quién es el propietario legal de la construcción. Ir al registro de la propiedad y averiguar quien figura como titular de la obra porque esa es la persona a la que le tienen que hacer todos los reclamos y los juicios y no a las empresas constructoras que muchas veces no son las dueñas”.
Además de los problemas que afectan a los vecinos en sus hogares, Jorge Alvarez ha estado investigado el impacto ambiental que provoca la falta de planificación de la construcción de obras. En el año 2006 realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se restrinjan la cantidad de edificaciones. “Eran tanto los permisos que se estaban dando que en su momento, señalé que íbamos a tener problemas en la infraestructura de cloacas, agua y luz. Actualmente, en el área central, la cantidad de edificios que se construyeron dan lugar a que vivan 100 mil personas más. Eso trae aparejado la instalación de más de 20 o 30 aparatos de aires acondicionados. Las cloacas no dan a basto. En Barrio Martin han rebalsado las cloacas. Hay mucha gente que se queja porque no tiene presión de agua. El mismo intendente en una nota por radio reconoció que la toma de agua de la ciudad tiene más de 100 años. Con esa toma, la intendencia dio permiso para construir más de 1000 edificios. Es decir, el Ejecutivo nunca hizo un planeamiento para tener una ciudad sustentable”.
Además, agrega, “la masa de hormigon existente reemplaza a la tierra. Antes habia terreno en las casas que absorvían el agua. Ahora, no hay poder de absorción, fue reemplazado por el hormigon que no se enfría como la tierra. El hormigon sigue caliente a la noche, y esto genera islas de calor, genera evaporación, genera lluvias y se vuelve un círculo vicioso. Esto debe ser tratado por arquitectos que tengan una mirada ambientalista.”
Ni la Empresa Provincial de la Energía ni Aguas Provinciales han hecho obras para mejorar la infraestructura, denuncia Alvarez. “Lo único que importo fue que se construya. Yo creo que una ciudad sustentable no es esta. Y hay otro tema, que es económico”. En este sentido, desde la organización no dudan en asociar el boom de la construcción con el boom del negocio de la soja.
En junio de este año, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo clausuró el 86% de las obras en construcción que inspeccionó. El riesgo para los vecinos y para los obreros de la construcción que exponen su vida ante la falta de elementos básicos de seguridad, es cotidiano. Son las organizaciones sociales las que, sobre esto, acercan la lupa para mirar de cerca, exigir, reclamar, denunciar e incidir con ordenanzas y legislaciones para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que le compete y de la cual parece, hace tiempo, haberse olvidado.
El accidente se registró hoy en el edificio ubicado en Paraguay 1256. Por causas que se tratan de establecer, la plataforma cedió y los dos operarios que limpiaban la medianera resultaron heridos. Uno sufrió un severo traumatismo de cráneo y al restante le cayó ácido en los ojos.
Uno de los obreros sufrió heridas graves que obligaron a su internación de urgencia en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), a donde quedó alojado en la sala de cuidados intensivos, debido a su delicado estado de salud. El parte médico indica que sufrió un “severo traumatismo de cráneo”.
La otra víctima quedó sujetada de una pierna con la cuerda del arnés de protección, lo que provocó una lesión que le inmovilizó el miembro afectado. Además, parte del ácido con que limpiaban la pared le cayó en la cara, afectándole los ojos. Fue trasladado a la Clínica de Ojos, para evaluar el daño a la visión.
La caída del edificio ubicado en construcción de Carlos Pellegrini al 200 produjo en octubre la muerte de un albañil. La Justicia investiga a los funcionarios porteños por la hipotética “falta de cumplimiento” de los deberes de cuidado.
El allanamiento fue pedido por la fiscal Estela Andrades de Segura, ordenado por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, y se concretó en el segundo piso del edificio situado en Carlos Pellegrini 211, segundo piso, de esta Capital.
La obra había sido denunciada por vecinos que alertaron sobre las perforaciones en las medianeras de sus edificios, lo que dio lugar a cinco inspecciones entre 2010 y 2011 en las que se constataron falencias en los trabajos.
Si bien la causa tiene como imputado al responsable de la construcción, Carlos Korzussenec, para la fiscal, “no puede descartarse la eventual responsabilidad de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, por la hipotética “falta de cumplimiento” de los deberes de cuidado que debían cumplir.
¿Qué pasó? Se cayó una medianera en el patio de una casa lindante a la construcción. Dolores, la dueña: “Vengo con un historial de denuncias con el GCP y con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires…Finalmente hoy se cayó todo”, lamentó.
La familia tuvo un año fatídico. En Marzo hubo un percance. Su padre sufrió un ataque cardíaco y falleció, debido a que las líneas de teléfono estaban cortadas y no lograron comunicarse.
Luego, meses más tarde, sufrieron la entrada de ladrones que desvalijaron la casa y, ahora, este derrumbe que, por ahora, no tiene ninguna respuesta por parte de las autoridades.
Dolores, la dueña de la casa donde se cayó la pared, señaló que minutos antes del derrumbe ella estaba en la terraza -donde se precipitaron los escombros- colgando ropa: “por suerte no lamentamos una tragedia”.
“Todo esto empezó en marzo, veníamos padeciendo la suciedad y el ruido. Yo estaba en otro sector de la casa y escuché un estruendo que realmente no me sorprendió por lo que ya venía pasando”, señaló Dolores en diálogo con la prensa.
En el lugar trabajaron personal de Emergencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y efectivos de la Policía Federal.
En la denuncia, realizada por la UOCRA, se destacó la “falta de apuntalamientos medianeros y la ausencia de afianzamiento de las partes inestables de la construcción, entre otros incumplimientos a las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene laboral”.
Asimismo, señalaron que había “falta de elementos de protección personal, condiciones estructurales de escaleras o falta de accesos y salidas seguros en los lugares de trabajo”.
Pamela es madre de dos niñas pequeñas. Su vivienda no fue construida por el Estado, pero la gente de la empresa le dijo que «la terminación de mi techo estaba mal».
Fue a reclamar a la oficina de Vivienda y dijo Pamela que fue muy maltratada, tanto «que salí llorando». La vecina también señaló que intentó hablar con el responsable de Vivienda y no ha tenido respuestas.
Cayeron chapas y tirantes en la entrada de una casa lindera. Paralizaron trabajos de forma preventiva.
Chapas, tablones y decenas de kilos de cemento cayeron ayer sobre jardines y pasillos de una casa de 46 entre 13 y 14, al desplomarse parte de las bandejas protectoras laterales de un edificio en construcción. El episodio, que no provocó lesionados, derivó en la clausura temporaria del proyecto edilicio por parte de la Comuna local.
A los pocos minutos del derrumbe, originado por encima del primer piso, efectivos de Control Urbano y Defensa Civil llegaron al lugar para acordonarlo, tendiendo cintas plásticas en el perímetro para evitar el paso de los peatones. “Los trabajos se paralizaron con carácter preventivo” explicó Gustavo Petró, director de Gestión y Articulación Ciudadana local: “si bien desde el punto de vista administrativo parecería que la documentación está en regla, de todos modos se volverá a verificar en detalle. Además, no se puede soslayar que desde el punto de vista técnico, hubo un descuido“.
“Los excesos de rigorismo formal a veces son los que consagran la impunidad de los corruptos”, replicó Ramos Padilla. Ambos jueces quedaron atrapados en una disputa que se trasuntó en una resolución firmada en la víspera por Ramos Padilla, quien
resolvió “devolverle las actuaciones” a Iermini, deslizando que le estaba mandando la investigación parcial e incompleta.
“Debe ser un solo juez quien, conociendo todos los antecedentes de la causa, determine si puede escindirse algún hecho de la investigación olvidando la incidencia que las conductas vinculadas a los funcionarios del gobierno de la Ciudadde Buenos Aires pudieran haber tenido, lo que eventualmente, incluso, podrían modificar el contenido de la cautelar dictada”, sostuvo Ramos Padilla.
En ese contexto, cuestionó la actitud de Iermini al desprenderse de la investigación: “esta es una situación un tanto irregular, al punto tal que al remitirme las actuaciones me hace saber que en los próximos días me irá remitiendo los distintos incidentes, efectos y documentación reservada. Ni siquiera los identifica”.
El juez recordó “la vigencia de las leyes de jerarquía constitucional que incorporaron la Comisión Interamericana Contra la Corrupcióny a la Convenciónde las Naciones Unidas contra la Corrupción”, y llamó a investigar la megacausa en el marco de esos parámetros.
“Exhorto a los magistrados y funcionarios del ministerio público fiscal a actuar con la celeridad que nos mandan estas normas de neta raigambre constitucional, evitando estas tramitaciones tortuosas e irregulares que se contraponen con los mandatos de ambas convenciones”, subrayó.
De acuerdo con la información brindada por la funcionaria, entre 2010 y 2011 el municipio otorgó 1.431 permisos de obra y 180 permisos de demolición, todos solicitados por profesionales de la construcción. Al mismo tiempo que manifestó que los controles que se realizan desde la Municipalidad cuando un particular decide realizar una ampliación o una remodelación en su vivienda se limitan a verificar que cuente con el permiso correspondiente, indicó que muchos de los accidentes que ocurren en esas obras obedecen a que “hay profesionales que se prestan a firmar los papeles sin saber, en muchos casos, los detalles”. Sobre esta problemática, el municipio se encuentra haciendo un trabajo de concientización.
Consultado por El Litoral, el secretario general de la filial Santa Fe de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina -Uocra-, Emanuel Araya, explicó por su parte que el gremio no tiene injerencia cuando un particular contrata un obrero para realizar una obra en su domicilio.
Concretamente, dijo que “la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de la Construcción nos excluye a nosotros y al Ministerio de Trabajo de las obras que deciden realizar personas particulares”. Al mismo tiempo que lamentó la muerte del obrero, refirió que “el municipio debería tener mayor injerencia en las obras que encara un particular y no solamente verificar que tenga un permiso de obra firmado por un profesional”.
Sobre los controles que se realizan en obras encaradas por empresas privadas dijo que son frecuentes. Muestra de ello, destacó, es que “en nuestra zona hace 2 años que no lamentamos la muerte de un obrero”.
“Somos el gremio que más inspecciones realiza. Nuestra jurisdicción en la provincia se extiende desde Barrancas a Florencia, y la última vez que murió un trabajador fue cuando se le cayó encima una columna en el marco de una obra en la Ruta 168, dos años atrás”, manifestó Araya. Y agregó: “Las inspecciones las hacemos juntamente con el Ministerio de Trabajo”.
Fuentes de dicha cartera provincial, refirieron a El Litoral que en promedio se realizan en toda la provincia entre 140 y 150 inspecciones mensuales a obras de construcción. Todas ellas encaradas por empresas privadas y no por particulares. También dijeron que en agosto se clausuraron en la ciudad de Santa Fe 14 obras en construcción porque se detectaron faltas a la normativa en Salud y Seguridad que ponían en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.
Permisos
de obra fueron los otorgados por la Municipalidad entre 2010 y 2011. También entregó 180 permisos de demolición.
Información pública
En la página web del gobierno provincial -www.santafe.gov.ar- se puede acceder a un listado con la cantidad de obras en construcción que fueron clausuradas por el Ministerio de Trabajo luego de detectar faltas a la normativa en Salud y Seguridad y pusieron en riesgo la salud y/o la vida de los trabajadores. Se debe ingresar al link Trabajo, luego a Salud y Seguridad Laboral y desde allí a Obras con Faltas Graves.
