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Blog de Arquitectura Legal

Blog de Arquitectura Legal y Peritajes Edilicios.

Categoria Problemas Edilicios

Proyecto de Ley de Área de Amortiguación del Casco Histórico

Se aprobó ayer, en la Legislatura Porteña, el proyecto de Ley de Área de Amortiguación del Casco Histórico. La ampliación sumará 86 manzanas protegidas por limitaciones de altura y 200 nuevos edificios catalogados.

El proyecto original incluía un total de 90 manzanas, sin embargo, cuatro de estas fueron excluidas por estar dentro del perímetro comprendido por el proyecto de extensión de Diagonal Sur. Varios legisladores hicieron la salvedad de que apoyaban el proyecto como está, pero aclarando que se oponen al proyecto de Diagonal.

Esta ampliación fue sancionada en respuesta a las denuncias de vecinos y Basta de Demoler por la cantidad de torres que se han construido en la zona. Entre ellas. La Torre Quartier San Telmo, de 29 pisos en pleno casco histórico, la Torre Raghsa (Av. Belgrano 931), y la Torre “Alto Grande Alsina” (Alsina 730) ambas de 28 pisos, según información publicada el la web.

Fuente: www.bastadedemoler.org
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A un año del derrumbe en Bartolomé Mitre: Sin culpables

El semanario del Grupo Crónica publica una investigación sobre el desplome de la mole de 10 pisos de la calle Bartolomé Mitre al 1200, en pleno microcentro. Los peritos aún no pueden trabajar por el peligro que implica, y el principal responsable todavía da clases y hace surf.

El viernes la fiscal de la causa, Bettina Vota, convocó a todas las partes al lugar de la tragedia y uno de los peritos oficiales dijo en voz alta: “Si estornudo fuerte, esto se cae”.

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Se refería al sector A de la torre, que está siendo demolida y está a punto de venirse abajo sobre el pavimento.


Con la participacion del Perito Arquitecto Teodoro Rubén Potaz de Peritajes Edilicios / Arquitectura Legal. Para ver mas videos visite nuesto canal en youtube

Hasta que no se termine la demolición los peritos se niegan a realizar su trabajo porque temen, y con razón, que la estructura se les caiga en la cabeza. La tragedia tuvo su epicentro en el cuerpo B del edificio, que daba al contrafrente y que se desmoronó el 4 de noviembre de 2012.

Uno de sus habitantes, Isidoro Madueña, fue quien perdió la vida, además el desastre dejó a 83 familias sin vivienda. Al ser consultado por la periodista Mercedes Nincy, el hijo de la víctima confesó que “si no se hizo nada desde hace un año, hay que desconfiar de la propia justicia”.

Luego de la citación llegaron al predio donde se vivió el horror hace un año el juez de Instrucción, Guillermo Ronco; la fiscal; el director de la Guardia de Auxilio, Alejandro Roldán; los peritos nombrados por la Justicia, Pedro Gandulia y José Procupes, y el profesional de parte, Marcelo Almuina. Todos ingresan con casco, excepto la fiscal Bettina Vota –muy coqueta–, que no quiere que “Democracia” la fotografíe con ese elemento en la cabeza. Luego de la inspección, se estima que se llegará a la demolición total para que los peritos puedan continuar con sus tareas recién a fin de año.

Mientras tanto, todo está como era entonces, salvo Madueña, jubilado de 74 años que estuvo seis días bajo los escombros y no contó el cuento. Además del trauma de los miembros de las 83 familias, a quienes les será muy difícil sacarse el trauma del violento temblor que vivieron aquella vez.

 

Después del derrumbe, las detenciones

Los detenidos son el dueño de las propiedades, el arquitecto y el maestro mayor de obra que estaban a cargo de los trabajos que se hacían de manera clandestina. Anoche, familiares de las víctimas protagonizaron una marcha de silencio para reclamar justicia.

A una semana del derrumbe de la losa del supermercado Cooperativa Obrera, en Neuquén, fueron detenidos el propietario de la obra, Néstor Guerrero; el arquitecto, Alberto Diez, y el maestro mayor de obra, José Alfonso Enrríquez. Los tres se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 6 a la espera de la indagatoria, a cargo del juez subrogante Mauricio Zabala, quien aceptó el pedido realizado por los fiscales Pablo Vignaroli y Sandra González Taboada. “Ellos son responsables directos porque conocían que había anomalías que podían causar un derrumbe y continuaron la obra de manera indiferente”, sostuvo el fiscal general, José Gerez. Los familiares de las víctimas realizaron anoche una marcha del silencio para pedir justicia y “cárcel a los responsables”.

El jueves 25 de octubre, cerca de las 19.45 una explosión puso en vilo a la comunidad neuquina. Segundos más tarde, donde muchos estaban de compras y otros trabajando, se desplomó sobre sus cuerpos la losa del local. Ahí, “en el acto”, indicó el peritaje realizado por los bomberos, fallecieron Fedra Yáñez, Juan y Thiago Yáñez, Lorena Ockier, Evan Aguilar, Carlos Arrigoni e Ida Martínez. Otros tantos resultaron heridos.

Para los fiscales, esos hechos encuadran en las figuras de “estrago, homicidio u homicidio con lesiones reiteradas y homicidios reiterados. El Ministerio Público Fiscal considera que es dolo eventual”, señaló Gerez en una conferencia de prensa.

Los investigadores encontraron que los tres imputados figuran como responsables de las dos obras que se estaban ejecutando de manera “clandestina”. Se trata de un edificio en el pulmón de la manzana –que desde el principio los funcionarios municipales alegaron que “no se ve”, por lo que no habrían podido realizar controles– y de los departamentos que se estaban construyendo encima del supermercado, ubicado en Ortega y Gasset y Godoy. En ese contexto, Guerrero y Diez, “sabiendo las deficiencias estructurales de la edificación, continuaron la ejecución de la obra en el piso superior”.

Silva, como capataz de la obra, prestó colaboración “indispensable” para que sucediera el derrumbe: “Puntualmente conocía y le resultó indiferente, que la elaboración tanto de las columnas como de las vigas emplazadas en la planta baja se efectuó en obra, que se encontraba al límite de sus resistencias máximas (…) y que poseía una deficiencia en el hormigón constituyente de las columnas y vigas”, detalla el pedido de detención.

Gerez apuntó que los imputados “hace por lo menos una década que trabajan en el rubro de la construcción”. Según informó el fiscal, Guerrero es propietario de tres corralones y de diversas propiedades “en toda la provincia” que alquilaría a turistas. Además, enfatizó, “es su propio proveedor de materiales”.

El pedido de detención se realizó luego de haber allanado la municipalidad local, recabado el testimonio de 28 personas y analizado decenas de expedientes. Tras el derrumbe, desde la Cooperativa responsabilizaron a un “tercero”, la obra lindera, e indicaron que “la Cooperativa es totalmente ajena” al hecho.

En la requisitoria, los fiscales precisan una lista de más de diez normas municipales que fueron incumplidas. Sin embargo, aún no verificaron si pesará algún cargo sobre algún funcionario. Gerez explicó que la investigación fue dividida en dos. “Ahora vamos a investigar las responsabilidades indirectas o secundarias, verificar si los funcionarios por su trabajo debieron observar o tener un determinado cuidado, incumpliendo por acción u omisión que hicieron posible este desenlace”.

Los familiares de las víctimas realizaron una marcha del silencio. “Nos estamos organizando para ver cómo llevar las acciones legales: si individualmente o en conjunto”, contó Naldo Aguilar, que perdió a su hermano y a su cuñada. “Según la información que tengo, no hubo ningún llamado de parte del Ejecutivo provincial ni del municipal a los familiares”, dijo Aguilera a este diario.

Fuente: Pagina 12
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Murió un obrero tras derrumbarse una casa

La víctima tenía 52 años y, junto a otro compañero que resultó herido, trabajaba en el derribo de una vivienda, que cedió. La Municipalidad había denegado el permiso, pero la empresa avanzó igual.

Un hombre que realizaba tareas de demolición en una casa de Martínez murió luego de que la misma se derrumbó. La vivienda está ubicada en Avenida del Libertador 13429. Además otro trabajador resultó herido. Los dos obreros restantes que estaban allí salieron ilesos.

Según confirmaron desde la Municipalidad, el 4 de octubre se inició un pedido de autorización para llevar a cabo una demolición parcial del lugar. El 17 de octubre la solicitud fue ampliada y pidieron autorización para la demolición total de vivienda. El 26 de octubre la Comuna denegó esa autorización, pero la empezaron a realizar igual. “Inició la obra sin la autorización municipal correspondiente“, confirmó el secretario de Gobierno de San Isidro, Ricardo Rivas. Y adelantaron que le iniciarán las acciones legales correspondientes a la empresa Obras Corrientes 1448 S.A., la que inició los trámites. La obra fue clausurada.

Aún no trascendió el nombre del obrero que falleció, que tenía 52 años. Estaba, junto a uno de sus compañero, realizando tareas en el techo de la vivienda cuando la misma cedió. Según confirmó el jefe de Bomberos de San Isidro, Alejandro Marchetti, en la casa de 1600 metros cuadrados no hay más personas atrapadas ni posibilidades de un nuevo derrumbe.

Además Marchetti comentó que la estructura de la vivienda es antigua y que ya retiraron el cuerpo del lugar. El fiscal que quedó a cargo de la investigación es Gastón Garbus.

Fuente: Clarin – San Isidro
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Más derrumbes y más reclamos de control

La Auditoría General de la Ciudad y la Liga de Consorcistas porteña exigieron al gobierno de Mauricio Macri que aplique más controles frente a los 22 desmoronamientos con 10 muertes que se registraron en los últimos meses y que se suman al derrumbe ocurrido esta madrugada en el club Albariño, de Villa Lugano, que dejó inutilizadas las instalaciones de ese predio al que asisten mil personas por semana y en el que “por casualidad no ocurrió una desgracia“, según aseguró la comisión directiva del lugar.

El derrumbe del techo del club cuyo predio había sido “tomado” en diciembre de 2010 ocurrió a las 5:40 de hoy “cuando estabamos en el club junto a otros integrantes de la comisión directiva, preparándonos para un partido que iban a disputar las delegaciones infantiles esta mañana”, según aseguró Alejandro Bianchetti, vocero de la institución.

“No ocurrió una desgracia porque sucedió temprano, porque los sábados viene muchísima gente al club al igual que los días de semana donde pasan alrededor de mil chicos y también funciona el centro cultural del barrio Copello”, añadió y reveló que “la losa del techo del club venía teniendo filtraciones y había quedado muy dañada desde el último temporal de Semana Santa. Hacíamos las reparaciones que podíamos con lo que recaudábamos”.

En tanto, la Auditoría General de la Ciudad y la Liga de Consorcistas afirmaron que “son constantes las denuncias de propietarios a los administradores por fallas en los inmuebles, pero ante la falta de inspectores y de intimaciones del gobierno porteño, muchos consorcistas se dejan estar y, además, muchos ni saben que existe una ley específica“.

Según Victoria Loisi, de la Liga del Consorcista, el gobierno de la ciudad, en virtud de la ley 257 sancionada en el año 2000, “espera sentado a que el administrador del edificio resuelva todo, en lugar de realizar controles en las fachadas o enviar intimaciones”.

El anterior derrumbe en la ciudad ocurrió el lunes pasado cuando parte de un mampostería cayó en la esquina de Corrientes y Talcahuano, sin ocasionar víctimas. El auditor General porteño, Eduardo Epzteyn, dijo a Télam que el gobierno de la ciudad “no envía las intimaciones para que se presenten los certificados, que fue lo que sucedió en el caso del joven fallecido en la zona de Tribunales cuando le cayó una marquesina en agosto pasado”.

Además, denunció que “hay cinco años de inacción de la Agencia Gubernamental de Control, motivo por el cual se caen las mamposterías, existe una falta de control en la ley 257 y una alarmante ausencia de intimaciones”.

Fuente: Pagina 12
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Derrumbe de medianera y techo

07/09/2012 Mientras se producía la lluvia en nuestra ciudad, fueron requeridos los Bomberos Voluntarios por un derrumbe de una vivienda.

Mientras se producía la lluvia en nuestra ciudad, fueron requeridos los Bomberos Voluntarios por un derrumbe de una vivienda.

Guillermo Testoni, Jefe de Bomberos Voluntarios y Director de Defensa Civil, explicó lo ocurrido en la madrugada de hoy: “… a las 3:30 de la mañana nos avisa una vecina del lugar, de la calle San Martín entre Alsina y Belgrano, el derrumbe de una losa. Cuando arribamos al lugar se trataba del laboratorio bioquímico de los doctores Tambutti-García y observamos que se había de manera completa el techo, un derrumbe con daños totales. La tarea de Bomberos Voluntarios se abocó a controlar que no haya derrame de los productos patológicos que manipulan en el lugar más los productos químicos. En este momento se están sacando todos los materiales que quedaron sanos para que puedan seguir trabajando en otro lugar. Se ha dado aviso a la Secretaría de Obras Públicas que toma conocimiento del tema y traerán a un ingeniero, Daniel Terza, para visualizar el edificio para proceder a realizar el apuntalamiento y las casas linderas. También se solicitará apoyo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tienen mayor experiencia en estos temas de derrumbes…”

Ampliando la información podemos decir que el propietario de la construcción sería Norberto Valentini,ex candidato a senador, y quien habría firmado como responsable de la obra sería el Maestro Mayor de Obras Omar Romero. Ampliaremos.

Fuente: www.arecosemanal.com.ar
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Caso Beara: sobreseyeron a exfuncionarios porteños

Una magistrada porteña exculpó a varios exmiembros del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por la muerte de dos chicas en el derrumbe que se produjo en ese boliche en 2010.

La jueza Alicia Iermini sobreseyó a todos los exfuncionarios del Gobierno porteño imputados por la muerte de dos jóvenes aplastadas por un entrepiso que se derrumbó en el boliche Beara el 10 de setiembre de 2010.

La magistrada exculpó a los dueños y administradores del local por el delito de “cohecho”, aunque los envió a juicio oral por “doble homicidio culposo y lesiones culposas”, en el siniestro donde perdieron la vida Ariana Beatriz Lizarraga, de 20 años, y Paula Leticia Provedo, de 21.

La medida beneficia, entre otros, al extitular del área de habilitaciones del ejecutivo porteño Martín Farrell, quien cesó en su cargo después de la tragedia de Beara y hoy es candidato a juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, designación que depende de la firma del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.

El fallo dice que las presuntas coimas no están registradas en los libros y, aunque aparecen anotaciones en las computadoras secuestradas durante la investigación con la palabra “cometa”, considera que no es suficiente si el indicio no está corroborado con filmaciones, testimonios, fotografías y registros bancarios y contables que lo avalen.

Iermini consideró que aún cuando se comprobaran los pagos ilegales, es “discutible” relacionarlas con las muertes. Además, estableció que en los expedientes de habilitación no hay irregularidades, por lo que para el resto de funcionarios no hay sospecha alguna sobre pagos ilegales.

Fuente: TN
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Piden investigar otros edificios de propietarios del derrumbe de San Martín al 600

Familiares de obreros fallecidos y heridos en el derrumbe del edificio de calle San Martín al 600 hace cinco meses, denunciaron que los propietarios de la construcción derrumbada, tienen otros siete edificios con más pisos de lo permitido. Harán una nueva marcha pidiendo celeridad en la investigación.

Este miércoles se cumplen cinco meses del trágico derrumbe del edificio que se construía en San Martín al 600, entre Tucumán y San Luis en la capital correntina, donde murieron ocho obreros y otros resultaron heridos con distinta gravedad.
Se prevé para este miércoles, una marcha de los familiares, exactamente a las 13 –hora en que ocurrió el trágico derrumbe-, que tendría como punto final de concentración, la esquina de Carlos Pellegrini y Salta, frente a la sede judicial que tramita las actuaciones y a metros del Superior Tribunal de Justicia.

Reclamarán la continuidad de la detención de los responsables de la empresa constructora, quienes no se presentaron a las últimas citaciones de la justicia. “El principal objetivo: mostrar a la sociedad que el reclamo de justicia sigue vigente”.

Familiares de los obreros fallecidos y heridos, en un comunicado denunciaron que la empresa involucrada “además de la impunidad judicial que gozan sus propietarios, tienen siete edificios construidos con uno y dos pisos de más a sabiendas de las autoridades de la Municipalidad”.

Recordaron que el jueves 22 de marzo pasado, a las 13, murieron Marcos Ramón González, Ramón Valentín Zacarías, Jorge Ismael Acevedo, Eduardo Luciano Acevedo, William Arnaldo Valenzuela, Diego Hernán Rodríguez, Enrique Sosa y Pablo Medina, cuando trabajaban en el séptimo piso del edificio, autorizado para no sobrepasar la altura de cinco.

Silvio Urbina, tío de Diego Rodríguez y la esposa de William Valenzuela afirmaron que “los acusados del múltiple homicidio gozan de absoluta impunidad judicial”.

Estos familiares aseveraron que “la principal responsable es la Municipalidad que sigue autorizando obras sin tener en cuenta las normas elementales’ de la construcción”, dijeron.

Según señalan, la empresa que comandan Marcelo y William Mayer junto con el ingeniero Walter Bruquetas y que tiene a Elías Cohen, como ingeniero a cargo de los cálculos de la estructura edilicia, habrían construido “no menos de siete edificios, todos con uno o dos pisos de más” y, ampliando su acusación, “con conocimiento de todas las autoridades municipales.

Consideran que esta circunstancia agravaría la situación penal de los implicados que podrían ser pasibles de una condena de entre 8 y 20 años de prisión.

Incluso dijeron que al ingresar estas pruebas a la Instrucción que lleva a cabo el fiscal Gustavo Robineau, llegaría a hacer cesar la libertad que gozan los involucrados como “supuestos autores responsables” de las ocho muertes.

Fuente: www.momarandu.com
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¿Ley 257?

Con la caída de la losa del edificio de Lavalle 1576/78 y la muerte de un peatón que se guarecía de la lluvia bajo el alero, se vuelve a poner en discusión tanto la validez de la Ley 257 como del reparto de responsabilidades del hecho. ¿Cuál es la esencia de esa ley? Que los propietarios tomen conciencia del estado del edificio y que reparen los elementos peligrosos de sus inmuebles. Y que los profesionales matriculados en sus Consejos estén habilitados a realizar Informes Técnicos y realicen la inspección seriamente, la que posee un carácter exclusivamente visual.

La ley es sana y en su mismo origen da una solución. En el artículo 10 dice: “El Poder Ejecutivo deberá adoptar a través del Banco Ciudad u otros medios a su alcance las medidas necesarias para instrumentar créditos destinados a los propietarios que deban realizar obras de conservación exigidas por la aplicación de la presente Ley”. Buscando hoy en la página web del Banco Ciudad se encuentra que, si bien existen créditos para consorcios y viviendas en general, sobre créditos para la Ley 257 parece que están bien guardados… Es más sencillo encontrar información sobre su nueva sede que sobre los créditos para el cumplimiento de la ley. Y aquí empiezan los problemas, ya que los que tienen un edificio en buen estado están bien dispuestos a presentar el informe. No todos los que deberían hacer obras lo presentan ni realizan las intervenciones necesarias para la seguridad del edificio.

La ley fue sancionada en 1999 con Enrique García Espil como secretario de Planeamiento Urbano, llegando a nuestros días casi sin modificaciones a pesar de que motivos para mejorarla siempre existieron y el caso de la semana pasada no dista de ser un buen ejemplo: el Informe Técnico fue presentado en marzo y en agosto hubo un derrumbe fatal. El consorcio aparece cumpliendo con la ley y el profesional está en la picota por no tener ojos de Superman para identificar lo que sucedía dentro del hormigón.

Pero la ley se mantiene vigente y las presentaciones van llegando a fuerza de oleadas de nuevas intimaciones. Existen barrios enteros en donde nunca llegó una sola intimación y casos en los que al presentar la primera documentación, la propiedad ya queda fichada para el club de los presentadores y la nueva intimación llega sin demoras al vencimiento de la primera.

Los propietarios de viviendas unifamiliares normalmente no están con ánimos de reiterar informes ya que lo consideran un impuesto más y muchas veces al vencer la primera ya no los presentan nuevamente. Con los consorcios la cosa es distinta y sus administradores ya tienen incorporado el concepto. Sin embargo la búsqueda de bajos honorarios profesionales hace que surjan los mayoristas del rubro y que los informes sean poco serios. Es necesaria una revisión de la ley.

Por Matías Gigli
Fuente: www.pagina12.com.ar
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Alak criticó política de espacio público en la Ciudad tras derrumbe en Tribunales

El ministro de Justicia y Derechos humanos se refirió al accidente en el que uno de sus asesores murió aplastado y dijo que “las veredas no son un shopping de marquesinas” y que se debería revisar el tema de la construcciones

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, lamentó en diálogo con Radio Mitre la muerte de Octavio Pérez Galimberti tras el derrumbe de la semana pasada de la calle Lavalle. “Era un estudioso del derecho. Era un chico brillante en lo académico y en los personal”, afirmó el funcionario, quien le rindió un homenaje.

De igual forma, y dijo que el tema de las construcciones debía ser analizado. “Las veredas no deben ser un shopping de marquesinas”, sentenció Alak, quien dijo que “el espacio aéreo también es espacio público”. Afirmó que no debería sobresalir nada en las diferentes estructuras y construcciones.

El viernes de la semana pasada un hombre perdió la vida luego de que una marquesina de un edificio del barrio de Tribunales se desplomara y lo aplastara. La víctima se estaba resguardando de la fuerte tormenta que azotó ese día a la Capital Federal.

El cartel que se desplomó pertenece a la Obra Social del Personal de Sociedades de Autores y Afines (Ospesa), estaba formado por una estructura de cemento y tenía un revestimiento de metal. La estructura ocupaba prácticamente todo el frente del edificio, es decir, un total de siete metros. Además, pesaba entre 20 y 30 toneladas.

El gobierno porteño se defendió e informó que el consorcio del edificio ubicado en Lavalle había presentado el 26 de marzo pasdo el “informe técnico y certificado de conservación de fachadas“, de acuerdo a lo que prevé la Ley 257.

Fuente: www.infobae.com
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