De acuerdo con las cifras informadas , hay por lo menos siete personas muertas y otras cinco heridas de gravedad, que fueron trasladadas al hospital-escuela de la zona.
En el lugar están presentes el ministro de Salud provincial, Julián Dindart (quien recientemente fue cuestionado por sus posiciones sobre la Asignación Universal por Hijo), y el secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad, Mario Silva.
Ramón Campos (51) se había retirado a realizar unas compras cerca de las 15. Al regresar, se dió con la novedad de que una de las paredes de canto se había derrumbado por completo, cayendo hacia el interior de la casa, más precisamente en donde funciona la cocina.
Afortunadamente no se registraron heridos, sólo importantes daños materiales.
Además, en declaraciones a la prensa, indicó que “había un operario de guardia, pero no tuvimos que lamentar víctimas ni daños. Solo que el agua se acumuló y con el viento terminó así”.
Policías y agentes municipales participaron del operativo. Una decena habitaciones estaban ocupadas por personas que amenazaron con llevar sus pertenencias a la plaza Montenegro. El municipio ofreció soluciones transitorias
Este miércoles, agentes policiales y municipales desalojaron el inmueble ubicado en San Luis 1038 donde habitaba una decena de familias que resistieron la disposición judicial. Pasadas las 8, un oficial de Justicia se presentó en el lugar, en peligro de derrumbe, escoltado por tres camiones de la central de Emergencias, agentes de la Guardia de Infantería, policías con escudos y cascos y patrulleros.
En tanto, algunas de las familias que ocupaban el lugar resistían el desalojo. Mientras que otras amenazaron con dejar todas sus pertenencias en la plaza Montenegro a modo de protesta, de acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Borderi de Radio 2.
El secretario de Gobierno del municipio Fernando Asegurado contó que “hubo ofertas desde Promoción Social para que, por un tiempo prudencial, puedan encontrar salida teniendo en cuenta que el derrumbe podría ser inminente“.
El funcionario aseguró que se encontraron con “diferentes situaciones” en el grupo que habitaba el inmueble. “Había personas solas, adultos mayores que fueron a hogares del municipio. Había familias con uno o dos chicos, otras más numerosas”, detalló.
“En una primera instancia había nueve grupos familiares, pero aprovechando la situación se sumaron otros”, criticó Asegurado.
El juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, ordenó la liberación del inmueble que el 9 de febrero pasado sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones. La precariedad del edificio motivó la decisión del magistrado.
Los habitantes del lugar, en su mayoría vendedores ambulantes, vienen resistiendo el desalojo con medidas de protesta que incluyeron el corte de la calle an Luis. A pesar de la intervención de la Municipalidad, los ocupantes se negaron a dejar el lugar y acomodarse en instituciones, al menos de manera transitoria. También se les ofrecieron subsidios para pagar pensiones.
Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.
Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).
Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).
“Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente”, opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.
En una reunión que mantuvieron ayer el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Roque Mascarello, el Secretario de Obras Públicas de la misma administración, Fernando Cortez Chaín y el gerente de la Terminal, Jorge Gerstenfeld, se acordó que la empresa concesionaria presentaría el tan esperado informe técnico la próxima semana. Dicho informe no solo revelará las causas del hundimiento sino también el estado actual de las estructuras del edificio, que se terminó de construir en 2007.
En un parte de prensa difundido ayer a los medios, la Municipalidad informa que Mascarello, Cortez Chaín y Gerstenfeld también hablaron sobre la situación actual de la Terminal de Ómnibus, y, en especial, del operativo de emergencia para el ingreso y salida de colectivos de media y larga distancia. Según los responsables, esta actividad no ha registrado inconvenientes mayores desde el 14 de enero.
El gerente Gerstenfeld informó que si bien ya está definido que se deberá derribar más dársenas y partes de la cobertura del canal hacia ambos costados del agujero que se produjo hace un mes, la obra aún no se ejecutó debido a la persistencia de las lluvias.
“No podemos derribar el sector del canal que está deteriorado porque corremos el riesgo de que al iniciar la obra, se acumulen escombros en el cauce del canal y que ese día llueva y esto impida que el agua circule. Si eso sucede, podríamos generar una inundación aguas arriba del canal”, indicó el representante de Terminal Salta.
Las familias venían pagando hasta noviembre del año pasado entre 600 y 800 pesos de alquiler mensuales para vivir en el hacinamiento y la suciedad.
Entre las grietas, fisuras, caños rotos u oxidados y olor a humedad viven chicos, adultos y ancianos. “Somos, en su mayoría, trabajadores ambulantes. Hasta 2010 el dueño era el abogado Armando Alvarez Portacarrero, quien venía a cobrarnos todos los meses”, dijeron, para agregar luego: “En diciembre dejó de pasar a buscar el pago del alquiler y no entendíamos nada. Después, nos quedamos sin luz ni agua y, finalmente, llegó una denuncia de usurpación”.
Los habitantes de la casona están aguardando una decisión judicial ya que interpusieron un recurso de amparo”.
Paralelamente, el concejal, Alberto Cortés (Proyecto Sur-PSA) viene gestionado soluciones habitacionales, tanto en el orden provincial como municipal (ver aparte).
El inmueble contó en 1997 con la última habilitación como bazar.
En 2000 se tramitó un permiso para que funcionara como hospedaje, pero nunca fue otorgado.
Esta situación de precariedad de los que habitan este tipo de casas de alquiler se repite en toda la ciudad y refleja las dificultades que atraviesan los ciudadanos que no encuentran otra alternativa a la hora de buscar dónde vivir.
