El sensor se activó hace tres semanas. Un vidrio apareció rajado porque habría cedido el terreno.
En Río Gallegos sonó la alarma. Aparecieron caras de preocupación. Despliegue rápido y urgente. La hora profundizó aún más la incertidumbre: cerca de las 23 de un típico día de febrero. Hace poco más de 20 días, uno de los sensores de seguridad del mausoleo donde descansan los restos del ex presidente, Néstor Kirchner, se activó sin razón alguna pero cuando los efectivos de seguridad y la policía llegaron al lugar se encontraron con el mismo escenario que ya tenían los serenos del lugar: nada. ¿Falsa alarma? Esta información fue confirmada a este diario por cuatro fuentes muy cercanas a la logística del día a día del mausoleo y el cementerio de la capital santacruceña. Ante la activación de la alarma sin razón aparente, comenzaron las investigaciones de rigor sobre el complejo sistema, compuesto por lo último en tecnología de vanguardia para seguridad. Todo funcionó a la perfección. No hubo desperfectos. Además de la alarma, se habría comprobado que uno de los vidrios blindados de la cúpula del mausoleo, traído del exterior, apareció rajado.
Luego de más de diez días de averiguaciones, este diario pudo saber que los sensores que se activaron fueron los del techo . Con esa información, los ingenieros habrían llegado a la conclusión de que se produjeron movimientos estructurales mínimos del edificio. Es la única forma en la cual se podría romper un vidrio de ese tipo, sumado al lugar donde están ubicados los sensores que se activaron. En términos simples: algo generó que la paredes del mausoleo se movieran . Este diario consultó sobre el intrigante tema al empresario Lázaro Báez, encargado de la construcción del mausoleo y hacedor del homenaje al ex presidente. Báez negó de manera rotunda cualquier inconveniente con la estructura y la rotura del vidrio, como así también cualquier posibilidad de error en la planificación arquitectónica. Incluso invitó a cualquier periodista a que ingrese al mausoleo para constatar que todo está en perfecta normalidad.
Clarín pudo confirmar que durante la construcción del mausoleo, surgieron problemas por la cantidad de napas de agua que hay en la zona del cementerio de Río Gallegos. Napas de agua que, incluso, demoraron el inicio de las obras. En Austral Construcciones, la constructora que realizó la obra, aceptaron esos problemas iniciales pero negaron cualquier falla actual. Este problema que habría tenido el mausoleo no es el único en Río Gallegos, una ciudad con sólo tres drenajes naturales y emplazada sobre lo que se denomina como “napas altas”.
Esos tres drenajes naturales quedaron situados en zonas relativamente céntricas de la ciudad, lo que está generando trabajos en distintos edificios para evitar problemas estructurales. Luego del episodio de la alarma, miembros de la seguridad que se encarga de la protección del mausoleo confirmaron que se “hicieron distintos trabajos técnicos” pero no especificaron cuáles habrían sido. Desde el cementerio local aseguraron tres cosas puntuales: que los problemas sobre el mausoleo ya fueron resueltos y que fueron mínimos.
La Cámara Penal confirmó su procesamiento por estrago culposo. Es porque cedió la medianera en un edificio que construía y dañó a las viviendas linderas. El hecho ocurrió hace dos años, en febrero de 2009.
Elías A. era el responsable y director técnico de un proyecto de arquitectura para la ejecución de la construcción de un edificio en calle Güemes 2152. Recién la edificación se encontraba en sus primeros pasos y en el lugar se había realizado un pozo con el fin de levantar los cimientos aunque el 4 de febrero de 2009, y luego de intensas precipitaciones que se produjeron dos días antes, el muro medianero cedió y se derrumbó sobre las propiedades linderas.
En la causa penal, se determinó que, ante la existencia de un muro lindero de 45 centímetros de espesor, se debía construir una submuración de 30 centímetros y en la obra existía uno de 15 centímetros.
Los jueces Adolfo Prunotto Laborde, Juvencio Mestres y Ramón Ríos resolvieron confirmar el procesamiento dictado en primera instancia por el delito de estrago culposo, y advirtieron que las circunstancias eximentes o atenuantes planteadas por la defensa del arquitecto deberán ser materia de discusión y resolución durante el juicio y la sentencia
Además, en declaraciones a la prensa, indicó que “había un operario de guardia, pero no tuvimos que lamentar víctimas ni daños. Solo que el agua se acumuló y con el viento terminó así”.
Policías y agentes municipales participaron del operativo. Una decena habitaciones estaban ocupadas por personas que amenazaron con llevar sus pertenencias a la plaza Montenegro. El municipio ofreció soluciones transitorias
Este miércoles, agentes policiales y municipales desalojaron el inmueble ubicado en San Luis 1038 donde habitaba una decena de familias que resistieron la disposición judicial. Pasadas las 8, un oficial de Justicia se presentó en el lugar, en peligro de derrumbe, escoltado por tres camiones de la central de Emergencias, agentes de la Guardia de Infantería, policías con escudos y cascos y patrulleros.
En tanto, algunas de las familias que ocupaban el lugar resistían el desalojo. Mientras que otras amenazaron con dejar todas sus pertenencias en la plaza Montenegro a modo de protesta, de acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Borderi de Radio 2.
El secretario de Gobierno del municipio Fernando Asegurado contó que “hubo ofertas desde Promoción Social para que, por un tiempo prudencial, puedan encontrar salida teniendo en cuenta que el derrumbe podría ser inminente“.
El funcionario aseguró que se encontraron con “diferentes situaciones” en el grupo que habitaba el inmueble. “Había personas solas, adultos mayores que fueron a hogares del municipio. Había familias con uno o dos chicos, otras más numerosas”, detalló.
“En una primera instancia había nueve grupos familiares, pero aprovechando la situación se sumaron otros”, criticó Asegurado.
El juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, ordenó la liberación del inmueble que el 9 de febrero pasado sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones. La precariedad del edificio motivó la decisión del magistrado.
Los habitantes del lugar, en su mayoría vendedores ambulantes, vienen resistiendo el desalojo con medidas de protesta que incluyeron el corte de la calle an Luis. A pesar de la intervención de la Municipalidad, los ocupantes se negaron a dejar el lugar y acomodarse en instituciones, al menos de manera transitoria. También se les ofrecieron subsidios para pagar pensiones.
Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.
Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).
Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).
“Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente”, opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.
En una reunión que mantuvieron ayer el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Roque Mascarello, el Secretario de Obras Públicas de la misma administración, Fernando Cortez Chaín y el gerente de la Terminal, Jorge Gerstenfeld, se acordó que la empresa concesionaria presentaría el tan esperado informe técnico la próxima semana. Dicho informe no solo revelará las causas del hundimiento sino también el estado actual de las estructuras del edificio, que se terminó de construir en 2007.
En un parte de prensa difundido ayer a los medios, la Municipalidad informa que Mascarello, Cortez Chaín y Gerstenfeld también hablaron sobre la situación actual de la Terminal de Ómnibus, y, en especial, del operativo de emergencia para el ingreso y salida de colectivos de media y larga distancia. Según los responsables, esta actividad no ha registrado inconvenientes mayores desde el 14 de enero.
El gerente Gerstenfeld informó que si bien ya está definido que se deberá derribar más dársenas y partes de la cobertura del canal hacia ambos costados del agujero que se produjo hace un mes, la obra aún no se ejecutó debido a la persistencia de las lluvias.
“No podemos derribar el sector del canal que está deteriorado porque corremos el riesgo de que al iniciar la obra, se acumulen escombros en el cauce del canal y que ese día llueva y esto impida que el agua circule. Si eso sucede, podríamos generar una inundación aguas arriba del canal”, indicó el representante de Terminal Salta.
Las familias venían pagando hasta noviembre del año pasado entre 600 y 800 pesos de alquiler mensuales para vivir en el hacinamiento y la suciedad.
Entre las grietas, fisuras, caños rotos u oxidados y olor a humedad viven chicos, adultos y ancianos. “Somos, en su mayoría, trabajadores ambulantes. Hasta 2010 el dueño era el abogado Armando Alvarez Portacarrero, quien venía a cobrarnos todos los meses”, dijeron, para agregar luego: “En diciembre dejó de pasar a buscar el pago del alquiler y no entendíamos nada. Después, nos quedamos sin luz ni agua y, finalmente, llegó una denuncia de usurpación”.
Los habitantes de la casona están aguardando una decisión judicial ya que interpusieron un recurso de amparo”.
Paralelamente, el concejal, Alberto Cortés (Proyecto Sur-PSA) viene gestionado soluciones habitacionales, tanto en el orden provincial como municipal (ver aparte).
El inmueble contó en 1997 con la última habilitación como bazar.
En 2000 se tramitó un permiso para que funcionara como hospedaje, pero nunca fue otorgado.
Esta situación de precariedad de los que habitan este tipo de casas de alquiler se repite en toda la ciudad y refleja las dificultades que atraviesan los ciudadanos que no encuentran otra alternativa a la hora de buscar dónde vivir.
El funcionario destacó, además, que “esto no tiene nada que ver con el derrumbe del edificio de diez pisos, aquí se intimó al propietario a que declare las construcciones que hacía y que no figuraba en los planos. Ahora revisamos el inmueble y detectamos fallas en la columna posiblemente por una sobrecarga”.
Los habitantes del inquilinato ya fueron ubicados en otros lugares mientras que los estudiantes, la mayoría colombianos, esperaban esta tarde poder retirar su equipaje para poder irse a otro alojamiento, aunque estimaban que esta noche no iban a poder encontrar ninguno.
El edificio evacuado tiene tres pisos y una planta baja donde funcionaban joyerías, mientras que en el primer nivel había un inquilinato, en el segundo el hostel “Santa Isabel” y en el tercero el hostel “Santa Teresita”.
