Avanza la investigación por el derrumbe de parte de un edificio en construcción de la calle San Martín al 600, donde el pasado 22 de marzo mu-rieron ocho trabajadores. El abogado que representa a familiares del obrero fallecido Diego Rodríguez, amplió la querella en el Juzgado de Instrucción N° 6 y formuló la imputación contra un empresario de la construcción y solicitó su inmediata detención al considerar que también tuvo participación en la obra donde ocurrió la tragedia.
En tanto también se pidió que se cite a declarar a 15 personas en calidad de testigos, de los cuales 8 son empleados y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.
En tanto la familia de William Valenzuela, otros de los 8 trabajadores muertos en el siniestro se constituyeron formalmente como querellantes con el patrocinio del abogado David Moulin. La presentación se realizó el pasado 17 de abril y hasta el momento no han podido tener acceso al expediente.
William era hermano de Nelson Valenzuela, el obrero que sobrevivió a la tragedia y se recupera en el hospital Escuela. El joven sería trasladado a un sanatorio de Buenos Aires para una segunda intervención quirúrgica de la columna, por una desviación de las vértebras.
En comunicación con El Litoral el abogado querellante Ernesto González, volvió a cuestionar la manera en que se lleva adelante la investigación.
“La semana pasada la jueza Graciela Ferreyra se tomó licencia y ninguno de los jueces subrogantes quiso hacerse cargo de la causa, por lo que todo se hace lento. Sabíamos que iba a ser un caso difícil, pero de todas maneras seguiremos trabajando”, precisó el letrado quien prefirió no dar a conocer la identidad del nuevo empresario implicado en la causa que conmocionó a Corrientes.
El fiscal Gustavo Robineau aguarda que se constituyan todos los abogados querellantes posibles para iniciar las pericias.
Su intención es darle claridad al proceso y que cada una de las partes tenga su perito, con el fin de que todos tengan sus conclusiones para avanzar en la pesquisa.
Recién cuando se terminen las diligencias, la jueza Graciela Ferreyra podrá resolver la situación legal de todos los involucrados en la causa que por el momento permanecen en libertad.
“Doy gracias que fue lunes a la mañana y las nenas estaban en la escuela”, contó en diálogo con la emisora. Detalló que habitualmente las chicas juegan en el patio donde cayeron los escombros.
La construcción en cuestión está ubicada por calle Santa Fe, en la intersección con Vera Mujica. El proyecto, bautizado “Universa I”, promete según un cartel departamentos de un dormitorio y monoambientes con cocheras. Se promociona la venta de las “últimas unidades”.
Todo ocurrió pasadas las 16 en un templo evangelista en construcción ubicado en calle Paso de Los Andes 2.176, entre calle Paraguay y Pedro Godoy. Allí dos empleados de la empresa Hormiser estaban poniendo cemento y un grupo de albañiles estaba trabajando en la obra cuando ocurrió la tragedia.
Según relató a Los Andes el jefe de Bomberos, David Spinelli, tras el aviso de la policía comenzaron a trabajar en el lugar para rescatar a los obreros que estaban bajo los escombros.
Spinelli informó que el primero de los trabajadores rescatados estaba grave y fue trasladado al hospital en forma inmediata. El resto de los obreros, que se estiman que eran entre 6 y 8, sufrieron lesiones menores y fueron sacados de los escombros por personal de rescate y derivados a distintos centros asistenciales.
El despliegue generó la interrupción temporal del tránsito en la zona y en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos del cuartel central y una de voluntarios de Godoy Cruz.
El trágico episodio ocurrió pasadas las cinco de la tarde en 530 entre 6 y 7. Antonio Sosa uno de los obreros, señaló que de un momento a otro los sacudió el terrible impacto de una pared que se les fue encima. “Estábamos trabajando en ese lugar, pero no había vigas de fundación, la pared no tenía soporte“.
La conmoción y el revuelo se apoderaron del barrio. A pocos metros el arquitecto Mariano Amieva, quien ante Control Urbano, dijo ser el responsable de la obra, se agarraba el pecho: “me arruiné la vida”, repetía entre sollozos.
No obstante el fiscal Robineau seguirá ligado a la causa, ya que el Ministerio Público organizó una comisión de fiscales para el caso en el que además está Buenaventura Duarte (Nº1) y Fernández Contarde (Nº5).
La semana pasada Ferreira había planteado su primera inhibición, argumentando que tiene amistad con personas cercanas a los empresarios imputados (los hermanos Mayer, Walter Bruquetas y Elías Cohen). Pero la Cámara de Apelaciones le rechazó el planteo y le ordenó que se quede a cargo de la investigación de la tragedia.
Ahora nuevamente la Cámara de Apelaciones deberá decidir si le hacer lugar o no a la “ampliación de las causales de inhibición” de esta juez que evidentemente se quiere sacar de encima el expediente.
La causa ya pasó por las manos de cuatro juezas (Ferreira, Laura Varela, Agrasso de Caballero y Gonzalez Cabañas), y ahora comenzarán a rotar los fiscales porque la Fiscalía Nº3 no tiene titular.
En tanto el próximo viernes encabezará la investigación del caso la fiscal Graciela Fernández Contarde. Resulta que la Fiscalía de Instrucción Nº3 donde recayó la causa se encuentra sin fiscal. Hasta el momento la fiscalía era subrogada por el doctor Gustavo Robineau.
Hasta ayer los familiares de las víctimas no se habían presentado como querellantes.
El fiscal Gustavo Robineau, a cargo de la investigación, aún no tomó declaración indagatoria a los empresarios imputados por el delito de “estrago doloso”.
El martes, la titular del Juzgado de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra, había denegado los pedidos de eximición de prisión que presentaran los defensores de William y Marcelo Mayer, así como de Walter Bruquetas y Elías Cohen.
Cohen no se presentó aún ante la justicia, como tampoco lo hizo Carlos Valenzuela, el capataz de la obra, cuya declaración es considerada “clave” para la fiscalía.
La tragedia.
El jueves de la semana pasada, en horas de mediodía, ocho obreros de la construcción murieron, cuando un sector del noveno piso en el que trabajaban se desplomó repentinamente sobre el techo de la casa lindera, en la que afortunadamente no se produjeron víctimas.
El siniestro sucedió en un edificio en construcción que se está levantando en la calle San Martín al 600, en pleno centro de esta ciudad.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Corrientes, la obra en la que se produjo el derrumbe estaba paralizada por orden comunal.
En este sentido, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Martín Barrionuevo, dijo que la comuna realizó el lunes 19 una inspección en el edificio y que dispuso “su paralización por no cumplir con lo autorizado en su habilitación”.
Al respecto, el funcionario explicó que el proyecto correspondía a la construcción de un edificio con planta baja y cinco pisos, “pero tenía ya dos pisos más de lo autorizado”, configurando una grave irregularidad.
Por su parte, el secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), seccional Corrientes, Juan de Dios Avalos, dijo que reclamaron en diversas oportunidades que se realizaran inspecciones y mejores condiciones de trabajo y se comprometió a apoyar a los familiares de los trabajadores fallecidos y acompañarlos en sus reclamos.
Los peritos especialistas del gobierno porteño aseguraron que el derrumbe en el edificio de la avenida Juan Bautista Alberdi al 700 ocurrió “por las lluvias torrenciales que originaron un desmoronamiento de la tierra” que sostenía a la medianera lindera donde había una obra en construcción, informó el gobierno de la Ciudad.
“Estamos cansados y queremos que el intendente y los empresarios se hagan responsables y que, por lo menos, ayuden a las familias que quedaron sin nada”, expresó en declaraciones a la prensa Leonardo Sosa, hermano de uno de los obreros muertos.
Mientras tanto, se aguarda que se presenten los cuatro empresarios que están prófugos desde el viernes pasado, cuando la Justicia provincial dispuso la orden de captura al imputarlos como responsables de la tragedia.
El expediente fue caratulado con la figura delictual de estrago doloso, que establece una pena que va de los 8 a los 20 años de prisión.
Según la investigación de la fiscalía, los empresarios tenían autorización para construir sólo hasta el quinto piso pero las pericias determinaron que los obreros estaban trabajando en la construcción del séptimo, es decir, llegaron a ejecutar dos pisos más de lo permitido.
Por su parte, los familiares de las víctimas también exigen que se investigue la responsabilidad de los funcionarios municipales que tendrían que haber impedido con denuncias contra la empresa la continuidad de la obra.
