Derrumbe de Villa Urquiza – Pericia

Informe de TN Noticias con la Participacion del Perito Arquitecto Teodoro Rubén Potaz de Peritajes Edilicios / Arquitectura Legal.


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Derrumbe de Villa Urquiza: una pericia oficial complica al ingeniero

10/11/10 – Es de bomberos y está en la causa. Dice que la excavación “no respetó las reglas”

A tres meses del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, la situación del ingeniero Guillermo Heyaca Varela, el encargado de la obra lindera al edificio que se desmoronó, parece bastante complicada . La pericia de los Bomberos sobre las causas del derrumbe determinó que la excavación “ no respetó las reglas ”. Además, familiares de las víctimas pedirán que se investigue a funcionarios del Gobierno porteño y al dueño del local.

El 9 de agosto, el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, donde funcionaban el gimnasio y locales de ropa, se derrumbó. Murieron tres personas que estaban dentro del gimnasio: Guillermo Fede, de 37 años; Luis Lu, de 27; y Maximiliano Salgado, de 18. La tragedia terminó costándole el cargo a Oscar Ríos, por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control.

Desde el primer momento, el foco quedó puesto sobre Heyaca Varela, el profesional a cargo de la construcción de un edificio en el lote de al lado del gimnasio. Allí se estaba haciendo una excavación, que habría dañado los cimientos del gimnasio, según el informe.

La Justicia abrió una causa por “estrago”, delito que contempla penas de hasta cinco años. La causa quedó a cargo del juzgado penal N° 45, cuya titular es María Fontbona de Pombo.

La pericia estuvo a cargo de los Bomberos de la Policía Federal.

Clarín accedió al informe, que entre sus puntos más importantes asegura que “pudo observarse la inexistencia de apuntalamientos eficaces”, “falta de base de apoyo” de los tabiques, y que las bases de la demolición de la construcción que estaba antes en el lote se veían “ totalmente descalzadas y apuntaladas de manera deficiente ”.

En la causa, Heyaca Varela afirmó que había realizado todo lo que correspondía y que contaba con las habilitaciones de parte del Gobierno porteño. Los otros dos imputados son Daniel Menta, dueño de la obra que se estaba construyendo, y José Pataro, titular de la empresa que alquiló la excavadora.

El Gobierno porteño intentó presentarse como querellante, pero la jueza se lo negó. La postura oficial es que Heyaca presentó los planos correctamente, pero luego hizo otra cosa . “Ningún funcionario fue imputado”, informó el procurador de la Ciudad, Ramiro Monner Sans.

Pero los familiares de las víctimas quieren que se investigue el rol del Gobierno. Fernando Burlando, abogado de Patricia Izraelewiz, la madre de Maxi Salgado, le aseguró a Clarín : “Si el Gobierno porteño hubiera realizado los controles correspondientes, esto no habría pasado. Queremos que se investigue al poder político. En otro lugar esto hubiera significado un escándalo y el final de la carrera de varios funcionarios”.

El principal punto respecto del rol del Gobierno son los controles. Es que, por ejemplo, la UOCRA, el gremio de la construcción, había denunciado que en la etapa de la demolición en el lote lindero al gimnasio ya se habían encontrado situaciones riesgosas, pero el Gobierno dijo que no pudo completar las inspecciones porque cuando fueron no encontraron a nadie.

La familia de Maxi Salgado también buscará que se investigue si el dueño del gimnasio, Pablo Galli, tuvo alguna responsabilidad.

Por PABLO NOVILLO – Nota Clarin

El Entrepiso se derrumbó porque tenía fallas estructurales

Un socio de Beara sería el dueño de la constructora del entrepiso

09/11/10 Se trata de Rolando Flies, presunto titular de la empresa que remodeló el boliche.

La Justicia hará una inspección pasado mañana y comenzará un peritaje en Beara, el boliche de Palermo donde hace dos meses murieron dos jóvenes y casi 30 más resultaron heridos por el derrumbe de un entrepiso. Ese entrepiso, según quedó probado en el expediente, fue construido por una empresa que pertenecería a Rolando Flies, uno de los cinco accionistas de “Viejo Sabio S.A”, que es la firma propietaria del boliche de la avenida Scalabrini Ortiz al 1600, confirmaron a este diario fuentes judiciales.

La empresa Mundo Seco, cuyas oficinas están en Pompeya, tiene como especialidad justamente la construcción de entrepisos “de placas de cemento extra reforzado”, según puede leerse en su página de Internet.

De acuerdo a una evaluación preliminar de Bomberos, el entrepiso se derrumbó porque tenía fallas estructurales, pero ahora la jueza de instrucción Alicia Iermini dispuso la realización de una nueva pericia, a cargo de ingenieros.

La jueza todavía no le puso fecha a las declaraciones indagatorias de los funcionarios y empresarios que fueron imputados por el fiscal Andrés Madrea.

El de más alto nivel en el grupo de funcionarios del Gobierno de la Ciudad es el ahora ex director general de Habilitaciones, Martín Farrell, quien renunció a su cargo la semana pasada.

Entre el resto de los imputados figuran dos funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control: Pablo Seiskuscas, director de Habilitaciones Especiales, y Norberto Cassano, jefe del Departamento Esparcimiento. También están entre los apuntados por el fiscal Madrea el inspector Carlos Mustapich, el arquitecto Isaac Rastolski, el maestro mayor de obra Gustavo Amaru y los cinco accionistas de la sociedad que es propietaria de Beara.

Trascendió, además, que está acreditado que una funcionaria advirtió que Beara no debía ser habilitado, porque reiteradamente funcionaba como boliche bailable, aunque no estaba autorizado a ejercer ese rubro.

Actualmente en el juzgado se siguen tomando declaraciones testimoniales a los que estuvieron esa noche en Beara y las indagatorias serían el mes próximo.

Fuente: Clarin.
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Palermo y Caballito, a la cabeza de las denuncias

Los vecinos dicen que los controles fallan.

Los barrios donde más irregularidades en las construcciones edilicias se denunciaron fueron Palermo, Caballito, Balvanera, Villa Urquiza y Belgrano, que concentraron el 35% de los reclamos de vecinos preocupados por la construcción indiscriminada. Muchos de ellos consideran que los controles no alcanzan y que el gobierno hace poco y nada para resolver esta situación.

Durante todo 2008 y en lo que va de este año, la ciudad recibió 7176 denuncias por anomalías en las obras, y mientras el barrio de Palermo encabezó la lista, con 692 reclamos, Puerto Madero sólo tuvo dos denuncias en los últimos 16 meses.

“En la calle Felipe Vallese al 700, en Caballito, hay una edificación que tiene dos pisos más de lo que dicen los planos. La obra era de seis pisos, pero hicieron ocho. Eso está comprobado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad. La primera denuncia la hicimos hace un año y cuatro meses, pero desde entonces el gobierno no actuó. El edificio está en venta y no pasa nada”, dijo Gustavo Desplat, coordinador de la Protocomuna de Caballito.

El vecino agregó: “Esto demuestra la falta total de control que hay en la ciudad respecto de las construcciones edilicias. Por ejemplo: en las obras de Caputo construcciones, que se están haciendo en Caballito, se trabaja de lunes a lunes y no respetan las normativas”. LA NACION consultó a Caputo SA y allí indicaron que en la obra en cuestión se respetan los horarios establecidos por la normativa y que no se trabaja los sábados por la tarde ni tampoco los domingos.

Irregularidades

Según indicaron en el gobierno de la ciudad, desde la creación del sistema único de denuncias (SUD), en 2005, ha ingresado por esa vía un total de 21.700 denuncias de irregularidades en las obras o instalaciones electromecánicas de edificios.

“En la actualidad, el gobierno trabaja sobre el procesamiento, la priorización y el georreferenciamiento de un volumen de 6500 denuncias pendientes, donde muchas de ellas son por obras menores de reformas que generan numerosos conflictos entre vecinos. Allí se manda a los inspectores”, dijo el director de la Agencia Gubernamental de Control, Pablo Bourlot.

El funcionario afirmó que ante la existencia de una obra donde se compruebe que se construyó más de lo establecido por los planos autorizados, ésta “será demolida” de inmediato. “Pero ese caso -dijo- hasta ahora no se ha dado.”

Clausuran dos obras por día en la ciudad

Se detectaron edificios de hasta siete pisos que comenzaron a construirse sin ningún permiso; sospechan de una red de corrupción.

El esqueleto de un edificio de siete pisos, de hormigón armado, en Niceto Vega al 5600, en Palermo, escondía una particularidad: no tenía el permiso del gobierno de la ciudad ni había sido advertido por los inspectores porteños en poco más de un año de operativos. Cuando las autoridades lo advirtieron, hace dos meses, fue clausurado.

Ante esta evidente falta de controles en las construcciones en la Capital, y en la que también se sospecha de casos de corrupción, el gobierno local impulsa una nueva metodología de inspecciones, con más agentes en la calle y una estratégica división del organismo que antes otorgaba los permisos y también fiscalizaba las obras: la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc). En lo que va del año, dijeron en el gobierno de Mauricio Macri, se clausuraron dos obras por día en la ciudad por no cumplir con la normativa vigente; el 70 por ciento fue por la falta de permisos para edificar o demoler una vivienda.

En ese mismo período, el gobierno de la ciudad recibió 2500 denuncias referidas a construcciones irregulares, de las cuales el 40% fueron obras “presuntamente clandestinas”, y el 20%, “obras que carecen de medidas de seguridad“. Pero los vecinos cuestionan la efectividad de los operativos (ver aparte).

Según la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que desde marzo pasado conduce Pablo Bourlot, se han clausurado más de 240 obras en la ciudad, el 30 por ciento de las cuales se concentraron en los barrios de Palermo, Villa Urquiza, Villa del Parque y Balvanera.

“A partir del cambio en las formas de fiscalización, hemos descubierto este déficit que asombra: estamos logrando no sólo una mayor capacidad de inspección, sino también una más inteligente al momento de realizar los controles. Así desalentamos los posibles casos de corrupción en esta actividad”, dijo a LA NACION Pablo Bourlot.

Numerosos casos

Las anomalías en las construcciones son frecuentes en la Capital. Otra de las situaciones testigo es un depósito situado en Tronador al 100, en Paternal, que mantuvo su fachada, pero en el interior hizo obras y refacciones en 5000 metros cuadrados y fue clausurado hace dos semanas. Hay más: en Galicia al 2800, en Villa Mitre, el gobierno clausuró una obra en construcción que alcanzó los siete pisos de estructura, por presentar distintas irregularidades en cuanto a seguridad.

“¿Si hay corrupción en los inspectores? No ha habido casos comprobados por los cuales se debieron hacer denuncias penales. Pero ahora los inspectores son elegidos por sorteo y se fiscalizan las inspecciones que realizan. Como resultado de esta política, durante el último mes se han realizado dos operativos especiales en los barrios de Villa del Parque y Floresta, donde hubo cuatro clausuras, dos obras paralizadas y un total de 24 actas labradas por diferentes irregularidades. Es más, en una de esas obras la Dirección de Migraciones detectó a 15 personas de origen paraguayo en condiciones irregulares de ingreso al país”, dijo Bourlot.

La corrupción, en la mira

El cambio en la estructura administrativa que ejecuta los controles en las obras de la ciudad no fue nada sencillo. Después de que Macri asumió en la ciudad, en diciembre de 2007, la antigua Dgfoc fue dividida en las actuales Dirección General de Registro de Obras y Catastro (Dgroc), que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano, y la Dirección General de Fiscalización y Control (Dgfyco), coordinada por la AGC. La primera registra el trámite de obra, y la segunda se ocupa de controlar y fiscalizar que las edificaciones estén en regla.

Las tareas de registro y de fiscalización de las obras civiles se separaron, entre otros motivos, por las sospechas de corrupción en el trámite de registro y fiscalización, que antes era regulado por la misma área, según indicaron en el gobierno.

“La separación ocasionó algunos inconvenientes de coordinación entre ambas áreas, dado que hubo que fijar circuitos administrativos que incluyeran el desdoblamiento de algunos expedientes para que cada una pudiera desarrollar sus tareas”, confió una fuente del gobierno que ya no se desempeña en el área.

A principios de 2008, la Dgfyco contaba con 60 inspectores para fiscalizar unas 100.000 construcciones en altura que hay en la ciudad, mientras que en la actualidad el número de agentes creció a 115. Con la cantidad de inspectores que tiene la Capital existe una capacidad promedio de realizar 200 controles diarios.

“No encuentro méritos en esta administración, en relación con el control de obras, ya que no están haciendo más de lo que les corresponde. En otras palabras, están ejerciendo su poder de policía y cumpliendo con una normativa que debe ser ejercida por los organismos de control, en este caso la Dgfyco. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo hacer cumplir las normas vigentes”, dijo a LA NACION la diputada kirchnerista Silvina Pedreira, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña.

Por Pablo Tomino
De la Redacción de LA NACION

Clausuran 29 obras tras el derrumbe en Villa Urquiza

08/09/10

Inspeccionaron 615 construcciones en el barrio. Lo hizo la Agencia Gubernamental de Control tras las críticas por la tragedia del gimnasio, hace casi un mes y que causó tres muertes. En la Legislatura hay proyectos para cambiar la normativa de obras.

Mañana se cumple un mes del derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza, donde murieron tres personas. La tragedia disparó una causa judicial y polémicas. Y como suele pasar, el Estado busca mostrarse activo para modificar los errores que no corrigieron a tiempo. Por eso el Gobierno porteño lanzó una ofensiva de control de obras en construcción en toda la Ciudad, e impulsa que la Legislatura cambie la normativa para endurecer los requisitos.

El derrumbe fue el 9 de agosto en el edificio de dos plantas de Mendoza 5030, casi esquina Triunvirato, y se produjo porque en el lote de al lado se estaba haciendo la excavación de un edificio. Según denunció el propio Gobierno porteño –que quedó inhibido el lunes para actuar como querellante por un fallo judicial–, esa obra se estaba haciendo sin apuntalar las medianeras del gimnasio .

Ante las críticas de vecinos y la oposición porque las inspecciones oficiales no habían detectado fallas, pese a que esa construcción había sido denunciada por la UOCRA, el Gobierno relanzó los controles. Javier Ibáñez, el nuevo director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), confirmó a Clarín : “Ya relevamos el total de obras de Villa Urquiza, y ahora estamos en Palermo. En dos meses y medio queremos tener barrida toda la Ciudad”. El organismo tiene 200 inspectores.

Las denuncias contra las obras crecieron en varios barrios desde que se reactivó la construcción. Y Urquiza es un caso: el año pasado la Ciudad autorizó construir allí 139.903 m2, un 10% más que en 2008. Fue el segundo barrio con más obras, después de Palermo.

¿Qué encontró la AGC? Controlaron 615 obras , de las cuales 195 ya estaban terminadas, 195 tenían todo en regla, y en 119 había problemas menores. Pero las otras 29 tuvieron que clausurarlas , es decir que cerraron en promedio casi una obra por día.

Pero en la AGC le bajaron el tono a las sanciones. “Sólo una de las clausuras se produjo porque habían dejado expuestos los muros medianeros al terminar la demolición, y en dos no tenían planos aprobados. El resto fue por incumplimientos de intimaciones o falta de documentación, nada grave”, explicó Ibáñez.

Otro de los puntos muy criticados tras el derrumbe fue que las inspecciones de la Ciudad no estaban coordinadas . Concretamente, tras la denuncia de la UOCRA por irregularidades en la demolición en el lote lindero al gimnasio, la Dirección de Protección del Trabajo realizó dos inspecciones, a las 24 horas y al mes. Pero en ninguna de las dos le informaron a la AGC, que jamás se enteró. “Estamos terminando un protocolo de trabajo, para que apenas se detecte alguna falla en seguridad laboral, nos avisen”, aseguró Ibáñez.

La tragedia motivó también que el Ejecutivo llamara a todos los actores de la industria de la construcción para analizar cambios legales. Una semana después del derrumbe hubo una reunión. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, contó: “Queremos analizar qué cambios se deben hacer, para que se debatan en la Legislatura”.

“Se habló de temas generales, pero no hubo más charlas ni cambió nada”, afirmaron en la UOCRA. Aún más duros fueron en la Cámara de Demoledores y Excavadores: “Les solicitamos entrevistas al ministro Chaín y a Héctor Lostri (subsecretario de Planeamiento Urbano). Nos derivaron con el director de Obras y Catastro, Guillermo García Falher, quien nos citó pero después no fue a la audiencia. El desinterés y negligencia del Gobierno porteño y sus funcionarios es absoluta”, dijo Eduardo Cúneo, representante legal de la Cámara.

Pero la Legislatura ya venía trabajando en algunos proyectos . Silvina Pedreira, del bloque Peronista y presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, explicó: “Hay un proyecto consensuado para que haya inspecciones obligatorias en las etapas de demolición y excavación. También para el Registro Unico por Inmueble, es decir que todos los trámites de obra estén en el mismo expediente. Hace falta también que el Gobierno concentre todas las denuncias, porque hoy los vecinos reclaman en los CGPC pero esa queja nunca llega a los organismos de control”.

En tanto, el diputado de PRO Alvaro González, integrante de la Comisión, agregó que “en el corto plazo hay que trabajar con el sector para que elaboren un protocolo de cómo actuar e informar al Gobierno ante una demolición. Luego, hay un proyecto del legislador Avelino Tamargo para modificar el Registro de Demoledores y que figuren realmente las empresas capacitadas en la tarea y no albañiles individuales. Y para el largo plazo hay que analizar con todos qué cambios hacen falta en los Códigos de Planeamiento y de Edificación”.

Prometen reforzar las inspecciones a locales nocturnos

El gobierno porteño informó que comenzó a reforzar los operativos de control nocturnos para detectar posibles irregularidades en el funcionamiento de locales de diversión, con el propósito de prevenir anomalías que atenten contra las condiciones de seguridad del público.

A una semana del derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara, en Palermo, que provocó la muerte de dos jóvenes de 20 y 21 años, el objetivo de Javier Ibáñez -director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC)- reside en incrementar el número de inspecciones mensuales de 1300 a 1500.

Luego de la tragedia en Beara, ocurrida un mes después de otro derrumbe con tres muertos en un gimnasio junto a una obra en Villa Urquiza, se descubrió que muchos locales nocturnos violan la normativa vigente y los permisos otorgados a espaldas del gobierno porteño, sin que la estructura de control oficial pueda descubrir y sancionar correctamente las infracciones.

“Nunca mentimos. Realizamos 1300 inspecciones mensuales, que es muchísimo. Vamos una vez por mes a los boliches, intentaremos dar más de una vuelta este mes. Reforzamos con más gente y llegaremos a 1500 controles en septiembre”, dijo Ibáñez a LA NACION.

Días atrás, voceros oficiales sostuvieron que se iban a lanzar operativos especiales para verificar los 110 lugares habilitados, al igual que Beara, como casas de fiestas privadas, para chequear si existían desvirtuaciones de rubro, como ocurrió con el local de Scalabrini Ortiz 1638, que funcionaba como un boliche bailable encubierto.

Sin embargo, ayer, Ibáñez confirmó a LA NACION que la agencia reforzará la fiscalización sobre todos los locales de diversión nocturna, independientemente de la categoría en la que hayan sido habilitados, en busca de empresarios que puedan realizar actividades riesgosas sin las exigentes medidas de seguridad que se requiere a los locales bailables de clase C.

Anteayer, en un intento de frenar la moda de bailar en lugares no habilitados para tal fin, el gobierno porteño decidió suspender por 30 días los permisos ideados con carácter excepcional, pero que se habían convertido en habituales, para autorizar el desarrollo de bailes en bares y restaurantes. La Dirección General de Habilitaciones porteña había llegado a conceder hasta dos permisos por semana a algunos comercios, lejos del espíritu de la norma.

Pedido de informes

En tanto, ayer, en la Legislatura, los diputados aprobaron un pedido de informes consensuado entre la oposición y el oficialismo, que exige al Poder Ejecutivo una serie de detalles sobre la habilitación del local Beara, los controles en él efectuados y las sanciones impuestas, así como sobre el desarrollo del operativo de asistencia a las víctimas del derrumbe. La mayoría de los interrogantes ya fueron respondidos por los funcionarios en sus tres visitas realizadas a la Legislatura el viernes de la semana última, el lunes pasado y anteayer.

Además, los diputados aprobaron un proyecto que pretende corregir las falencias normativas involucradas en el derrumbe de Villa Urquiza, al incorporar por ley una verificación técnica en la etapa de excavación de las obras en construcción. Como se recordará, el gimnasio situado en Mendoza 5030 se desplomó mientras se efectuaban tareas de excavación en el predio lindero.

Angeles Castro
LA NACION
Nota LA NACION

Beara: Gobierno porteño responsabiliza “a la Justicia” por permitir que funcionara como local de fiestas privadas

El Gobierno porteño responsabiliza “a la Justicia” por haber permitido que el local Beara de Palermo funcionara como casa de fiestas privadas, a pesar de estar habilitado sólo como café-bar.

Por Continental, el director de la Agencia Gubernamental de Control aseguró que su gestión “los descubrió en infracción y los sancionó, pero la Justicia hizo lugar a un pedido de amparo del propietario del lugar”.

“En ese momento no funcionaba como casa de fiestas sino como café-bar. El órgano de habilitación no es sancionatorio [por “sancionador”]. La Justicia o la Unidad de Faltas es el órgano sancionatorio”, argumentó Javier Ibáñez.

Asimismo, añadió que en las inspecciones (nueve durante 2010) al local “se detectaron cosas muy simples, pero no un motivo para clausurar”.

“La clausura preventiva la hace el acto de inspección. Se le dan tres días para que se presente el clausurado ante el Tribunal de Faltas. Se presentó, presentó pruebas. Este tribunal resolvió hacer lugar al planteo”, arguyó en Magdalena Tempranísimo.

Derrumbe en local Bailable – el entrepiso se derrumbó sobre los clientes – (Habilitaciones y denuncias)

TRAGEDIA EN UN BOLICHE EN PALERMO
“Todos sabíamos que se iba a caer”, dijo un testigo del derrumbe

Dijo que el accidente ocurrió cuando terminó de tocar el grupo Ráfaga, aunque hay versiones contradictorias. Galería de imágenes.

“Todo lo que dijeron es mentira, no habían 500 personas porque no entra esa cantidad de gente”, afirmó un joven que estuvo en Beara, el boliche de Palermo cuyo entrepiso se derrumbó esta madrugada y provocó la muerte de dos chicas.

El joven, que pidió reserva sobre su identidad, relató que el accidente ocurrió pasadas las 3.45, cuando el grupo Ráfaga terminó de tocar. “Empezaron a guardar los equipos y la gente comenzó a irse”, agregó.

En ese momento, según su testimonio, la cantidad de personas en el local no pasaba de 250 (“teníamos lugar, podíamos caminar y hablar”, dijo el joven), y los dueños del local abrieron el entrepiso que funcionaba como sección VIP, “porque total ya se estaban yendo todos”. Su versión choca con la de Gonzalo Velázques, un empleado de limpieza del lugar que aseguró al canal de noticias C5N que había más de 500 personas.

“En el momento que salí del boliche, escuché que se apagó la música; pensé que se estarían peleando o algo así, pero ví que empezó a salir gente a lo loco, lastimados, gritando” narró el testigo. Al volver a ingresar al local se encontró con el entrepiso, que oficiaba de techo de una de las pistas, derrumbado sobre el piso.

Con su grupo de amigos, el joven auxilió a las víctimas del derrumbe, incluídas a las dos chicas que fallecieron por el accidente, identificadas como Leticia Provedo, de 21 años, y Adriana Lizarraga, de 20. “Una de las que murió estaba abajo del entrepiso, recibió el vigazo directo”, narró.

“Las sacamos del boliche, a una la pusimos en el piso, al lado de un auto, y a la otra arriba de un camión”, contó el testigo. “Las ambulancias llegaron muy rápido, pero cuando los paramédicos trataron de darles oxígeno, no reaccionaron”, agregó.

El joven afirmó que el accidente era previsible: “El entrepiso estaba armado con vigas y una especie de durlock, muy endeble. Vos te das cuenta cuando pisás algo flojito . Todo el mundo decía ‘un día se va a caer este techo‘, pero lo decís en broma, es algo que no te imaginás que pueda pasar”, concluyó.

Fuente: Perfil

La Justicia y la Legislatura piden que el Gobierno explique el derrumbe

Los dos poderes investigan el accidente que mató a dos jóvenes y dejó numerosos heridos. Qué le solicitaron al ejecutivo porteño.

El trágico derrumbe de un boliche esta madrugada en el barrio porteño de Palermo, que se cobró la vida de dos jóvenes, impactó en la opinión pública y ahora, además poner la mira en el dueño del local, despierta pedidos de explicaciones desde la Justicia y la Legislatura local.

La jueza de instrucción Alicia Lermini pidió hoy al gobierno porteño que informe sobre las actuaciones que dieron lugar a la habilitación del boliche Beara de Palermo, donde se derrumbó un entrepiso.

El gobierno porteño aseguró esta mañana que el boliche “Beara” tuvo “nueve inspecciones en el último año”, la última de las cuales se produjo “en los últimos días”.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada solicitó los planos del local y documentación catastral, mientras comenzó a tomar declaración testimonial a los empleados que estaban presentes cuando ocurrió el derrumbe y aguarda el alta médica de los heridos para citarlos.

La causa está caratulada como “N.N” y tiene como único imputado a Juan Carlos García Yun, uno de los dueños de la empresa Viejo Sabio, que figura como dueña del boliche.

Reunión en la Legislatura. El titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, fue citado para las esta tarde a una reunión en la Legislatura porteña con todos los jefes de los bloques parlamentarios, para informar sobre el derrumbe.

“Es necesario que en estas circunstancias en la que hay víctimas que lamentar el Estado sea claro y preciso en la información, para ello he decidido formalizar una reunión informativa”, informó el vicepresidente 1º del Legislativo,el diputado del PRO Oscar Moscariello.

El legislador confirmó que el encuentro con Ibáñez será “con todos los presidentes de bloque que componen el cuerpo legislativo”.

Finalmente, indicó que el encuentro organizado para esta tarde busca que “todos tengamos la mayor información y nuestra institución tenga toda la información posible sobre el doloroso hecho ocurrido esta madrugada”.

Ver nota en: Perfil
Fuente: DyM

Liberaron al dueño de “Beara”: el boliche había sido clausurado en 2009

Juan Carlos Yun se había presentado a mediodía en la Comisaría 25ª. Fue excarcelado y declarará la semana próxima. Qué dijo el jefe de los inspectores porteños.

Uno de los dueños del boliche “Beara”, ubicado en el barrio de Palermo y donde esta madrugada murieron dos mujeres y otras 25 personas resultaron heridas al derrumbarse el entrepiso, fue liberado esta noche por la la jueza Alicia Iermini. Fuentes policiales identificaron al empresario demorado como Juan Carlos María Yun, que en horas del mediodía había quedado demorado en la Comisaría 25 por disposición del fiscal Andrés Madrea.

Yun figura como titular de la sociedad El Viejo Sabio S.A. que explota el local nocturno y se había presentado en horas de la mañana en forma espontánea en la seccional policial. El hecho que investiga la jueza Alicia Iermini, según los informantes, es por averiguación de “doble homicidio culposo y lesiones culposas”.  El accidente que provocó la muerte de dos jóvenes y heridas a otros 25 se produjo esta madrugada, alrededor de las 4 en el boliche de la calle Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio de Palermo, tras finalizar el recital del grupo bailantero “Ráfaga”.

Por otra parte, esta noche el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Javier Ibáñez, reveló ante la Legislatura porteña que el boliche del barrio de Palermo, donde murieron dos mujeres al caerse un entrepiso, ya había sido clausurado en 2009 por “desvirtuación de rubro”. El jefe de inspectores precisó que el local donde funcionaba “Beara” fue clausurado en dos oportunidades, con multas de 5.000 y 20.000 pesos, por abrir como boliche bailable sin la correspondiente habilitación.

Ibáñez dio estas precisiones en una conferencia de prensa tras ofrecer un informe ante los presidentes de bloques que componen el cuerpo legislativo, y que proseguirá el próximo lunes. El funcionario afirmó que a raíz de esas clausuras el boliche fue inspeccionado diez veces más y puntualizó que la última fue el viernes pasado, a la madrugada.

El jefe de inspectores aclaró, sin embargo, que “si esa madrugada hubo un accionar ilegítimo, eso no se condice con las diez inspecciones anteriores”. “Si hubo una infracción in fraganti hoy, es resultado de lo que haya pasado hoy. Eso no significa que no ha mejorado la cantidad de inspecciones y el cruce de información”, subrayó.

Ibáñez certificó ante la Legislatura porteña que el boliche estaba habilitado con ese entrepiso, estructura que al desplomarse causó la muerte a dos mujeres jóvenes y heridas a otras 25 personas. “Quizá lo que debe haber pasado es que la gente se haya trasladado masivamente a ese espacio, que estaba certificado por un profesional para que por metro cuadrado pudieran soportar 400 kilos”, explicó. El titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) regresará el lunes a las 17 a la Legislatura, para seguir informando a los jefes de bloque. Fuentes legislativas dijeron a DyN que Ibáñez “deberá presentar papeles” que certifiquen las inspecciones realizadas al local de la tragedia. Ibáñez aseguró ante los legisladores, según trascendió, que durante la gestión de Mauricio Macri “mejoró la cantidad” de inspecciones, llevándolas a 1.300 por mes.

Fuente: Perfil

Control: recién a los 30 días (control a una construcción)

El primer control a una construcción nueva se hace recién a los 30 días de otorgado el permiso. En ese plazo, es probable que la obra ya haya avanzado bastante, y entonces algunos defectos no se puedan hallar a tiempo. Según informaron en la Agencia Gubernamental de Control, el primer paso de los controles se da una vez que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro les informa de una obra nueva. A partir de ese momento, la primera inspección sale en unos 30 días. En la Ciudad se realizan actualmente unas 3.000 obras, y a la hora del control se prioriza a las más grandes. Si en ese primer control no se detectan irregularidades, la segunda visita se hace a los 3 ó 4 meses. Así, en la AGC aseguraron que cada obra es controlada al menos tres veces por año. Pero si en el primer control aparece algún problema, se labra un acta y vuelven a los 20 días. El otro circuito se forma con las empresas que son denunciadas por vecinos. En ese caso, la inspección se hace a los 3 ó 4 cuatro días. Según la AGC, el año pasado hubo 17.000 inspecciones y clausuraron 367 obras. Este año, hasta fin de junio hicieron 11.000, con 255 clausuras.

Nota Clarin

Derrumbe en Villa Urquiza

Un muerto y muchas dudas por el derrumbe

10/08/10 – 03:28

Cedió la medianera de un gimnasio en Villa Urquiza, lindero al pozo de los cimientos de una obra. La víctima fatal es un hombre. Once personas fueron rescatadas de los escombros. El Gobierno porteño dice que la obra estaba habilitada. Pero los vecinos se quejaban de vibraciones y grietas. Y hubo una denuncia del gremio de la UOCRA.

“Había terminado una clase en el segundo piso y bajé al primero para comprar una bebida. Entonces sentí un estruendo y una implosión. Pensé que podía ser una bomba. Enseguida el ambiente se llenó de polvo y mucho olor a gas. Quedé parada sobre un trozo de losa muy pequeño, casi en el aire. Por suerte no se me cayó el techo encima. Pude bajar con la ayuda de una persona que se acercó a darme una mano”. El testimonio de María de los Angeles Martín lo deja bien en claro: así de rápido, un gimnasio de Villa Urquiza se derrumbó ayer, y dejó un muerto y 11 heridos. Buscaban a otras dos personas bajo los escombros. Si bien no hubo confirmación oficial, fuentes del operativo aseguraron que habían encontrado el cadáver de un muchacho. Desde temprano, tres familias reclamaban por sus familiares, que según ellos, estaban en el gimnasio a la hora del derrumbe.

El derrumbe fue pasadas las 16 en Mendoza 5030. Sobre la vereda había dos locales de ropa, y encima estaba el gimnasio de dos plantas. A la derecha, el pozo de una obra en construcción.

El edificio ya tenía problemas en la medianera. Mauro Montemarani, encargado de uno de los locales de ropa, le contó a Clarín: “Había salido a comer, y cuando volví no podía abrir la puerta. Se había corrido de su eje porque la estructura del edificio evidentemente tenía algún problema. En ese momento, el encargado del otro local salió y me dijo que en su local habían aparecido nuevas rajaduras. Entonces fuimos a decirle al operario de la excavadora que parara. Pero ni llegamos, porque el edificio se vino abajo”.

El derrumbe obligó a un megaoperativo de rescate, con casi 200 efectivos. Del total de 11 heridos, algunos pudieron salir de los escombros por su cuenta, pero otros quedaron atrapados por más de cuatro horas.

Entre las víctimas estaba el dueño del gimnasio, Pablo Galli, quien fue internado en el hospital Fernández. Con él y con otros, los rescatistas lograban comunicarse vía celular, mientras trabajaban para sacarlos debajo de los escombros.

En el Gobierno porteño aseguran que la obra para hacer un edificio de 10 pisos y cochera tenía otorgado su permiso desde 2009, y que le hicieron inspecciones. El primer control, a cargo de la Agencia Gubernamental de Control, se hizo en mayo, pero como no encontraron actividad en el lugar, no entraron.

Pero la UOCRA hizo su propia inspección y sí pudo entrar. De hecho, el 17 de junio presentaron antes la Dirección de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo una nota en la que denunciaron que en la obra faltaba “afianzar las partes inestables de la construcción” y “apuntalar los muros medianeros”, y que no se cumplía con las “distancias de seguridad en la zona de la demolición”, además de otras faltas no tan graves.
El secretario general del Gobierno de la Ciudad, Marcos Peña, le aseguró a Clarín que “tras la denuncia, se hizo una inspección al día siguiente y otra el 13 de julio, pero en ningún caso se encontró actividad. Siempre se espera unos 30 días cuando un operativo de este tipo no se puede realizar. Evidentemente la obra se retomó con alto ritmo en los últimos días”.

Lo cierto es que la Ciudad fue tres veces al lugar pero nunca entró al pozo a ver cómo estaba. En la UOCRA dijeron: “Si tienen el nombre de la constructora y del profesional a cargo, ¿por qué no los llamaron? Ellos tienen el poder de policía, y nosotros hicimos una denuncia concisa”.
Mauricio Macri se acercó hasta el derrumbe, junto a varios funcionarios. “Se construyó mucho en los últimos años y el porcentaje de este tipo de accidentes es mínimo. No creo que el Gobierno tenga responsabilidad, además los equipos de emergencias actuaron bien. Habrá que estudiar si hubo mala praxis o una casualidad”, aseguró el jefe de Gobierno.

Pero un grupo de vecinos no creía en la casualidad, e insultó a los funcionarios, a quienes acusaban de no controlar las obras. Pasadas las 21, una persona apareció con un megáfono para gritar que “en Villa Urquiza el que tiene plata hace lo que quiere”. Algunos funcionarios aseguraban que eran activistas de la oposición.

PABLO NOVILLO DANIEL GUTMAN – Nota Clarin
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Derrumbe en Villa Urquiza
Derrumbe en Villa Urquiza