La demolición de la casa del “padre de la arquitectura moderna” de China ilustra el peligro que la rápida transformación urbana del país significa para su patrimonio histórico.
Su aprecio por los edificios antiguos de China y su devoción por la preservación de su herencia los convirtió en dos de los arquitectos mas admirados del país.
Pero ahora el hogar donde Liang Sicheng y su esposa Lin Huiyin trabajaron está reducido a escombros y ha caído presa de la urbanización que ellos ya temían que destruiría las calles antiguas de la ciudad.
La demolición ha horrorizado a los expertos. Liang es conocido como “el padre de la arquitectura china moderna”, y gran parte de sus obras más importantes –en colaboración con Lin– fueron llevadas a cabo cuando ellos vivían en una “casa con patio”, en Beizongbu Hutong, en la década de 1930.
He Shuzhong, fundador del Centro Cultural para la Preservación de Beijing, afirmó que la edificación de comienzos del siglo XX fue la intersección entre el estudio y la preservación de reliquias culturales, y que los pioneros fueron Liang Sicheng y Lin Huiyin. Además, se refirió también a los peligros causados por una urbanización rápida.
El año pasado, el más alto funcionario del departamento dedicado a la herencia cultural advirtió públicamente que la urbanización de alta velocidad había sido un desastre para la conservación. Tanto los expertos como los propagandistas están enojados porque creyeron que habían logrado rechazar la amenaza a la vivienda de Liang y Lin del 2009, cuando el gobierno provincial había aprobado su destrucción y la casa fue parcialmente demolida. Adhiriéndose a la protesta pública, la administración estatal de la herencia cultural intervino y el sitio se declaró reliquia cultural permanente, lo que significaba que para ejecutar la demolición se requería la aprobación oficial
Liang y Lin redactaron un trabajo fundamental sobre la arquitectura china, divulgaron una lista de reliquias que necesitaban protección durante el tiempo de guerra, diseñaron el emblema nacional de la República Popular de China, y trabajaron en el Monumento a los Héroes del Pueblo en la Plaza de Tiananmen.
Cuando el gobierno comunista decidió que Beijing sería la capital de la nueva república, Liang y su colega Chen Zhanxiamg le exigieron que se construyera una ciudad íntegramente nueva. Creían que esa era la mejor manera de preservar sus edificios antiguos. Pero los funcionarios rechazaron el plan y la mayor parte de la ciudad vieja desapareció para siempre. Según Wang Jun, periodista y experto en conservación, China tenía 7.000 hutongs (caminos vecinales bordeados de antiguas viviendas familiares de planta baja) en 1949 y 3.000 en los años 80. Desde fines de los años 90 fueron desapareciendo, a un ritmo de alrededor de 600 por año.
Los funcionarios de Dongcheng les dijeron a los periodistas que ellos habían ordenado a los urbanistas que reconstruyeran la casa, pero que la medida fue descartada por los partidarios y propagandistas, que la consideraron sin importancia.
“Construir una réplica sólo empeora las cosas. Sugiero que el gobierno mande erigir en el sitio original un monumento o un parque, en memoria de Liang y Lin”, declaró para el Daily China Chen Zhihua, ex alumno de la pareja. Lin falleció en 1955, después de una enfermendad. Liang fue perseguido durante la Revolución cultural, y murió en 1972.
El funcionario destacó, además, que “esto no tiene nada que ver con el derrumbe del edificio de diez pisos, aquí se intimó al propietario a que declare las construcciones que hacía y que no figuraba en los planos. Ahora revisamos el inmueble y detectamos fallas en la columna posiblemente por una sobrecarga”.
Los habitantes del inquilinato ya fueron ubicados en otros lugares mientras que los estudiantes, la mayoría colombianos, esperaban esta tarde poder retirar su equipaje para poder irse a otro alojamiento, aunque estimaban que esta noche no iban a poder encontrar ninguno.
El edificio evacuado tiene tres pisos y una planta baja donde funcionaban joyerías, mientras que en el primer nivel había un inquilinato, en el segundo el hostel “Santa Isabel” y en el tercero el hostel “Santa Teresita”.
En total, fueron 70 las personas evacuadas en forma preventiva por peligro de derrumbe al detectarse fallas en una de las columnas de la planta baja del inmueble.
El subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, contó: “(esa misma construción) había tenido problemas hace un mes. Y se había dado plazo para que hicieran reparaciones; pero esto no se cumplió y por eso hoy decidimos evacuar a la gente”.
Además, el representante del gobierno porteño adelantó que de momento el edificio “no será habitable”. Y tendrá que ser sometido “a todas las reparacioens que necesita”.
Para llevar algo de tranquilidad, las autoridades porteñas remarcaron que la evacuación se produjo de forma preventiva.
Sin embargo, el temor está potenciado por el recuerdo de lo que sucedió a principios de noviembre del año pasado, cuando un edificio de 10 pisos -ubicado a una cuadra del hostel mencionado- se derrumbó y generó escenas de pánico.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad pidió en los últimos meses al gobierno porteño que le informe sobre las habilitaciones para la construcción en dicho predio.
El dúo Gardel-Razzano, Sandro, Hermética y Patricio Rey fueron algunos de los artistas que presentaron sus espectáculos en este lugar, al tiempo que desde fines de los años ’20 hasta 1978 fue ininterrumpidamente alquilada por el Shimmy Club, una asociación de afroargentinos del tronco colonial fundada en 1882 por Alfredo Núñez para realizar sus bailes de carnaval, los cuales duraban 8 noches.
Según Misibamna, la Casa Suiza es uno de los últimos baluarte material e inmaterial de la ciudad vinculado a la cultura afroargentina del tronco colonial, grupo no sólo preexistente a la nación argentina sino presente desde la misma fundación de Buenos Aires.
Hasta el momento, nadie había hablado de la existencia de riesgo de desmoronamiento de las estructuras dañanada. Hoy, sin embargo, la Municipalidad lo hace de una forma muy clara.
Trabajos subterráneos
“Mañana ingresará al canal un equipo de técnicos para estudiar y evaluar el estado de las estructuras subterráneas. Los especialistas recorrerán el lugar y elaborarán un diagnóstico que evidencie los niveles de riesgo, en base a ello se planificarán las alternativas”, dijo el señor Galíndez.
La información oficial señala que los operarios municipales (profesionales y agentes de prevención) ingresarán al canal por el acceso de la calle Pedro Pardo. El equipo estará integrado por profesionales y agentes de prevención. Durante el recorrido se registrará en imágenes cada unos de los espacios que colapsaron el sábado pasado. “Esta verificación interna permitirá elaborar un mapa de riesgo y determinar cuáles son los pasos que habrá que cumplir para restablecer la situación”, añadió Galíndez.
Reorganización de tráfico de ómnibus y el turismo
La Municipalidad ha anunciado que esta misma tarde se publicará el mapa de reordenamiento de las paradas del transporte público. Inspectores de la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial permanecen en las inmediaciones de la estación de ómnibus para organizar la circulación de vehículos y reducir el congestionamiento del tránsito.
Por otro lado, el Secretario de Turismo, Rodolfo Antonelli, aseguró que la Municipalidad se encuentra “asistiendo e informando a todos los turistas que arriban a la ciudad”.
A la par de este “boom”, nació una asociación de Vecinos afectados por obras. Ciudadanos y ciudadanas que veían que sus casas empezaban a deteriorarse, a rajarse las paredes, a derrumbarse, entre otras innumerables serie de problemas que comenzaban a padecer por el solo hecho de tener una construcción lindera. A su vez, “el daño y destrucción de las propiedades linderas a estas grandes obras trae como consecuencia la pérdida patrimonial por desvalorización de los inmuebles afectados y no perdona tampoco los inmuebles de valor histórico, estético y tradicional” manifestaba este grupo de vecinos que se unieron con un solo fin: ver de qué manera defender su propiedad pero sobretodo, el hogar que habían construido durante años.
En sus inicios, alrededor de 60 personas comenzaron a reunirse para buscar estrategias ante una realidad inmobiliaria que se acrecentaba día a día y que no tenía ningún tipo de solución por parte del Estado municipal. “Al principio se reunía en La Comuna, en 27 de Febrero al 600 y luego empezamos a hacer las reuniones en la sala del Concejo. Luego el grupo se dividió en dos”, nos reseña Jorge Alvarez, un referente de esta Asociación que tomo como rumbo y objetivo fundamental, incidir a partir de ordenanzas, en políticas públicas para la ciudad que contemplasen las demandas y necesidades de los vecinos afectados por obras.
Los principales problemas que padecen los vecinos tienen que ver con rajaduras, derrumbes, grietas en las paredes y techos, filtraciones, falta de luz y aireación, ruidos molestos, entre otros. Pero al mismo tiempo, la agrupación también señala otros efectos que afectan notablemente el medio ambiente: “A estos problemas y al desorden urbanístico que sufre nuestra ciudad, por el crecimiento desmedido y no planificado de estas construcciones, se suman además deficiencias en los diversos servicios: energía eléctrica, disminución de presión de agua , inconvenientes en los desagües pluviales y cloacales, exceso de basura que supera la capacidad de recolección, intransitabilidad de las veredas del micro y macrocentro, todo esto por el número incontrolado de las obras en construcción.”
En el año 2006 se registraron por lo menos, 250 obras de construcción de edificios en la zona céntrica. Un año después, “los permisos de habilitación habían trepado a 1500” apunta Jorge Alvarez. “Luego se aplacó debido a los reclamos que hubo. De todos modos la gente no tiene ninguna cobertura, solo la justicia. Cuando sucede algo La Municipalidad dice que es un problema entre particulares y que su responsabilidad termina en la vía pública”.
Para Alvarez, el único camino posible para encontrar alguna respuesta es la vía judicial. “A pesar de que ellos son los que dan el permiso para construir, ellos deberían iniciar el juicio y no el ciudadano que debe hacerse cargo de todo. Eso sería el ideal, que sea La Municipalidad la que se encargue, pero prefiere seguir generando un boom, y el problema actualmente sigue sin resolverse. Son juicios largos, hay gente que hace más de tres años que están en juicio”, reclama el referente de esta Asociación.
El desamparo del vecino es evidente. Frente a ello, muchos terminan vendiendo su propiedad incluso a los mismas empresas constructoras encargados de las obras.
El momento más peligroso, nos cuenta Alvarez, es cuando la empresa constructora realiza la demolición y la excavación en la obra. “Cuando realizan la excavación es el peligro más grande que se derrumbe la casa lindera, porque la hacen mal, se meten en los cimientos de los vecinos. La pala mecánica no se puede acercar a menos de un metro de la pared del vecino.” Es aquí donde la organización exige la presencia de inspectores. Ahora bien, ¿existe voluntad política para realizar controles de este tipo?. “Hay muchos intereses en juego, hay mucho lobyy dentro del Concejo, de la Municipalidad, de empresas cuyos profesionales trabajan para el Estado también, hay obras que han tenido irregularidades y que han estado conducidas por gente que ha trabajado en la Municipalidad”, opina Alvarez.
Por otra parte, los requisitos fundamentales para que una obra sea habilitada son, “en primer lugar, contar con un permiso que debe exibirse en un cartel, además del numero del permiso, debe figurar el proyecto de lo que se va a construir y los responsables de la obra. En nuestra web tenemos una guía para que la gente conozca y sepa lo que tiene que exigir”. El reclamo para denunciar la irregularidad de una obra debe realizarse en el Distrito correspondiente, generalmente es en el centro, ante Obras Particulares. “Debe ingresar un expediente por mesa de entrada. Si bien no le va a solucionar el problema la Municipalidad, es un requisito que recomendamos porque en caso de recurrir a la justicia, el juez lo primero que pide es si se cumplió con la etapa administrativa, es decir, si se realizó el reclamo ante la Municipalidad”.
El trabajo de la organización ha sido fundamental. “Si bien el 90% está normado en las ordenanzas, esto no se cumple, no existen los controles suficientes para hacerlo cumplir y algunas cosas hacen falta modificarlas”, dice Jorge. Es decir, la lucha principal de la Asociación de Vecinos Afectados por Obras se centra en lograr legislaciones que protejan la vivienda de los vecinos, y sobretodo, en la exigencia a que esas legislaciones vigentes se cumplan. “La insistencia nuestra está por el lado de las ordenanzas. Hemos presentado más de 50 expedientes en el Concejo proponiendo modificaciones para paliar todos estos inconvenientes”.
La falta de control es uno de los principales problemas no resuelto por el Estado Municipal. “Las bandejas de protección no pueden tener menos de 2 metros 50. Y la gran mayoría tienen un metro, osea que cualquier cosa que se caiga, pasa por el costado”. “A lo que se debe apuntar es a ser más restrictivo con las penalidades. Mientras a los empresarios le salga más barato pagar una multa, van a seguir infligiendo las ordenanzas”, remarca Alvarez, sumando más preocupación a la situación de vulnerabilidad con las que se encuentran vecinos, transeútes y obreros de la construcción casi todos los días. “Lo que pedimos es que en los casos donde está en riesgo se pare la obra y se pague los días perdidos a los obreros. Y esto es lo que no se hace. La obra debería ser clausurada, no basta con pagar una multa, además las multas deberían ser acumulativas”.
Qué hacer
“Se rajó la casa de mi hijo”,” no soporté más, opté por vender y me fui a vivir lejos”, “me destruyeron el bar y también la vida”, son algunas de las frases dolorosas y cotidianas que Jorge Alvarez ha escuchado innumerable cantidad de veces, al momento de recibir algún vecino que se acercaba para ver qué podía hacer. “Es un momento de catarsis muy grande.” “Lo que hacemos es guiarlo para que den los pasos que corresponden en caso de que tengan que ir a la Justicia. Muchas veces por empezar mal, después no se llega a nada. Una de las cosas que nosotros recomendamos es cerciorarse quién es el propietario legal de la construcción. Ir al registro de la propiedad y averiguar quien figura como titular de la obra porque esa es la persona a la que le tienen que hacer todos los reclamos y los juicios y no a las empresas constructoras que muchas veces no son las dueñas”.
Además de los problemas que afectan a los vecinos en sus hogares, Jorge Alvarez ha estado investigado el impacto ambiental que provoca la falta de planificación de la construcción de obras. En el año 2006 realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se restrinjan la cantidad de edificaciones. “Eran tanto los permisos que se estaban dando que en su momento, señalé que íbamos a tener problemas en la infraestructura de cloacas, agua y luz. Actualmente, en el área central, la cantidad de edificios que se construyeron dan lugar a que vivan 100 mil personas más. Eso trae aparejado la instalación de más de 20 o 30 aparatos de aires acondicionados. Las cloacas no dan a basto. En Barrio Martin han rebalsado las cloacas. Hay mucha gente que se queja porque no tiene presión de agua. El mismo intendente en una nota por radio reconoció que la toma de agua de la ciudad tiene más de 100 años. Con esa toma, la intendencia dio permiso para construir más de 1000 edificios. Es decir, el Ejecutivo nunca hizo un planeamiento para tener una ciudad sustentable”.
Además, agrega, “la masa de hormigon existente reemplaza a la tierra. Antes habia terreno en las casas que absorvían el agua. Ahora, no hay poder de absorción, fue reemplazado por el hormigon que no se enfría como la tierra. El hormigon sigue caliente a la noche, y esto genera islas de calor, genera evaporación, genera lluvias y se vuelve un círculo vicioso. Esto debe ser tratado por arquitectos que tengan una mirada ambientalista.”
Ni la Empresa Provincial de la Energía ni Aguas Provinciales han hecho obras para mejorar la infraestructura, denuncia Alvarez. “Lo único que importo fue que se construya. Yo creo que una ciudad sustentable no es esta. Y hay otro tema, que es económico”. En este sentido, desde la organización no dudan en asociar el boom de la construcción con el boom del negocio de la soja.
En junio de este año, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo clausuró el 86% de las obras en construcción que inspeccionó. El riesgo para los vecinos y para los obreros de la construcción que exponen su vida ante la falta de elementos básicos de seguridad, es cotidiano. Son las organizaciones sociales las que, sobre esto, acercan la lupa para mirar de cerca, exigir, reclamar, denunciar e incidir con ordenanzas y legislaciones para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que le compete y de la cual parece, hace tiempo, haberse olvidado.
“El día del derrumbe, después de que me encuentran bajo los escombros, me llevan al Hospital Fernández y después me derivan al Hospital Italiano. Nunca más recibí ninguna comunicación del gobierno de la ciudad ni de nadie. No me llamaron ni para saber cómo estaba”, le dijo Galli a LA NACION.
Galli es profesor de gimnasia y, de a poco, volvió a trabajar como personal trainer. A causa del derrumbe, perdió a tres de sus amigos: Maximiliano Salgado, Guillermo Fede y Luis Lu.
Wang Lu, madre de Luis, está muy angustiada: “El gobierno no da la cara ni se ha acercado ni ha hablado por teléfono. Cuando vi el derrumbe de Bartolomé Mitre, me pareció que revivía lo que nos pasó. Sin control, sin respuesta, sin nada. No sé cómo va a seguir nuestra vida, estamos sufriendo muchísimo”.
“Lo peor es que se trata de otro hecho totalmente evitable. Pasaron 16 meses. Tienen que controlar, hacer estudios más profundos, parece que la vida de la gente del pueblo no vale nada. Mi hijo era un estudiante brillante, trabajador, muy bueno para el futuro del país. Así, diariamente nos siguen matando”, agregó.
En la causa penal por el derrumbe, la juez Fontobona de Pompo (Instrucción N° 45), en febrero de este año, procesó al ingeniero Heyaca Varela, al titular de la empresa constructora Daniel Menta y al titular de la firma dueña de la máquina retroexcavadora José Pataro. Al mismo tiempo, dictó falta de mérito para César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla, los dos operarios que manejaban la retroexcavadora al momento del desastre.
Sin embargo, en marzo pasado, la Cámara revocó los procesamientos y pidió un peritaje, en curso desde entonces.
“Lo peor es que no sabemos, ni siquiera aproximadamente, cuándo vamos a cobrar. Nos hablan del subsidio de 70.000 pesos, pero eso es para comprar lo que tendrá el nuevo departamento. Dónde voy a poner lo que compre si no tenemos dónde vivir”, se pregunta Mónica Nizzardo, que había firmado la escritura de su departamento una semana antes del derrumbe.
La caída de una medianera generó trastornos en una casa lindera en Díaz Vélez al 4900. Los habitantes de ese inmueble ya habían sufrido un robo cuando los ladrones usaron los andamios de la obra que fue denunciada por la UOCRA.
Otro derrumbe en la Ciudad se convirtió en la cereza de un postre muy amargo para una familia que, por culpa de una obra lindera, vio como su apacible vida se convirtió en una pesadilla. Se trata de la casa ubicada en la avenida Díaz Vélez 4920, frente al Parque Centenario, donde nació Dolores Pérez Dorrego, protagonista de la historia. Junto a su marido, Gustavo Molina, y su madre, se vieron en la tarea de recibir a Tiempo Argentino y a cuanto medio periodístico tocó el timbre o golpeó su puerta. La historia era la misma de todos los días; otro derrumbe con características similares al resto y que da vueltas sobre la misma causa: la falta de control por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La obra que los perjudicó es la del terreno lindero, que tiene una superficie total de 1884,61 metros cuadrados y donde funcionó durante muchos años la Obra Social del personal telefónico de la República Argentina pero que, con la privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), se convirtió en un palomar.
Ayer a las nueve de la mañana un estruendo fundamentó los temores de la familia que durante el último bimestre soportó los ruidos de la demolición, liderada por Rubén Darío Torres, con registro del gobierno porteño nº 268/08. “Es un hombre muy violento y que tuvo problemas con todo el barrio”, contó Dolores
Mónica Lizardo, una de las víctimas, señaló en declaraciones radiales que “hemos sido avisados el 22 y 23 de diciembre de que algunos de nosotros teníamos depositado la plata que corresponde a los muebles que son $70.000. Todavía no lo pudimos corroborar”. Y se preguntó “¿qué podemos hacer con la plata de los muebles, si todavía no podemos comprarlos, porque no tenemos donde ponerlos?”.
“Estamos viviendo en lugares de prestado y no tenemos una fecha fija de cuando nos va a pagar. El Gobierno de la Ciudad nos mintió, porque todavía no nos pagaron nada. Les creí porque me lo dijeron mirándome a los ojos, me enojo conmigo misma por creerles, me siento estafada”, concluyó.
Mientras tanto, las autoridades calcularon que en dos meses de obras los vecinos podrán regresar a sus casas, mientras fueron asistidos con un subsidio de 3.600 pesos por la Ciudad.
La Legislatura porteña aprobó la expropiación del inmueble y dispuso una indemnización de 1.750 dólares por metro cuadrado para los propietarios.
El pedido de informes pretende que se de detallen las fechas correspondientes en las que los damnificados cobrarán los diversos subsidios que se aprobaron el pasado 17 de noviembre, en la Legislatura porteña.
Precisa Ibarra que hasta la fecha “no sólo no se ha comenzado” a pagar la suma acordada, sino que la norma “ni siquiera se encuentra publicada en el Boletín Oficial“.
Los damnificados por el derrumbe del edificio situado en Bartolomé Mitre 1232 de esta Capital anunciaron días atrás que iban a autoconvocarse para pasar la Nochebuena en una mesa que montarán en la puerta del inmueble en ruinas.
