Avanza la investigación por el derrumbe de parte de un edificio en construcción de la calle San Martín al 600, donde el pasado 22 de marzo mu-rieron ocho trabajadores. El abogado que representa a familiares del obrero fallecido Diego Rodríguez, amplió la querella en el Juzgado de Instrucción N° 6 y formuló la imputación contra un empresario de la construcción y solicitó su inmediata detención al considerar que también tuvo participación en la obra donde ocurrió la tragedia.
En tanto también se pidió que se cite a declarar a 15 personas en calidad de testigos, de los cuales 8 son empleados y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.
En tanto la familia de William Valenzuela, otros de los 8 trabajadores muertos en el siniestro se constituyeron formalmente como querellantes con el patrocinio del abogado David Moulin. La presentación se realizó el pasado 17 de abril y hasta el momento no han podido tener acceso al expediente.
William era hermano de Nelson Valenzuela, el obrero que sobrevivió a la tragedia y se recupera en el hospital Escuela. El joven sería trasladado a un sanatorio de Buenos Aires para una segunda intervención quirúrgica de la columna, por una desviación de las vértebras.
En comunicación con El Litoral el abogado querellante Ernesto González, volvió a cuestionar la manera en que se lleva adelante la investigación.
“La semana pasada la jueza Graciela Ferreyra se tomó licencia y ninguno de los jueces subrogantes quiso hacerse cargo de la causa, por lo que todo se hace lento. Sabíamos que iba a ser un caso difícil, pero de todas maneras seguiremos trabajando”, precisó el letrado quien prefirió no dar a conocer la identidad del nuevo empresario implicado en la causa que conmocionó a Corrientes.
El fiscal Gustavo Robineau aguarda que se constituyan todos los abogados querellantes posibles para iniciar las pericias.
Su intención es darle claridad al proceso y que cada una de las partes tenga su perito, con el fin de que todos tengan sus conclusiones para avanzar en la pesquisa.
Recién cuando se terminen las diligencias, la jueza Graciela Ferreyra podrá resolver la situación legal de todos los involucrados en la causa que por el momento permanecen en libertad.
El albañil quedó colgado del arnés, mientras que chapas y maderas cayeron a la vereda y la calle. Sucedió en una construcción en San Martín y Tucumán, a media cuadra del edificio donde murieron ocho trabajadores.
Desgracia con suerte
Respecto de lo acontecido ayer, según indicaron fuentes consultadas por La República, el obrero trabajaba en los soportes de contención de escombros, cuando la estructura se vino abajo, y las chapas y maderas cayeron a la vereda y a la calle, pero el hombre quedó sujeto por el arnés que utilizaba. De todas maneras, afortunadamente, el sostén funcionó correctamente, y por otra parte, ningún peatón transitaba por esa esquina en ese preciso instante; caso contrario, el desenlace podría haber sido otro.
La Uocra, sin novedades
A raíz del hecho, La República se comunicó con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), entidad sindical que agrupa a los trabajadores del rubro. Consultados sobre algún tipo de información al respecto, la respuesta fue hermética. “Acá no hubo ningún reclamo, y aparentemente eso pasó a las 5 de la tarde, hace más de tres horas, por lo que no creemos que a esta altura alguien se vaya a comunicar”, aseveraron. Ni heridos ni denuncias
Según atestiguaron desde el Hospital Escuela “General San Martín” ante la consulta de La República, ayer no ingresó ninguna persona herida como consecuencia de este acontecimiento.
A su vez, desde la Policía provincial afirmaron que tampoco se recibió denuncia alguna acerca del hecho en particular.
“Construquen” es la firma
Según se indica en un cartel expuesto en el lugar de la obra, la construcción del hormigón armado está a cargo de la firma “Construquen Ingeniería en Obras”, ubicada en Don Bosco 1192 de la capital correntina.
En febrero pasado, el nivel de actividad de la construcción marcó una baja de 4,4% respecto a igual mes de 2011.
De esta manera, el primer trimestre del año cerró con un alza acumulada de 3,5% en relación a enero-marzo de 2011.
El INDEC informó que los despachos al mercado interno de cemento alcanzaron un récord de 2,6 millones de toneladas durante el primer trimestre del año en su conjunto, con una variación positiva del 1,0% en relación a igual período anterior.
En la habitual encuesta cualitativa que realiza el organismo entre empresarios del sector, el 39,4% que se dedica principalmente a la realización de la obra pública, dijo que cree que el nivel de actividad disminuirá hasta junio, mientras que el 27,3% sostiene que aumentará y el 33,3% restante no prevé cambios.
Sin embargo, la superficie a construir registrada por los permisos de edificación para obras privadas en una nómina representativa de 42 municipios registró en marzo pasado un aumento del 29,1 % respecto a febrero, en tanto que subió 17% en relación a igual mes del año anterior.
La superficie cubierta autorizada acumulada en el primer trimestre del año registra una suba del 12,2% con respecto al mismo período del año anterior.
El informe del INDEC detalla que durante el primer trimestre de este año, y en comparación con el mismo período de 2011, se registraron aumentos del 4,9% en construcciones petroleras, 4,8% en viviendas, 2,5% en otros edificios, 0,6% en otras obras de infraestructura y 0,2% en obras viales.
“Doy gracias que fue lunes a la mañana y las nenas estaban en la escuela”, contó en diálogo con la emisora. Detalló que habitualmente las chicas juegan en el patio donde cayeron los escombros.
La construcción en cuestión está ubicada por calle Santa Fe, en la intersección con Vera Mujica. El proyecto, bautizado “Universa I”, promete según un cartel departamentos de un dormitorio y monoambientes con cocheras. Se promociona la venta de las “últimas unidades”.
Todo ocurrió pasadas las 16 en un templo evangelista en construcción ubicado en calle Paso de Los Andes 2.176, entre calle Paraguay y Pedro Godoy. Allí dos empleados de la empresa Hormiser estaban poniendo cemento y un grupo de albañiles estaba trabajando en la obra cuando ocurrió la tragedia.
Según relató a Los Andes el jefe de Bomberos, David Spinelli, tras el aviso de la policía comenzaron a trabajar en el lugar para rescatar a los obreros que estaban bajo los escombros.
Spinelli informó que el primero de los trabajadores rescatados estaba grave y fue trasladado al hospital en forma inmediata. El resto de los obreros, que se estiman que eran entre 6 y 8, sufrieron lesiones menores y fueron sacados de los escombros por personal de rescate y derivados a distintos centros asistenciales.
El despliegue generó la interrupción temporal del tránsito en la zona y en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos del cuartel central y una de voluntarios de Godoy Cruz.
El profesional fue procesado por “estrago culposo”. El fiscal hoy envió el requerimiento al juez de Garantías y se espera por la apelación de la defensa.
En el requerimiento enviado al juez Federico Atencio, el fiscal utilizó como pruebas de cargo para determinar la responsabilidad del profesional, las declaraciones de los obreros que estaban construyendo un edificio pegado a la cochera a la que se le derrumbó la pared.
Los investigadores creen que la ausencia de submuración (que es una medida de seguridad para evitar, entre otros ítems, derrumbes) fue lo que causó que la pared del frente de una cochera cediera y, en su caida, aplastara a la mujer de 33 años, que pocos meses antes al hecho –ocurrido el 18 de mayo de 2011–, había dado a luz.
A juicio del fiscal, el arquitecto incurrió en mala praxis al no tomar los recaudos necesarios para evitar el desmoronamiento del muro que finalmente aplastó y mató a la psicóloga platense, según se desprende de la causa.
En tanto, en la instrucción judicial del hecho, se advierte que la Comuna “no realiza inspecciones de forma programada y con periodicidad preestablecida en obra alguna” para, entre otras cosas, evitar este tipo de accidentes.
El fiscal detalló que existe semiplena prueba a indicios vehementes para sostener que se produjo “un desmoronamiento parcial de un edificio” por no contar “con submuración, ni apuntalamiento de contención de las medianeras” que la reglamentación vigente establece en dos artículos del decreto nacional 911/1996 sobre higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Como consecuencia de esta presunta omisión de la medianera de la cochera “que soportaba además el peso del techo” y estaba “descalzada, comienza a desmoronarse parcialmente el edificio” que aplastó a la víctima, quien había llegado a la cochera para retirar su vehículo.
Para los investigadores, la ausencia de medidas de seguridad (submuración) fue “determinante en la ocurrencia del siniestro”, lo que generó “un peligro común” para autos, peatones, “además de la muerte por aplastamiento”.
Llegaron a esa conclusión tras leer en un informe que “las tareas de submuración llevadas a cabo en las construcciones vecinas se apartaba de las reglas del buen arte de la construcción y de las normas de seguridad”, se detalla en la causa a la que accedió este portal.
El fiscal entiende que De León es responsable de la muerte de la mujer, pero no por acción directa, sino por haber generado las condiciones que provocaron la fatalidad.
La obra fue empadronada bajo el “permiso provisorio especial 2882/10”, expedido el 25 de noviembre de 2010 para “demoler y construir”, se detalla en la causa.
El trágico episodio ocurrió pasadas las cinco de la tarde en 530 entre 6 y 7. Antonio Sosa uno de los obreros, señaló que de un momento a otro los sacudió el terrible impacto de una pared que se les fue encima. “Estábamos trabajando en ese lugar, pero no había vigas de fundación, la pared no tenía soporte“.
La conmoción y el revuelo se apoderaron del barrio. A pocos metros el arquitecto Mariano Amieva, quien ante Control Urbano, dijo ser el responsable de la obra, se agarraba el pecho: “me arruiné la vida”, repetía entre sollozos.
No obstante el fiscal Robineau seguirá ligado a la causa, ya que el Ministerio Público organizó una comisión de fiscales para el caso en el que además está Buenaventura Duarte (Nº1) y Fernández Contarde (Nº5).
La semana pasada Ferreira había planteado su primera inhibición, argumentando que tiene amistad con personas cercanas a los empresarios imputados (los hermanos Mayer, Walter Bruquetas y Elías Cohen). Pero la Cámara de Apelaciones le rechazó el planteo y le ordenó que se quede a cargo de la investigación de la tragedia.
Ahora nuevamente la Cámara de Apelaciones deberá decidir si le hacer lugar o no a la “ampliación de las causales de inhibición” de esta juez que evidentemente se quiere sacar de encima el expediente.
La causa ya pasó por las manos de cuatro juezas (Ferreira, Laura Varela, Agrasso de Caballero y Gonzalez Cabañas), y ahora comenzarán a rotar los fiscales porque la Fiscalía Nº3 no tiene titular.
En tanto el próximo viernes encabezará la investigación del caso la fiscal Graciela Fernández Contarde. Resulta que la Fiscalía de Instrucción Nº3 donde recayó la causa se encuentra sin fiscal. Hasta el momento la fiscalía era subrogada por el doctor Gustavo Robineau.
Hasta ayer los familiares de las víctimas no se habían presentado como querellantes.
