La Ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de ascensores, unos 140.000 equipos, que junto con el Conurbano y las principales ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires conforman el 90% de los ascensores de todo el país, que rondan los 220.000. Se estima que hay 9.500.000 de personas que utilizan ascensores todos los días en la República Argentina y alrededor de 6.000.000 lo hacen en la CABA.
Una de las problemáticas del sector del transporte vertical es que carece de organismos gubernamentales que cuenten con la cantidad de profesionales idóneos que ejerzan el control de los equipos no solo en el mantenimiento, sino también en la fabricación e instalación. Según miembros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, la falta de sanciones en su debido momento en referencia al estado y mantenimiento de los ascensores en la Ciudad, ha provocado que en los últimos diez años se produjeran más de 250 accidentes en ascensores solo en la CABA. El 40% de los mismos se debieron a malas maniobras de las víctimas y el 70% ocurrieron en viviendas o edificios multifamiliares, donde residen niños. Estos siniestros se podrían haber evitado si se hubiera realizado una correcta fabricación e instalación, y un mantenimiento acorde a las normativas del transporte vertical, así como los controles correspondientes y para el caso de los acaecidos por malas maniobras, con una adecuada difusión para una eficiente toma de conciencia, de que cosas jamás deben hacer los usuarios.
Si bien este escenario es conocido por las autoridades, la realidad es que no cuentan con los suficientes inspectores de planta permanente para revisar los ascensores que están en funcionamiento, ni con los mecanismos para que el control mediante los Profesionales Verificadores de Ascensores (profesionales contratados para tareas específicas por el GCBA) sea efectivo, por lo tanto, la responsabilidad del mantenimiento recae exclusivamente en el administrador y la empresa contratada.
En lo que respecta al mantenimiento existe una reglamentación vigente, es la ordenanza 49.308/95 de la antigua Municipalidad de Buenos Aires, reglamentada por el decreto 578/01.
Aunque la reglamentación está vigente y digamos que, actualizada, depende de un control para su cumplimiento que no existe. Cada empresa conservadora debe registrarse anualmente en el GCBA tal como especifica el decreto reglamentario 578/01, pero en realidad nadie controla, por ejemplo, que los representantes técnicos registrados, sean los mismos que firman los libros, o que las obras declaradas sean efectivamente las conservadas por esa empresa. Por otro lado no existen multas para el no cumplimiento de estas reglamentaciones.
En lo que respecta a ascensores nuevos, hemos estado trabajando con todas las cámaras y asociaciones técnicas y empresarias, en un proyecto de ley que exige el cumplimiento de las normas IRAM/Mercosur para transporte vertical, especialmente la normas NM207, NM313, IRAM 3681-11, NM267 y NM195, en las cuales hemos trabajado muchos años adaptándolas a las nuevas tecnologías, pero aun no hemos logrado que sea la base para la normalización de todas las leyes, resoluciones u ordenanzas, que existen en distintas regiones del país.
Con respecto a los controles y habilitaciones, el GCBA registra cada nueva instalación en la sección correspondiente, mediante planos y documentación pertinente. Luego de esto, el GCBA debe mandar un inspector para realizar las verificaciones para su habilitación final. En el 2011 se realizaron 4.500 instalaciones nuevas, suponemos que solo en la CABA se han colocado como mínimo 2.900, en consecuencia se debieron realizar la misma cantidad de habilitaciones nuevas, existen 8 inspectores de planta permanente, así como un plantel de más de 120 PVA (profesionales verificadores de ascensores) para dicha tarea; además de éstas inspecciones se deben realizar las pertinentes a rehabilitaciones, denuncias, etcétera que se produzcan sobre los 140.000 ascensores existentes. Solo con una poca cantidad se hace efectiva, por lo que es absolutamente claro que el sistema de sorteos de PVA no funciona adecuadamente, desconociendo si es por un problema burocrático o económico o por la conjunción de ambos.
En FACARA estamos trabajando para que el sistema mejore. Para ello estamos enfocados en reducir a cero los accidentes, entre ellos lo que son debido a equipos que ya llevan muchos años de instalados, sin una actualización tecnológica ni adecuación a las normativas que tratamos de impulsar, son provocados en gran medida, por la imprudencia en su uso. Por lo que para prevenir la problemática, la Federación lanzará, en este ciclo lectivo, una campaña de seguridad en los colegios de la CABA. Para ello ya tenemos diseñada la misma con lo materiales didácticos adecuados para llegar a los niños del ciclo primario, a través de un personaje al que hemos llamado “Capitán Zero”, cero riesgo en el uso del ascensor. Solo necesitamos que los funcionarios del área de educación de la CABA nos den una entrevista (que hemos pedido en reiteradas oportunidades y no nos ha sido concedida) y podamos presentarles este proyecto, para que nos apoyen y autoricen, y podamos comenzar con esta tarea.
Por otro lado, estamos insistiendo desde principios del año pasado, para que los legisladores de la Ciudad con injerencia en la comisión de Planeamiento Urbano, incorporen el cumplimiento de las Normas IRAM/Mercosur al Código de Edificación y de esa manera las instalaciones nuevas tendrán un plafón para su construcción y montaje, actualizándose permanentemente.
Por el lado de las autoridades, deberían comenzar a realizar las inspecciones pertinentes; asignar más cantidad de inspectores capacitados en instalaciones de transporte vertical; realizar inspecciones administrativas, legislar para actualizar el código de edificación y adecuarlo como ya he dicho, a las normas IRAM/Mercosur.
Para terminar, queremos remarcar un tema importante a tener en cuenta: el riesgo que significa para los usuarios, la falta de adecuación a las normativas que hacemos referencia del parque existente que, en gran número, superan varias décadas de funcionamiento, y algunos elementos como los trabadores de puerta ya no cumplen con las exigencias actuales, por lo que deben ser reemplazados. Pero no solo se trata de este elemento, sino también de la tecnología de operación del ascensor, para que contemple el chequeo de la doble seguridad que debe tener cada trabador de cada puerta manual. Es por ello que se debe realizar un plan de adecuaciones de seguridades en fases y tiempos acorde con los riesgos y las posibilidades técnicas y económicas de los involucrados.
Avanza la investigación por el derrumbe de parte de un edificio en construcción de la calle San Martín al 600, donde el pasado 22 de marzo mu-rieron ocho trabajadores. El abogado que representa a familiares del obrero fallecido Diego Rodríguez, amplió la querella en el Juzgado de Instrucción N° 6 y formuló la imputación contra un empresario de la construcción y solicitó su inmediata detención al considerar que también tuvo participación en la obra donde ocurrió la tragedia.
En tanto también se pidió que se cite a declarar a 15 personas en calidad de testigos, de los cuales 8 son empleados y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes.
En tanto la familia de William Valenzuela, otros de los 8 trabajadores muertos en el siniestro se constituyeron formalmente como querellantes con el patrocinio del abogado David Moulin. La presentación se realizó el pasado 17 de abril y hasta el momento no han podido tener acceso al expediente.
William era hermano de Nelson Valenzuela, el obrero que sobrevivió a la tragedia y se recupera en el hospital Escuela. El joven sería trasladado a un sanatorio de Buenos Aires para una segunda intervención quirúrgica de la columna, por una desviación de las vértebras.
En comunicación con El Litoral el abogado querellante Ernesto González, volvió a cuestionar la manera en que se lleva adelante la investigación.
“La semana pasada la jueza Graciela Ferreyra se tomó licencia y ninguno de los jueces subrogantes quiso hacerse cargo de la causa, por lo que todo se hace lento. Sabíamos que iba a ser un caso difícil, pero de todas maneras seguiremos trabajando”, precisó el letrado quien prefirió no dar a conocer la identidad del nuevo empresario implicado en la causa que conmocionó a Corrientes.
El fiscal Gustavo Robineau aguarda que se constituyan todos los abogados querellantes posibles para iniciar las pericias.
Su intención es darle claridad al proceso y que cada una de las partes tenga su perito, con el fin de que todos tengan sus conclusiones para avanzar en la pesquisa.
Recién cuando se terminen las diligencias, la jueza Graciela Ferreyra podrá resolver la situación legal de todos los involucrados en la causa que por el momento permanecen en libertad.
El albañil quedó colgado del arnés, mientras que chapas y maderas cayeron a la vereda y la calle. Sucedió en una construcción en San Martín y Tucumán, a media cuadra del edificio donde murieron ocho trabajadores.
Desgracia con suerte
Respecto de lo acontecido ayer, según indicaron fuentes consultadas por La República, el obrero trabajaba en los soportes de contención de escombros, cuando la estructura se vino abajo, y las chapas y maderas cayeron a la vereda y a la calle, pero el hombre quedó sujeto por el arnés que utilizaba. De todas maneras, afortunadamente, el sostén funcionó correctamente, y por otra parte, ningún peatón transitaba por esa esquina en ese preciso instante; caso contrario, el desenlace podría haber sido otro.
La Uocra, sin novedades
A raíz del hecho, La República se comunicó con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), entidad sindical que agrupa a los trabajadores del rubro. Consultados sobre algún tipo de información al respecto, la respuesta fue hermética. “Acá no hubo ningún reclamo, y aparentemente eso pasó a las 5 de la tarde, hace más de tres horas, por lo que no creemos que a esta altura alguien se vaya a comunicar”, aseveraron. Ni heridos ni denuncias
Según atestiguaron desde el Hospital Escuela “General San Martín” ante la consulta de La República, ayer no ingresó ninguna persona herida como consecuencia de este acontecimiento.
A su vez, desde la Policía provincial afirmaron que tampoco se recibió denuncia alguna acerca del hecho en particular.
“Construquen” es la firma
Según se indica en un cartel expuesto en el lugar de la obra, la construcción del hormigón armado está a cargo de la firma “Construquen Ingeniería en Obras”, ubicada en Don Bosco 1192 de la capital correntina.
Todo ocurrió pasadas las 16 en un templo evangelista en construcción ubicado en calle Paso de Los Andes 2.176, entre calle Paraguay y Pedro Godoy. Allí dos empleados de la empresa Hormiser estaban poniendo cemento y un grupo de albañiles estaba trabajando en la obra cuando ocurrió la tragedia.
Según relató a Los Andes el jefe de Bomberos, David Spinelli, tras el aviso de la policía comenzaron a trabajar en el lugar para rescatar a los obreros que estaban bajo los escombros.
Spinelli informó que el primero de los trabajadores rescatados estaba grave y fue trasladado al hospital en forma inmediata. El resto de los obreros, que se estiman que eran entre 6 y 8, sufrieron lesiones menores y fueron sacados de los escombros por personal de rescate y derivados a distintos centros asistenciales.
El despliegue generó la interrupción temporal del tránsito en la zona y en el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos del cuartel central y una de voluntarios de Godoy Cruz.
El profesional fue procesado por “estrago culposo”. El fiscal hoy envió el requerimiento al juez de Garantías y se espera por la apelación de la defensa.
En el requerimiento enviado al juez Federico Atencio, el fiscal utilizó como pruebas de cargo para determinar la responsabilidad del profesional, las declaraciones de los obreros que estaban construyendo un edificio pegado a la cochera a la que se le derrumbó la pared.
Los investigadores creen que la ausencia de submuración (que es una medida de seguridad para evitar, entre otros ítems, derrumbes) fue lo que causó que la pared del frente de una cochera cediera y, en su caida, aplastara a la mujer de 33 años, que pocos meses antes al hecho –ocurrido el 18 de mayo de 2011–, había dado a luz.
A juicio del fiscal, el arquitecto incurrió en mala praxis al no tomar los recaudos necesarios para evitar el desmoronamiento del muro que finalmente aplastó y mató a la psicóloga platense, según se desprende de la causa.
En tanto, en la instrucción judicial del hecho, se advierte que la Comuna “no realiza inspecciones de forma programada y con periodicidad preestablecida en obra alguna” para, entre otras cosas, evitar este tipo de accidentes.
El fiscal detalló que existe semiplena prueba a indicios vehementes para sostener que se produjo “un desmoronamiento parcial de un edificio” por no contar “con submuración, ni apuntalamiento de contención de las medianeras” que la reglamentación vigente establece en dos artículos del decreto nacional 911/1996 sobre higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Como consecuencia de esta presunta omisión de la medianera de la cochera “que soportaba además el peso del techo” y estaba “descalzada, comienza a desmoronarse parcialmente el edificio” que aplastó a la víctima, quien había llegado a la cochera para retirar su vehículo.
Para los investigadores, la ausencia de medidas de seguridad (submuración) fue “determinante en la ocurrencia del siniestro”, lo que generó “un peligro común” para autos, peatones, “además de la muerte por aplastamiento”.
Llegaron a esa conclusión tras leer en un informe que “las tareas de submuración llevadas a cabo en las construcciones vecinas se apartaba de las reglas del buen arte de la construcción y de las normas de seguridad”, se detalla en la causa a la que accedió este portal.
El fiscal entiende que De León es responsable de la muerte de la mujer, pero no por acción directa, sino por haber generado las condiciones que provocaron la fatalidad.
La obra fue empadronada bajo el “permiso provisorio especial 2882/10”, expedido el 25 de noviembre de 2010 para “demoler y construir”, se detalla en la causa.
El trágico episodio ocurrió pasadas las cinco de la tarde en 530 entre 6 y 7. Antonio Sosa uno de los obreros, señaló que de un momento a otro los sacudió el terrible impacto de una pared que se les fue encima. “Estábamos trabajando en ese lugar, pero no había vigas de fundación, la pared no tenía soporte“.
La conmoción y el revuelo se apoderaron del barrio. A pocos metros el arquitecto Mariano Amieva, quien ante Control Urbano, dijo ser el responsable de la obra, se agarraba el pecho: “me arruiné la vida”, repetía entre sollozos.
No obstante el fiscal Robineau seguirá ligado a la causa, ya que el Ministerio Público organizó una comisión de fiscales para el caso en el que además está Buenaventura Duarte (Nº1) y Fernández Contarde (Nº5).
La semana pasada Ferreira había planteado su primera inhibición, argumentando que tiene amistad con personas cercanas a los empresarios imputados (los hermanos Mayer, Walter Bruquetas y Elías Cohen). Pero la Cámara de Apelaciones le rechazó el planteo y le ordenó que se quede a cargo de la investigación de la tragedia.
Ahora nuevamente la Cámara de Apelaciones deberá decidir si le hacer lugar o no a la “ampliación de las causales de inhibición” de esta juez que evidentemente se quiere sacar de encima el expediente.
La causa ya pasó por las manos de cuatro juezas (Ferreira, Laura Varela, Agrasso de Caballero y Gonzalez Cabañas), y ahora comenzarán a rotar los fiscales porque la Fiscalía Nº3 no tiene titular.
En tanto el próximo viernes encabezará la investigación del caso la fiscal Graciela Fernández Contarde. Resulta que la Fiscalía de Instrucción Nº3 donde recayó la causa se encuentra sin fiscal. Hasta el momento la fiscalía era subrogada por el doctor Gustavo Robineau.
Hasta ayer los familiares de las víctimas no se habían presentado como querellantes.
