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Derrumbe de un edificio en el centro porteño – Otro Tema por TN

Programa de TN Otro Tema con Santo Biasatti: ¿Por qué siguen ocurriendo derrumbes en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué ocurrió en Bartolomé Mitre al 1200?
En nuestros estudios, el Perito Arquitecto de Teodoro Rubén Potaz de Peritajes Edilicios / Arquitectura Legal nos cuentan su analisis.

Para ver mas videos visite nuesto canal en youtube.

Para ver el programa completo en TN: Bloque 1, Bloque 2Bloque 3

Los vecinos del derrumbe van a reclamar hasta US$ 10 millones

La cifra incluye a los propietarios,  las posibles demandas de los inquilinos, los damnificados del barrio y la indemnización por el hombre que falleció en el lugar.

Los abogados de los damnificados por el derrumbe de la calle Mitre anticipan una demanda millonaria que incluirá a todos los responsables de la obra lindera y al Gobierno porteño. Si se tienen en cuenta sólo las pérdidas sufridas por los propietarios de los treinta departamentos afectados, los letrados estiman una demanda de hasta US$ 6 millones. Pero si se consideran también las pérdidas de los locales comerciales de las manzanas afectadas y los otros inmuebles perjudicados, la cifra podría ascender a los US$ 10 millones.

Desde el punto de vista penal, las responsabilidades incluirían al arquitecto de la obra, Ezequiel Mariano Rivarola; a la responsable de la constructora, Susana Verónica Lauría y a los directivos de las empresas involucradas (Le Marche SRL y Taclet SA), y podrían escalar hasta los funcionarios encargados de los controles. Si las pericias revelan que hubo negligencia, el delito sería “estrago doloso”, agravado por haber causado la muerte de Isidoro Madueña –el anciano de 74 años que fue encontrado el jueves pasado entre los escombros–, con penas que podrían llegar a los 25 años de prisión.

Los abogados pedirán un resarcimiento estimado de US$ 200 mil en promedio por cada departamento derrumbado que incluye su valor de mercado, el costo aproximado de todo su equipamiento, una indemnización por daños psicológicos y lucro cesante, y honorarios. Mónica Nizzardo, por ejemplo, había comprado el 9º B hace menos de un mes por U$S 68 mil. “En el caso de las unidades que dan al frente y son más grandes, el precio puede ascender a los U$S 100 mil”, explica Mariano Bergés, abogado de Nizzardo y otros cinco damnificados. El cálculo de bienes dentro de cada inmueble podría oscilar entre $ 130 mil y $ 150 mil, pero hay que tener en cuenta que el primer cuerpo se mantuvo en pie, por lo que sus habitantes pudieron recuperar sus pertenencias, que no fueron consideradas en la suma final.

El edificio de Libertad 70 recibió parte del impacto de la caída de los escombros. Sufrió importantes roturas y fue  apuntalado. “No es claro que pueda seguir en pie y si se demuele, habría que agregarlo al costo de la demanda”, alerta Javier Miglino, otro abogado de las víctimas. Más conservador, Bergés considera que el inmueble podrá volver a ser habitado, pero luego de los arreglos que llevarían cerca de un año.

El Banco Ciudad terminó de tasar el costo de cada unidad que se desplomó, información que será utilizada por los abogados del Gobierno para avanzar con la querella por el resarcimiento económico que presentarán en la Justicia contra los responsables de la construcción, los dueños del terreno y los proyectistas.

El dato no es menor porque en el caso de que la empresa se declare insolvente, sólo el precio del lote se estima en unos U$S 2 millones. Hacia allí se podría apuntar la demanda.

El próximo jueves se trarán en la Legislatura porteña tres proyectos para evaluar cómo se indemnizará a los damnificados. Posiblemente, se acuerde una ley única que buscará realizar una “expropiación de derechos” a litigar, además del pago de $ 50 mil en subsidios a las familias, sean propietarios o inquilinos. Los abogados de Macri quieren que la Ciudad absorba el derecho de litigio contra los responsables de la obra de construcción en nombre de los vecinos, y antes de que avance el proceso judicial que podría durar años, se indemnice a los propietarios con una suma equivalente al valor de la propiedad. En este escenario, los perjudicados deberán iniciar sus propias demandas por los demás daños personales y morales: lucro cesante, daño psicológico, etc.

Además, el Gobierno terminará esta semana de avanzar con los pedidos en la Justicia para el embargo preventivo y la inhibición general de bienes  de los responsables de la obra que habría desencadenado la tragedia.

Doble alerta en San Telmo

El fantasma del derrumbe volvió a aparecer, esta vez en San Telmo: en la tarde de ayer, en un bar en Bethlem al 400, se vino abajo parte del techo sobre un entrepiso y causó un herido. Los bomberos asistieron a los clientes y trabajaron para evitar desmoronamientos.

Horas antes, una casa en el mismo barrio sufrió una grieta en su medianera luego de que una excavadora de una obra lindera afectara sus cimientos. La tragedia fue evitada porque un vecino alertó al Gobierno, que apuntaló el edificio y frenó la construcción.

Según fuentes oficiales, la casa no presentaba ningún riesgo, por lo que sus habitantes no fueron evacuados. Luego de frenar la obra ubicada en la Avenida Juan de Garay 263, el director de la Agencia gubernamental de Control, Javier Ibáñez, explicó que la excavadora utilizada era inadecuada para el trabajo. “Es una máquina enorme para ese terreno, no tenía radio de giro, estaba removiendo todo, y golpeó la medianera, lo que provocó una rajadura importante”, sostuvo. “Por suerte no hubo derrumbe, pero podría haber sucedido”, agregó.

Por otro lado, el funcionario apuntó contra el arquitecto responsable por no estar presente para dirigir la obra al maquinista, que  se encontraba sólo en el lugar. El hombre manifestó que fue llevado al terreno para realizar un pozo de cinco metros. “El responsable de la obra deberá ahora rellenar el terreno y después deberá acercarse al Gobierno para que sea sancionado, tanto en su registro como las multas que le corresponden”, informó Ibáñez.

Por Gustavo Ajzenman / Claudio Corsalini
Fuente: Diario Perfil
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El nuevo miedo de los porteños: Los derrumbes

Vecinos en alerta – Derrumbes el nuevo miedo en Capital.

Después del derrumbe, el miedoTras el desmoronamiento del edificio de Bartolomé Mitre 1232, hace nueve días, se sextuplicaron las denuncias de vecinos al teléfono 103, del Servicio de Emergencias.

El promedio de alertas por “posible riesgo de derrumbe” de un edificio debido a los trabajos en una obra en construcción lindera trepó en la última semana de 8 llamadas diarias a 51. “Es una situación bastante común después de un trágico suceso como el derrumbe del edificio en el barrio de San Nicolás. La población está en estado de alerta y es natural. Sin embargo, la inmensa mayoría de esas llamadas fueron falsas alarmas”, dijo a LA NACION Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias porteño.

El martes pasado, un jardín de infantes estatal, situado en Boedo 650, fue evacuado por una fisura en una pared del primer piso. La medida se tomó por precaución. “No pasó nada. Ahora todo es un posible derrumbe”, dijo el encargado de la obra que provocó la fisura.

Rosa Ferrari, encargada del turno tarde de de Emergencias de la ciudad concurrieron al lugar por una llamada de un vecino. “Nosotros no sentimos nada. Aparentemente, un hombre que pasaba vio cómo se producía una rajadura en la pared y llamó a Emergencias. Por precaución, se evacuó el lugar después de las 14. Había más de 100 chicos y todo se hizo en calma”, dijo la docente.

Ayer, sin embargo, una denuncia vecinal sobre riesgos en una construcción derivó en la suspensión de la obra que se realiza en Juan de Garay 263, en San Telmo, pues por el trabajo de una excavadora resultaron afectadas las paredes medianeras de dos viviendas (ver aparte)

El Sistema de Emergencia, conformado por la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y la Dirección General de Logística, trabaja con una atención telefónica rápida, según pudo comprobar LA NACION, y es coordinado por el Centro Unico de Coordinación y Control (CUCC), situado en Jorge Newbery 4218, en Chacarita.

Allí se montó una plataforma tecnológica para coordinar situaciones de emergencias o de catástrofes. El número 103 posee un sistema informático que fue desarrollado para referenciar de modo geográfico al damnificado y a los móviles más cercanos al lugar. En caso de una emergencia se concurre a la zona. Se basa en un sistema de radiocomunicaciones denominado Tetra, con una central digitalizada que funciona en una frecuencia que supera las bandas ciudadanas.

“A todas las denuncias que surgieron después del derrumbe les dimos respuesta”, dijo Nicolás.

Por caso, se atendió la alerta vecinal sobre un edificio de Juramento 5042, en Villa Urquiza. El móvil de emergencia concurrió por una presunta fisura en el piso 10° cuando, en realidad, el edificio tenía sólo nueve pisos. “Funcionarios de emergencias recorrieron todas las unidades y, también, la obra lindera, pero no había nada. Y la denuncia fue desestimada. Un vecino llamó preocupado porque sintió ruidos extraños, pero no pasó nada”, contó Miguel, encargado de ese edificio.

En el CUCC también funciona una sala de crisis y un centro de operaciones con un salón para 45 operadores de atención telefónica, cuyos servicios tecnológicos fueron preparados para operar de forma continua las 24 horas, todo el año.

“Nos preocupan los ruidos y los golpes en la pared que sentimos habitualmente. Siempre estamos atentos a que no haya fisuras. De todas maneras, tomamos los recaudos y los arquitectos de la obra lindera sacaron fotografías de la casa para evitar idas y venidas ante una situación complicada. Siempre que tenemos dudas, llamamos directamente al jefe de la obra”, contó María Ester Mangiafico, que vive en un departamento en Quesada al 1500, en Núñez.

Sólo el lunes posterior al derrumbe de Bartolomé Mitre 1232, el Servicio de Emergencias recibió 84 denuncias por posibles derrumbes, lo que significó diez veces más llamados que el promedio habitual.

Entre la Guardia de Auxilio, Defensa Civil y la Dirección General de Logísta, hay 850 personas en servicio, de las cuales el 75 por ciento está operativa para salir a cubrir una emergencia en la calle. Cuentan con 100 móviles -poseen grúas, camiones y palas- y puestos de salud listos para ser montados en sitios críticos con 16 camas, equipos de oxígeno y una unidad de cuidados intensivos. La Subsecretaría de Emergencia posee un presupuesto de un millón de pesos por mes para insumos.

“Damos respuesta a todos los llamados. Ahora, por el grado de alarma que hay en la población, tal vez demoramos un poco más en llegar. Pero todo se evalúa de acuerdo a riesgo y prioridades. Ya pasamos por una situación similar: cuando se derrumbó el gimnasio de Villa Urquiza hubo una catarata de denuncias. Con el paso de los días, todo se normalizó”, dijo Nicolás.

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE EMERGENCIA

Localización. El operador de turno pide al vecino toda la información necesaria para localizar, con la mayor precisión posible, dónde y cómo se produce el incidente denunciado.

Priorización y propuesta. Cada tipo de incidente es evaluado y el centro de operaciones lo califica con la prioridad debida. De esta manera, si hay varios incidentes a la vez, todos deberán llevar un orden de asistencia. El operador de turno irá formulando una serie de preguntas para complementar la información anterior, siempre en el menor tiempo posible. Procesada esa denuncia por el sistema informático, éste recomendará derivar el caso a los organismos que deban participar en su resolución.

Despacho a los servicios de emergencia. De inmediato, el operador de turno envía las solicitudes de intervención a los organismos de emergencias pertinentes, que partirán hacia el lugar del incidente.

Seguimiento y cierre del incidente. Cada incidente atendido por el servicio 103 de emergencias es sometido a un seguimiento, de modo de que mientras alguno de los servicios de respuesta continúa la atención directa, el caso siempre seguirá “abierto”. Cuando todos los efectivos movilizados a la zona del incidente dan por terminada su actuación, comunican esta situación al centro de operaciones y el incidente se “cierra”, dándose por finalizado. La información recogida en el sistema es totalmente confidencial.

Por Pablo Tomino
Fuente:
La Nacion
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Derrumbe en un edificio en el Centro Porteño – FM 92.3 con Fernando Menendez

“NUNCA ES TARDE”
Lunes a viernes 18 a 20 por la 92.3 FM
Con Fernando Menéndez

Audio del programa “NUNCA ES TARDE”, Lunes a viernes 18 a 20 por la 92.3 FM con Fernando Menéndez a poco de producirse el derrumbe, con la participacion de TEODORO RUBEN POTAZ, titular de Peritajes Edilicios.
Para ver escuchar mas audios visite nuesto canal en youtube.

Clip de audio: Es necesario tener Adobe Flash Player (versión 9 o superior) para reproducir este clip de audio. Descargue la versión más reciente aquí. También necesita tener activado Javascript en su navegador.

Por una denuncia, suspenden una obra en construcción

Se estaban haciendo trabajos de excavación en el barrio de San Telmo; un vecino se quejó porque las tareas afectaron su vivienda.

Autoridades del gobierno porteño suspendieron hoy los trabajos de excavación de una obra en construcción, en el barrio porteño de San Telmo, luego de que un vecino denunció que había afectado su medianera.

La medida fue adoptada en la obra, ubicada en Juan de Garay 263, y cuyo proyecto y dirección está a cargo de Sergio Gorelik, luego de que un vecino denunció que los trabajos que se realizaban habían afectado su vivienda.

En esa obra, una retroexcavadora “golpeó una medianera y causó rajaduras, dejó las bases perforadas y peladas las medianeras vecinas”, informó el director de la Agencia de Control Gubernamental, Javier Ibañez.

“Frenamos la obra porque no estaba el responsable para dirigir la operación”, dijo Ibáñez ante el periodismo y explicó que la máquina de gran tamaño estaba removiendo tierra.

UN TEMA SUSCEPTIBLE

Esta medida fue adoptada ocho días después de que un edificio ubicado en Mitre 1232, y lindante a una obra en construcción se derrumbó y mató a un hombre y afectó a varios edificios vecinos.

Por este derrumbe, Ibánez debió dar explicaciones el jueves, en la Legislatura porteña, donde los diputados concluyeron que el gobierno porteño “desoyó” un acta elaborada por sus inspectores que advertía sobre la necesidad de controlar la obra lindera al edificio derrumbado.

El funcionario señaló que el maquinista de la obra intervenida en San Telmo le informó que debía excavar 5 metros y retirarse al mediodía y en ese sentido, Ibañez explicó que “el profesional debe estar presente durante la excavación y el llenado de la losa”.

Luego de que se detuvo la operación, “se apuntaló a ambos lados, hacia la casa del vecino y de la obra e intimamos al profesional para que llene los pozos y subsane los riesgos”, dijo Ibañez.

Asimismo, informó que el profesional “se tendrá que acercarse al gobierno porteño para responder a las sanciones que le competen”..

Fuente: La Nacion
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Cruces por un informe que advertía riesgos en la obra

11/11/11 –  Para el Gobierno es una notificación usual. Diputados opositores la cuestionaron.

“Dos edificios linderos de importante altura y de antigua data; se realizarán tres subsuelos. Importante verificar submuración” . Esta anotación, que advertía sobre el riesgo que representaba la obra de la calle Bartolomé Mitre para los edificios de al lado, figura en un acta de la inspección realizada el 26 de septiembre, más de un mes antes del derrumbe que se produjo el viernes pasado. La fotocopia del acta fue presentada ayer en la Legislatura por el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, junto a las certificaciones de otras seis inspecciones realizadas en la obra que generó la catástrofe.

A seis días de la caída, y en la misma jornada en que apareció el cuerpo de la persona que estaba desaparecida bajo los escombros, Ibáñez fue a la comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura y se defendió justamente con el argumento de que hubo siete inspecciones en la obra cuestionada. Sin embargo, cuando el diputado Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) vio y le marcó esta advertencia que había hecho uno de los inspectores, Ibáñez afirmó que la inspección de la excavación estaba, por tiempos de la obra programada para el 20 de noviembre , 16 días después del derrumbe.

”Todos los inspectores escriben observaciones.No se estaba diciendo que se iba a caer el edificio . Es un aviso hacia el segundo inspector”

Relativizó Ibáñez, quien reconoció que la submuración (técnica de seguridad necesaria para construir un edificio con subsuelo entre medianeras) no fue verificada durante las inspecciones posteriores, pero que si el peligro hubiese sido manifiesto el inspector habría clausurado . Los planos de la submuración, según la misma acta, habían sido presentados por los responsables de la obra. La última de las visitas de los inspectores, según la documentación presentada, fue el 31 de octubre, sólo cinco días antes del accidente.

Según Ibáñez, sin embargo, aunque las inspecciones se hubieran hecho como correspondía y “hubiera estado el mejor arquitecto”, no se puede garantizar que no se hubiera producido un hecho como el que pasó. “Habría que ver lo que se hizo en los minutos anteriores al derrumbe. El Estado cumplió con la responsabilidad que le compete de verificar que hubiera un profesional idóneo y que la obra estuviera registrada”.

Después de la reunión de más de cuatro horas, Ibáñez dijo a los periodistas: “Un derrumbe de este tipo no se produce por un solo motivo. Hay una suma de cuestiones, que incluyen la antigüedad del edificio y seguramente también alguna irregularidad en los trabajos que se realizaron en la obra. Eso lo determinarán las pericias”.

La reunión terminó con una pelea a trompadas entre un colaborador de Ibáñez y un vecino que suele concurrir a la Legislatura. Y en la oposición se fueron con críticas. “El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más”, dijo Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica).

Por Daniel GutmanNota Clarin

Habían alertado de riesgos en la obra

Derrumbe en el centro / Hallaron un muerto entre las ruinas del inmueble de Mitre 1232

Cuarenta días antes del derrumbe que causó un muerto en el edificio de Bartolomé Mitre 1232, un inspector del gobierno porteño había advertido que la obra aledaña al inmueble que se desplomó entrañaba riesgos para las dos propiedades linderas, por la antigüedad de las mismas.

Así se conoció ayer, durante la extensa presentación en la Legislatura de Javier Ibáñez, el director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que, entre otras funciones, vigila el desarrollo de las obras en construcción en la Capital.

Según surge del acta de inspección, fechada el 26 de septiembre último, la obra de excavación todavía no había comenzado en el terreno de Mitre 1220/1228 cuando ese día la visitó un verificador de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (Dgfyco).

Primero, el inspector dejó constancia de que los trabajos tenían todos los planos de estructura y submuración debidamente registrados y de que la seguridad “propia y hacia (bienes) linderos” no se veía afectada al momento del control.

No obstante, en el segmento destinado a observaciones, el inspector Ricardo Waisblat escribió: “Los edificios linderos (son) de importante altura y de antigua data. Se realizarán tres subsuelos. Importante verificar la submuración”, y también detalló que la excavación empezaría dos días después.

Como se recordará, el segundo cuerpo del edificio de Mitre 1232, en el centro porteño, se derrumbó en la noche del viernes de la semana última, luego de que, presuntamente, la excavación en el predio aledaño socavara los cimientos y provocara rajaduras en la estructura. Pese a que, en un principio, se informó que el inmueble había llegado a ser desalojado por completo antes del siniestro, ayer se confirmó el hallazgo entre las ruinas del cuerpo de Isidoro Madueña, un hombre con hipoacusia que vivía en el tercer piso y no habría escuchado las indicaciones para abandonar el inmueble.

Si bien ayer desde la oposición legislativa opinaron que la advertencia volcada en el acta de inspección y el posterior siniestro demostraban la negligencia del Poder Ejecutivo porteño en materia de inspecciones, ya que no había efectuado los controles necesarios para evitar el derrumbe pese al riesgo existente, Ibáñez desestimó las acusaciones.

Según explicó a LA NACION, luego del 26 de septiembre, el gobierno porteño -no la AGC, sino la Dirección General del Trabajo- volvió a la obra en cuatro oportunidades (13, 14, 19 y 21 de octubre) y descubrió que, pese a que la fecha de la excavación estaba prevista para el 28 de septiembre, no había comenzado. Sólo en una quinta inspección, el 31 de octubre, se descubrió actividad.

“La normativa vigente ordena realizar una siguiente inspección cuando la excavación supera los 4 metros de profundidad. Se calcula que esa instancia llega a los 20 días, debíamos volver el 20 de noviembre. El derrumbe ocurrió a los cuatro días”, explicó el funcionario a LA NACION luego de exponer siete horas ante los legisladores de la Comisión de Desarrollo Económico.

Diputados opositores insistieron en que, si el gobierno de Mauricio Macri hubiera reglamentado una ley aprobada el año pasado, la N° 3562, que incorpora dos inspecciones en la etapa de excavación, la tragedia de Mitre 1232 podría haberse evitado. Además, lo acusaron de haber desoído una “alerta clave”.

“El gobierno de la ciudad hizo oídos sordos a una inspección que alertaba sobre la posibilidad del derrumbe. No reglamenta la ley y no escucha las alertas”, dijo el presidente del bloque ibarrista, Eduardo Epszteyn. Su par de la bancada de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, reiteró: “Los problemas surgen por la falta de contralor sobre las excavaciones y la irresponsabilidad política del oficialismo porteño de no reglamentar la ley N° 3562″.

Al igual que los días previos, Ibáñez justificó la demora en ese trámite en la existencia de objeciones del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la Sociedad Central de Arquitectos y la Asociación de Ingenieros Estructuralistas.

“El mensaje que dio el oficialismo es que el Estado no puede hacer nada para que estas cosas no pasen más. Habría que declarar la emergencia en las construcciones en la ciudad”, protestó desde la Coalición Cívica la diputada Rocío Sánchez Andía.

AVANZAN LOS SUBSIDIOS PARA LOS AFECTADOS

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, el macrista Alvaro González, anunció ayer que el oficialismo parlamentario está dispuesto a acompañar la propuesta de la diputada peronista Silvina Pedreira de pagar un subsidio de $ 50.000 a dueños e inquilinos del edificio derrumbado. Según anticipó, se buscará consensuar un texto entre esa iniciativa y la enviada por el Poder Ejecutivo para expropiar el inmueble e indemnizar a los propietarios; en el caso de que los dueños ya hubieran cobrado los $ 50.000, se descontarán de la indemnización.

Por Angeles Castro
Fuente:
La Nacion
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LEY 3.562 – Apuran los controles de las excavaciones

Buenos Aires, 16 de setiembre de 2010.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley

Artículo 1°.- Establécese la obligación de inspeccionar toda obra en construcción durante las etapas de demolición y excavación, independientemente de las inspecciones que se realicen en el avance de la obra.

Artículo 2°.- Todo responsable de obra con anterioridad al comienzo de las demoliciones o excavaciones debe presentar al organismo competente para su aprobación, el proyecto detallado de demolición, excavación, submuración y apuntalamiento, conjuntamente con el plan de trabajo que incluya la secuencia de tareas a realizar y la designación de la empresa de demolición y excavación y a su representante técnico, debiendo estar ambos inscriptos en el Registro Público de Demoledores y Excavadores.

Artículo 3°.- El representante técnico designado es responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los trabajos de excavación, submuración y conexos.

Artículo 4°.- Las inspecciones deben realizarse: la primera durante la demolición y otras dos durante la excavación. Cuando la cota de fundación supere los cuatro metros (4m) las inspecciones se realizarán: la primera al cumplir el diez por ciento (10%) del cronograma de tareas y la segunda inspección al cumplimentar el cincuenta por ciento (50%) del plan de obra.

En todos los casos se debe verificar el cumplimiento de lo prescripto en los artículos 5.2, 5.5 y concordantes del Código de la Edificación.

Artículo 5°.- El Gobierno de la Ciudad debe publicar en su página web, todos los expedientes de nuevas obras, ordenado por el número de los mismos, fecha de registro y el profesional responsable.

Artículo 6°.- Incorpórase como artículo 2.2.17 en el Código de Faltas el siguiente texto:

“El propietario del inmueble será sancionado con multa de 3.000 a 30.000 a unidades fijas si no se hubiera contratado a una empresa de demolición o excavación inscripta en el Registro Público de Demoledores y Excavadores“

Artículo 7°.- La presente Ley entra en vigencia a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 8°.- Comuníquese, etc.

OSCAR MOSCARIELLO
CARLOS PÉREZ

LEY N° 3.562

Sanción: 16/09/2010
Promulgación: De Hecho del 12/10/2010
Publicación: BOCBA N° 3561 del 10/12/2010

Fuente: www.cedom.gov.ar

Apuran los controles de las excavaciones

Mientras el gobierno porteño no reglamentó una ley aprobada en septiembre pasado por la que se impuso la obligatoriedad de que inspectores de la Ciudad verifiquen las obras en construcción ya en las etapas de demolición y excavación, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña firmó ayer un despacho para incorporar esta exigencia al Código de Edificación y así saltear la tan demorada reglamentación de la norma.

El proyecto, firmado por varios legisladores, entre ellos los macristas Alvaro González y Bruno Screnci Silva, deberá ser tratado en el recinto. De ser aprobado, entraría en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial.

“Este proyecto lo que hace es profundizar y detallar qué es lo que hay que inspeccionar. El Poder Ejecutivo podría tomarlo como la reglamentación de la norma (3562), que no supo reglamentar”, dijo a La Nacion la diputada peronista Silvina Pedreira, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.

Entre las modificaciones del Código de Edificación se contempla que se deberán efectuar inspecciones obligatorias, especiales o de oficio en las obras para examinar si los trabajos se realizan según las disposiciones vigentes. Por tanto, incluye controles en la etapa de demolición y de excavación.

“Cuando la excavación proyectada para la cota de fundación supere los cuatro metros se realizarán dos inspecciones obligatorias: una, al contemplar el 30 por ciento del avance de la obra, y otra, al contemplar el 60 por ciento de ésta”, dice el proyecto de ley.

En tanto, se especifica que cuando la excavación proyectada para la cota de fundación no supere los cuatro metros se realizará una única inspección al contemplar “el 50 por ciento del avance de la obra”.

Además, el proyecto de ley prevé una primera inspección en la etapa de obra, donde se controlarán la ubicación en el lote, la línea de edificación, la de frente interno y la separación del edificio de los ejes divisorios, entre otras exigencias técnicas.

La segunda inspección se realizará al finalizar la última losa; la tercera, al culminar la mampostería y los montantes de las instalaciones complementarias, y la cuarta, al terminar la obra..

Por Pablo Tomino
Fuente:
La Nacion
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Reclaman que se concreten controles a las excavaciones

Están previstos por una ley aprobada en 2010 y aún no reglamentada

La oposición porteña volvió a acusar ayer al gobierno de Mauricio Macri de ser responsable del derrumbe del edificio de 10 pisos en el barrio de San Nicolás, en tanto y en cuanto no reglamentó una ley aprobada en septiembre del año pasado, que impuso la obligatoriedad de que inspectores de la Ciudad verifiquen las obras de construcción en las etapas de demolición y excavación.

Como se recordará, supuestas anomalías durante una excavación en el predio de Bartolomé Mitre 1228 provocaron que cedieran los cimientos y rajaduras en el inmueble lindero, de Bartolomé Mitre 1232, lo que ocasionó la caída del segundo cuerpo del edificio y un peligro de derrumbe inminente en el otro cuerpo.

En una conferencia, los diputados del interbloque K Juan Cabandié, Eduardo Epszteyn, Aníbal Ibarra, Gabriela Alegre, Francisco Nenna, María José Lubertino, María Elena Naddeo, Raúl Puy, Gabriela Cerruti y Gonzalo Ruanova denunciaron que, por demoras del Poder Ejecutivo en reglamentar la ley 3562, la obra en cuestión y otras en marcha en la Capital carecen de controles en la etapa de excavación.

El año pasado, luego del derrumbe con tres muertos en un gimnasio en Villa Urquiza, sucedido como consecuencia de una excavación irregular en el terreno aledaño, la Legislatura estableció por ley que la Agencia Gubernamental de Control (AGC) debe realizar una inspección durante la demolición y otras dos durante la excavación.

En ese sentido, previó que, cuando la cota de fundación supere los 4 metros, las verificaciones deben concretarse al cumplirse el 10% del cronograma de tareas, una, y el 50% del plan de obra, la otra.

“En la gestión de Macri hay un récord de 20 derrumbes, con nueve muertos y muchos heridos”, sostuvo el diputado Cabandié (Encuentro para la Victoria) y opinó que “hoy no hay seguridad para los ciudadanos“. Finalmente, sostuvo: “La única forma de frenar la especulación inmobiliaria es la presencia del Estado”.

Por su parte, el ibarrista Epszteyn indicó que citarán al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y a otros funcionarios en relación con el derrumbe del viernes y otros en los que “estuvo afectada la seguridad de trabajadores de la construcción”.

Críticas de Tomada

El gobierno nacional se hizo eco de las acusaciones contra Macri por medio del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “No queremos una construcción más que sea riesgosa para quienes trabajan o para los edificios linderos”, señaló y pidió que “el ingeniero Macri se haga cargo”.

Voceros de la AGC respondieron que “la ley no se reglamentó por las imperfecciones y la falta de consenso con las entidades profesionales que aplican y construyen en la ciudad, al momento de su aprobación. La AGC salió a buscar los consensos con los consejos profesionales de ingeniería y arquitectura para poder hacer operativa una ley de difícil aplicación”.

Por su parte, el secretario adjunto de la Uocra porteña, Rubén Pronoti, presentó un petitorio ante el gobierno porteño, en el que exige la reglamentación de la ley 3562, la publicación de actas por infracciones en obras y la creación de un registro de empresas que incumplan normas.

Desde la Dirección de Protección Laboral del gobierno porteño acusaron a la Uocra de no fundamentar sus denuncias en visitas previas a las obras en construcción, sino que realiza “denuncias cliché y a ciegas”. En ese sentido, afirmaron que, tras una queja recibida por los trabajos en Mitre 1228 el 11 de agosto, según la cual “la obra estaba en estado de hormigón y con gente trabajando”, la inspección posterior constató que la denuncia era falsa, “ya que había un terreno baldío y no había trabajadores”. En total, la Dirección de Protección Laboral efectuó cinco verificaciones.

En otra conferencia de prensa, los legisladores de GEN, Proyecto Sur y la Coalición Cívica también reclamaron la reglamentación de la ley 3562 y escucharon a Mariano Madueña, el hijo del hombre posiblemente atrapado entre los escombros del edificio desplomado (ver aparte).

Desde GEN, Martín Hourest presentó un proyecto de ley para que el Banco Ciudad otorgue créditos hipotecarios a tasa cero por el 100% del valor del inmueble a los damnificados por el derrumbe. En tanto, la diputada peronista Silvina Pedreira propuso que se otorgue un subsidio de $ 50.000 pesos a “propietarios o tenedores que habitaran el inmueble”..

Fuente: La Nacion
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Trastornos en el centro por el derrumbe

Colapso en la ciudad / Continúan con la demolición del inmueble de Bartolomé Mitre.

Las quejas de vecinos y comerciantes crecieron ayer por los trastornos provocados en el barrio tras el colapso del edificio de diez pisos de Bartolomé Mitre 1232, donde los equipos de emergencias de la ciudad continuaban anoche con la demolición de la estructura deteriorada . En tanto, evaluaban si otro edificio, en Libertad 70, estaba seriamente comprometido.

El cerco de varias cuadras ordenado por el gobierno porteño causó ayer un caos de tránsito en la zona. Además, los comerciantes de las cuadras valladas, donde no se permite el paso ni de peatones ni de autos, se quejaron por la fuerte caída en las ventas. Y la incertidumbre sobre cómo y cuándo se normalizará la situación ganó la escena.

Los cortes de tránsito que afectan a seis manzanas generaron embotellamientos en el área, sobre todo en la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, con más de 10 líneas de colectivos que debieron desviar su recorrido. También, unos 150.000 pasajeros de la línea A del subte se ven imposibilitados de utilizar normalmente el servicio desde el viernes pasado, limitado entre las estaciones Carabobo y Plaza Miserere. Ayer, después de las 18, se normalizó temporalmente, pero hoy, a partir de las 8, la línea A volverá a funcionar con igual restricción.

El cerco para el paso vehicular y peatonal afecta a las calles Bartolomé Mitre, desde el 1100 hasta el 1300; Talcahuano, desde Perón hasta la Avenida de Mayo; Libertad, desde Perón hasta la Avenida de Mayo; la avenida Rivadavia, desde el 1100 hasta el 1300, y el pasaje Rivarola, ocupado por vehículos de emergencias.

Además, la manzana del edificio colapsado seguía ayer con los servicios de agua, gas y luz interrumpidos.

“A mí me dijeron que la demolición del edificio va a tardar un mes. Me lo contó un bombero. Hoy sólo entró una persona en mi negocio, porque la cuadra está vallada. No vendí absolutamente nada, pero no puedo cerrar porque tengo que pagar las cuentas y el alquiler”, se quejó a La Nacion Marcos Meana, propietario de la vidriería Evelyn Wolhein, sobre Talcahuano al 100. “Esperemos que algún funcionario de la ciudad nos diga cómo seguimos, porque una semana más así no aguantamos”, agregó.

El encargado del restaurante El Cortijo, en Rivadavia al 1200, y también de la pizzería lindera, explicó que en el día de ayer contabilizó una cuantiosa pérdida económica. “Atendimos muy pocos cubiertos, no pasó nada. La pérdida, de acuerdo con un día habitual, es de unos 6000 pesos en todo el día. El problema es que acá nadie te dice cuándo se va a solucionar esto. Y deberíamos tener una ayuda de la ciudad para amortiguar la ausencia de clientes”, dijo Ronaldi Britos.

En otros negocios, como Todo Música, Bik Shop y el lavadero Burbujas, sobre la calle Talcahuano al 100, frente a la manzana del edificio en riesgo de caída, estimaron que las ventas ayer cayeron entre un 70 y un 80 por ciento. “Tuve que cerrar el negocio a la mañana y sólo abrí por la tarde. El locutorio está vacío, no vino nadie ni vendrá. Del gobierno de la ciudad no se interesaron en informarnos qué pasará de acá en adelante”, dijo Feliz Pedro Quelaldi, encargado del locutorio Altovoltaje.

SIN CERTEZAS

El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo ayer a La Nacion que es imposible anticipar cuándo se resolverá la situación. “La etapa de demolición está en proceso y hasta tanto no se efectúe el derrumbe completo del edificio no se sabrán las causales del accidente. Tampoco podemos hablar ahora de sanciones. El tiempo que demandará es incierto”, dijo Rodríguez Larreta.

Acerca de cuándo se permitirá la reapertura de las calles valladas, el jefe de Gabinete comentó: “Es imposible saberlo ahora. Todo esto genera un trastorno, pero estamos en una situación de emergencia”.

Ayer, más de 200 efectivos de las áreas de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Social de la Ciudad continuaban trabajando en la asistencia de las familias damnificadas por el colapso del edificio y en las tareas para eliminar las estructuras con peligro de derrumbe. Incluso detectaron que el edificio situado en Libertad 70 también tiene serios problemas producto del derrumbe y anoche analizaban los pasos por seguir.

De las 220 personas evacuadas, 90 fueron alojadas en hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. El resto de los damnificados se reubicó por sus propios medios. La Ciudad indicó que había inspeccionado la obra de Bartolomé Mitre 1218 -lindera al edificio que se derrumbó- entre agosto y octubre, en dos oportunidades, y afirmó que no habían detectado irregularidades en la obra.

Por Pablo Tomino
Fuente:
La Nacion
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