El índice que mide lo que se venía edificando en el primer cuatrimestre de este año, solo acumuló 7,6%.
La suba de los insumos básicos en Salta, en el último mes, fue 14%, según datos registrados en los corralones locales.
El despacho del cemento ha caído en forma significativa en lo que va el año. Y el precio del insumo, en Salta, según datos censados en los corralones locales, también es preocupante para el sector comercial y los desarrolladores inmobiliarios. En un mes el cemento subió 14% y los despachos habituales que se hacen hacia todo el interior desde las fábricas bajaron 16,5%. Este desaceleramiento, particularmente para la actividad de la construcción, es sumamente sensible y conspira con la factibilidad de llevar adelante proyectos. La inflación real y las expectativas impactan en una actividad que tiene un efecto multiplicador importante para mover a los otros agentes comerciales y del mercado de capital que operan en el mercado. Por su parte, la consultora privada abeceb.com hace una serie de consideraciones microeconómicas sobre el impacto en las empresas y en la venta de los insumos que usa la construcción. La consultora llegó a la conclusión de que luego de los tres primeros meses de 2012, en los cuales el despacho de cemento se mantuvo en un acumulado, ahora prácticamente quedó estancado en su variación. Es la segunda caída registrada en el año, luego de febrero, cuando el indicador estuvo un 6,2% por debajo del año pasado. Así es que en lo que va del año los despachos verifican una variación negativa del 4,5%.
Pocos siguen haciendo obras
El llamado segmento ABC1 (personas y familias con mayor poder adquisitivo) es el que sigue movilizando la compra de cemento.
Los corralones locales admiten que la mayoría de ese segmento continúa consumiendo cemento en cantidades (alrededor de 50 bolsas, de 50 kilogramos cada una).
Los otros sectores sociales ajustaron sus gastos y prefieren transferir los ingresos a necesidades más prioritarias y, por el momento, postergar el consumo de materiales de construcción.
Es decir que la edificación continúa, pero con un perfil selectivo, tanto en los clientes escasos de los corralones como en el tipo de obras que se decidió no interrumpir hasta que baje la inflación. El parate en la actividad llevó a que los jornales de los constructores quede congelado por falta de demanda. Actualmente, un obrero del sector puede ganar ente 100 y 150 pesos el día, trabajado en la obra. Otro efecto de la caída de la demanda de insumos es que la suba de la cal o del hierro, por ejemplo, no fueron tan significativas en Salta, como la suba del 14% (en el último mes) del precio del cemento.
Avanza la investigación por el derrumbe de parte de un edificio en construcción de la calle San Martín al 600, donde el pasado 22 de marzo mu-rieron ocho trabajadores. El abogado que representa a familiares del obrero fallecido Diego Rodríguez, amplió la querella en el Juzgado de Instrucción N° 6 y formuló la imputación contra un empresario de la construcción y solicitó su inmediata detención al considerar que también tuvo participación en la obra donde ocurrió la tragedia.
En tanto también se pidió que se cite a declarar a 15 personas en calidad de testigos, de los cuales 8 son empleados y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.
En tanto la familia de William Valenzuela, otros de los 8 trabajadores muertos en el siniestro se constituyeron formalmente como querellantes con el patrocinio del abogado David Moulin. La presentación se realizó el pasado 17 de abril y hasta el momento no han podido tener acceso al expediente.
William era hermano de Nelson Valenzuela, el obrero que sobrevivió a la tragedia y se recupera en el hospital Escuela. El joven sería trasladado a un sanatorio de Buenos Aires para una segunda intervención quirúrgica de la columna, por una desviación de las vértebras.
En comunicación con El Litoral el abogado querellante Ernesto González, volvió a cuestionar la manera en que se lleva adelante la investigación.
“La semana pasada la jueza Graciela Ferreyra se tomó licencia y ninguno de los jueces subrogantes quiso hacerse cargo de la causa, por lo que todo se hace lento. Sabíamos que iba a ser un caso difícil, pero de todas maneras seguiremos trabajando”, precisó el letrado quien prefirió no dar a conocer la identidad del nuevo empresario implicado en la causa que conmocionó a Corrientes.
El fiscal Gustavo Robineau aguarda que se constituyan todos los abogados querellantes posibles para iniciar las pericias.
Su intención es darle claridad al proceso y que cada una de las partes tenga su perito, con el fin de que todos tengan sus conclusiones para avanzar en la pesquisa.
Recién cuando se terminen las diligencias, la jueza Graciela Ferreyra podrá resolver la situación legal de todos los involucrados en la causa que por el momento permanecen en libertad.
El albañil quedó colgado del arnés, mientras que chapas y maderas cayeron a la vereda y la calle. Sucedió en una construcción en San Martín y Tucumán, a media cuadra del edificio donde murieron ocho trabajadores.
Desgracia con suerte
Respecto de lo acontecido ayer, según indicaron fuentes consultadas por La República, el obrero trabajaba en los soportes de contención de escombros, cuando la estructura se vino abajo, y las chapas y maderas cayeron a la vereda y a la calle, pero el hombre quedó sujeto por el arnés que utilizaba. De todas maneras, afortunadamente, el sostén funcionó correctamente, y por otra parte, ningún peatón transitaba por esa esquina en ese preciso instante; caso contrario, el desenlace podría haber sido otro.
La Uocra, sin novedades
A raíz del hecho, La República se comunicó con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), entidad sindical que agrupa a los trabajadores del rubro. Consultados sobre algún tipo de información al respecto, la respuesta fue hermética. “Acá no hubo ningún reclamo, y aparentemente eso pasó a las 5 de la tarde, hace más de tres horas, por lo que no creemos que a esta altura alguien se vaya a comunicar”, aseveraron. Ni heridos ni denuncias
Según atestiguaron desde el Hospital Escuela “General San Martín” ante la consulta de La República, ayer no ingresó ninguna persona herida como consecuencia de este acontecimiento.
A su vez, desde la Policía provincial afirmaron que tampoco se recibió denuncia alguna acerca del hecho en particular.
“Construquen” es la firma
Según se indica en un cartel expuesto en el lugar de la obra, la construcción del hormigón armado está a cargo de la firma “Construquen Ingeniería en Obras”, ubicada en Don Bosco 1192 de la capital correntina.
En febrero pasado, el nivel de actividad de la construcción marcó una baja de 4,4% respecto a igual mes de 2011.
De esta manera, el primer trimestre del año cerró con un alza acumulada de 3,5% en relación a enero-marzo de 2011.
El INDEC informó que los despachos al mercado interno de cemento alcanzaron un récord de 2,6 millones de toneladas durante el primer trimestre del año en su conjunto, con una variación positiva del 1,0% en relación a igual período anterior.
En la habitual encuesta cualitativa que realiza el organismo entre empresarios del sector, el 39,4% que se dedica principalmente a la realización de la obra pública, dijo que cree que el nivel de actividad disminuirá hasta junio, mientras que el 27,3% sostiene que aumentará y el 33,3% restante no prevé cambios.
Sin embargo, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas en una nómina representativa de 42 municipios registró en marzo pasado un aumento del 29,1 % respecto a febrero, en tanto que subió 17% en relación a igual mes del año anterior.
La superficie cubierta autorizada acumulada en el primer trimestre del año registra una suba del 12,2% con respecto al mismo período del año anterior.
El informe del INDEC detalla que durante el primer trimestre de este año, y en comparación con el mismo período de 2011, se registraron aumentos del 4,9% en construcciones petroleras, 4,8% en viviendas, 2,5% en otros edificios, 0,6% en otras obras de infraestructura y 0,2% en obras viales.
“Doy gracias que fue lunes a la mañana y las nenas estaban en la escuela”, contó en diálogo con la emisora. Detalló que habitualmente las chicas juegan en el patio donde cayeron los escombros.
La construcción en cuestión está ubicada por calle Santa Fe, en la intersección con Vera Mujica. El proyecto, bautizado “Universa I”, promete según un cartel departamentos de un dormitorio y monoambientes con cocheras. Se promociona la venta de las “últimas unidades”.
El profesional fue procesado por “estrago culposo”. El fiscal hoy envió el requerimiento al juez de Garantías y se espera por la apelación de la defensa.
En el requerimiento enviado al juez Federico Atencio, el fiscal utilizó como pruebas de cargo para determinar la responsabilidad del profesional, las declaraciones de los obreros que estaban construyendo un edificio pegado a la cochera a la que se le derrumbó la pared.
Los investigadores creen que la ausencia de submuración (que es una medida de seguridad para evitar, entre otros ítems, derrumbes) fue lo que causó que la pared del frente de una cochera cediera y, en su caida, aplastara a la mujer de 33 años, que pocos meses antes al hecho –ocurrido el 18 de mayo de 2011–, había dado a luz.
A juicio del fiscal, el arquitecto incurrió en mala praxis al no tomar los recaudos necesarios para evitar el desmoronamiento del muro que finalmente aplastó y mató a la psicóloga platense, según se desprende de la causa.
En tanto, en la instrucción judicial del hecho, se advierte que la Comuna “no realiza inspecciones de forma programada y con periodicidad preestablecida en obra alguna” para, entre otras cosas, evitar este tipo de accidentes.
El fiscal detalló que existe semiplena prueba a indicios vehementes para sostener que se produjo “un desmoronamiento parcial de un edificio” por no contar “con submuración, ni apuntalamiento de contención de las medianeras” que la reglamentación vigente establece en dos artículos del decreto nacional 911/1996 sobre higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Como consecuencia de esta presunta omisión de la medianera de la cochera “que soportaba además el peso del techo” y estaba “descalzada, comienza a desmoronarse parcialmente el edificio” que aplastó a la víctima, quien había llegado a la cochera para retirar su vehículo.
Para los investigadores, la ausencia de medidas de seguridad (submuración) fue “determinante en la ocurrencia del siniestro”, lo que generó “un peligro común” para autos, peatones, “además de la muerte por aplastamiento”.
Llegaron a esa conclusión tras leer en un informe que “las tareas de submuración llevadas a cabo en las construcciones vecinas se apartaba de las reglas del buen arte de la construcción y de las normas de seguridad”, se detalla en la causa a la que accedió este portal.
El fiscal entiende que De León es responsable de la muerte de la mujer, pero no por acción directa, sino por haber generado las condiciones que provocaron la fatalidad.
La obra fue empadronada bajo el “permiso provisorio especial 2882/10”, expedido el 25 de noviembre de 2010 para “demoler y construir”, se detalla en la causa.
Semanas atrás, el concejal de la Agrupación Atlántica, Hernán Alcolea, presentó un proyecto de ordenanza a través del cual propuso que en aquellos distritos de alta y media densidad en los que se construyan edificios de viviendas u otros destinos de hasta tres pisos, se autorizarara la edificación de hasta un piso más de lo permitido por el Código de Ordenamiento Territorial con destino exclusivo y excluyentea unidades funcionales cocheras. En tanto, para el caso de edificios de más de tres pisos, pidió que se permitieran hasta dos pisos más de lo establecido por el COT con el mismo objeto.
La iniciativa del edil ya cosechó rechazos en algunos sectores. Tal es el caso de la Asociación Civil Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, cuyos miembros hicieron una presentación en el Concejo Deliberante, advirtiendo sobre los “efectos nocivos que este proyecto tendría sobre la morfología urbana y sobre los bienes patrimoniales arquitectónicos, dispersos tanto en tejidos homogéneos como en heterogéneos”.
Según evidenciaron en la nota, en el transcurso del año 2010, “con la vigencia de las Ordenanzas 19.605 (incentivo a la construcción) y 19.281 (flexibilización del plano límite) comenzó a evidenciarse una severa distorsión de la morfología urbana en barrios característicos; la demolición de inmuebles que, a pesar de no estar protegidos por la Ordenanza 10.075, aportaban a la identidad de la ciudad, y un incremento en el surgimiento de medianeras expuestas que afectan el contexto de bienes patrimoniales y la calidad del paisaje urbano en general”.
“Esta problemática motivó que el municipio tomara medidas y sancionara las Ordenanzas 20.263, que suspendió por 90 días el otorgamiento de permisos de demolición en un sector de la ciudad; la 20.304, que disminuyó la altura del Plano Límite en el Distrito R4 (media densidad) y la 20.347, que renovó el régimen de incentivo a la construcción, pero con varias exclusiones y limitaciones que tienden a no alentar las distorsiones ante mencionadas”, agregaron.
En ese marco, subrayaron que el proyecto de Alcolea, “como está planteado, restablecería el factor distorsivo que con estas ordenanzas había sido parcialmente corregido”.
En tanto, desde la entidad destacaron que “antes de la sanción de las Ordenanzas enumeradas, como luego de ellas, al evidenciarse que no resultaron suficientes para dar solución definitiva a la “distorsión morfológica y pérdida de bienes patrimoniales”, varios vecinos de distintos sectores de la ciudad han presentado Petitorios que reclaman protecciones integrales de los mismos, a partir de la disminución de indicadores para frenar este proceso”.
No obstante, añadieron, “ninguno de ellos ha tenido respuesta al día de hoy, y sus reclamos parecen no ser escuchados en la misma medida que son escuchados los reclamos de “más m2” o “excepciones a las normas de tejido urbano” que determinados sectores constantemente reclaman, y que sólo tienen como mira la maximización de ganancias y no la mejora de las condiciones urbanas”.
En esa línea, consideraron que “es oportuno aclarar que mayores incentivos a la construcción en general o a la construcción de cocheras en particular (como el caso del proyecto en cuestión) impacta directa y negativamente sobre los bienes patrimoniales (estén o no reconocidos oficialmente a través de la Ord. 10.075 y modif.), al generar una mayor presión inmobiliaria sobre los mismos: alentando el proceso de sustitución en unos, o propiciando el pedido de desafectación y deterioro por abandono de los otros, como consecuencia de verse incrementado su potencial edificable”.
“Si bien el COT ya establecía en su Artículo 5.5.2.2 la exigencia de módulos de estacionamiento tanto en viviendas multifamiliares como en otros usos, con la Ordenanza 20.304 se elevó el requisito a 1 módulo de estacionamiento por cada unidad de departamento. Es decir que la necesidad de estacionamiento está contemplada y es exigida por la normativa vigente, con lo cual no debieran estar construyéndose edificaciones que no cumplan con esta normativa”, explicaron.
A su vez, indicaron que “la construcción en general está promocionada (Ord. 20.347) contribuyendo de esa forma a mejorar las condiciones del inversor que debe hacer frente a los requisitos de unidades de estacionamiento” y por ello, evaluaron que “no es conveniente un proyecto que plantea duplicar los beneficios (económicos y temporales) para unos pocos, en perjuicio (patrimonial-ambiental y permanente) para todos”.
Por otra parte, la promoción para que se construyan más unidades de estacionamiento también está dada hoy por la Ord. 19.215 y modif. 20299/11 que exime de Tasas de Servicios Urbanos, Derechos de Construcción, entre otros beneficios, en el caso de reciclado de viviendas multifamiliares o en nuevas edificaciones que destinen un 80% de su estructura a cocheras.
En otro párrafo de la presentación, la Asociación MDP a+u afirmaron que “la construcción de cocheras en viviendas multifamiliares, si bien necesarias, no soluciona el problema del estacionamiento vehicular en la vía pública, por cuanto el mayor problema se genera cuando los vehículos salen de estas residencias hacia los lugares de trabajo, comercio, recreación o estudio, es decir entre las 8 y las 20 aproximadamente”. “Basta con analizar el grado de ocupación de esta cocheras en el rango horario mencionado para comprender, que lo que se necesita son “playas de estacionamientos de uso público (en inmuebles de dominio privado), y éstas efectivamente están promocionadas por la Ord. 19.215 recién citada”, argumentaron.
Por último, recalcaron que “se hace evidente que el proyecto potencia el factor distorsivo que lleva a la ruptura de los tejidos urbanos consolidados, al alterar las condiciones de aquellos en vía de consolidación, al incrementar los conos de sombra, la exposición de medianeras, las servidumbres visuales (todo lo cual degrada el medio ambiente urbano que se pretende “revalorizar””.
“Por todo lo hasta aquí expuesto, y sin dejar de comprender que es necesario dar respuesta a la necesidad de un ordenamiento del tránsito vehicular en la ciudad, pero entendiendo que esta respuesta no puede surgir sino en el marco de una planificación integral que contemple, entre otras variables, una zonificación que indique dónde es aconsejable alentar o desalentar la circulación vehicular, qué impacto tienen sobre la morfología urbana en general y sobre los bienes patrimoniales en particular, la proyección de conos de sombra, la densidad urbana en relación a la infraestructura de servicios, etcétera; rechazamos el proyecto de ordenanza”, finalizaron.
El trágico episodio ocurrió pasadas las cinco de la tarde en 530 entre 6 y 7. Antonio Sosa uno de los obreros, señaló que de un momento a otro los sacudió el terrible impacto de una pared que se les fue encima. “Estábamos trabajando en ese lugar, pero no había vigas de fundación, la pared no tenía soporte“.
La conmoción y el revuelo se apoderaron del barrio. A pocos metros el arquitecto Mariano Amieva, quien ante Control Urbano, dijo ser el responsable de la obra, se agarraba el pecho: “me arruiné la vida”, repetía entre sollozos.
La facultad de Arquitectura de la UNT se expresó en contra de la ordenanza que reemplaza los espacios libres por estacionamientos . El cuerpo de asesores legales del Colegio de Arquitectos analiza posibles presentaciones judiciales para frenar la norma que, entienden, perjudicaría a la capital.
Insisten en que llamar a los espacios libres entre edificios “pulmón de manzana” no es una metáfora antojadiza y que si las autoridades siguen adelante con la ordenanza que los elimina, la ciudad -literalmente- se asfixiará.
“El objetivo es que esto sirva no sólo de fundamento para las acciones judiciales que quiere emprender el CAT sino también para que se abra un debate y se emprenda la elaboración de propuestas”, anunció Juan Ramazzotti, presidente de la institución profesional. El arquitecto explicó que iniciarán varias acciones paralelas y que, entre ellas, no descartan requerir la apertura del diálogo con las autoridades municipales.
Ramazzotti añadió que los asesores legales del CAT ya estudian las posibilidades y modos en los que se llevarán adelante las presentaciones en la Justicia.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura, Eduardo Coletti, también rechazó la ordenanza. “Nos ocasionó una sorpresa gigantesca que se haga una norma de este tipo de un día para el otro, sin ninguna consulta técnica a las instituciones”, cuestionó.
De hecho, Coletti aseveró que durante la mañana de ayer recibió un pedido de informes por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Detalló que le consultaron si les fueron requeridas sus opiniones sobre la norma.
Por otro lado, defendió la existencia de los pulmones de manzana. “Hay fundamentos académicos obtenidos mediante investigaciones medioambientales, históricas y urbanísticas que tienen que ver con la tradición del pulmón y de los efectos positivísimos que siempre tuvieron y lo terriblemente negativo que va a a ser si se concreta la disposición. Nuestro objetivo es evitar que se aplique”, argumentó. Fue tajante al asegurar que el daño será mayor al beneficio que se espera tener respecto del aumento de estacionamientos. “Generaremos estudios. Hay que comenzar a tener una participación más activa para evitar este tipo de cosas en el futuro”, adelantó. Por último, esgrimió que las autoridades deberían buscar una ciudad más saludable para los habitantes y “tratar de evitar cuestiones especulativas y otros factores que entran en juego y que no son los más nobles”.
Malos resultados
El arquitecto y urbanista Raúl di Lullo, que también participó del encuentro, fundamentó el rechazo a la norma. Aseveró que la ordenanza es contraproducente para la ciudad desde diversos aspectos. “Hay cuestiones ambientales que van desde el aumento de la temperatura (isla de calor) hasta la disminución de superficie de terreno absorbente. En caso de lluvia esta brinda un cierto porcentaje de irrigación y que, si está ocupado de otra manera, el agua tiene que necesariamente ser conducida a otro lado”, explicó. Además, consideró que el problema de la superpoblación de autos y del estacionamiento no se solucionará con una medida de este tipo. Según sostuvo, mucha gente que antes evitaba llevar su vehículo al centro ahora lo usaría sabiendo que existen espacios.
El miércoles, los profesionales universitarios y miembros del CAT volverán a reunirse para avanzar en los estudios y planteos que efectuarán ante las autoridades.
