Villa Urquiza: Se derrumbó una vereda donde estaban construyendo un edificio

Hay versiones encontradas entre la empresa constructora y Aysa: Este sábado se desplomó una vereda en la esquina de Olazábal y Av. Triunvirato donde están construyendo un edificio. Debido al incidente se dejó solo dos carriles habilitados [mano al centro] de esta última arteria. Caos vehicular.

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Los vecinos de Villa Urquiza amanecieron este sábado con la noticia del derrumbe de una vereda de su barrio. En la esquina de Olazabal y Av. Triunvirato, donde estaba la estación de servicio Shell están realizado el pozo para construir un edificio de 15 pisos y una de las veredas lideras cedió. Continúa leyendo Villa Urquiza: Se derrumbó una vereda donde estaban construyendo un edificio

Reclamo por la tragedia de Beara

El derrumbe del boliche ocurrió en 2010 y causó dos muertes. El fiscal consideró que hubo sobornos en la habilitación, una “inspección mentida” y documentos vencidos. Por eso exige juicio para los cinco responsables del local y cuatro ex funcionarios de Mauricio Macri.

Un fiscal pidió la elevación a juicio oral y público de la causa en la que se investiga el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, que causó dos muertes en 2010. Por el hecho están imputados cinco responsables del lugar y cuatro ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal Andrés Madrea solicitó la medida que alcanza a los empresarios que regenteaban el local nocturno y a Martín Farrell, ex jefe de Habilitaciones; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Isaac Rasdolsky, arquitecto encargado en verificaciones y habilitaciones; y Vanesa Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control.

La habilitación mediante sobornos, su intervención en la construcción del entrepiso, el aval y la inspección mentida, los documentos vencidos, y los avisos directos –esto tanto corre para los privados y los funcionarios–, son datos de la realidad”, remarcó el fiscal en su dictamen.

En el escrito de casi 500 páginas, acompañado de audios y videos, el fiscal resumió la secuencia que se inició con la habilitación presuntamente irregular de Beara y la consecuencia de la muerte, el 10 de setiembre de 2010, de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años, y de Paula Leticia Provedo, de 20.

Además de los ex funcionarios, también están acusados e irán a juicio los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Rolando Fliess e Ivan Andrés Fliess, quienes representaban a la sociedad El viejo sabio, que regenteaba el local Beara y también otro boliche, Caramel.

“Los hechos y las probanzas permiten tener por acreditada tanto la existencia de los hechos que provocaran las muertes y lesiones, como los pagos en cohecho y otros delitos relacionados, así como también la responsabilidad que en los mismos le cupo a los socios privados, sus mandatarios, gestores, organizadores y funcionarios imputados, de acuerdo al carácter de cada una de sus intervenciones y/o funciones que ostentaban cada uno de ellos”, describió el fiscal. “Conductas que han contribuido individualmente a la sumatoria de factores de riesgo que fueron causa y/o coadyuvaron al colapso de la plataforma que se derrumbó y causa muertos y lesionados”, añadió.

Madrea se encargó de aclarar que el voluminoso requerimiento de elevación a juicio enviado a la jueza de instrucción Alicia Iermini “no se trata de papeles, de simples mandatos judiciales y aplicación de normas”. “Es cierto que los contiene, pero por encima de ello nos brinda la posibilidad de conocer de manera concreta la historia de la simple pretensión de arrimar un poco de Justicia frente a la absurda muerte de dos jóvenes y de muchos otros que vieron su vida en peligro”, resumió.

El fiscal cerró el dictamen con una cita “del por entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy el papa Francisco”, en una misa por las víctimas de Cromañón. “Señor, ¡queremos que se haga justicia! Sabemos que detrás de esto hay responsables irresponsables, gente que no ha cumplido con su deber, no queremos pegarle por pegarle pero sí corregir su corazón porque su irresponsabilidad cuesta tan caro, no hay precio que pague una vida”, sostuvo el fiscal al citar a Bergoglio.

Fuente: Pagina 12
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Simplifican trámites de obra que demoraban ventas y escrituras

Ahora se podrá solicitar la subdivisión en propiedad horizontal antes de la última verificación de la obra.

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A partir de ahora, se podrá tramitar la subdivisión en propiedad horizontal con la presentación de la constancia de la solicitud de la cuarta Verificación Especial de Agentes Verificadores de Obra. Anteriormente, esta gestión solo se podía iniciar luego de haber registrado el “Conforme a Obra”, situación que provocó quejas de profesionales, escribanos y compradores de viviendas ya que demoraba la resolución de ventas y escrituras.

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La disposición nro 877 de la DGROC de 2014 (ahora derogada) expresaba que, para proceder al registro del plano de mensura y subdivisión en propiedad horizontal, era indispensable aportar el plano conforme a obra registrado. Esta decisión de las autoridades porteñas apuntaba a que los responsables de las construcciones no “olvidaran” presentar el final de obra, según explica la arquitecta Irene Kalnins, representante técnica del CPAU.

Entre los conflictos que se generaban a partir de la demora en la aprobación del plano de mensura y afectación al régimen de propiedad horizontal se destacaban los siguientes, de acuerdo a un informe del CPAU:

-Inseguridad de los adquirientes, que deben permanecer más tiempo con su propiedad a nombre de un tercero (la vendedora), ya que éste último continúa siendo responsable de lo que ocurra en el edificio por seguir estando a su nombre, siendo que ya entregó la posesión.

-Imposibilidad de regularizar la situación laboral del encargado o de los demás integrantes del personal del edificio.

-La imposibilidad de gestionar altas parciales, lo cual atenta contra políticas que permitan la autofinanciación de las obras y que la Ciudad no se llene de obras inconclusas.

Las entidad que nuclea la matrícula de arquitectos porteños realizó con éxito gestiones ante el Jefe de Gobierno, en conjunto con el Colegio de Escribanos de la Ciudad, el Consejo Profesional de Agrimensura, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Sociedad Central de Arquitectos. “Tuvimos varias reuniones de trabajo en las que los funcionarios se mostraron muy abiertos y comprendieron la problemática”, señala Kalnins.

Finalmente, la DGROC dio marcha atrás derogando el decreto de 2014 con la resolución nro 7/SSREGIC/16 publicada en el Boletín Oficial el 19 de febrero. Ella establece: “La presentación, estudio y eventual registro del plano de mensura y subdivisión en propiedad horizontal deberá acompañarse la constancia de la solicitud de la 4º Verificación especial suscripta por el profesional actuante, vinculada al Expediente Electrónico de Obra y el último plano de obra registrado”. Así, el trámite que permite escriturar las unidades se inicia antes de la última inspección.

Por: PAULA BALDO
Fuente: Arq Clarin
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Informaron que no hay riesgo de derrumbe en Parque Patricios

Alertados por la rotura de vidrios, algunas rajaduras en la paredes y el movimientos de los edificios, un grupo de vecinos denunciaron una obra y lograron frenarla. Se trata de la construcción de un garage subterráneo, en el barrio de Parque Patricios. En la manzana delimitada por las calles La Rioja, Inclán, Dean Funes y Salcedo conviven casi 500 familias en un complejo conocido con el nombre “Barrio La Rioja”; son siete torres construidas en los años 70 para los empleados del Banco Ciudad. Dicha obra presentaba una amenaza de derrumbre, según se informó en PARA BUENOS AIRES (http://parabuenosaires.com/peligro-de-derrumbe-en-parque-patricios/).

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La Agencia Gubernamental de Control (AGC) comunicó que la obra fue inspeccionada el jueves 21 y clausurada. “Se verificó que la obra no contaba con permiso. Se realizó una clausura inmediata y preventiva. Al otro día los inspectores volvieron y constataron que se había violado la clausura”, explicaron. Debido a la violación de la clausura, intervino el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. La causa quedó a cargo de la fiscalía número 40, con Federico Villalba Díaz como fiscal subrogante.

La fiscalía ordenó que Defensa Civil realizara una inspección urgente. Ayer se concluyó que no hay riesgo de derrumbe inminente. Y se dejó una consigna policial en el lugar”, dijeron desde el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Agencia Gubernamental de Control
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Polémica por el retiro de adoquines en la avenida Juramento

Una ONG presentó un recurso de amparo para proteger la emblemática avenida de Belgrano; desde el gobierno porteño justificaron la remoción y aseguran que mejorará la seguridad de la zona

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Ante el inicio de las obras de remoción de adoquines en la avenida Juramento, en Belgrano, la Asociación Civil Basta de Demoler (BdD), con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del equipo del legislador Pablo Bergel (del Bloque Bien Común), presentaron una acción de amparo para proteger las piedras de la avenida, entre Cabildo y Virrey Vértiz.

Desde el gobierno de la Ciudad, el subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público, Rodrigo Silvosa, explicó que la obra se realiza para mejorar el estado de la avenida, ya que tiene más de 1000 viajes de colectivo por día: “Como consecuencia del tránsito la calle quedó muy rota y no hay manera de hacer una reparación”.

Las tareas de rehabilitación inicial que comenzaron esta semana conllevan la remoción del empedrado y adoquinado. Desde BdD explicaron los motivos por los que se oponen a esta acción: “La remoción del adoquinado avanza sin que se haya realizado el inventario provisorio por la Junta Comunal de la Comuna 13 y sin que exista el inventario definitivo dispuesto por la ley N° 4.806”.

“Por otra parte, se incumple con la Ley N° 65 que protege al empedrado y al adoquinado de la Ciudad que se encuentran en vías adyacentes o circundantes a lugares históricos. En esta zona existen dos Áreas de Protección Histórica. Además, no cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental, aunque estas obra disminuyen superficie absorbente al reemplazar adoquines por hormigón y encontrarse en áreas ambientalmente críticas por ser zonas susceptibles de anegamiento”, agregaron desde la ONG.

El retiro de adoquines en la ciudad de Buenos Aires no es una práctica desconocida para el gobierno porteño. Luego de varias polémicas, entre ellas el destino de 42 millones de piedras y una medida judicial para proteger a Palermo, el gobierno de Macri quiere modificar la emblemática avenida Juramento.

“No hay manera de mantener con el tránsito pesado que tiene Juramento el adoquín. La ciudad tiene que adaptarse a la nueva dinámica que va teniendo, porque esto fue puesto en una época en la que no había tanto transporte”, explicó Silvosa a LA NACION.

Además, el funcionario agregó que la avenida Juramento no se encuentra entre las calles de protección histórica del barrio: “La Legislatura aprobó una ley donde dicen cuáles son las áreas que se deben proteger, y las comunas tenían que hacer un inventario eligiendo algunas calles. Entre ellas no está Juramento”.

En 2013 se sancionó por unanimidad la Ley 4806 que declara a los adoquines como integrantes del patrimonio cultural de Buenos Aires y establece que “las vías circulatorias terciarias, adyacentes y/o circundantes a monumentos o lugares históricos de la ciudad de Buenos Aires cuyo solado se encuentre actualmente ejecutado con empedrado o adoquinado serán mantenidas con dichos materiales a efectos de mantener la continuidad en el paisaje urbano de las arterias”, según informó la ONG.

Para defender su postura, desde el gobierno porteño agregaron: “Entendemos que el adoquín tiene un valor histórico y patrimonial importante, por eso siempre que se pueda intentamos reutilizarlo. Pero al mismo tiempo hay que adaptarse a la nueva realidad”.

“Las cuadras linderas van a seguir teniendo piedras. Antes Cabildo también tenía piedras y nadie se imagina que hoy sea de adoquines”, agregó Silvosa.

La acción de amparo que quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia N° 23 y trasmita en los autos caratulados “Asociación Civil Basta de Demoler C/ GCBA s/ Amparo”, Expte. N° A28340-2014/0. Los vecinos también radicaron la denuncia en la Comisaría 33 y miembros de la ONG se apersonaron a la Fiscalía para formalizar la denuncia.

A la protesta asistieron integrantes de la ONG, vecinos de la Comuna 13, la comunera Julieta Costa Diaz, e integrantes de la junta comunal. También participaron la diputada María José Lubertino y Gabriela Massuh, quien recientemente presentó el libro “El robo de Buenos Aires”, donde denuncia la drástica transformación del paisaje urbano de la ciudad en los últimos años y la complicidad política y sus vínculos con las grandes empresas de la construcción.

Fuente: La Nacion
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Derrumbe en Lanús

En Lanús Oeste cayeron las medianeras de una fábrica ubicada en Jean Jaurés 1241 sobre las casas linderas, provocando grandes destrozos sobre todo en una de las viviendas cuyos habitantes fueron rescatados porque quedaron atrapados tras los escombros y debieron pasar la noche en lo de unos familiares.

“La familia que vive en Jean Jaurés 1239, un matrimonio con hijos adolescentes, fue a la Dirección de Obras Particulares del municipio, que es el área que va a evaluar los daños y el peligro de la parte de la medianera que quedó en pie“, aseguró hoy el director de Defensa Civil de ese distrito bonaerense, Rodrigo Patiño.

En este sentido, precisó que en esa vivienda “cayó la medianera de la fábrica lindera, produjo grandes destrozos y aplastó un auto”, en tanto “los Bomberos trabajaron anoche para que la gente pueda salir de la casa“, añadió al destacar que “no hubo heridos”.

La responsabilidad de los daños provocados por la caída de la fábricaserá evaluado luego de analizar el riesgo de que haya más derrumbes“, precisó Patiño.

Fuente: www.diagonales.com
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Prisión en suspenso al inspector y a un técnico de Sol Obras

La justicia pampeana condenó a Velázquez, ex inspector de Obras Públicas, y a Lechner, técnico de la constructora Sol Obras, a dos años de prisión de ejecución condicional en el marco de un juicio abreviado. El derrumbe de Ataliva Roca se produjo en 2009.

La Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa condenó ayer al mediodía a Juan Armando Velázquez y a Raúl Horacio Lechner a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como responsables del derrumbe del Polideportivo de Ataliva Roca ocurrido el 30 de enero del año 2009. No hubo lectura del fallo, porque los imputados no concurrieron a la Ciudad Judicial.
La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, donde los acusados acordaron la condena con el fiscal Jorge Marcelo Amado. Tanto Velázquez como Lechner son culpables, según el fallo judicial, del delito de fraude en perjuicio de la administración pública provincial. El fallo fue firmado por los jueces Elvira Rosetti, Miguel Gavazza y Miguel Vagge.

Velázquez, director técnico de la constructora Sol Obras, fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta como delito continuado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además de los dos años de prisión en suspenso, recibió la pena de inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones relacionadas con su profesión y una multa de cinco mil pesos.
Lechner, ex inspector del Ministerio de Obras Públicas provincial, fue condenado por fraude en perjuicio de la administración pública como delito continuado en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica. Los dos imputados deberán fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberadora, al que deben presentarse mensualmente por dos años.

Los argumentos.

El tribunal indicó en su fallo que Velázquez, violando los deberes a su cargo, omitió el control de la obra, certificando los trabajos que fueron abonados por el Estado y nunca se ejecutaron, generando un perjuicio económico a las cuentas provinciales en beneficio de la empresa contratista.
Agregaron que “el accionar fue voluntario y consciente y causó daño al patrimonio administrativo con abuso de confianza, con el que defraudó abusando de la situación que tiene frente a los bienes ajenos que se le han confiado”, violando el deber de cuidado del patrimonio ajeno y perjudicando el interés confiado.

“Se observa en el accionar de Velázquez un absoluto desinterés en el apego a la legislación vigente en el ejercicio de sus funciones y falta de control que posibilitó la comisión de las irregularidades, que quedaron plasmadas en las conclusiones de los peritos”. O sea que violó el mandato que imponía su conducta de control y permitió que la contratista continuara la obra sin observar el pliego, y que se violaran las reglas del “buen arte de construir”.
Sobre Lechner, los jueces indicaron que mediante el despliegue de medios engañosos y ardidosos, indujo al Estado para que abonara cada uno de los certificados emitidos y así cobrar la totalidad de la obra contratada, “que distaba mucho de lo pretendido por el Estado y acordado con la empresa, lo que acarreó un perjuicio económico al Estado, perjudicado en su patrimonio al pagar por una obra que claramente no se ajustaba a la contratada”.
El accionar de Velázquez resultó vital para que las maniobras ardidosas de Lechner tuvieran el resultado por ellos esperado. Ambos imputados son profesionales, Velázquez es ingeniero y Lechner arquitecto, lo que evidencia el pleno conocimiento de las irregularidades que produjeron el derrumbe del Polideportivo, habida cuenta de las falsedades encontradas y señaladas por todos los expertos que declararon e intervinieron en autos, que demuestra claramente, que independientemente de factores externos, la estructura colapsaría de todas formas dado que la materialización del conjunto de vigas, columnas y bases era inestable”.

Idas y vueltas de una causa.

El gimnasio de Ataliva Roca se derrumbó en 2009, mientras ocurría una tormenta con fuertes vientos en esa localidad, generando el colapso del Polideportivo, destruyéndose en su totalidad. El siniestro se produjo a partir de una serie de irregularidades en la obra, que demandó en su momento una inversión de 1.676.367 pesos. La construcción estaba a cargo de Sol Obras, y el viento desnudó falencias en la construcción y falta de controles.
En el marco de la investigación, un peritaje asegura que se cambiaron materiales “sin estar debidamente documentados”, se pagaron “trabajos no ejecutados”, se emplearon materiales de “mala calidad” y que hasta aparecieron “certificados y pagos por trabajos de calidad y cantidad” diferentes a los contratados.

Sol Obras tuvo un corto paso por la provincia, coincidente con la gestión de Carlos Verna como gobernador, en los que se les adjudicó una importante cantidad de obra pública. Cuatro años después, se fue pidiendo concurso de acreedores en un juzgado de Capital Federal y dejó en La Pampa trece obras inconclusas adjudicadas por 23 millones de pesos.
Ya en la Justicia los defensores de los imputados negociaron un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía que implicaba aceptar la culpabilidad para que ambos recibieran penas en suspenso. En principio, la Cámara 1 avaló el arreglo, pero una investigación de LA ARENA descubrió que Lechner en septiembre de 2009, en otro juicio abreviado, recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción ocurridos a fines de los 90, cuando era funcionario de la Municipalidad de Puán.
Sin embargo, esto fue anulado por anulado por el Tribunal de Impugnación. Frente a esta evidencia, la Cámara que primero había avalado el arreglo, decidió revocar su propia decisión pero el Tribunal de Impugnación Penal anuló esa revocación,

Fuente: www.laarena.com.ar
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Obras irregulares: mientras la Comuna no puede intervenir, los vecinos buscan apoyo

Desde la Secretaría de Planeamiento Urbano indicaron que no pueden intervenir en las construcciones que se encuentran judicializadas. En tanto la familia Cattaneo, que vive al lado del edificio de la calle Paraguay 255 que tuvo varios derrumbes, hoy asistirá a la sesión del recinto legislativo comunal.

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Luego de los nuevos derrumbes que se registraron la semana pasada en un edificio en construcción clausurado ubicado sobre la calle Paraguay 255, desde la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad señalaron que no pueden intervenir en aquellas obras que se encuentran judicializadas hasta tanto la Justicia no lo ordene. Desde noviembre del año pasado que esta obra se encuentra paralizada por decisión judicial y genera temor en los vecinos por eventuales desprendimientos.

En tanto, la familia Cattaneo, que vive al lado de dicho edificio de la calle Paraguay 255, asistirá hoy a la sesión del Concejo Deliberante capitalino donde los ediles del bloque ECO presentarán un proyecto para la conformación de una comisión investigadora de aquellas obras en construcción que se encuentren en situación irregular.
Mientras que en noviembre se desplomaron unos balcones del mismo edificio, la semana pasada se desprendió una escalera de hormigón y afortunadamente en ninguno de los casos hubo heridos. Los vecinos señalaron que viven con el constante temor de nuevos derrumbes y problemas en el deteriorado gigante de hormigón.

“El edificio se encuentra clausurado y judicializado desde noviembre y en la Municipalidad no podemos hacer ningún tipo de intervención hasta que la Justicia no lo ordene. Por ello no podemos hacer nada ante el estado del edificio”, explicó a El Litoral el secretario de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Daniel Bedrán. “Nosotros presentamos informes y cumplimos con todo lo que la Justicia nos solicitó, pero no podemos determinar nada. Nos encontramos a la espera de algún tipo de resolución por parte de la Justicia, a casi un año de los primeros desprendimientos”, señaló el funcionario municipal.

Por otro lado, los concejales del bloque ECO presentarán en la sesión de hoy del Concejo Deliberante capitalino, un pedido de informe sobre las inspecciones municipales y medidas de seguridad en el edificio de la calle Paraguay 255 y otro boceto con la creación de una comisión investigadora de las obras y construcciones particulares de toda la ciudad. Los ediles de ECO visitaron a los vecinos de la obra de la calle Paraguay y les adelantaron que presentarían medidas en búsqueda de una solución.

En tanto la familia Cattaneo, que vive en el barrio Aldana en la vivienda lindera al edificio en cuestión, hoy estará presente en la sesión del Concejo Deliberante capitalino con el fin de obtener el apoyo de todos los legisladores ante la grave situación de temor y miedo por la que atraviesan a causa de posibles nuevos derrumbes de la construcción clausurada. La semana pasada volvió a registrarse un desprendimiento en la obra, lo que agravó el miedo de los vecinos.

Fuente: www.ellitoral.com.ar
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Alarma en 8 y 50 por el parcial desprendimiento de una ventana

Ya ocurrió en más de una oportunidad que, por la caída de un pedazo de balcón o mampostería, se producen daños o inclusive heridos. Ayer a la tarde se desenganchó de su lugar un postigo de una de las ventanas que da al frente del banco Santander Río de 8 y 50.


En el canal C5N el informe #BalconesPeligrosos. Con la participacion del Perito Arquitecto Teodoro Rubén Potaz de Peritajes Edilicios / Arquitectura Legal / Acustica Legal. Para ver mas videos visite nuesto canal en youtube

Atento a esa clase de antecedentes y, gracias al aviso de una mujer que lo advirtió, personal de Control Urbano fue al lugar para montar un cerco con cintas de “peligro” en el sector de la vereda donde podría producirse algún accidente.

Eran poco más de las 17. La llovizna constante y los negocios cerrados colaboraron para que no hubiera casi nadie caminando por esa esquina. El operativo se completó cuando una dotación de bomberos del Cuartel Central de La Plata fue para remover el pesado postigo y hacer cesar el alerta.

“Desde esa altura, unos cuatro metros, en caso de haberle pegado a alguien, podríamos estar hablando de algo muy grave”, especuló uno de los oficiales que mantuvo ese perímetro restringido. Se supo que policías de la comisaría primera prestaron colaboración en el operativo

Fuente: www.eldia.com.ar
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Piden la renuncia de Bedrán

La construcción paralizada de Paraguay al 200 volvió a derrumbarse. Esta situación movilizó a concejales de la oposición que solicitan que el secretario de Planeamiento Urbano sea separado de su cargo.

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A 10 meses del primer derrumbre, los vecinos de la calle Lagraña (Paraguay) al 200 volvieron a sufrir, esta vez por la caída de la escalera de hormigón de la misma obra en construcción paralizada.

Los concejales de la oposición se acercaron hasta el lugar y además de escuchar el testimonio de los damnificados, responsabilizaron al secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Bedrán, por lo ocurrido y pidieron su renuncia.
“Hay una cadena de responsabilidades, pero el principal responsable es el Municipio”, disparó el concejal Gabriel Romero.

Argumentó que corresponde promover el desplazamiento de Bedrán porque “esta situación ya no da para más, si un edificio ya no puede seguir construyéndose y tampoco se puede demoler porque tiene problemas con la Justicia, tiene que rodear al edificio de protección suficiente, y evitar una nueva caída de mamposterías sobre propiedades linderas y provocar víctimas”, postuló.

El concejal Hugo Calvano aclaró que en la sesión de hoy no ingresará ningún proyecto vinculado al pedido de renuncia, y aclaró que se evaluará esta posibilidad para la semana que viene, aunque aclaró también que estudian también otros caminos, “por ejemplo instar a una comisión investigadora o declarar la emergencia”, anticipó.
También estuvieron presentes los concejales Clara Mass y Javier Sáez, y la oficialista Blanca Zarza. Esta última pidió la destrucción del edificio en construcción.

Fuente: www.ellitoral.com.ar
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