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Blog de Arquitectura Legal

Blog de Arquitectura Legal y Peritajes Edilicios.

Categoria Problemas Edilicios

Daños materiales tras el derrumbe de la pared de una vivienda

Afortunadamente el dueño de casa no se encontraba al momento del derrumbe.

El hecho se registró pasadas las 15:30 hs. de hoy, en una vivienda del pasaje 391, entre calle 9 y 10 del barrio John Kennedy.

Ramón Campos (51) se había retirado a realizar unas compras cerca de las 15. Al regresar, se dió con la novedad de que una de las paredes de canto se había derrumbado por completo, cayendo hacia el interior de la casa, más precisamente en donde funciona la cocina.

Afortunadamente no se registraron heridos, sólo importantes daños materiales.

Fuente: www.nuevodiarioweb.com.ar
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Rosario: Arquitecto va a juicio penal por un derrumbe

La Cámara Penal confirmó su procesamiento por estrago culposo. Es porque cedió la medianera en un edificio que construía y dañó a las viviendas linderas. El hecho ocurrió hace dos años, en febrero de 2009.

Un arquitecto deberá enfrentar un juicio por un estrago culposo ocurrido en una obra en construcción a su cargo. El profesional era el responsable del levantamiento de un edificio en calle Güemes al 2100, cuya medianera se derrumbó en febrero de 2009, luego de que se produjeran copiosas precipitaciones, y causó daños materiales a las viviendas linderas.

El pozo que se había realizado en la obra para la realización de los cimientos de la construcción se inundó y permaneció con agua aproximadamente dos días; ello sumado a una submuración deficiente desencadenó el derrumbe del muro. El arquitecto fue procesado por el Juzgado Correccional de la Primera Nominación y ahora la sala II de la Cámara Penal confirmó el fallo de la jueza de primera instancia.

Elías A. era el responsable y director técnico de un proyecto de arquitectura para la ejecución de la construcción de un edificio en calle Güemes 2152. Recién la edificación se encontraba en sus primeros pasos y en el lugar se había realizado un pozo con el fin de levantar los cimientos aunque el 4 de febrero de 2009, y luego de intensas precipitaciones que se produjeron dos días antes, el muro medianero cedió y se derrumbó sobre las propiedades linderas.

Según el peritaje realizado, el derrumbe se produjo por dos causas: por la submuración deficiente y por la presencia de agua en la obra que carecía de medios de desagote, refiere el fallo. Al revisar el procesamiento, la sala II entendió que el arquitecto actuó de modo negligente e imprudente violando los deberes de cuidado que le correspondían como director responsable de la obra.

En la causa penal, se determinó que, ante la existencia de un muro lindero de 45 centímetros de espesor, se debía construir una submuración de 30 centímetros y en la obra existía uno de 15 centímetros.

Asimismo, en la resolución se explicó que las lluvias ocurridas dos días antes generaron una acumulación de agua en el pozo de la construcción; pero ello no interfirió en el nexo causal entre la conducta del arquitecto y el resultado final. El profesional no pudo ignorar la posibilidad de anegamientos, máxime cuando la obra no contaba con medios de desagote. A su vez, los camaristas tuvieron en cuenta que el arquitecto hizo caso omiso al reclamo de vecinos y a la advertencia de la inspección que el día anterior le había ordenado la colocación de defensas en el pozo.

Los jueces Adolfo Prunotto Laborde, Juvencio Mestres y Ramón Ríos resolvieron confirmar el procesamiento dictado en primera instancia por el delito de estrago culposo, y advirtieron que las circunstancias eximentes o atenuantes planteadas por la defensa del arquitecto deberán ser materia de discusión y resolución durante el juicio y la sentencia

Fuente: Notiexpress / El Ciudadano
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Derrumbe en el barrio de Liniers

Parte de la estructura de una estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Cuzco cayó este martes a la madrugada. No hubo ningún herido.

El techo de la YPF se derrumbó durante la tormenta. El encargado del lugar explicó que “la intensa caída de agua en la autopista, más el viento cruzado hizo que se cayera parte de la estructura“.

Además, en declaraciones a la prensa, indicó que “había un operario de guardia, pero no tuvimos que lamentar víctimas ni daños. Solo que el agua se acumuló y con el viento terminó así”.

La empresa dispuso lo que corresponde, que es el desarmado de toda la estructura para retornar operable la estación“, finalizó el encargado.

Por el temporal también cayeron árboles que provocaron daños en autos estacionados.

Fuente: www.ciudad1.com
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Peligro de derrumbe: desalojaron el inmuble – Rosario

Policías y agentes municipales participaron del operativo. Una decena habitaciones estaban ocupadas por personas que amenazaron con llevar sus pertenencias a la plaza Montenegro. El municipio ofreció soluciones transitorias

Este miércoles, agentes policiales y municipales desalojaron el inmueble ubicado en San Luis 1038 donde habitaba una decena de familias que resistieron la disposición judicial. Pasadas las 8, un oficial de Justicia se presentó en el lugar, en peligro de derrumbe, escoltado por tres camiones de la central de Emergencias, agentes de la Guardia de Infantería, policías con escudos y cascos y patrulleros.

En tanto, algunas de las familias que ocupaban el lugar resistían el desalojo. Mientras que otras amenazaron con dejar todas sus pertenencias en la plaza Montenegro a modo de protesta, de acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Borderi de Radio 2.

El secretario de Gobierno del municipio Fernando Asegurado contó que “hubo ofertas desde Promoción Social para que, por un tiempo prudencial, puedan encontrar salida teniendo en cuenta que el derrumbe podría ser inminente“.

El funcionario aseguró que se encontraron con “diferentes situaciones” en el grupo que habitaba el inmueble. “Había personas solas, adultos mayores que fueron a hogares del municipio. Había familias con uno o dos chicos, otras más numerosas”, detalló.

“En una primera instancia había nueve grupos familiares, pero aprovechando la situación se sumaron otros”, criticó Asegurado.

El juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, ordenó la liberación del inmueble que el 9 de febrero pasado sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones. La precariedad del edificio motivó la decisión del magistrado.

Los habitantes del lugar, en su mayoría vendedores ambulantes, vienen resistiendo el desalojo con medidas de protesta que incluyeron el corte de la calle an Luis. A pesar de la intervención de la Municipalidad, los ocupantes se negaron a dejar el lugar y acomodarse en instituciones, al menos de manera transitoria. También se les ofrecieron subsidios para pagar pensiones.

En este marco, el Concejo municipal aprobó un proyecto por el que se solicitó la intervención del Servicio Público de la Vivienda (SPV) y la Dirección Provincial de la Vivienda y Urbanismo (DPVyU) para reubicar a las familias.

Fuente: www.rosario3.com
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Demolerían otras dos casonas históricas – Córdoba

Se trata de inmuebles con protección patrimonial baja, ubicados en el centro de la ciudad. Exigen al municipio que aplique multas.

Las demoliciones de antiguas casonas de la ciudad de Córdoba no cesan. Según alertaron el Foro en Defensa del Patrimonio Cultural de Córdoba y el vecino Román Lescano, dos inmuebles que están incluidos en el catálogo de bienes patrimoniales de la Municipalidad, situados muy cerca del Palacio 6 de Julio, empezaron a ser demolidos.

Trascendió que en el terreno liberado se construirían edificios de departamentos u oficinas.

Una de las casonas está ubicada en calle 27 de Abril 586/588, enfrente del Paseo Sobremonte. Según el catálogo municipal, se trata de una vivienda clasicista construida en 1924, de categoría patrimonial baja.

Tiene dos plantas y se encuentra entre edificios de departamentos. En ese lugar, tiempo atrás funcionó el Colegio de Abogados de Córdoba, institución que en 2009 se mudó a un edificio de calle Duarte Quirós 571.

Lescano y miembros del Foro en Defensa de la Cultura comentaron que la casona empezó a ser demolida por dentro y que días atrás se colocó un vallado con cartelería publicitaria frente a la fachada del inmueble.

“Esa acción indica que el inmueble desaparecerá”, cuestionaron. Además, dijeron que la casona atesora mármoles de Carrara y un vitraux en una ventana del primer piso que ya fue retirado.

Otra de las casas en demolición se encuentra a metros del edificio municipal, más exactamente en calle Arturo M. Bas 63, entre 27 de Abril y Deán Funes.

También figura en el listado de bienes patrimoniales de la ciudad como de categoría baja. Es una vivienda clasicista de color amarillo construida en 1930, de dos plantas. Según se conoció, las tareas de demolición se iniciaron hace días apenas. Hasta hace poco, en la planta baja de esta casona funcionó una guardería, mientras que en la planta alta había un estudio jurídico.

Exigirán multas. El Foro en Defensa del Patrimonio Cultural está elaborando un petitorio para exigir al municipio la aplicación de multas onerosas a quienes venden casas (incluidas en el catálogo) y a las empresas que construyen en el lugar libre que dejan esos inmuebles.

Por lo general, los propietarios de viejos inmuebles o sus sucesores se dejan tentar por las elevadas sumas de dinero que les ofrecen las empresas desarrollistas para que vendan.

La entidad advierte que estas demoliciones acentúan el proceso de desaparición de inmuebles históricos y valiosos desde el punto de vista arquitectónico. “Es necesario poner un límite a esta situación indignante”, plantea el Foro.

El Foro también cuestiona que no se coloquen carteles que avisen a los vecinos de las demoliciones. “Deberían instalarse 15 días antes del inicio de las obras, pero no se cumple esto; los vecinos terminan sufriendo ruidos molestos, roturas en sus propiedades y polvillo”, criticaron desde la agrupación.

Este diario consultó a la Municipalidad sobre la situación pero al cierre de esta edición no se había enviado una respuesta oficial.

Fuente: www.lavoz.com.ar
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La Pampa: Una “trampa” del Estado que le está costando caro

Cuando inspectores municipales frenaron el avance de los trabajos, increíblemente el director de Inspecciones firmó los planos como proyectista, calculista y director técnico. El ex intendente Alcala avaló todo.

Hay que remontarse a agosto de 2006 para contar la trama oculta de la maniobra “trucha” que alguien pergeñó desde el Estado para seguir adelante con la construcción del megaestadio, eludiendo el visto bueno del Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de La Pampa. Hoy, a cinco años y medio, hay que preguntarse si ese Estado cayó en su propia trampa y ahora debe asumir más responsabilidades técnicas y económicas que Inarco en la demora en la obra por la imposibilidad de colocarle el techo de 860 toneladas.

Doce días después de que el gobernador Carlos Verna le adjudicara la obra a Inarco por casi 30 millones de pesos, el 23 de agosto de 2006, un arquitecto de la empresa, Gustavo Sánchez, le envió una nota al director municipal de Planeamiento Urbano y Obras Particulares, Nelson Hernández, con dos juegos de 14 planos para “su correspondiente visación/aprobacion” y solicitó “pronto despacho” porque el inicio de los trabajos era inminente.

En ese texto de apenas cuatro párrafos, el profesional agregó un párrafo llamativo: “Dejamos aclarado que la firma correspondiente a proyecto está colocada por nuestra empresa sólo en el carácter de constructores de la obra y por solicitud expresa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, quien es el propietario del proyecto, del cual de ninguna manera Inarco S.A. es autor intelectual del mismo”.
Cinco días después, el 28 de agosto, en los folios 10 y 14 del expediente municipal (porque la misma documentación aparece en dos folios diferentes), pueden verse cuarto firmas llenando cinco casilleros en el primer plano del megaestadio, detallándose que el emprendimiento tendrá cuatro niveles, 24.302 metros cuadrados de superficie a construir y otros 76.762 libres.

El entonces director general de Obras Públicas y actual subsecretario, Julio Rojo, firmó como propietario en nombre del gobierno provincial; Sánchez lo hizo por Inarco como proyectista y constructor; el ingeniero civil de General Pico, Hugo René Ceresole, en condición de calculista; y Arnaldo Daniel Rodríguez, como director técnico. En ningún lado aparece el nombre de Adriana Kuntz Aza, la arquitecta que hace cuatro años demandó a la Provincia por considerarse autora del diseño original y que podría ganar una demanda de varios ceros. El argumento oficial es que ella había sido contratada simplemente para copiar el proyecto del estadio Boxing Club de Río Gallegos. Un jurado de idóneos ya dijo que no fue así.

¿Una nota de presión?

En noviembre de 2006, a los tres meses de que se presentara ese primer plano, y siguiendo la cronología del expediente, el director de inspecciones de la Provincia, Héctor Raúl Ameglio, le envió otra llamativa misiva a Hernández, con copia al intendente Nestor Alcala, debido a que un día antes inspectores comunales habían labrado el acta de comprobación Nº 1.555, dejando constancia que la obra del megaestadio no tenía autorización municipal.

El acta decía textualmente: “… infracción al Código de Edificación, ordenanza 1591/95 artículo 2-1-1, con construcción sin autorización municipal, se confecciona acta de paralización por construcción sin documentación autorizada (…) expediente 7213/06″.

Ese artículo está referido al “permiso o aviso de obra” e indica que debe solicitárselo al municipio cuando se construyan nuevos edificios; amplíen, refaccionen o transformen los ya construidos; efectúen demoliciones; cambien o modifiquen estructuras de techos; etc. En el último párrafo se añade otra obligación: “Todas estas tareas requieren la intervención de un profesional matriculado en el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de la Pampa“.

Ameglio pareció mostrarse molesto frente a Hernández porque sostuvo que “la administración pública ya ha confeccionado la documentación que el acta declara faltante, cual es planos y demás documentos técnicos de la obra, y también ha realizado la presentación de la misma ante el municipio a fin de que se proceda a la liquidación de derechos y se otorgue el permiso de construcción respectivo”.
Continuó: “Ello acaeció con fecha 28 de agosto del corriente año -presentación efectuada por la contratista de la obra, por cuenta y orden de esta Administración Pública-, mientras que a la fecha ese municipio no se ha expedido, motivado en que el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura no ha procedido a la visación de planos”.

“En consecuencia -concluyó Ameglio-, solicítole quiera tener a bien proceda a disponer la aprobación de planos y liquidación de los derechos de construcción, ello sin la visación por parte del Consejo atento al tiempo transcurrido desde su presentación (80 días). Tal requerimiento se fundamenta en que la documentación técnica presentada, y que se solicita aprobación, ha sido elaborada por la Administración Pública Provincial -independientemente de que su ejecución fuera por administración o por contrato con tercero-, con lo cual el trámite se encuentra exento del visado previo por parte del Consejo Profesional, tal como expresamente lo dispone el artículo 2º, in fine, de la Norma Jurídica de Facto 1.253″.
Si fue una presión o no, solamente lo sabrá Ameglio; lo cierto es que buscó que la comuna visara el plano del gimnasio -sin el okey del Consejo-, con el argumento de que había sido confeccionado por el Estado, a pesar de que estaba firmado por un arquitecto particular. O sea, a priori, buscó no sólo violar el Código de Edificación sino también la NJF 1.253 que expresa que “los organismos de la Administración Pública no darán trámite a gestión técnica alguna si los planos, proyectos, tasaciones, informes técnicos y demás documentación que se presente, no están visados por el Consejo Profesional, de lo cual dejará constancia el funcionario actuante en el mismo expediente original y en las copias que se otorguen”.

Intimación a Alcala.

En los mismos días en que esa nota ingresaba en los despachos de Alcala y Hernández, el 15 de noviembre, Kuntz Aza -cuyo proyecto no figura en el expediente municipal ni tampoco en el que se tramita en el Ministerio de Obras Públicas-, le mandó una carta documento al intendente intimándolo a que “ordene la inmediata suspensión de la obra en ejecución”. Además advirtió que podría ampliar la demanda civil a la municipalidad.

¿Cuáles fueron los argumentos de la arquitecta? Que por ser ella la proyectista del megaestadio no avalaba el inicio de los trabajos ni cualquier modificación que introdujeran la Provincia o Inarco. Y remarcó que a esa fecha no se había cumplido con el artículo 2º de la NJF 1.253; o sea con el visado del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura.

Haya sido esa presentación un alerta o no para las autoridades municipalidades y provinciales, lo real es que antes de que finalizara ese mes de noviembre, el miércoles 29, un segundo plano del megaestadio fue incorporado al expediente municipal en el folio 48 (ver aparte).
En ese plano Rojo volvió a firmar como propietario y Sánchez como constructor, pero Ameglio reemplazó con su firma las otras tres. El entonces director provincial de Inspecciones figura como proyectista, calculista y director técnico del megaestadio, cuando cualquiera que haya tenido alguna vinculación con el trámite sabe que él no proyectó, cálculo ni dirigió la obra.

No obstante, ese cambio de firmas -y acá se concretó la maniobra que alguien ideó desde el Estado- le dio pie al asesor jurídico de la Municipalidad y hoy defensor oficial del Poder Judicial, Andrés Aníbal Olié, para que apenas un día después, el 30 de noviembre, emitiera un dictamen manifestando que como la responsabilidad del proyecto había pasado de “un profesional dependiente de la firma constructora” al Estado provincial, ya no se requería el visado del Consejo Profesional porque el mismo artículo 2º que lo exige, también dice que “no se aplicará lo dispuesto en el presente artículo cuando la documentación haya sido elaborada por la Administración Pública”.

Así, el megaestadio siguió construyéndose como si nada; aunque ni siquiera esa “ayuda” oficial ni las cinco extensiones de plazo que le otorgó el gobierno, le permitieron a Inarco terminar el gimnasio. Lleva un atraso de cuatro años y medio, no recibió sanciones y, lo peor, tampoco se sabe cuándo lo concluirá.

Pero aún podría haber algo más inquietante: si el Estado, para acelerar los tiempos y llegar a inaugurarlo durante los Juegos de la Araucanía de 2007, “truchó” el procedimiento administrativo en la Municipalidad, hizo firmar al ex director de Inspecciones y dijo que la documentación técnica fue elaborada por el Ministerio de Obras Públicas, ¿de quién es la responsabilidad de los malos cálculos que obligaron en 2008 a desmontar el techo y llevar su peso de 200 a 860 toneladas? En la documentación oficial que consta en el expediente dice que el calculista fue Ameglio.

Fuente: www.laarena.com.ar
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Cada vez más vecinos inquietos por las excavaciones sin control

El desalojo de un edificio situado en la esquina de Bartolomé Mitre y Libertad, anteayer, por daños en las columnas interiores encendió la alarma: cada vez son más los vecinos que temen posibles derrumbes por obras en edificios linderos.

Como Diana Saraceni, quien no vive tranquila por la construcción de varias torres que avanza en el terreno aledaño a su casa, en Rojas 691, Caballito: desde que en julio del año pasado la pala de una excavadora tocó las bases de su PH. “Yo estaba enfrente, en mi trabajo, y me avisaron que vibraba todo. Corrí a la obra. Vinieron el ingeniero y un asistente y comprobaron que estaban clavando la pala en los cimientos de mi casa, que son de barro. Menos mal que estaba cerca y pude detenerlos, si no, se hubiera venido todo abajo”, explicó la mujer, que es empleada pública.

Luego, recordó, la obra continuó en un sector del lote -una parcela gigante con salida sobre Rojas, Mendes de Andés y Felipe Vallese- más alejado de la casa de Saraceni y, recientemente, los trabajos cesaron porque la empresa se declaró en quiebra. “Pero yo estoy siempre atenta. Ruego no tener que salir corriendo si me pegan otra sacudida. Antes de la quiebra de la constructora, me mandaron un arquitecto para relevar el estado de mis muros, por si llegaba a haber algún daño. Sufro una indefensión terrible, el Estado no escucha mis denuncias“, sintetizó.

Al igual que Saraceni, muchos ciudadanos de la Capital tienen en la mira a la actividad de la construcción como una de las que más riesgos entraña, a partir de los reiterados derrumbes registrados en edificios linderos a obras en etapa de excavación.

Un estudio del gobierno porteño sobre 40 accidentes registrados en obras parece confirmar esta percepción: reveló que el 50% de los hechos ocurrió durante la fundación de los edificios e involucró a los inmuebles adyacentes y las medianeras.

Ante el resultado del estudio oficial y la repetición de siniestros, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) decidió inspeccionar con una frecuencia más alta, cada 15 días, para las instancias de demolición, excavación y colocación de losa sobre planta baja, en las que suele trabajarse sobre las medianeras. La frecuencia irá bajando a medida que avanza la construcción.

Este nuevo esquema de inspección entró en vigor el mes pasado, al igual que la norma aprobada por la Legislatura que ordenó controles a las excavaciones y demoliciones, antes no previstos.

Como diagnóstico previo a la aplicación de la flamante ley, la AGC también realizó un censo sobre todas las excavaciones existentes entre el 1° y el 20 de diciembre. Sólo el 1,25% (5 obras) debieron ser clausuradas de inmediato por tratarse de demoliciones sin permiso (dos casos, en Palermo y Caballito), por falta de documentación o cartel de obra antirreglamentario (un caso, en Parque Chacabuco), por falta de medidas de seguridad o trabajos que no coincidían con el plano aprobado (un caso, en Almagro) y por no poseer pantallas y no acatar la orden de paralización (un caso, en Liniers).

Las obras controladas tenían domicilio en Caballito (30% de los casos), Palermo (25%), Villa Urquiza (18%), Belgrano (15%), Villa del Parque (8%) y otros barrios (4%).

“Un 1,5% de clausuras sobre el total es una enormidad desde la responsabilidad y ética profesional. Las faltas que se cometían en 113 obras son menores sólo comparadas con derrumbes y muertes. Si falta de cartel de obra, por ejemplo, el público desconoce quién es el responsable y si lo proyectado cumple con la normativa vigente”, opinó el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino de Caballito e integrante de la asociación SOS Caballito.

Por Angeles Castro
Fuente: La Nacion
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Ordenan el desalojo de la pensión de San Luis 1038 ante un posible derrumbe – Rosario

Así se ordenó esta mañana desde el juzgado de Circuito Nº 2, a cargo de Carlos Arichuluaga. En ese lugar, el jueves pasado se produjo el desprendimiento de uno de los balcones. La resolución judicial busca preservar la vida de las familias que actualmente viven en ese lugar.

De acuerdo a un avance del programa La que se viene de La Ocho, el magistrado lleva adelante un expediente en el que constan los serios problemas edilicios en el lugar y las audiencias de conciliación en las que se les informó a las personas que viven allí que corrían peligro sus vidas ante un inminente derrumbe.

Fuente:  www.lacapital.com.ar
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La obra que ocasionó el derrumbe en Villa María

El municipio sostuvo en un comunicado que lo ocurrido en la calle José Ingenieros al 700 se debió a un “vicio de obra

“La Municipalidad de Villa María informa, en relación al derrumbe en el inmueble ubicado en calle José Ingenieros 766, que la Dirección de Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Economía y Administración constató que el mismo cuenta con la correspondiente habilitación previa para desarrollar la obra en construcción privada que se encuentra en ejecución”. Ese es el primer párrafo de una nota oficial que expresa la visión del municipio sobre lo acontecido el jueves en ese punto de barrio Almirante Brown.
Desde la dependencia a cargo del arquitecto Trífolo Flores, se dio a conocer además que “oportunamente se hizo la debida constatación del permiso de obra”.
Y se agregó que “ tras el derrumbe, personal municipal labró un acta constatando que se trató de un ‘vicio de obra’ que provocó el desplazamiento del muro de mampostería y posterior caída de la medianera de la vivienda colindante, quedando parte de la loza al descubierto, y se instó al responsable a adoptar las correspondientes medidas de seguridad para evitar nuevos derrumbes”.
La Dirección de Obras Privadas de la comuna señaló que “dentro del mismo procedimiento, se tomó contacto con el ingeniero responsable de la obra, Eliseo Pozzerle, quien presentó el correspondiente informe técnico de los daños provocados”.

Deben acordar una solución por los daños

“El municipio comprobó que en el lugar se habían realizado las tareas de apuntalado, calzado y encadenamiento de la obra. Y ahora el responsable de la obra deberá acordar con el propietario del inmueble colindante la solución de los problemas y daños ocasionados”, agregó la nota oficial.
Como se informó en nuestra edición de ayer, la casa lindante es habitada desde hace cinco años por Alexis Quiñones, remisero de profesión, junto a su esposa Alejandra Jaimes y sus tres hijos, de 12, 10 y 5 años.
Hace alrededor de tres meses una constructora compró la casa de al lado con la intención de construir departamentos y una semana después comenzó la demolición, y con ella, los problemas para la familia Quiñones-Jaimes.
“Comenzaron a demoler muy rápido y sin tener mayores cuidados, y para colmo sin decirnos nada”, relataba Jaimes al cronista de EL DIARIO, para agregar que ya en aquel momento “comenzaron a asomar levemente síntomas de que la cosa no estaba bien”.
“Se lo advertimos al encargado de la obra y siguieron trabajando con un poco más de cuidado”, añadía la joven mujer.
“Pero el daño ya estaba hecho”, graficaba su marido.

Fuente: www.eldiariocba.com.ar
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Rosario: Se vino abajo el balcón de una pensión en pleno microcentro

Como la crónica de un episodio anunciado. Un antiguo balcón de una pensión clausurada (San Luis 1038) se derrumbó ayer y pudo haber causado una tragedia. Porque si bien el edificio está vallado desde el 26 de enero pasado, en el lugar viven unas 15 familias que jamás desalojaron el inmueble.

Se trata de una antigua casona marcada por el deterioro del paso del tiempo y la absoluta falta de mantenimiento. Sus habitantes permanecen en el lugar porque no tienen otro espacio donde ubicarse. Varios informes venían certificando el riesgo de la edificación, e incluso se había especulado con la caída.

Cayó el balcón del medio“, relataron los habitantes de la pensión. Y no se equivocaron. Cerca de las 10.30, un estruendo estremeció tanto a los caminantes (afortunadamente empalizada de por medio) como a los que trabajan en los alrededores. Según los moradores del lugar, hace pocos días “quitaron una viga que sostenía el balcón al retirar también carteles publicitarios de los locales comerciales linderos a la entrada a la pensión, que pertenecen al mismo inmueble“. Los escombros invadieron inmediatamente el sector y en el piso superior sólo quedaron las barandas.

La pensión de dos plantas carga en su haber con un sinnúmero de irregularidades. No sólo está clausurada (aunque a esta determinación se llegó con sus moradores aún habitándola) sino que pesa sobre ella un juicio de desalojo y sigue corriendo riesgo de derrumbe, tanto interno como externo. “Fijate cómo tuvimos que levantar algunas paredes para sostener el techo o evitar más grietas“, mostró a La Capital Ricardo Rodríguez. El hombre dio cuenta, además, de que duerme en cuarto donde abunda la humedad.

Las familias venían pagando hasta noviembre del año pasado entre 600 y 800 pesos de alquiler mensuales para vivir en el hacinamiento y la suciedad.

Entre las grietas, fisuras, caños rotos u oxidados y olor a humedad viven chicos, adultos y ancianos. “Somos, en su mayoría, trabajadores ambulantes. Hasta 2010 el dueño era el abogado Armando Alvarez Portacarrero, quien venía a cobrarnos todos los meses”, dijeron, para agregar luego: “En diciembre dejó de pasar a buscar el pago del alquiler y no entendíamos nada. Después, nos quedamos sin luz ni agua y, finalmente, llegó una denuncia de usurpación”.

Es que el edificio había sido vendido y el nuevo propietario les exigió abandonarlo.

Los habitantes de la casona están aguardando una decisión judicial ya que interpusieron un recurso de amparo”.

Paralelamente, el concejal, Alberto Cortés (Proyecto Sur-PSA) viene gestionado soluciones habitacionales, tanto en el orden provincial como municipal (ver aparte).

El inmueble contó en 1997 con la última habilitación como bazar.

En 2000 se tramitó un permiso para que funcionara como hospedaje, pero nunca fue otorgado.

Esta situación de precariedad de los que habitan este tipo de casas de alquiler se repite en toda la ciudad y refleja las dificultades que atraviesan los ciudadanos que no encuentran otra alternativa a la hora de buscar dónde vivir.

Fuente:  www.lacapital.com.ar
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