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Categoria Construcciones no autorizadas
mayo 18, 2012 en 0:17 · Categoria Abogado, Arquitecto, Cartel de obra, Código Civil, Código De Edificación, Código de Ordenamiento Urbano, Código de Planeamiento, Códigos, clausuras, Compraventa, Construcciones no autorizadas, Constructoras, denuncias, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Espacio Público, Espacios Comunes, espacios verdes, Estudio Jurídico, frentes, Habilitación, Impacto Ambiental, Incumplimientos Contractuales, Informes Edilicios, infracción, Ingeniero, Inspecciones, Inversores, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Locación de Obra, Locatario, Maestro Mayores de Obra, multas, Obra Ilegal, Perito Arquitecto, Permiso de obra, Permisos, Planeamiento Urbano, Propiedad intelectual, Propietarios, Reclamos, Soluciones Legales, Terrenos Baldíos, Vecinos
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires intimó a 4.877 propietarios de construcciones de la ciudad que figuran como baldíos.
Propiedades ubicadas en distintos puntos de nuestra ciudad, que figuran y tributan como si fueran terrenos baldíos se incorporaron al lote de intimaciones que despachó ARBA.
Son edificaciones terminadas y habitadas que representan un total de 428.981 metros cuadrados construidos, que no habían sido registrados ante la Provincia, y que ubican a Bahía Blanca al tope de la lista con más irregularidades de este tipo. Además, en Coronel Rosales los contribuyentes intimados fueron 1.039, que no habían declarado la construcción de 90.860 metros cuadrados.
Para la detección de las partidas inmobiliarias con irregularidades, los inspectores usaron herramientas de tecnología satelital, el cruce de datos y los resultados de los operativos presenciales, que abarcaron durante el último año a más de un centenar de municipios bonaerenses.
El responsable de ARBA, Martín Di Bella, sostuvo que: “les estamos pidiendo a estos contribuyentes que dejen de esconder su capacidad contributiva para pagar menos impuestos. Deben actuar con responsabilidad y declarar la verdadera situación de sus inmuebles“, enfatizó.
En el conjunto de todo el territorio provincial, se intimó a 31 mil dueños que habían dejado de declarar un total de 3 millones de metros cuadrados construidos, y que pagaban impuestos como terrenos baldíos.
Una vez que los contribuyentes reciben las notificaciones tienen 15 días para declarar cuál es su situación real y detallar la cantidad de metros edificados y las características de la construcción. Ese trámite puede hacerse de manera muy simple por Internet, desde la dirección: www.arba.gov.ar, ingresando al enlace: Catastro/Declaración jurada web asistida/Trámite on line.
Quienes prefieran realizar el trámite en forma personal, pueden hacerlo en el Centro de Servicios de ARBA más cercano a su domicilio, o comunicarse al teléfono: 0800-3212722.
En caso de que los propietarios intimados no presenten la correspondiente declaración jurada, ARBA incorporará al Catastro los datos que determinó de oficio, y el contribuyente comenzará a pagar el impuesto Inmobiliario en base a la nueva valuación fiscal establecida por la Provincia.
Ciudades con más baldíos . Bahía Blanca (4.877), Berazategui (3.034), Morón (1.823), La Costa (1.721), Luján (1.487), Olavarría (1.335), Merlo (1.258), General Pueyrredón (1.137), Esteban Echeverría (1.047), Coronel Rosales (1.039)
Fuente: www.lanueva.com
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abril 18, 2012 en 1:36 · Categoria Arquitecto, Código Civil, Código De Edificación, Código de Ordenamiento Urbano, Código de Planeamiento, Códigos, construcción, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Espacio Público, Espacios Comunes, espacios verdes, General, Habilitación, Impacto Ambiental, Informe técnico, Informes Técnicos, Ingeniero, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Obra Ilegal, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Permiso de obra, Permisos, Planeamiento Urbano, Pulmon de manzana, Vecinos, Vecinos Afectados por Obras
La facultad de Arquitectura de la UNT se expresó en contra de la ordenanza que reemplaza los espacios libres por estacionamientos . El cuerpo de asesores legales del Colegio de Arquitectos analiza posibles presentaciones judiciales para frenar la norma que, entienden, perjudicaría a la capital.
Insisten en que llamar a los espacios libres entre edificios “pulmón de manzana” no es una metáfora antojadiza y que si las autoridades siguen adelante con la ordenanza que los elimina, la ciudad -literalmente- se asfixiará.
Ayer, una docena de arquitectos especialistas en urbanismo, historia y ambiente rechazaron la norma 4.425 recientemente aprobada por el Concejo Deliberante capitalino, que permitió la construcción de cocheras en esos espacios verdes dentro de las cuatro avenidas y en otras áreas clave de la ciudad.
Una de las primeras voces en levantarse para repudiar la iniciativa fue la del Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT). Precisamente, la institución requirió el auxilio de los institutos de la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El grupo de trabajo interdisciplinario se reunió en el decanato durante casi dos horas.
“El objetivo es que esto sirva no sólo de fundamento para las acciones judiciales que quiere emprender el CAT sino también para que se abra un debate y se emprenda la elaboración de propuestas”, anunció Juan Ramazzotti, presidente de la institución profesional. El arquitecto explicó que iniciarán varias acciones paralelas y que, entre ellas, no descartan requerir la apertura del diálogo con las autoridades municipales.
Ramazzotti añadió que los asesores legales del CAT ya estudian las posibilidades y modos en los que se llevarán adelante las presentaciones en la Justicia.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura, Eduardo Coletti, también rechazó la ordenanza. “Nos ocasionó una sorpresa gigantesca que se haga una norma de este tipo de un día para el otro, sin ninguna consulta técnica a las instituciones”, cuestionó.
De hecho, Coletti aseveró que durante la mañana de ayer recibió un pedido de informes por parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Detalló que le consultaron si les fueron requeridas sus opiniones sobre la norma.
Por otro lado, defendió la existencia de los pulmones de manzana. “Hay fundamentos académicos obtenidos mediante investigaciones medioambientales, históricas y urbanísticas que tienen que ver con la tradición del pulmón y de los efectos positivísimos que siempre tuvieron y lo terriblemente negativo que va a a ser si se concreta la disposición. Nuestro objetivo es evitar que se aplique”, argumentó. Fue tajante al asegurar que el daño será mayor al beneficio que se espera tener respecto del aumento de estacionamientos. “Generaremos estudios. Hay que comenzar a tener una participación más activa para evitar este tipo de cosas en el futuro”, adelantó. Por último, esgrimió que las autoridades deberían buscar una ciudad más saludable para los habitantes y “tratar de evitar cuestiones especulativas y otros factores que entran en juego y que no son los más nobles”.
Malos resultados
El arquitecto y urbanista Raúl di Lullo, que también participó del encuentro, fundamentó el rechazo a la norma. Aseveró que la ordenanza es contraproducente para la ciudad desde diversos aspectos. “Hay cuestiones ambientales que van desde el aumento de la temperatura (isla de calor) hasta la disminución de superficie de terreno absorbente. En caso de lluvia esta brinda un cierto porcentaje de irrigación y que, si está ocupado de otra manera, el agua tiene que necesariamente ser conducida a otro lado”, explicó. Además, consideró que el problema de la superpoblación de autos y del estacionamiento no se solucionará con una medida de este tipo. Según sostuvo, mucha gente que antes evitaba llevar su vehículo al centro ahora lo usaría sabiendo que existen espacios.
El miércoles, los profesionales universitarios y miembros del CAT volverán a reunirse para avanzar en los estudios y planteos que efectuarán ante las autoridades.
Fuente: www.lagaceta.com.ar
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abril 14, 2012 en 22:22 · Categoria Acciones legales, Apuntalamiento de edificios, Arquitecto, Código De Edificación, Código de Planeamiento, Códigos, Cimientos, Colapso, Colapso y Desprendimiento, construcción, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, Demanda, Derrumbe, Derrumbe de pared, Derrumbe de techo, Desmoronamiento, Desprendimientos, Deterioro, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Escombros, Espacios Comunes, Estudio Jurídico, Fallas en la construcción, Fallo, Garantía de Obra Nueva, Habilitación, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Instalaciones, Inversores, Locación de Obra, Loza, Maestro Mayores de Obra, Modificaciones Clandestinas, Obra Ilegal, Peligro de derrumbe, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Problemas Edilicios, Propiedad horizontal, Propiedad intelectual, Propietarios, Prueba Contundente, Riesgo Estructural, Ruina, Ruina del Edificio, Seguridad, Siniestro, Sobrecarga, Soluciones Legales, Terrazas
Los peritos de la Policía de Corrientes culminaron y entregaron a la Justicia el informe de las pericias realizadas en el edificio de la calle San Martín al 600 donde el pasado 22 marzo se produjo un derrumbe en el séptimo piso y ocasionó la muerte de ocho obreros. Los profesionales dan cuenta de dos hipótesis acerca de las causales que provocaron la tragedia.
La primera da cuenta de una falla en la construcción del encofrado donde el día de la tragedia se estaba realizando el cargado de hormigón.
La otra hipótesis es la falla en el apuntalamiento del encofrado. De acuerdo a las pericias, la loza pudo haber cedido y ocasionó el derrumbe.
Por otra parte en el marco de la causa, en las próximas horas será citado a declarar el ingeniero calculista Elías Cohen quien ya compareció en su casa por padecer de la enfermedad del mal de Parkinson.
En tanto el próximo viernes encabezará la investigación del caso la fiscal Graciela Fernández Contarde. Resulta que la Fiscalía de Instrucción Nº3 donde recayó la causa se encuentra sin fiscal. Hasta el momento la fiscalía era subrogada por el doctor Gustavo Robineau.
Hasta ayer los familiares de las víctimas no se habían presentado como querellantes.
Fuente: www.ellitoral.com.ar
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abril 13, 2012 en 1:49 · Categoria Abogado, Accidentes, Acciones legales, Arquitecto, Azoteas, Código Civil, Código De Edificación, Colapso, Colapso y Desprendimiento, construcción, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, Demanda, Derrumbe, Derrumbe de pared, Derrumbe de techo, Desmoronamiento, Desprendimientos, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Escombros, Estudio Jurídico, Fisuras, Habilitación, Incumplimientos Contractuales, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Instalaciones, Inversores, Jurisprudencia, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Modificaciones Clandestinas, Obra Ilegal, Patologías ocultas, Peligro de derrumbe, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Planeamiento Urbano, Problemas Edilicios, Propiedad horizontal, Propiedad intelectual, Propietarios, Riesgo Estructural, Ruina, Ruina del Edificio, Seguridad, Siniestro, Soluciones Legales, Vecinos, Vicios de construcción
Se trata de los principales responsables de la construcción de un edificio en pleno centro de la capital provincial, donde un accidente ocurrido la semana pasada provocó la muerte de ocho obreros.
CORRIENTES (Télam) — La investigación por el derrumbe en un edificio en construcción –en pleno centro de esta capital– que el pasado jueves causó la muerte de ocho obreros, ya tiene a tres empresarios detenidos e incomunicados y varios imputados más en la causa.
En la comisaría Primera de la capital correntina se encuentran alojados desde las últimas horas, William Mayer, el escribano que figura como el principal inversor del fideicomiso propietario del inmueble; Marcelo Mayer, el arquitecto que estuvo a cargo de la dirección de la obra, y Walter Bruquetas, responsable de la empresa constructora.
El fiscal Gustavo Robineau, a cargo de la investigación, aún no tomó declaración indagatoria a los empresarios imputados por el delito de “estrago doloso”.
El martes, la titular del Juzgado de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra, había denegado los pedidos de eximición de prisión que presentaran los defensores de William y Marcelo Mayer, así como de Walter Bruquetas y Elías Cohen.
Cohen no se presentó aún ante la justicia, como tampoco lo hizo Carlos Valenzuela, el capataz de la obra, cuya declaración es considerada “clave” para la fiscalía.
La tragedia.
El jueves de la semana pasada, en horas de mediodía, ocho obreros de la construcción murieron, cuando un sector del noveno piso en el que trabajaban se desplomó repentinamente sobre el techo de la casa lindera, en la que afortunadamente no se produjeron víctimas.
El siniestro sucedió en un edificio en construcción que se está levantando en la calle San Martín al 600, en pleno centro de esta ciudad.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Corrientes, la obra en la que se produjo el derrumbe estaba paralizada por orden comunal.
En este sentido, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Martín Barrionuevo, dijo que la comuna realizó el lunes 19 una inspección en el edificio y que dispuso “su paralización por no cumplir con lo autorizado en su habilitación”.
Al respecto, el funcionario explicó que el proyecto correspondía a la construcción de un edificio con planta baja y cinco pisos, “pero tenía ya dos pisos más de lo autorizado”, configurando una grave irregularidad.
Por su parte, el secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), seccional Corrientes, Juan de Dios Avalos, dijo que reclamaron en diversas oportunidades que se realizaran inspecciones y mejores condiciones de trabajo y se comprometió a apoyar a los familiares de los trabajadores fallecidos y acompañarlos en sus reclamos.
Por el derrumbe murieron Pablo Medina, Enrique Sosa (21), William Valenzuela (32), Jorge Acevedo (38), Eduardo Acevedo (19), Diego Rodriguez (25), Ramón Zacarías (49) y Marcos González (28).
En tanto, sufrieron heridas Nelson Valenzuela y Luis Pelozo, ambos internados todavía en el Hospital Escuela General San Martín.
Fuente: www.lanueva.com
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marzo 27, 2012 en 5:02 · Categoria Accidentes, Acciones legales, Arquitecto, Azoteas, Código Civil, Código De Edificación, Código de Ordenamiento Urbano, Código de Planeamiento, Códigos, clausuras, Colapso y Desprendimiento, construcción, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, denuncias, Derrumbe, Derrumbe de techo, Desmoronamiento, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Edificio Seguro, Escombros, Espacios Comunes, Estudio Jurídico, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Instalaciones, Inversores, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Losa, Obra Ilegal, Peligro de derrumbe, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Problemas Edilicios, Propiedad intelectual, Propietarios, Prueba Contundente, Ruina, Seguridad, Siniestro, Sobrecarga, Soluciones Legales, Vecinos, Vecinos Afectados por Obras
Los decesos se produjeron por el derrumbe de un edificio. Los familiares de las víctimas marcharon esta mañana hacia la Municipalidad porque la obra no estaba autorizada.
Familiares y amigos de los ocho obreros muertos en el derrumbe de un edificio en construcción ocurrido la semana pasada en Corrientes marcharon hoy en reclamo de justicia, mientras se espera la detención de cuatro empresarios constructores considerados como presuntos responsables de la tragedia, quienes por el momento permanecen prófugos.
El derrumbe se produjo el jueves pasado a las 13 cuando 12 obreros, de los cuales cuatro continúan internados en grave estado, cayeron junto a una losa desde el séptimo piso al techo de zinc de una casa vecina.
Los familiares de las víctimas marcharon esta mañana desde el barrio Progreso de la Capital correntina hasta la Municipalidad, para exigir explicaciones del intendente, Camau Espínola, al denunciar que su administración no hizo los controles correspondientes en una obra que no estaba autorizada para llegar hasta el séptimo piso.
“Estamos cansados y queremos que el intendente y los empresarios se hagan responsables y que, por lo menos, ayuden a las familias que quedaron sin nada”, expresó en declaraciones a la prensa Leonardo Sosa, hermano de uno de los obreros muertos.
Mientras tanto, se aguarda que se presenten los cuatro empresarios que están prófugos desde el viernes pasado, cuando la Justicia provincial dispuso la orden de captura al imputarlos como responsables de la tragedia.
Por una orden de la jueza de Instrucción Graciela Ferreira, la Policía provincial busca a los hermanos Marcelo y William Mayer, director de la obra y principal inversor respectivamente; y también a Walter Bruquetas, quien aparece como ingeniero constructor de la obra, y a su socio Elías Cohen, ingeniero a cargo de los cálculos de la estructura edilicia.
El expediente fue caratulado con la figura delictual de estrago doloso, que establece una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión.
Según la investigación de la fiscalía, los empresarios tenían autorización para construir sólo hasta el quinto piso pero las pericias determinaron que los obreros estaban trabajando en la construcción del séptimo, es decir, llegaron a ejecutar dos pisos más de lo permitido.
Por su parte, los familiares de las víctimas también exigen que se investigue la responsabilidad de los funcionarios municipales que tendrían que haber impedido con denuncias contra la empresa la continuidad de la obra.
Fuente: Cadena 3
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marzo 24, 2012 en 9:28 · Categoria Abogado, Accidentes, Acciones legales, Código Civil, Código De Edificación, Código de Ordenamiento Urbano, Código de Planeamiento, Códigos, clausuras, Colapso, Colapso y Desprendimiento, construcción, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, Demanda, denuncias, Derrumbe, Derrumbe de techo, Desprendimientos, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Estudio Jurídico, General, Habilitación, Incumplimientos Contractuales, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Instalaciones, Inversores, Ley 3.562, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Locación de Obra, multas, Obra Ilegal, Peligro de derrumbe, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Planeamiento Urbano, Problemas Edilicios, Ruina, Seguridad, Siniestro, Sobrecarga, Soluciones Legales, techos, Vecinos Afectados por Obras, Vicios de construcción
Ya son ocho los muertos por el derrumbe de un edificio en Corrientes
Ocho personas murieron y al menos cinco resultaron heridas cuando se desplomó un noveno piso de un edificio en construcción, informaron fuentes policiales y médicas. El hecho ocurrió pasadas las 13 en una construcción ubicada en la calle San Martín al 600 de la capital correntina, donde trabaja personal de bomberos y de la policía provincial.
Esta noche, las autoridades del Hospital Escuela “General San Martín” informaran del fallecimiento de otro obrero que estaba herido.
Se trata de Pablo Medina, quien había sufrido heridas de gravedad, precisó a Télam el director del hospital, Alfredo Revidatti.
Según los primeros informes, los obreros fallecidos en el lugar se precipitaron sobre el techo de una vivienda lindante, luego de que cediera la parte superior de la estructura que estaban construyendo.
Los otros muertos fueron identificados como Enrique Sosa, de 21 años; William Valenzuela, de 32; Jorge Acevedo, de 38; Eduardo Acevedo de 19; Diego Rodríguez, de 25; Ramón Zacarías, de 49, y Marcos González de 28 años.
Revidatti explicó que de los cinco heridos que ingresaron en estado crítico al hospital, Medina fue el tercero en fallecer, en tanto uno de los dos trabajadores de la construcción que quedaban en Terapia Intensiva -Nelson Valenzuela y Luis Pelozo-, uno se encontraba “muy grave”.
En tanto, cinco personas se encuentran en estado de gravedad.
Efectivos de la Comisaría Primera Urbana realizan tareas de peritaje en la obra en construcción, mientras los trabajos de rescate estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Bomberos Voluntarios.
Las fuentes consultadas indicaron que se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias en que se dio el derrumbe.
Fuente: Diario La Nacion
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marzo 19, 2012 en 8:08 · Categoria Abogado, Acciones legales, Arquitecto, Códigos, Comunas, Consorcio, Consorcios, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Demanda, denuncias, Espacios Comunes, Estudio Jurídico, Filtraciones, Informe técnico, infracción, Inquilinos, Inspección del edificio, Inspecciones, Ley de Consorcios, Locatario, mantenimiento, mantenimiento de un edificio, Mediacion, Medianeras, Modificaciones Clandestinas, multas, Niveles de ruido, Patologías ocultas, Problemas Edilicios, Propiedad horizontal, Propietarios, Reclamos, Ruidos Molestos, Soluciones Legales, Vecinos
Es lo que surge un programa gratuito de mediación comunitaria que trata los casos más diversos. Le siguen los ruidos molestos.
De los 700 reclamos que ya fueron resueltos por la Dirección de Mediación Comunitaria de la Municipalidad, el 40 por ciento tuvo que ver con los problemas que surgen entre los vecinos por la medianera.
La mediación comunitaria es un espacio en el que se intenta evitar que los conflictos vecinales lleguen a la justicia ordinaria y puedan resolverse en un breve plazo entre las partes. Comenzó a funcionar como prueba piloto hace más de dos años y la estructura se fortaleció en los últimos meses de 2011.
Desde la Comuna remarcan que se trata de una “temática sensible relacionada con los conflictos que se originan entre vecinos y que alteran la convivencia”.
En ese sentido, aquellas personas que se enfrentan a este tipo de situaciones y están interesadas en solucionarlo, cuentan con un espacio para resolver los mismos a través del diálogo, de forma gratuita y sin llegar a instancias judiciales, se explicó en la Municipalidad.
Los interesados en acceder a esta instancia pueden hacerlo llamando al 0800-999-5959 (SUAV) de lunes a sábado de 8 a 20. A través de esta línea telefónica pueden exponer las circunstancias que dificultan la relación con su vecino y que de alguna manera perturban la armonía del barrio.
700 CASOS
“Desde que comenzó a funcionar la Dirección, fueron más de 700 los casos que se han solucionado por esta vía alternativa, atendiendo diversas problemáticas”, comentó su director, Pablo Márquez.
Según se indicó los problemas por medianeras significó el 41,2 por ciento de los problemas planteados por los vecinos del casco urbano. En segundo lugar están los ruidos molestos, con el 17.1 por ciento y los árboles el 15.9 por ciento. En tanto, el 10 por ciento de los planteos fue por animales domésticos.
Los problemas de consorcio (9.4 por ciento); venta ambulante (con el 2.9 por ciento); filtraciones de agua (1.8 por ciento) y locales nocturnos (1.8 por ciento) completan el ranking de las actuaciones que tuvo la dependencia comunal en los últimos meses.
INTERDISCIPLINARIO
El servicio cuenta con un equipo interdisciplinario de mediadores comunitarios, encargados de acercar a las partes a fin de lograr un acuerdo conciliatorio. Los conflictos que la mediación puede ayudar a resolver son de naturaleza vecinal tales como problemas de medianeras, humedad, ruidos molestos, ocupación de veredas, explicaron en la Comuna.
También, explicaron, “se ha creado la Oficina Municipal de Inquilinos y Consorcistas, encargada de mediar en los conflictos entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Esta oficina, creada recientemente, permite el tratamiento especializado de esta problemática”.
Fuente: www.eldia.com.ar
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febrero 29, 2012 en 0:11 · Categoria Abogado, Arquitecto, Cartel de obra, Código De Edificación, Código de Planeamiento, Códigos, construcción, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, Edificio en construcción, Garantía de Obra Nueva, General, Informe técnico, Informes Edilicios, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Inversores, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Locación de Obra, Locatario, Modificaciones Clandestinas, multas, Obra Ilegal, Perito Arquitecto, Permiso de obra, Permisos, Propiedad horizontal, Propiedad intelectual, Propietarios, Vecinos, Vicios de construcción
Los agentes de inspección de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad, concluirán el rastrillaje en el mes de marzo. Se han identificado hasta el momento obras no declaradas y otras sin el cartel correspondiente.
Las multas de acuerdo a la irregularidad podrán llegar a costar hasta 250 litros de nafta súper. La intención del rastrillaje es identificar a los propietarios e intimarlos a regularizar su situación, a través de las notificaciones que serán enviadas luego del trabajo de identificación, cada uno de ellos será factible de un plazo de prórroga, si nunca antes fueron intimados.
El director de Obras Privadas, Arturo García comentó a Lavozdecataratas, “el trabajo de los agentes de inspección comenzó en el mes de febrero y tenemos como plazo para finalizarlo a comienzos del mes que viene, generalmente las notificaciones o intimaciones de pago de multas por irregularidades constatadas, llegan al domicilio con las fotos, pero no es algo necesario, la idea es que constatada la falta, se notifica al propietario de que el mismo será factible de multa, este propietario deberá inmediatamente acercarse a la municipalidad a regularizar su situación, ya sea declarando la obra o en el caso de contar con la carpeta técnica iniciada, completarla antes de concluir la misma”.
Todas las situaciones contempladas como irregulares están determinadas en el Código de Edificación de la ciudad, donde se establece que las modificaciones en la superficie del terreno deberán ser declaradas presentando la documentación solicitada en la dirección.
“Sin embargo, no todas las modificaciones o remodelaciones serán factibles de multas en el caso de no declararse, como por ejemplo aquellas realizadas de manera interna, que no abarcan la cobertura de una superficie hacia el exterior en las viviendas, como cambiar un techo por otro o reducir el tamaño de una pared para un baño, por otra parte, si, lo deberán hacer los locales comerciales, aún cuando las modificaciones sean internas, en estos casos, la tasa única a pagar llega a costar $1.800 aproximadamente, sin necesitar aclarar en un cartel de obra ya que no se está cubriendo ninguna superficie”, agregó García.
Señaló también que se presenta, desde siempre, una situación muy particular en Iguazú, “la gente no está acostumbrada a declarar cuando construye, ni tampoco a colocar los carteles, a veces prefieren pagar la multa de la no colocación del cartel de obra, que llega a unos 300 pesos a ponerlo, muchas veces porque no quieren que la gente sepa quién es el propietario, pero hoy en día se puede poner uno con las iniciales, lo que solucionaría esta cuestión”.
“Algo que nos sucede es que no siempre identifican qué obra están realizando o para qué y así grandes construcciones en los barrios de repente se levantan y al poco tiempo nos enteramos que son templos o Iglesias, incluso hemos encontrado a una cuadra que tiene siete de ellas construidas en la misma cuadra”, finalizó.
Fuente: www.lavozdecataratas.com
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febrero 27, 2012 en 0:49 · Categoria Abogado, Arquitecto, Código Civil, Código De Edificación, Códigos, Construcciones no autorizadas, control a una construcción, denuncias, Espacio Público, Garantía de Obra Nueva, Incumplimientos Contractuales, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Inversores, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Problemas Edilicios, Seguridad, Sobrecarga
Cuando inspectores municipales frenaron el avance de los trabajos, increíblemente el director de Inspecciones firmó los planos como proyectista, calculista y director técnico. El ex intendente Alcala avaló todo.
Hay que remontarse a agosto de 2006 para contar la trama oculta de la maniobra “trucha” que alguien pergeñó desde el Estado para seguir adelante con la construcción del megaestadio, eludiendo el visto bueno del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de La Pampa. Hoy, a cinco años y medio, hay que preguntarse si ese Estado cayó en su propia trampa y ahora debe asumir más responsabilidades técnicas y económicas que Inarco en la demora en la obra por la imposibilidad de colocarle el techo de 860 toneladas.
Doce días después de que el gobernador Carlos Verna le adjudicara la obra a Inarco por casi 30 millones de pesos, el 23 de agosto de 2006, un arquitecto de la empresa, Gustavo Sánchez, le envió una nota al director municipal de Planeamiento Urbano y Obras Particulares, Nelson Hernández, con dos juegos de 14 planos para “su correspondiente visación/aprobacion” y solicitó “pronto despacho” porque el inicio de los trabajos era inminente.
En ese texto de apenas cuatro párrafos, el profesional agregó un párrafo llamativo: “Dejamos aclarado que la firma correspondiente a proyecto está colocada por nuestra empresa sólo en el carácter de constructores de la obra y por solicitud expresa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quien es el propietario del proyecto, del cual de ninguna manera Inarco S.A. es autor intelectual del mismo”.
Cinco días después, el 28 de agosto, en los folios 10 y 14 del expediente municipal (porque la misma documentación aparece en dos folios diferentes), pueden verse cuarto firmas llenando cinco casilleros en el primer plano del megaestadio, detallándose que el emprendimiento tendrá cuatro niveles, 24.302 metros cuadrados de superficie a construir y otros 76.762 libres.
El entonces director general de Obras Públicas y actual subsecretario, Julio Rojo, firmó como propietario en nombre del gobierno provincial; Sánchez lo hizo por Inarco como proyectista y constructor; el ingeniero civil de General Pico, Hugo René Ceresole, en condición de calculista; y Arnaldo Daniel Rodríguez, como director técnico. En ningún lado aparece el nombre de Adriana Kuntz Aza, la arquitecta que hace cuatro años demandó a la Provincia por considerarse autora del diseño original y que podría ganar una demanda de varios ceros. El argumento oficial es que ella había sido contratada simplemente para copiar el proyecto del estadio Boxing Club de Río Gallegos. Un jurado de idóneos ya dijo que no fue así.
¿Una nota de presión?
En noviembre de 2006, a los tres meses de que se presentara ese primer plano, y siguiendo la cronología del expediente, el director de inspecciones de la Provincia, Héctor Raúl Ameglio, le envió otra llamativa misiva a Hernández, con copia al intendente Nestor Alcala, debido a que un día antes inspectores comunales habían labrado el acta de comprobación Nº 1.555, dejando constancia que la obra del megaestadio no tenía autorización municipal.
El acta decía textualmente: “… infracción al Código de Edificación, ordenanza 1591/95 artículo 2-1-1, con construcción sin autorización municipal, se confecciona acta de paralización por construcción sin documentación autorizada (…) expediente 7213/06″.
Ese artículo está referido al “permiso o aviso de obra” e indica que debe solicitárselo al municipio cuando se construyan nuevos edificios; amplíen, refaccionen o transformen los ya construidos; efectúen demoliciones; cambien o modifiquen estructuras de techos; etc. En el último párrafo se añade otra obligación: “Todas estas tareas requieren la intervención de un profesional matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de la Pampa“.
Ameglio pareció mostrarse molesto frente a Hernández porque sostuvo que “la administración pública ya ha confeccionado la documentación que el acta declara faltante, cual es planos y demás documentos técnicos de la obra, y también ha realizado la presentación de la misma ante el municipio a fin de que se proceda a la liquidación de derechos y se otorgue el permiso de construcción respectivo”.
Continuó: “Ello acaeció con fecha 28 de agosto del corriente año -presentación efectuada por la contratista de la obra, por cuenta y orden de esta Administración Pública-, mientras que a la fecha ese municipio no se ha expedido, motivado en que el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura no ha procedido a la visación de planos”.
“En consecuencia -concluyó Ameglio-, solicítole quiera tener a bien proceda a disponer la aprobación de planos y liquidación de los derechos de construcción, ello sin la visación por parte del Consejo atento al tiempo transcurrido desde su presentación (80 días). Tal requerimiento se fundamenta en que la documentación técnica presentada, y que se solicita aprobación, ha sido elaborada por la Administración Pública Provincial -independientemente de que su ejecución fuera por administración o por contrato con tercero-, con lo cual el trámite se encuentra exento del visado previo por parte del Consejo Profesional, tal como expresamente lo dispone el artículo 2º, in fine, de la Norma Jurídica de Facto 1.253″.
Si fue una presión o no, solamente lo sabrá Ameglio; lo cierto es que buscó que la comuna visara el plano del gimnasio -sin el okey del Consejo-, con el argumento de que había sido confeccionado por el Estado, a pesar de que estaba firmado por un arquitecto particular. O sea, a priori, buscó no sólo violar el Código de Edificación sino también la NJF 1.253 que expresa que “los organismos de la Administración Pública no darán trámite a gestión técnica alguna si los planos, proyectos, tasaciones, informes técnicos y demás documentación que se presente, no están visados por el Consejo Profesional, de lo cual dejará constancia el funcionario actuante en el mismo expediente original y en las copias que se otorguen”.
Intimación a Alcala.
En los mismos días en que esa nota ingresaba en los despachos de Alcala y Hernández, el 15 de noviembre, Kuntz Aza -cuyo proyecto no figura en el expediente municipal ni tampoco en el que se tramita en el Ministerio de Obras Públicas-, le mandó una carta documento al intendente intimándolo a que “ordene la inmediata suspensión de la obra en ejecución”. Además advirtió que podría ampliar la demanda civil a la municipalidad.
¿Cuáles fueron los argumentos de la arquitecta? Que por ser ella la proyectista del megaestadio no avalaba el inicio de los trabajos ni cualquier modificación que introdujeran la Provincia o Inarco. Y remarcó que a esa fecha no se había cumplido con el artículo 2º de la NJF 1.253; o sea con el visado del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.
Haya sido esa presentación un alerta o no para las autoridades municipalidades y provinciales, lo real es que antes de que finalizara ese mes de noviembre, el miércoles 29, un segundo plano del megaestadio fue incorporado al expediente municipal en el folio 48 (ver aparte).
En ese plano Rojo volvió a firmar como propietario y Sánchez como constructor, pero Ameglio reemplazó con su firma las otras tres. El entonces director provincial de Inspecciones figura como proyectista, calculista y director técnico del megaestadio, cuando cualquiera que haya tenido alguna vinculación con el trámite sabe que él no proyectó, cálculo ni dirigió la obra.
No obstante, ese cambio de firmas -y acá se concretó la maniobra que alguien ideó desde el Estado- le dio pie al asesor jurídico de la Municipalidad y hoy defensor oficial del Poder Judicial, Andrés Aníbal Olié, para que apenas un día después, el 30 de noviembre, emitiera un dictamen manifestando que como la responsabilidad del proyecto había pasado de “un profesional dependiente de la firma constructora” al Estado provincial, ya no se requería el visado del Consejo Profesional porque el mismo artículo 2º que lo exige, también dice que “no se aplicará lo dispuesto en el presente artículo cuando la documentación haya sido elaborada por la Administración Pública”.
Así, el megaestadio siguió construyéndose como si nada; aunque ni siquiera esa “ayuda” oficial ni las cinco extensiones de plazo que le otorgó el gobierno, le permitieron a Inarco terminar el gimnasio. Lleva un atraso de cuatro años y medio, no recibió sanciones y, lo peor, tampoco se sabe cuándo lo concluirá.
Pero aún podría haber algo más inquietante: si el Estado, para acelerar los tiempos y llegar a inaugurarlo durante los Juegos de la Araucanía de 2007, “truchó” el procedimiento administrativo en la Municipalidad, hizo firmar al ex director de Inspecciones y dijo que la documentación técnica fue elaborada por el Ministerio de Obras Públicas, ¿de quién es la responsabilidad de los malos cálculos que obligaron en 2008 a desmontar el techo y llevar su peso de 200 a 860 toneladas? En la documentación oficial que consta en el expediente dice que el calculista fue Ameglio.
Fuente: www.laarena.com.ar
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febrero 25, 2012 en 1:59 · Categoria Abogado, Accidentes, Acciones legales, Apuntalamiento de edificios, Arquitecto, Caída de la medianera, Código Civil, Código De Edificación, Código de Ordenamiento Urbano, Código de Planeamiento, Códigos, Cimientos, clausuras, Colapso, Colapso y Desprendimiento, Compraventa, Comunas, construcción, Construcciones linderas, Construcciones no autorizadas, Constructoras, control a una construcción, Demanda, demolición, Demolición del Edificio, denuncias, Derrumbe, Derrumbe de pared, Derrumbe de techo, Derrumbes de balcones, Desmoronamiento, Desprendimientos, Deterioro, Edificaciones Privadas, Edificio en construcción, Escombros, Espacios Comunes, Estudio Jurídico, excavación, Fisuras, Grietas, Habilitación, Incumplimientos Contractuales, Informe técnico, Informes Edilicios, Informes Técnicos, infracción, Ingeniero, Inspección del edificio, Inspecciones, Inversores, Ley 3.562, Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, Locación de Obra, Locatario, Maestro Mayores de Obra, mantenimiento, Medianeras, multas, Obra Ilegal, Patologías ocultas, Pericias de Parte, Perito Arquitecto, Perito de Parte, Permiso de obra, Permisos, Planeamiento Urbano, Problemas Edilicios, Propiedad horizontal, Propiedad intelectual, Propietarios, Rajaduras, Reclamos, Retroexcavadora, Riesgo Estructural, Ruina, Ruina del Edificio, Seguridad, Siniestro, Sobrecarga, Soluciones Legales, Vecinos, Vecinos Afectados por Obras, Vicios de construcción
El desalojo de un edificio situado en la esquina de Bartolomé Mitre y Libertad, anteayer, por daños en las columnas interiores encendió la alarma: cada vez son más los vecinos que temen posibles derrumbes por obras en edificios linderos.
Como Diana Saraceni, quien no vive tranquila por la construcción de varias torres que avanza en el terreno aledaño a su casa, en Rojas 691, Caballito: desde que en julio del año pasado la pala de una excavadora tocó las bases de su PH. “Yo estaba enfrente, en mi trabajo, y me avisaron que vibraba todo. Corrí a la obra. Vinieron el ingeniero y un asistente y comprobaron que estaban clavando la pala en los cimientos de mi casa, que son de barro. Menos mal que estaba cerca y pude detenerlos, si no, se hubiera venido todo abajo”, explicó la mujer, que es empleada pública.
Luego, recordó, la obra continuó en un sector del lote -una parcela gigante con salida sobre Rojas, Mendes de Andés y Felipe Vallese- más alejado de la casa de Saraceni y, recientemente, los trabajos cesaron porque la empresa se declaró en quiebra. “Pero yo estoy siempre atenta. Ruego no tener que salir corriendo si me pegan otra sacudida. Antes de la quiebra de la constructora, me mandaron un arquitecto para relevar el estado de mis muros, por si llegaba a haber algún daño. Sufro una indefensión terrible, el Estado no escucha mis denuncias“, sintetizó.
Al igual que Saraceni, muchos ciudadanos de la Capital tienen en la mira a la actividad de la construcción como una de las que más riesgos entraña, a partir de los reiterados derrumbes registrados en edificios linderos a obras en etapa de excavación.
Un estudio del gobierno porteño sobre 40 accidentes registrados en obras parece confirmar esta percepción: reveló que el 50% de los hechos ocurrió durante la fundación de los edificios e involucró a los inmuebles adyacentes y las medianeras.
Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.
Este nuevo esquema de inspección entró en vigor el mes pasado, al igual que la norma aprobada por la Legislatura que ordenó controles a las excavaciones y demoliciones, antes no previstos.
Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).
Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).
“Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente”, opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.
Por Angeles Castro
Fuente: La Nacion
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