El índice que mide lo que se venía edificando en el primer cuatrimestre de este año, solo acumuló 7,6%.
La suba de los insumos básicos en Salta, en el último mes, fue 14%, según datos registrados en los corralones locales.
El despacho del cemento ha caído en forma significativa en lo que va el año. Y el precio del insumo, en Salta, según datos censados en los corralones locales, también es preocupante para el sector comercial y los desarrolladores inmobiliarios. En un mes el cemento subió 14% y los despachos habituales que se hacen hacia todo el interior desde las fábricas bajaron 16,5%. Este desaceleramiento, particularmente para la actividad de la construcción, es sumamente sensible y conspira con la factibilidad de llevar adelante proyectos. La inflación real y las expectativas impactan en una actividad que tiene un efecto multiplicador importante para mover a los otros agentes comerciales y del mercado de capital que operan en el mercado. Por su parte, la consultora privada abeceb.com hace una serie de consideraciones microeconómicas sobre el impacto en las empresas y en la venta de los insumos que usa la construcción. La consultora llegó a la conclusión de que luego de los tres primeros meses de 2012, en los cuales el despacho de cemento se mantuvo en un acumulado, ahora prácticamente quedó estancado en su variación. Es la segunda caída registrada en el año, luego de febrero, cuando el indicador estuvo un 6,2% por debajo del año pasado. Así es que en lo que va del año los despachos verifican una variación negativa del 4,5%.
Pocos siguen haciendo obras
El llamado segmento ABC1 (personas y familias con mayor poder adquisitivo) es el que sigue movilizando la compra de cemento.
Los corralones locales admiten que la mayoría de ese segmento continúa consumiendo cemento en cantidades (alrededor de 50 bolsas, de 50 kilogramos cada una).
Los otros sectores sociales ajustaron sus gastos y prefieren transferir los ingresos a necesidades más prioritarias y, por el momento, postergar el consumo de materiales de construcción.
Es decir que la edificación continúa, pero con un perfil selectivo, tanto en los clientes escasos de los corralones como en el tipo de obras que se decidió no interrumpir hasta que baje la inflación. El parate en la actividad llevó a que los jornales de los constructores quede congelado por falta de demanda. Actualmente, un obrero del sector puede ganar ente 100 y 150 pesos el día, trabajado en la obra. Otro efecto de la caída de la demanda de insumos es que la suba de la cal o del hierro, por ejemplo, no fueron tan significativas en Salta, como la suba del 14% (en el último mes) del precio del cemento.
Propiedades ubicadas en distintos puntos de nuestra ciudad, que figuran y tributan como si fueran terrenos baldíos se incorporaron al lote de intimaciones que despachó ARBA.
Son edificaciones terminadas y habitadas que representan un total de 428.981 metros cuadrados construidos, que no habían sido registrados ante la Provincia, y que ubican a Bahía Blanca al tope de la lista con más irregularidades de este tipo. Además, en Coronel Rosales los contribuyentes intimados fueron 1.039, que no habían declarado la construcción de 90.860 metros cuadrados.
En el conjunto de todo el territorio provincial, se intimó a 31 mil dueños que habían dejado de declarar un total de 3 millones de metros cuadrados construidos, y que pagaban impuestos como terrenos baldíos.
Una vez que los contribuyentes reciben las notificaciones tienen 15 días para declarar cuál es su situación real y detallar la cantidad de metros edificados y las características de la construcción. Ese trámite puede hacerse de manera muy simple por Internet, desde la dirección: www.arba.gov.ar, ingresando al enlace: Catastro/Declaración jurada web asistida/Trámite on line.
Quienes prefieran realizar el trámite en forma personal, pueden hacerlo en el Centro de Servicios de ARBA más cercano a su domicilio, o comunicarse al teléfono: 0800-3212722.
En caso de que los propietarios intimados no presenten la correspondiente declaración jurada, ARBA incorporará al Catastro los datos que determinó de oficio, y el contribuyente comenzará a pagar el impuesto Inmobiliario en base a la nueva valuación fiscal establecida por la Provincia.
La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de ascensores, unos 140.000 equipos, que junto con el Conurbano y las principales ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires conforman el 90% de los ascensores de todo el país, que rondan los 220.000. Se estima que hay 9.500.000 de personas que utilizan ascensores todos los días en la República Argentina y alrededor de 6.000.000 lo hacen en la CABA.
Una de las problemáticas del sector del transporte vertical es que carece de organismos gubernamentales que cuenten con la cantidad de profesionales idóneos que ejerzan el control de los equipos no solo en el mantenimiento, sino también en la fabricación e instalación. Según miembros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, la falta de sanciones en su debido momento en referencia al estado y mantenimiento de los ascensores en la Ciudad, ha provocado que en los últimos diez años se produjeran más de 250 accidentes en ascensores solo en la CABA. El 40% de los mismos se debieron a malas maniobras de las víctimas y el 70% ocurrieron en viviendas o edificios multifamiliares, donde residen niños. Estos siniestros se podrían haber evitado si se hubiera realizado una correcta fabricación e instalación, y un mantenimiento acorde a las normativas del transporte vertical, así como los controles correspondientes y para el caso de los acaecidos por malas maniobras, con una adecuada difusión para una eficiente toma de conciencia, de que cosas jamás deben hacer los usuarios.
Si bien este escenario es conocido por las autoridades, la realidad es que no cuentan con los suficientes inspectores de planta permanente para revisar los ascensores que están en funcionamiento, ni con los mecanismos para que el control mediante los Profesionales Verificadores de Ascensores (profesionales contratados para tareas específicas por el GCBA) sea efectivo, por lo tanto, la responsabilidad del mantenimiento recae exclusivamente en el administrador y la empresa contratada.
En lo que respecta al mantenimiento existe una reglamentación vigente, es la ordenanza 49.308/95 de la antigua Municipalidad de Buenos Aires, reglamentada por el decreto 578/01.
Aunque la reglamentación está vigente y digamos que, actualizada, depende de un control para su cumplimiento que no existe. Cada empresa conservadora debe registrarse anualmente en el GCBA tal como especifica el decreto reglamentario 578/01, pero en realidad nadie controla, por ejemplo, que los representantes técnicos registrados, sean los mismos que firman los libros, o que las obras declaradas sean efectivamente las conservadas por esa empresa. Por otro lado no existen multas para el no cumplimiento de estas reglamentaciones.
En lo que respecta a ascensores nuevos, hemos estado trabajando con todas las cámaras y asociaciones técnicas y empresarias, en un proyecto de ley que exige el cumplimiento de las normas IRAM/Mercosur para transporte vertical, especialmente la normas NM207, NM313, IRAM 3681-11, NM267 y NM195, en las cuales hemos trabajado muchos años adaptándolas a las nuevas tecnologías, pero aun no hemos logrado que sea la base para la normalización de todas las leyes, resoluciones u ordenanzas, que existen en distintas regiones del país.
Con respecto a los controles y habilitaciones, el GCBA registra cada nueva instalación en la sección correspondiente, mediante planos y documentación pertinente. Luego de esto, el GCBA debe mandar un inspector para realizar las verificaciones para su habilitación final. En el 2011 se realizaron 4.500 instalaciones nuevas, suponemos que solo en la CABA se han colocado como mínimo 2.900, en consecuencia se debieron realizar la misma cantidad de habilitaciones nuevas, existen 8 inspectores de planta permanente, así como un plantel de más de 120 PVA (profesionales verificadores de ascensores) para dicha tarea; además de éstas inspecciones se deben realizar las pertinentes a rehabilitaciones, denuncias, etcétera que se produzcan sobre los 140.000 ascensores existentes. Solo con una poca cantidad se hace efectiva, por lo que es absolutamente claro que el sistema de sorteos de PVA no funciona adecuadamente, desconociendo si es por un problema burocrático o económico o por la conjunción de ambos.
En FACARA estamos trabajando para que el sistema mejore. Para ello estamos enfocados en reducir a cero los accidentes, entre ellos lo que son debido a equipos que ya llevan muchos años de instalados, sin una actualización tecnológica ni adecuación a las normativas que tratamos de impulsar, son provocados en gran medida, por la imprudencia en su uso. Por lo que para prevenir la problemática, la Federación lanzará, en este ciclo lectivo, una campaña de seguridad en los colegios de la CABA. Para ello ya tenemos diseñada la misma con lo materiales didácticos adecuados para llegar a los niños del ciclo primario, a través de un personaje al que hemos llamado “Capitán Zero”, cero riesgo en el uso del ascensor. Solo necesitamos que los funcionarios del área de educación de la CABA nos den una entrevista (que hemos pedido en reiteradas oportunidades y no nos ha sido concedida) y podamos presentarles este proyecto, para que nos apoyen y autoricen, y podamos comenzar con esta tarea.
Por otro lado, estamos insistiendo desde principios del año pasado, para que los legisladores de la Ciudad con injerencia en la comisión de Planeamiento Urbano, incorporen el cumplimiento de las Normas IRAM/Mercosur al Código de Edificación y de esa manera las instalaciones nuevas tendrán un plafón para su construcción y montaje, actualizándose permanentemente.
Por el lado de las autoridades, deberían comenzar a realizar las inspecciones pertinentes; asignar más cantidad de inspectores capacitados en instalaciones de transporte vertical; realizar inspecciones administrativas, legislar para actualizar el código de edificación y adecuarlo como ya he dicho, a las normas IRAM/Mercosur.
Para terminar, queremos remarcar un tema importante a tener en cuenta: el riesgo que significa para los usuarios, la falta de adecuación a las normativas que hacemos referencia del parque existente que, en gran número, superan varias décadas de funcionamiento, y algunos elementos como los trabadores de puerta ya no cumplen con las exigencias actuales, por lo que deben ser reemplazados. Pero no solo se trata de este elemento, sino también de la tecnología de operación del ascensor, para que contemple el chequeo de la doble seguridad que debe tener cada trabador de cada puerta manual. Es por ello que se debe realizar un plan de adecuaciones de seguridades en fases y tiempos acorde con los riesgos y las posibilidades técnicas y económicas de los involucrados.
“Doy gracias que fue lunes a la mañana y las nenas estaban en la escuela”, contó en diálogo con la emisora. Detalló que habitualmente las chicas juegan en el patio donde cayeron los escombros.
La construcción en cuestión está ubicada por calle Santa Fe, en la intersección con Vera Mujica. El proyecto, bautizado “Universa I”, promete según un cartel departamentos de un dormitorio y monoambientes con cocheras. Se promociona la venta de las “últimas unidades”.
Todo ocurrió pasadas las 16 en un templo evangelista en construcción ubicado en calle Paso de Los Andes 2.176, entre calle Paraguay y Pedro Godoy. Allí dos empleados de la empresa Hormiser estaban poniendo cemento y un grupo de albañiles estaba trabajando en la obra cuando ocurrió la tragedia.
Según relató a Los Andes el jefe de Bomberos, David Spinelli, tras el aviso de la policía comenzaron a trabajar en el lugar para rescatar a los obreros que estaban bajo los escombros.
Spinelli informó que el primero de los trabajadores rescatados estaba grave y fue trasladado al hospital en forma inmediata. El resto de los obreros, que se estiman que eran entre 6 y 8, sufrieron lesiones menores y fueron sacados de los escombros por personal de rescate y derivados a distintos centros asistenciales.
El despliegue generó la interrupción temporal del tránsito en la zona y en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos del cuartel central y una de voluntarios de Godoy Cruz.
Semanas atrás, el concejal de la Agrupación Atlántica, Hernán Alcolea, presentó un proyecto de ordenanza a través del cual propuso que en aquellos distritos de alta y media densidad en los que se construyan edificios de viviendas u otros destinos de hasta tres pisos, se autorizarara la edificación de hasta un piso más de lo permitido por el Código de Ordenamiento Territorial con destino exclusivo y excluyentea unidades funcionales cocheras. En tanto, para el caso de edificios de más de tres pisos, pidió que se permitieran hasta dos pisos más de lo establecido por el COT con el mismo objeto.
La iniciativa del edil ya cosechó rechazos en algunos sectores. Tal es el caso de la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, cuyos miembros hicieron una presentación en el Concejo Deliberante, advirtiendo sobre los “efectos nocivos que este proyecto tendría sobre la morfología urbana y sobre los bienes patrimoniales arquitectónicos, dispersos tanto en tejidos homogéneos como en heterogéneos”.
Según evidenciaron en la nota, en el transcurso del año 2010, “con la vigencia de las Ordenanzas 19.605 (incentivo a la construcción) y 19.281 (flexibilización del plano límite) comenzó a evidenciarse una severa distorsión de la morfología urbana en barrios característicos; la demolición de inmuebles que, a pesar de no estar protegidos por la Ordenanza 10.075, aportaban a la identidad de la ciudad, y un incremento en el surgimiento de medianeras expuestas que afectan el contexto de bienes patrimoniales y la calidad del paisaje urbano en general”.
“Esta problemática motivó que el municipio tomara medidas y sancionara las Ordenanzas 20.263, que suspendió por 90 días el otorgamiento de permisos de demolición en un sector de la ciudad; la 20.304, que disminuyó la altura del Plano Límite en el Distrito R4 (media densidad) y la 20.347, que renovó el régimen de incentivo a la construcción, pero con varias exclusiones y limitaciones que tienden a no alentar las distorsiones ante mencionadas”, agregaron.
En ese marco, subrayaron que el proyecto de Alcolea, “como está planteado, restablecería el factor distorsivo que con estas ordenanzas había sido parcialmente corregido”.
En tanto, desde la entidad destacaron que “antes de la sanción de las Ordenanzas enumeradas, como luego de ellas, al evidenciarse que no resultaron suficientes para dar solución definitiva a la “distorsión morfológica y pérdida de bienes patrimoniales”, varios vecinos de distintos sectores de la ciudad han presentado Petitorios que reclaman protecciones integrales de los mismos, a partir de la disminución de indicadores para frenar este proceso”.
No obstante, añadieron, “ninguno de ellos ha tenido respuesta al día de hoy, y sus reclamos parecen no ser escuchados en la misma medida que son escuchados los reclamos de “más m2” o “excepciones a las normas de tejido urbano” que determinados sectores constantemente reclaman, y que sólo tienen como mira la maximización de ganancias y no la mejora de las condiciones urbanas”.
En esa línea, consideraron que “es oportuno aclarar que mayores incentivos a la construcción en general o a la construcción de cocheras en particular (como el caso del proyecto en cuestión) impacta directa y negativamente sobre los bienes patrimoniales (estén o no reconocidos oficialmente a través de la Ord. 10.075 y modif.), al generar una mayor presión inmobiliaria sobre los mismos: alentando el proceso de sustitución en unos, o propiciando el pedido de desafectación y deterioro por abandono de los otros, como consecuencia de verse incrementado su potencial edificable”.
“Si bien el COT ya establecía en su Artículo 5.5.2.2 la exigencia de módulos de estacionamiento tanto en viviendas multifamiliares como en otros usos, con la Ordenanza 20.304 se elevó el requisito a 1 módulo de estacionamiento por cada unidad de departamento. Es decir que la necesidad de estacionamiento está contemplada y es exigida por la normativa vigente, con lo cual no debieran estar construyéndose edificaciones que no cumplan con esta normativa”, explicaron.
A su vez, indicaron que “la construcción en general está promocionada (Ord. 20.347) contribuyendo de esa forma a mejorar las condiciones del inversor que debe hacer frente a los requisitos de unidades de estacionamiento” y por ello, evaluaron que “no es conveniente un proyecto que plantea duplicar los beneficios (económicos y temporales) para unos pocos, en perjuicio (patrimonial-ambiental y permanente) para todos”.
Por otra parte, la promoción para que se construyan más unidades de estacionamiento también está dada hoy por la Ord. 19.215 y modif. 20299/11 que exime de Tasas de Servicios Urbanos, Derechos de Construcción, entre otros beneficios, en el caso de reciclado de viviendas multifamiliares o en nuevas edificaciones que destinen un 80% de su estructura a cocheras.
En otro párrafo de la presentación, la Asociación MDP a+u afirmaron que “la construcción de cocheras en viviendas multifamiliares, si bien necesarias, no soluciona el problema del estacionamiento vehicular en la vía pública, por cuanto el mayor problema se genera cuando los vehículos salen de estas residencias hacia los lugares de trabajo, comercio, recreación o estudio, es decir entre las 8 y las 20 aproximadamente”. “Basta con analizar el grado de ocupación de esta cocheras en el rango horario mencionado para comprender, que lo que se necesita son “playas de estacionamientos de uso público (en inmuebles de dominio privado), y éstas efectivamente están promocionadas por la Ord. 19.215 recién citada”, argumentaron.
Por último, recalcaron que “se hace evidente que el proyecto potencia el factor distorsivo que lleva a la ruptura de los tejidos urbanos consolidados, al alterar las condiciones de aquellos en vía de consolidación, al incrementar los conos de sombra, la exposición de medianeras, las servidumbres visuales (todo lo cual degrada el medio ambiente urbano que se pretende “revalorizar””.
“Por todo lo hasta aquí expuesto, y sin dejar de comprender que es necesario dar respuesta a la necesidad de un ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad, pero entendiendo que esta respuesta no puede surgir sino en el marco de una planificación integral que contemple, entre otras variables, una zonificación que indique dónde es aconsejable alentar o desalentar la circulación vehicular, qué impacto tienen sobre la morfología urbana en general y sobre los bienes patrimoniales en particular, la proyección de conos de sombra, la densidad urbana en relación a la infraestructura de servicios, etcétera; rechazamos el proyecto de ordenanza”, finalizaron.
El trágico episodio ocurrió pasadas las cinco de la tarde en 530 entre 6 y 7. Antonio Sosa uno de los obreros, señaló que de un momento a otro los sacudió el terrible impacto de una pared que se les fue encima. “Estábamos trabajando en ese lugar, pero no había vigas de fundación, la pared no tenía soporte“.
La conmoción y el revuelo se apoderaron del barrio. A pocos metros el arquitecto Mariano Amieva, quien ante Control Urbano, dijo ser el responsable de la obra, se agarraba el pecho: “me arruiné la vida”, repetía entre sollozos.
La facultad de Arquitectura de la UNT se expresó en contra de la ordenanza que reemplaza los espacios libres por estacionamientos . El cuerpo de asesores legales del Colegio de Arquitectos analiza posibles presentaciones judiciales para frenar la norma que, entienden, perjudicaría a la capital.
Insisten en que llamar a los espacios libres entre edificios “pulmón de manzana” no es una metáfora antojadiza y que si las autoridades siguen adelante con la ordenanza que los elimina, la ciudad -literalmente- se asfixiará.
“El objetivo es que esto sirva no sólo de fundamento para las acciones judiciales que quiere emprender el CAT sino también para que se abra un debate y se emprenda la elaboración de propuestas”, anunció Juan Ramazzotti, presidente de la institución profesional. El arquitecto explicó que iniciarán varias acciones paralelas y que, entre ellas, no descartan requerir la apertura del diálogo con las autoridades municipales.
Ramazzotti añadió que los asesores legales del CAT ya estudian las posibilidades y modos en los que se llevarán adelante las presentaciones en la Justicia.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura, Eduardo Coletti, también rechazó la ordenanza. “Nos ocasionó una sorpresa gigantesca que se haga una norma de este tipo de un día para el otro, sin ninguna consulta técnica a las instituciones”, cuestionó.
De hecho, Coletti aseveró que durante la mañana de ayer recibió un pedido de informes por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Detalló que le consultaron si les fueron requeridas sus opiniones sobre la norma.
Por otro lado, defendió la existencia de los pulmones de manzana. “Hay fundamentos académicos obtenidos mediante investigaciones medioambientales, históricas y urbanísticas que tienen que ver con la tradición del pulmón y de los efectos positivísimos que siempre tuvieron y lo terriblemente negativo que va a a ser si se concreta la disposición. Nuestro objetivo es evitar que se aplique”, argumentó. Fue tajante al asegurar que el daño será mayor al beneficio que se espera tener respecto del aumento de estacionamientos. “Generaremos estudios. Hay que comenzar a tener una participación más activa para evitar este tipo de cosas en el futuro”, adelantó. Por último, esgrimió que las autoridades deberían buscar una ciudad más saludable para los habitantes y “tratar de evitar cuestiones especulativas y otros factores que entran en juego y que no son los más nobles”.
Malos resultados
El arquitecto y urbanista Raúl di Lullo, que también participó del encuentro, fundamentó el rechazo a la norma. Aseveró que la ordenanza es contraproducente para la ciudad desde diversos aspectos. “Hay cuestiones ambientales que van desde el aumento de la temperatura (isla de calor) hasta la disminución de superficie de terreno absorbente. En caso de lluvia esta brinda un cierto porcentaje de irrigación y que, si está ocupado de otra manera, el agua tiene que necesariamente ser conducida a otro lado”, explicó. Además, consideró que el problema de la superpoblación de autos y del estacionamiento no se solucionará con una medida de este tipo. Según sostuvo, mucha gente que antes evitaba llevar su vehículo al centro ahora lo usaría sabiendo que existen espacios.
El miércoles, los profesionales universitarios y miembros del CAT volverán a reunirse para avanzar en los estudios y planteos que efectuarán ante las autoridades.
En tanto el próximo viernes encabezará la investigación del caso la fiscal Graciela Fernández Contarde. Resulta que la Fiscalía de Instrucción Nº3 donde recayó la causa se encuentra sin fiscal. Hasta el momento la fiscalía era subrogada por el doctor Gustavo Robineau.
Hasta ayer los familiares de las víctimas no se habían presentado como querellantes.
