Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.
Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).
Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).
“Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente”, opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.
En una reunión que mantuvieron ayer el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Roque Mascarello, el Secretario de Obras Públicas de la misma administración, Fernando Cortez Chaín y el gerente de la Terminal, Jorge Gerstenfeld, se acordó que la empresa concesionaria presentaría el tan esperado informe técnico la próxima semana. Dicho informe no solo revelará las causas del hundimiento sino también el estado actual de las estructuras del edificio, que se terminó de construir en 2007.
En un parte de prensa difundido ayer a los medios, la Municipalidad informa que Mascarello, Cortez Chaín y Gerstenfeld también hablaron sobre la situación actual de la Terminal de Ómnibus, y, en especial, del operativo de emergencia para el ingreso y salida de colectivos de media y larga distancia. Según los responsables, esta actividad no ha registrado inconvenientes mayores desde el 14 de enero.
El gerente Gerstenfeld informó que si bien ya está definido que se deberá derribar más dársenas y partes de la cobertura del canal hacia ambos costados del agujero que se produjo hace un mes, la obra aún no se ejecutó debido a la persistencia de las lluvias.
“No podemos derribar el sector del canal que está deteriorado porque corremos el riesgo de que al iniciar la obra, se acumulen escombros en el cauce del canal y que ese día llueva y esto impida que el agua circule. Si eso sucede, podríamos generar una inundación aguas arriba del canal”, indicó el representante de Terminal Salta.
El funcionario destacó, además, que “esto no tiene nada que ver con el derrumbe del edificio de diez pisos, aquí se intimó al propietario a que declare las construcciones que hacía y que no figuraba en los planos. Ahora revisamos el inmueble y detectamos fallas en la columna posiblemente por una sobrecarga”.
Los habitantes del inquilinato ya fueron ubicados en otros lugares mientras que los estudiantes, la mayoría colombianos, esperaban esta tarde poder retirar su equipaje para poder irse a otro alojamiento, aunque estimaban que esta noche no iban a poder encontrar ninguno.
El edificio evacuado tiene tres pisos y una planta baja donde funcionaban joyerías, mientras que en el primer nivel había un inquilinato, en el segundo el hostel “Santa Isabel” y en el tercero el hostel “Santa Teresita”.
En total, fueron 70 las personas evacuadas en forma preventiva por peligro de derrumbe al detectarse fallas en una de las columnas de la planta baja del inmueble.
El subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás, contó: “(esa misma construción) había tenido problemas hace un mes. Y se había dado plazo para que hicieran reparaciones; pero esto no se cumplió y por eso hoy decidimos evacuar a la gente”.
Además, el representante del gobierno porteño adelantó que de momento el edificio “no será habitable”. Y tendrá que ser sometido “a todas las reparacioens que necesita”.
Para llevar algo de tranquilidad, las autoridades porteñas remarcaron que la evacuación se produjo de forma preventiva.
Sin embargo, el temor está potenciado por el recuerdo de lo que sucedió a principios de noviembre del año pasado, cuando un edificio de 10 pisos -ubicado a una cuadra del hostel mencionado- se derrumbó y generó escenas de pánico.
En el trágico episodio, dos mujeres fallecieron al derrumbarse un entrepiso en el local bailable del barrio porteño de Palermo.
En el boliche, habilitado para fiestas privadas, actuó el grupo Ráfaga, pero el concierto había terminado y los músicos se habían retirado antes del derrumbe.
Hasta el momento, nadie había hablado de la existencia de riesgo de desmoronamiento de las estructuras dañanada. Hoy, sin embargo, la Municipalidad lo hace de una forma muy clara.
Trabajos subterráneos
“Mañana ingresará al canal un equipo de técnicos para estudiar y evaluar el estado de las estructuras subterráneas. Los especialistas recorrerán el lugar y elaborarán un diagnóstico que evidencie los niveles de riesgo, en base a ello se planificarán las alternativas”, dijo el señor Galíndez.
La información oficial señala que los operarios municipales (profesionales y agentes de prevención) ingresarán al canal por el acceso de la calle Pedro Pardo. El equipo estará integrado por profesionales y agentes de prevención. Durante el recorrido se registrará en imágenes cada unos de los espacios que colapsaron el sábado pasado. “Esta verificación interna permitirá elaborar un mapa de riesgo y determinar cuáles son los pasos que habrá que cumplir para restablecer la situación”, añadió Galíndez.
Reorganización de tráfico de ómnibus y el turismo
La Municipalidad ha anunciado que esta misma tarde se publicará el mapa de reordenamiento de las paradas del transporte público. Inspectores de la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial permanecen en las inmediaciones de la estación de ómnibus para organizar la circulación de vehículos y reducir el congestionamiento del tránsito.
Por otro lado, el Secretario de Turismo, Rodolfo Antonelli, aseguró que la Municipalidad se encuentra “asistiendo e informando a todos los turistas que arriban a la ciudad”.
El accidente ocurrió cuando los operarios realizaban tareas de refacción. Hay cuatro que quedaron internados pero están fuera de peligro.
La plataforma donde estacionan los colectivos de larga distancia de la terminal salteña cedió, y cuatro operarios de la empresa constructora que tiene a su cargo los trabajos de refacción resultaron lesionados con heridas de distinta consideración. El sector estaba vedado al tránsito de los colectivos desde hace una semana, cuando se comprobaron algunas grietas. Por esa razón no se encontraba ningún micro al momento del derrumbe, ya que de haber sido así, hubiese ocasionado una tragedia. El hecho ocurrió a las 8.40 de esta mañana.
Laterminal quedó clausurada por completo, ya que dos bases que sostienen el techo quedaron al borde del cráter y corre de riesgo de venirse abajo la estructura de chapa y acero.
Los pasajeros que tienen que viajar desde Salta hacia otras provincias o al interior salteño parten desde distintos puntos cercanos a la terminal. Esto pasa justo en época de temporada alta, donde el tránsito de pasajeros se incrementa en casi un 200 por ciento al ritmo habitual que tiene la terminal, que está ubicada a la entrada de la capital.
Los cuatro operarios de la empresa constructora que están internados con heridas de distinta consideración son: Jorge Cardozo (26); Santos Padilla (48); Néstor Neri (30) y Rubén padilla (29). Los cuatro se encontraban trabajando justo en el lugar del derrumbe, y fueron a parar al fondo del canal que pasa por debajo de la terminal, con toda suerte que no fueron aplastados por los escombros de la pesada loza.
El nuevo edificio de la terminal de ómnibus es propiedad de Marcos Levín, quien es propietario de la empresa de transporte La Veloz del Norte. Levín ganó la licitación para hacerse cargo del sitio y explotarlo comercialmente. El empresario recibió críticas de varios sectores, quienes aducen que en el contrato que firmó el edificio de la terminal y los servicios para la gente deberían ser de una calidad superior a la que tiene.
A modo de explicación preeliminar, los directivos de la empresa de Levín manifestaron que el derrumbe se originó porque un caño de agua que pasa por debajo de la terminal tenía perdidas y que el flujo del líquido socavó la tierra hasta dejar sin sustento a la plataforma de cemento.
Aseguran que desde que la empresa VG Construcciones inició las edificaciones, sus viviendas comenzaron a sufrir inconvenientes: grietas, filtraciones y roturas. La constructora dice que “eran preexistentes”.
“Los problemas empezaron ni bien derribaron la casa que estaba antes y entraron a trabajar. La casa de mi suegro está destruida”, describió la mujer. La impresión que queda al recorrer su vivienda húmeda y agrietada es que en el mediano plazo la planta alta puede correr la misma suerte.
Las paredes del departamento de Crespi están completamente cubiertas de una capa de humedad que las tiñó de gris, marrón y negro, hay ventanas que no cierran y rajaduras de diferentes tamaños cruzan todas las habitaciones en variadas direcciones.
“La empresa está al tanto del estado de mi casa y me dijeron que la iban a arreglar. Hasta ahora sólo le pusieron enduido a una pared”, lamentó la mujer y continuó enumerando daños: “Rompieron la tapa del tanque de agua, el asador, tengo filtraciones, cada vez que llueve me inundo porque el edificio desagua en mi terraza o brota agua por las paredes. Y cayó una ventana del sexto piso del edificio en mi terraza”.
Ante los reclamos de Crespi, VG Construcciones le respondió y luego fueron a la Justicia porque todas las viviendas tienen filtraciones previas al inicio de las obras.
En riesgo
El panorama se repite en dos cuadras del casco histórico de la ciudad. “Mi casa se está hundiendo”, lamentó Martín Dragotta un vecino del terreno que están acondicionando para levantar el Celestino XII, en San Jerónimo al 1137. Afirmado sobre la pared que compartirá con la construcción señaló un importante pozo que quedó bajo la medianera producto de las sucesivas excavaciones que realizó la empresa. “Tengo miedo de que si se debilita la medianera se caiga el muro del norte de la planta alta”, sospechó Dragotta pensando en el riesgo que eso significaría para su familia.
La casa de María Gabriela Vicario está en San Jerónimo 1183, comparte la pared sur con el edificio en construcción y los inconvenientes son los mismos. Además del deterioro, tiene en común con sus vecinos la respuesta que le dio la empresa sobre las causas: filtraciones preexistentes al inicio de los trabajos. Aunque la vivienda fue refaccionada hace 5 años, los azulejos del baño están despegados y hay rajaduras. Vicario también constató los daños en Edificaciones Privadas en noviembre, aunque no todos porque “cada vez que recorro la casa encuentro problemas nuevos”, dijo preocupada.
La explicación de la constructora
El abogado de VG Construcciones, Ricardo Rivera, fue el encargado de dar a conocer la explicación de la empresa sobre las denuncias de los vecinos.
Al respecto señaló que la situación de ambos edificios está judicializada. Detalló que “en el caso de la construcción ubicada a la altura del 1.100 (Celestino XII), a las medidas en la justicia las solicitamos nosotros porque los vecinos no permitieron constatar el estado de los inmuebles antes de iniciar las obras. Después de empezar la excavación encontramos filtraciones, humedades y huecos en la tierra por el refulado del sector. Las cañerías de esas casas son vítreas o de barro cocido y están destruidas”. Dijo que como “los daños son preexistentes los vecinos no permitieron la constatación del estado de las casas”.
Sobre los inmuebles vecinos afirmó que “las falencias también son preexistentes a la obra y consisten en malas distribuciones de las cargas, malos cimientos carentes de aislantes y cañerías destruidas y obsoletas”.
Finalmente, el representante legal de “Verdicchio Ghietto Construcciones” afirmó que un inspector de Edificaciones Privadas de la Municipalidad constató las filtraciones de algunos de los inmuebles linderos y “son presumiblemente causadas por una cañería rota, lo que provocó el hundimiento”.
A la par de este “boom”, nació una asociación de Vecinos afectados por obras. Ciudadanos y ciudadanas que veían que sus casas empezaban a deteriorarse, a rajarse las paredes, a derrumbarse, entre otras innumerables serie de problemas que comenzaban a padecer por el solo hecho de tener una construcción lindera. A su vez, “el daño y destrucción de las propiedades linderas a estas grandes obras trae como consecuencia la pérdida patrimonial por desvalorización de los inmuebles afectados y no perdona tampoco los inmuebles de valor histórico, estético y tradicional” manifestaba este grupo de vecinos que se unieron con un solo fin: ver de qué manera defender su propiedad pero sobretodo, el hogar que habían construido durante años.
En sus inicios, alrededor de 60 personas comenzaron a reunirse para buscar estrategias ante una realidad inmobiliaria que se acrecentaba día a día y que no tenía ningún tipo de solución por parte del Estado municipal. “Al principio se reunía en La Comuna, en 27 de Febrero al 600 y luego empezamos a hacer las reuniones en la sala del Concejo. Luego el grupo se dividió en dos”, nos reseña Jorge Alvarez, un referente de esta Asociación que tomo como rumbo y objetivo fundamental, incidir a partir de ordenanzas, en políticas públicas para la ciudad que contemplasen las demandas y necesidades de los vecinos afectados por obras.
Los principales problemas que padecen los vecinos tienen que ver con rajaduras, derrumbes, grietas en las paredes y techos, filtraciones, falta de luz y aireación, ruidos molestos, entre otros. Pero al mismo tiempo, la agrupación también señala otros efectos que afectan notablemente el medio ambiente: “A estos problemas y al desorden urbanístico que sufre nuestra ciudad, por el crecimiento desmedido y no planificado de estas construcciones, se suman además deficiencias en los diversos servicios: energía eléctrica, disminución de presión de agua , inconvenientes en los desagües pluviales y cloacales, exceso de basura que supera la capacidad de recolección, intransitabilidad de las veredas del micro y macrocentro, todo esto por el número incontrolado de las obras en construcción.”
En el año 2006 se registraron por lo menos, 250 obras de construcción de edificios en la zona céntrica. Un año después, “los permisos de habilitación habían trepado a 1500” apunta Jorge Alvarez. “Luego se aplacó debido a los reclamos que hubo. De todos modos la gente no tiene ninguna cobertura, solo la justicia. Cuando sucede algo La Municipalidad dice que es un problema entre particulares y que su responsabilidad termina en la vía pública”.
Para Alvarez, el único camino posible para encontrar alguna respuesta es la vía judicial. “A pesar de que ellos son los que dan el permiso para construir, ellos deberían iniciar el juicio y no el ciudadano que debe hacerse cargo de todo. Eso sería el ideal, que sea La Municipalidad la que se encargue, pero prefiere seguir generando un boom, y el problema actualmente sigue sin resolverse. Son juicios largos, hay gente que hace más de tres años que están en juicio”, reclama el referente de esta Asociación.
El desamparo del vecino es evidente. Frente a ello, muchos terminan vendiendo su propiedad incluso a los mismas empresas constructoras encargados de las obras.
El momento más peligroso, nos cuenta Alvarez, es cuando la empresa constructora realiza la demolición y la excavación en la obra. “Cuando realizan la excavación es el peligro más grande que se derrumbe la casa lindera, porque la hacen mal, se meten en los cimientos de los vecinos. La pala mecánica no se puede acercar a menos de un metro de la pared del vecino.” Es aquí donde la organización exige la presencia de inspectores. Ahora bien, ¿existe voluntad política para realizar controles de este tipo?. “Hay muchos intereses en juego, hay mucho lobyy dentro del Concejo, de la Municipalidad, de empresas cuyos profesionales trabajan para el Estado también, hay obras que han tenido irregularidades y que han estado conducidas por gente que ha trabajado en la Municipalidad”, opina Alvarez.
Por otra parte, los requisitos fundamentales para que una obra sea habilitada son, “en primer lugar, contar con un permiso que debe exibirse en un cartel, además del numero del permiso, debe figurar el proyecto de lo que se va a construir y los responsables de la obra. En nuestra web tenemos una guía para que la gente conozca y sepa lo que tiene que exigir”. El reclamo para denunciar la irregularidad de una obra debe realizarse en el Distrito correspondiente, generalmente es en el centro, ante Obras Particulares. “Debe ingresar un expediente por mesa de entrada. Si bien no le va a solucionar el problema la Municipalidad, es un requisito que recomendamos porque en caso de recurrir a la justicia, el juez lo primero que pide es si se cumplió con la etapa administrativa, es decir, si se realizó el reclamo ante la Municipalidad”.
El trabajo de la organización ha sido fundamental. “Si bien el 90% está normado en las ordenanzas, esto no se cumple, no existen los controles suficientes para hacerlo cumplir y algunas cosas hacen falta modificarlas”, dice Jorge. Es decir, la lucha principal de la Asociación de Vecinos Afectados por Obras se centra en lograr legislaciones que protejan la vivienda de los vecinos, y sobretodo, en la exigencia a que esas legislaciones vigentes se cumplan. “La insistencia nuestra está por el lado de las ordenanzas. Hemos presentado más de 50 expedientes en el Concejo proponiendo modificaciones para paliar todos estos inconvenientes”.
La falta de control es uno de los principales problemas no resuelto por el Estado Municipal. “Las bandejas de protección no pueden tener menos de 2 metros 50. Y la gran mayoría tienen un metro, osea que cualquier cosa que se caiga, pasa por el costado”. “A lo que se debe apuntar es a ser más restrictivo con las penalidades. Mientras a los empresarios le salga más barato pagar una multa, van a seguir infligiendo las ordenanzas”, remarca Alvarez, sumando más preocupación a la situación de vulnerabilidad con las que se encuentran vecinos, transeútes y obreros de la construcción casi todos los días. “Lo que pedimos es que en los casos donde está en riesgo se pare la obra y se pague los días perdidos a los obreros. Y esto es lo que no se hace. La obra debería ser clausurada, no basta con pagar una multa, además las multas deberían ser acumulativas”.
Qué hacer
“Se rajó la casa de mi hijo”,” no soporté más, opté por vender y me fui a vivir lejos”, “me destruyeron el bar y también la vida”, son algunas de las frases dolorosas y cotidianas que Jorge Alvarez ha escuchado innumerable cantidad de veces, al momento de recibir algún vecino que se acercaba para ver qué podía hacer. “Es un momento de catarsis muy grande.” “Lo que hacemos es guiarlo para que den los pasos que corresponden en caso de que tengan que ir a la Justicia. Muchas veces por empezar mal, después no se llega a nada. Una de las cosas que nosotros recomendamos es cerciorarse quién es el propietario legal de la construcción. Ir al registro de la propiedad y averiguar quien figura como titular de la obra porque esa es la persona a la que le tienen que hacer todos los reclamos y los juicios y no a las empresas constructoras que muchas veces no son las dueñas”.
Además de los problemas que afectan a los vecinos en sus hogares, Jorge Alvarez ha estado investigado el impacto ambiental que provoca la falta de planificación de la construcción de obras. En el año 2006 realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo para que se restrinjan la cantidad de edificaciones. “Eran tanto los permisos que se estaban dando que en su momento, señalé que íbamos a tener problemas en la infraestructura de cloacas, agua y luz. Actualmente, en el área central, la cantidad de edificios que se construyeron dan lugar a que vivan 100 mil personas más. Eso trae aparejado la instalación de más de 20 o 30 aparatos de aires acondicionados. Las cloacas no dan a basto. En Barrio Martin han rebalsado las cloacas. Hay mucha gente que se queja porque no tiene presión de agua. El mismo intendente en una nota por radio reconoció que la toma de agua de la ciudad tiene más de 100 años. Con esa toma, la intendencia dio permiso para construir más de 1000 edificios. Es decir, el Ejecutivo nunca hizo un planeamiento para tener una ciudad sustentable”.
Además, agrega, “la masa de hormigon existente reemplaza a la tierra. Antes habia terreno en las casas que absorvían el agua. Ahora, no hay poder de absorción, fue reemplazado por el hormigon que no se enfría como la tierra. El hormigon sigue caliente a la noche, y esto genera islas de calor, genera evaporación, genera lluvias y se vuelve un círculo vicioso. Esto debe ser tratado por arquitectos que tengan una mirada ambientalista.”
Ni la Empresa Provincial de la Energía ni Aguas Provinciales han hecho obras para mejorar la infraestructura, denuncia Alvarez. “Lo único que importo fue que se construya. Yo creo que una ciudad sustentable no es esta. Y hay otro tema, que es económico”. En este sentido, desde la organización no dudan en asociar el boom de la construcción con el boom del negocio de la soja.
En junio de este año, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo clausuró el 86% de las obras en construcción que inspeccionó. El riesgo para los vecinos y para los obreros de la construcción que exponen su vida ante la falta de elementos básicos de seguridad, es cotidiano. Son las organizaciones sociales las que, sobre esto, acercan la lupa para mirar de cerca, exigir, reclamar, denunciar e incidir con ordenanzas y legislaciones para que el Estado se haga cargo de una responsabilidad que le compete y de la cual parece, hace tiempo, haberse olvidado.
La caída del edificio ubicado en construcción de Carlos Pellegrini al 200 produjo en octubre la muerte de un albañil. La Justicia investiga a los funcionarios porteños por la hipotética “falta de cumplimiento” de los deberes de cuidado.
El allanamiento fue pedido por la fiscal Estela Andrades de Segura, ordenado por el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, y se concretó en el segundo piso del edificio situado en Carlos Pellegrini 211, segundo piso, de esta Capital.
La obra había sido denunciada por vecinos que alertaron sobre las perforaciones en las medianeras de sus edificios, lo que dio lugar a cinco inspecciones entre 2010 y 2011 en las que se constataron falencias en los trabajos.
Si bien la causa tiene como imputado al responsable de la construcción, Carlos Korzussenec, para la fiscal, “no puede descartarse la eventual responsabilidad de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, por la hipotética “falta de cumplimiento” de los deberes de cuidado que debían cumplir.
