El albañil quedó colgado del arnés, mientras que chapas y maderas cayeron a la vereda y la calle. Sucedió en una construcción en San Martín y Tucumán, a media cuadra del edificio donde murieron ocho trabajadores.
Desgracia con suerte
Respecto de lo acontecido ayer, según indicaron fuentes consultadas por La República, el obrero trabajaba en los soportes de contención de escombros, cuando la estructura se vino abajo, y las chapas y maderas cayeron a la vereda y a la calle, pero el hombre quedó sujeto por el arnés que utilizaba. De todas maneras, afortunadamente, el sostén funcionó correctamente, y por otra parte, ningún peatón transitaba por esa esquina en ese preciso instante; caso contrario, el desenlace podría haber sido otro.
La Uocra, sin novedades
A raíz del hecho, La República se comunicó con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), entidad sindical que agrupa a los trabajadores del rubro. Consultados sobre algún tipo de información al respecto, la respuesta fue hermética. “Acá no hubo ningún reclamo, y aparentemente eso pasó a las 5 de la tarde, hace más de tres horas, por lo que no creemos que a esta altura alguien se vaya a comunicar”, aseveraron. Ni heridos ni denuncias
Según atestiguaron desde el Hospital Escuela “General San Martín” ante la consulta de La República, ayer no ingresó ninguna persona herida como consecuencia de este acontecimiento.
A su vez, desde la Policía provincial afirmaron que tampoco se recibió denuncia alguna acerca del hecho en particular.
“Construquen” es la firma
Según se indica en un cartel expuesto en el lugar de la obra, la construcción del hormigón armado está a cargo de la firma “Construquen Ingeniería en Obras”, ubicada en Don Bosco 1192 de la capital correntina.
“Doy gracias que fue lunes a la mañana y las nenas estaban en la escuela”, contó en diálogo con la emisora. Detalló que habitualmente las chicas juegan en el patio donde cayeron los escombros.
La construcción en cuestión está ubicada por calle Santa Fe, en la intersección con Vera Mujica. El proyecto, bautizado “Universa I”, promete según un cartel departamentos de un dormitorio y monoambientes con cocheras. Se promociona la venta de las “últimas unidades”.
El fiscal Gustavo Robineau, a cargo de la investigación, aún no tomó declaración indagatoria a los empresarios imputados por el delito de “estrago doloso”.
El martes, la titular del Juzgado de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra, había denegado los pedidos de eximición de prisión que presentaran los defensores de William y Marcelo Mayer, así como de Walter Bruquetas y Elías Cohen.
Cohen no se presentó aún ante la justicia, como tampoco lo hizo Carlos Valenzuela, el capataz de la obra, cuya declaración es considerada “clave” para la fiscalía.
La tragedia.
El jueves de la semana pasada, en horas de mediodía, ocho obreros de la construcción murieron, cuando un sector del noveno piso en el que trabajaban se desplomó repentinamente sobre el techo de la casa lindera, en la que afortunadamente no se produjeron víctimas.
El siniestro sucedió en un edificio en construcción que se está levantando en la calle San Martín al 600, en pleno centro de esta ciudad.
De acuerdo con declaraciones de funcionarios de la Municipalidad de Corrientes, la obra en la que se produjo el derrumbe estaba paralizada por orden comunal.
En este sentido, el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Martín Barrionuevo, dijo que la comuna realizó el lunes 19 una inspección en el edificio y que dispuso “su paralización por no cumplir con lo autorizado en su habilitación”.
Al respecto, el funcionario explicó que el proyecto correspondía a la construcción de un edificio con planta baja y cinco pisos, “pero tenía ya dos pisos más de lo autorizado”, configurando una grave irregularidad.
Por su parte, el secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), seccional Corrientes, Juan de Dios Avalos, dijo que reclamaron en diversas oportunidades que se realizaran inspecciones y mejores condiciones de trabajo y se comprometió a apoyar a los familiares de los trabajadores fallecidos y acompañarlos en sus reclamos.
Ocho personas murieron y al menos cinco resultaron heridas cuando se desplomó un noveno piso de un edificio en construcción, informaron fuentes policiales y médicas. El hecho ocurrió pasadas las 13 en una construcción ubicada en la calle San Martín al 600 de la capital correntina, donde trabaja personal de bomberos y de la policía provincial.
Los otros muertos fueron identificados como Enrique Sosa, de 21 años; William Valenzuela, de 32; Jorge Acevedo, de 38; Eduardo Acevedo de 19; Diego Rodríguez, de 25; Ramón Zacarías, de 49, y Marcos González de 28 años.
En tanto, cinco personas se encuentran en estado de gravedad.
Efectivos de la Comisaría Primera Urbana realizan tareas de peritaje en la obra en construcción, mientras los trabajos de rescate estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Bomberos Voluntarios.
De acuerdo con las cifras informadas , hay por lo menos siete personas muertas y otras cinco heridas de gravedad, que fueron trasladadas al hospital-escuela de la zona.
En el lugar están presentes el ministro de Salud provincial, Julián Dindart (quien recientemente fue cuestionado por sus posiciones sobre la Asignación Universal por Hijo), y el secretario de Desarrollo Humano de la municipalidad, Mario Silva.
Policías y agentes municipales participaron del operativo. Una decena habitaciones estaban ocupadas por personas que amenazaron con llevar sus pertenencias a la plaza Montenegro. El municipio ofreció soluciones transitorias
Este miércoles, agentes policiales y municipales desalojaron el inmueble ubicado en San Luis 1038 donde habitaba una decena de familias que resistieron la disposición judicial. Pasadas las 8, un oficial de Justicia se presentó en el lugar, en peligro de derrumbe, escoltado por tres camiones de la central de Emergencias, agentes de la Guardia de Infantería, policías con escudos y cascos y patrulleros.
En tanto, algunas de las familias que ocupaban el lugar resistían el desalojo. Mientras que otras amenazaron con dejar todas sus pertenencias en la plaza Montenegro a modo de protesta, de acuerdo a lo informado por el periodista Ariel Borderi de Radio 2.
El secretario de Gobierno del municipio Fernando Asegurado contó que “hubo ofertas desde Promoción Social para que, por un tiempo prudencial, puedan encontrar salida teniendo en cuenta que el derrumbe podría ser inminente“.
El funcionario aseguró que se encontraron con “diferentes situaciones” en el grupo que habitaba el inmueble. “Había personas solas, adultos mayores que fueron a hogares del municipio. Había familias con uno o dos chicos, otras más numerosas”, detalló.
“En una primera instancia había nueve grupos familiares, pero aprovechando la situación se sumaron otros”, criticó Asegurado.
El juez Civil y Comercial Nº 2, Eduardo Arichuluaga, ordenó la liberación del inmueble que el 9 de febrero pasado sufrió el desprendimiento de uno de sus balcones. La precariedad del edificio motivó la decisión del magistrado.
Los habitantes del lugar, en su mayoría vendedores ambulantes, vienen resistiendo el desalojo con medidas de protesta que incluyeron el corte de la calle an Luis. A pesar de la intervención de la Municipalidad, los ocupantes se negaron a dejar el lugar y acomodarse en instituciones, al menos de manera transitoria. También se les ofrecieron subsidios para pagar pensiones.
Una de las casonas está ubicada en calle 27 de Abril 586/588, enfrente del Paseo Sobremonte. Según el catálogo municipal, se trata de una vivienda clasicista construida en 1924, de categoría patrimonial baja.
Tiene dos plantas y se encuentra entre edificios de departamentos. En ese lugar, tiempo atrás funcionó el Colegio de Abogados de Córdoba, institución que en 2009 se mudó a un edificio de calle Duarte Quirós 571.
“Esa acción indica que el inmueble desaparecerá”, cuestionaron. Además, dijeron que la casona atesora mármoles de Carrara y un vitraux en una ventana del primer piso que ya fue retirado.
Otra de las casas en demolición se encuentra a metros del edificio municipal, más exactamente en calle Arturo M. Bas 63, entre 27 de Abril y Deán Funes.
También figura en el listado de bienes patrimoniales de la ciudad como de categoría baja. Es una vivienda clasicista de color amarillo construida en 1930, de dos plantas. Según se conoció, las tareas de demolición se iniciaron hace días apenas. Hasta hace poco, en la planta baja de esta casona funcionó una guardería, mientras que en la planta alta había un estudio jurídico.
Exigirán multas. El Foro en Defensa del Patrimonio Cultural está elaborando un petitorio para exigir al municipio la aplicación de multas onerosas a quienes venden casas (incluidas en el catálogo) y a las empresas que construyen en el lugar libre que dejan esos inmuebles.
La entidad advierte que estas demoliciones acentúan el proceso de desaparición de inmuebles históricos y valiosos desde el punto de vista arquitectónico. “Es necesario poner un límite a esta situación indignante”, plantea el Foro.
La cartera informó que sobre un total de 281 obras inspeccionadas, se detectaron 123 en infracción, de las cuales 60 debieron ser suspendidas hasta tanto regularicen su situación.
También es habitual constatar la presencia de trabajadores que no poseen arneses enganchados para trabajar en altura, obras que no cuentan con barandas de contención, deficiencias en sanitarios y falta de documentación sobre la ART.
Los agentes de inspección de la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad, concluirán el rastrillaje en el mes de marzo. Se han identificado hasta el momento obras no declaradas y otras sin el cartel correspondiente.
Las multas de acuerdo a la irregularidad podrán llegar a costar hasta 250 litros de nafta súper. La intención del rastrillaje es identificar a los propietarios e intimarlos a regularizar su situación, a través de las notificaciones que serán enviadas luego del trabajo de identificación, cada uno de ellos será factible de un plazo de prórroga, si nunca antes fueron intimados.
Todas las situaciones contempladas como irregulares están determinadas en el Código de Edificación de la ciudad, donde se establece que las modificaciones en la superficie del terreno deberán ser declaradas presentando la documentación solicitada en la dirección.
“Algo que nos sucede es que no siempre identifican qué obra están realizando o para qué y así grandes construcciones en los barrios de repente se levantan y al poco tiempo nos enteramos que son templos o Iglesias, incluso hemos encontrado a una cuadra que tiene siete de ellas construidas en la misma cuadra”, finalizó.
